Los daños ambientales y la falta de inversión regional, producto de las actividades petroleras, derivó en lamentables enfrentamientos entre campesinos y agentes de la Policía. Pese a la tragedia vivida, voceros de las comunidades de Caquetá, Meta y Guaviare firmaron un nuevo acuerdo. ¿Se cumplirá lo pactado?
La contaminación de fuentes hídricas, la exigencia de inversión vial y la falta de proyectos productivos escalaron a lo que el país conoció hace dos semanas: el incendio de las instalaciones de Emerald Energy PLC; la muerte de un campesino y un policía; y el secuestro de 74 uniformados y nueve funcionarios de la petrolera en la inspección de Los Pozos, en San Vicente del Caguán, Caquetá.
Los lamentables hechos llevaron a representantes del gobierno de Gustavo Petro a sentarse con voceros campesinos para encontrar soluciones a los reclamos que tenían por la actividad petrolera en la región y la frustración de ver cómo se llevan el oro negro de su territorio mientras las comunidades se quedan sin nada. Los acuerdos a los que se llegaron, de cumplirse, satisfacen buena parte de las luchas que históricamente se han dado gobierno tras gobierno desde hace varias décadas.
Muchos de los campesinos que bloquearon la petrolera y se enfrentaron con la Policía en la inspección de Los Pozos hacen parte de las organizaciones que participaron en el Paro Nacional de 2021, plantando “puntos de resistencia” en Villavicencio (Meta), con más de 2.500 campesinos; y en Altamira (Huila), con más de 3.000 labriegos. Y precisamente, varios de los acuerdos pactados el pasado 5 de marzo hacen parte de los reclamos planteados durante la movilización de hace dos años.
“No somos ni disidencias ni terroristas. La sistemática violación de los derechos humanos en estos tres departamentos (Caquetá, Guaviare y Meta) nos ha llevado a adoptar medidas como la Guardia Ambiental Campesina”, señala Miguel Guevara, uno de los nueve voceros de la Coordinadora del Sur Oriente Colombiano para los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales (COSCOPAAS).
Esta organización, conformada por más de 40 organizaciones de Caquetá, Meta y Guaviare, fue la vocera de los procesos comunitarios que protestaban en la inspección de Los Pozos. Esta articulación, que empezó en septiembre de 2022, pretende impulsar las necesidades regionales de las comunidades campesinas, indígenas y negras; sin embargo, este portal conoció que en estos tres departamentos hay procesos sociales que no se han adherido a la Coordinadora por cuanto prefieren continuar con las luchas particulares de sus comunidades.
El objetivo de esta nueva organización es plantear de manera unificada las necesidades de las comunidades de estos tres departamentos al gobierno nacional. De esa manera, busca discutir las dificultades que enfrentan los pobladores de zonas de reserva forestal y parques nacionales; la erradicación forzada de cultivos de hoja de coca para uso ilícito y las fallas del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS); las judicializaciones por el antiguo Plan Artemisa —operación de la Fuerza Pública contra la deforestación—; las oportunidades para proyectos productivos; y la ganadería extensiva en la Amazonía.
Desde 2019, ya había una iniciativa que buscaba coordinar las agendas de la región, conocido como la Agenda Ambiental Campesina Étnica y Popular, un espacio en el que los procesos sociales de Caquetá, Meta y Guaviare discutieron sobre sus necesidades socioambientales a raíz de los enfrentamientos con la Fuerza Pública por los operativos en los que decomisaban ganado en San Juan del Losada, Meta.
“Al ver que es inoperativa la iniciativa de Agenda Ambiental en la interlocución con el gobierno, decidimos conformar COSCOPAAS, sobre la base de unas realidades”, expresó Michael, otro vocero de la Coordinación, el pasado 12 de febrero, cuando decenas de organizaciones de los tres departamentos amazónicos se reunieron en las sabanas del Yarí en la segunda asamblea del proceso para socializar qué iniciativas, necesidades y proyectos productivos están llevando a cabo en sus territorios. Para la fecha de ese gran encuentro, empezaba a formarse la protesta de Los Pozos.
Años atrás, Michael le apostó a la paz y fue uno de los firmantes del Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado colombiano y las extintas Farc. Ahora es el líder del proceso de reincorporación del Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de Las Colinas, en el municipio de San José del Guaviare, Guaviare.
COSCOPAAS ya había expuesto su agenda ante el nuevo gobierno. El 14 de diciembre del año pasado, voceros de la organización viajaron a Bogotá para reunirse con el ministro del Interior, Alfonso Prada; la directora de Derechos Humanos y DIH del MinDefensa, Diana Sánchez; el viceministro de Desarrollo Rural, Darío Fajardo; la ministra de Ambiente, Susana Muhamad; entre otros funcionarios.
En aquella ocasión, los campesinos insistieron en que se cumplieran los acuerdos logrados tras el Paro Nacional del 2021 y se realizara de manera conjunta una hoja de ruta para disminuir la deforestación. Sin embargo, en las regiones quedaron temas pendientes por solucionar.
“La responsabilidad de esta situación es del gobierno nacional en cabeza de la Viceministra del Interior (Lilia Clemencia Solano Ramírez, Viceministra Nacional para el Diálogo Social) que la nombraron para resolver el problema y vino a mamarle gallo a las comunidades tres veces con el incumplimiento a lo que acordábamos”, reclama Guevara.
¿El Ejecutivo no escuchó?
El pasado 24 de enero, campesinos integrantes de Asoregional, Corpoayari, Asocampo, Ascal-G y Asopeproc, organizaciones comunitarias del Meta y Caquetá que hacen parte de COSCOPAAS, se juntaron para reclamarle inversión social a la empresa petrolera Emerald Energy, que opera en Los Pozos.
Según le contaron a este portal voceros de la Coordinadora, un grupo de líderes de la región dialogó con directivos de la compañía multinacional y les plantearon una “propuesta de contribución”: las comunidades le solicitaron a Emerald Energy invertir un millón de dólares anuales para desarrollar proyectos productivos en veredas de Caquetá y Meta. Esa petición no fue bien recibida por la empresa que opera con capital chino.
En redes sociales empezó a difundirse la idea de que los campesinos estaban pidiendo un millón de dólares en efectivo. En una nota periodística publicada por Valora Analitik, Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), respaldó esa versión.
“Nosotros lo que le estábamos planteando era que organizáramos unos proyectos, hasta le montamos una propuesta de construcción de algunos puentes, pavimentación de algunos tramos de vía y placa huella”, cuenta Raúl Ávila, representante legal de CORPOAYARI, y uno de los voceros de COSCOPAAS.
“Como organizaciones o como comunidades nunca hemos visto la compensación hacia el territorio de parte de la empresa y, al mismo tiempo, de las entidades estatales que deben velar por el bienestar social de los campesinos”, recriminó Ávila. Una de las iniciativas era el mejoramiento de la vía que va de los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá) a La Macarena (Meta).
“La petrolera nos manifestó que tenía un área de influencia, en este caso nos hablaban de 19 veredas aledañas a la empresa, y que con estas había venido cumpliendo algún tipo de compensación social, pero nosotros analizamos que no se habían visto reflejadas las necesidades de las comunidades aledañas”, continúa Ávila.
El vocero de COSCOPAAS sostiene que la actividad petrolera ha generado afectaciones a las fuentes de agua que fluyen más allá del área de influencia de la petrolera. “La empresa está instalada en las cabeceras de las aguas: el caño El Águila, El Tigre, La Cristalina, La Viuda, Los Lobos, La Guadalosa y otros más pequeños. De estos nacimientos se conforman el río Tunía, el río Losada y el río Caguán”. Por eso, no sólo le demandaban compensación para las 19 veredas de influencia directa, sino para las casi 200 comunidades de las cinco organizaciones.
La petrolera ofreció algunas compensaciones, pero como no llenaban las expectativas que demandaban los líderes, las comunidades campesinas se organizaron para establecer un pequeño plantón sobre la vía que pedían se pavimentara, en un punto conocido como San Pablo, a 11 kilómetros de las instalaciones de Emerald Energy en la inspección de Los Pozos. Desde ese lugar, el 2 de febrero, comenzaron a impedir el tránsito de los vehículos de la petrolera, esperando que a la conversación se uniera el gobierno nacional.
Unos días después, los líderes de la protesta hablaron con Luis Miguel Angarita, gerente de asuntos corporativos de la petrolera, “pero no hubo voluntad a una solución por parte del señor”, precisan en un comunicado.
El 11 de febrero, Lilia Clemencia Solano, viceministra Nacional para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos del MinInterior, junto a un representante del Ministerio de Minas y Energía y otros entes territoriales, escucharon las peticiones de los campesinos. No se llegó a acuerdos específicos porque la funcionaria reconoció que las demandas del campesinado frente a la petrolera requerían la participación de otras instituciones del Estado.
Acordaron una nueva reunión para el 18 de febrero, en la que gobierno y directivas de Emerald Energy se sentaran a dialogar con las comunidades, pero ambas partes dejaron esperando a los voceros de las organizaciones. Los delegados del Ejecutivo cancelaron el encuentro la noche anterior. Ese incumplimiento provocó que los campesinos movieran la protesta hasta puertas del complejo petrolero y que las organizaciones convocaran a más campesinos de Caquetá, Meta y Guaviare.
Al día siguiente, dos helicópteros de la Policía Nacional aterrizaron en las instalaciones de la petrolera y descargaron efectivos de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO, antiguo ESMAD). Esto tensionó a las comunidades que esperaban dialogar con el gobierno nacional. Así pasaron de ser decenas de campesinos que bloqueaban el tránsito en la vía San Vicente del Caguán-La Macarena a miles de personas haciendo presión alrededor del campo petrolero Capela, en la inspección de Los Pozos.
Algunos medios de comunicación radiales reportaron que la protesta campesina había retenido a 35 funcionarios dentro del campo petrolero. “Desde el inicio nos venían estigmatizando, diciendo que nosotros teníamos los empleados de la empresa secuestrados, que teníamos los conductores de las tractomulas secuestrados, cuando de ninguna manera era cierto. Únicamente le habíamos dicho a la empresa que ya no le íbamos a dejar sacar más el crudo”, cuenta Ávila y asegura que cuando conversaron con directivos de la petrolera, reconocieron que desde la gerencia de la empresa les dieron la orden de no abandonar las instalaciones de Los Pozos.
VerdadAbierta.com intentó contrastar esto con Emerald Energy, pero no se obtuvo respuesta.
Finalmente, se estableció una nueva fecha de reunión y esa vez voceros del gabinete ministerial y de la petrolera cumplieron. El encuentro se realizó el 23 de febrero y tras dialogar por varias horas, llegaron a algunos acuerdos y se planteó que se iba a instalar una mesa técnica el 28 de marzo para evaluar los costos de los proyectos productivos que pedían los campesinos de la región.
Como gesto de buena fe, la viceministra Solano pidió que los campesinos dejaran salir los 52 vehículos que le servían a la petrolera. Y el gobierno nacional se comprometería a sacar a los miembros de la UNDMO.
Las comunidades cumplieron. Aquel 28 de febrero dejaron salir los carrotanques con un protocolo hecho junto con funcionarios de la Alcaldía de San Vicente del Caguán. Pero el Ejecutivo no cumplió: no llegó a la mesa a conformar el equipo técnico ni sacó al antiguo ESMAD. La reunión se programó nuevamente para el 4 de marzo, pero con las comunidades agolpadas alrededor del campo petrolero y los miembros de la policía cuidando las instalaciones de Emerald Energy, los días siguientes la tensión escaló hasta estallar.
El estallido
Según los campesinos, en horas de la madrugada del 2 de marzo, miembros del antiguo ESMAD lanzaron gases lacrimógenos y aturdidoras contra los manifestantes, ocasionando que la gente se abalanzara sobre los uniformados. Rápidamente, la situación se tornó violenta e incontrolable. En la revuelta, Reynel Arevalo, un miembro de la Asociación Campesina Ambiental Losada-Guayabero (ASCAL-G) fue impactado por un proyectil de arma de fuego, disparado, según cuentan los presentes, por miembros de la Policía Nacional. Eso hizo que las hostilidades se agudizaran.
En la histeria del momento, algunos campesinos le prendieron fuego a las instalaciones de la petrolera y el subintendente de la Policía, Ricardo Arley Monroy Prieto fue asesinado con arma blanca mientras “se hallaba indefenso en poder de sus captores”, según trinó el ministro de Defensa Iván Velázquez. También, resultaron más de 40 heridos, según reportó la Gobernación de Caquetá.
En audios difundidos por redes sociales quedaron registradas las angustiosas dos horas que vivieron los uniformados a la espera de apoyo de la Fuerza Pública. En repetidas ocasiones, en comunicaciones por radiofrecuencia, un coronel les asegura a los policías hostigados que la ayuda se está coordinando, pero nunca llegó.
“¡Central, ya se nos llevaron otro del ESMAD! ¡Dos horas para un puto apoyo”, renegó uno de los agentes, alterado. Y otro con desespero complementó: “¿Cuáles derechos humanos? ¡No existen! Ya tenemos un compañero muerto. Central, ¿qué estamos esperando, que nos acaben a todos acá. Central?”
En ese punto, los otros 73 miembros de la Policía se sintieron acorralados por los campesinos y decidieron parar de confrontarlos. Según cuentan voceros de COSCOPAAS, la dotación de la Fuerza Pública, incluidas sus armas, fueron confiscadas por los campesinos y quemadas.
“A la Guardia Campesina le tocó hacer un cerco de seguridad porque la gente estaba bastante enojada y querían seguir agrediendo al personal de la Policía”, cuenta Ávila. “Ahí hay que hacer una distinción: una cosa es la Guardia Campesina y otra los campesinos manifestados. Si no hubiera sido por la Guardia, los hechos hubieran sido más lamentables”, complementa Miguel Guevara, vocero de COSCOPAAS del departamento de Guaviare. Así, como se observa en videos que han circulado por Internet, la Guardia Campesina, usando sus bastones, rodeó a los uniformados.
Luego, como también se observa en videos, entre burlas e insultos de los campesinos, los agentes de la Policía desfilaron uno detrás del otro en dirección a un camión. Los hicieron subir a la parte de carga del vehículo y los trasladaron hasta una caseta comunal. Allí también estuvieron retenidos nueve empleados de la petrolera.
“Nosotros consideramos que eso no es secuestro. Nosotros lo que hicimos en ese momento fue proteger a ese personal. Si no lo hubiéramos hecho, seguro las cosas hubieran sido mucho más graves… Como estaban las cosas, tres mil personas bravas, se sale de control”, dice Ávila y agrega que el objetivo de la Guardia Campesina no fue tener a los policías como prenda de garantía para negociar con el gobierno nacional y que “por todos los medios tratamos de que se fueran de ahí”.
Según versión de los voceros, a los delegados de la Defensoría del Pueblo y de la personería municipal de San Vicente del Caguán que estuvieron en el lugar les solicitaron que hicieran la intermediación con los órganos del gobierno nacional para que los policías fueran liberados. Este portal buscó al defensor Regional del Pueblo de Caquetá, Edwin Fabián Leal Hernández, para conocer más detalles de estos hechos, pero no se obtuvo respuesta.
Días más tarde, el presidente Gustavo Petro aclaró por su cuenta de Twitter que él ordenó que el Ejército no interviniera en la revuelta para, según explicó, evitar una masacre.
La orden dada al ejército de no intervenir en los hechos de San Vicente la di yo como comadante de las Fuerzas militares. Una intervención militar ante una manifestación de 7.000 campesinos solo puede generar una masacre. Que hagan eso las dictaduras, pero una democracia jamás.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 8, 2023
A las 12 del mediodía del siguiente día, 3 de marzo, empezó la sesión del Puesto de Mando Unificado (PMU), liderado por el ministro del Interior, Alfonso Prada, en el que se buscaron mecanismos para la liberación de los policías. Al final de la tarde de ese día, los uniformados recuperaron su libertad.
Esa fue una de las condiciones impuestas por el gobierno nacional para instalar una mesa de diálogo y tratar las demandas de los campesinos. Esa noche, 71 de los policías retenidos fueron trasladados a la ciudad de Neiva, Huila, en donde se encontraron con sus familias. Un teniente y un patrullero se quedaron en Caquetá.
“A todas las familias de los agentes detenidos un saludo muy especial. La Fiscalía deberá investigar e individualizar quiénes fueron las personas que mataron en estos acontecimientos, quiénes son los asesinos que tendrán que ser juzgados”, expresó el presidente Petro en un video que publicó por sus redes sociales.
Según le informó la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía de Neiva a este portal, de los 71 policías, 44 están “excusados por sanidad”, mientras se recuperan de los hechos. VerdadAbierta.com intentó obtener una versión oficial de la Policía Nacional sobre lo ocurrido, pero no fue posible. También se intentó entrevistar a algunos de los policías secuestrados para conocer detalles del enfrentamiento en la plataforma Capella, pero la institución insistió en que por el momento están siendo atendidos por proceso social con psicólogos y doctores.
A voceros de COSCOPAAS que este portal entrevistó les preocupa que sobre ellos haya recaído una fuerte estigmatización. También les inquieta que videos en los que se observa formando, marchando y haciendo ejercicios de entrenamiento han sido utilizados para señalar que ese proceso organizativo fue dirigido por disidencias de las extintas Farc.
“La Guardia Campesina es una figura organizativa de los campesinos. No tiene que ver con ningún actor armado, somos campesinos neutrales rotundamente dentro de los actores armados”, dice Raúl Ávila.
De acuerdo con diversos registros de organismos de seguridad del Estado y organizaciones no gubernamentales que analizan el conflicto armado armado en el país, en la región donde ocurrieron los hechos hacen presencia grupos que surgieron tras la dejación de armas, tales como la llamada ‘Segunda Marquetalia’ y el ‘Frente 62 Miller Perdomo’.
La negociación
Del 3 al 5 de marzo, 18 voceros de COSCOPAAS —9 principales y 9 suplentes— y delegados del presidente Petro discutieron las demandas de los campesinos en la inspección de Los Pozos. Varias de las cuales ya estaban consignadas en los acuerdos que habían pactado con el gobierno del entonces presidente Iván Duque (2018-2022) tras las movilizaciones de Villavicencio (Meta) y Altamira (Huila).
La primera noche de los diálogos, reunido con los campesinos de Los Pozos, el ministro Prada, acompañado por la ministra de Minas, Irene Vélez, sostuvo la frase más polémica de la negociación: “Me pidieron mucho en que declarara si esto era un secuestro o no era un secuestro. Yo quisiera defender ante el país y ante la opinión pública que aquí hubo, efectivamente como ocurre en muchas partes del país, una movilización social de campesinos. Esa movilización social de campesinos hizo un cerco humanitario que impidió la movilidad de unos miembros de la institución policial y de la empresa”.
El 5 de marzo, el gobierno nacional hizo público un documento titulado “ACUERDO LOS POZOS”. Allí quedaron consignados los 10 compromisos suscritos y que permitieron que la movilización campesina llegara a su fin.
Algunos de los principales puntos indican que se realizará una comisión para analizar los casos de campesinos judicializados por la protesta social; la pavimentación en un año de la vía San Vicente del Caguán -Los Pozos Las Delicias; la participación de las comunidades en la explotación de materiales de construcción; el descongelamiento de los recursos de regalías por municipio productor; la suspensión de la Resolución 7067 de 2022 del ICA hasta el 31 de marzo de 2024, con la que se prohibía la vacunación bovina dentro de Parques Nacionales; y atender la deforestación.
En las fotos que han circulado en redes sociales se observan a políticos de la región acompañando los diálogos, como Herson Lugo Saldaña, exasesor de Paz de la Gobernación de Caquetá, quien ha mediado en la resolución de conflictos en la región y declarado su intención de postularse a la Alcaldía de San Vicente del Caguán; y John Fredy Núñez Ramos, quien se quedó con una Curul de Paz en el Congreso de la República y es cercano a políticos del Centro Democrático. Algunas fuentes con las que este portal conversó cuestionan las jugadas políticas que rodearon la negociación de Los Pozos.
Otro punto neurálgico era qué iba a pasar con la Emerald Energy en la región. En el documento se lee que “el Gobierno Nacional desde la firma del presente Acuerdo revisará las líneas jurídicas frente a la solicitud de la cancelación del contrato de explotación de hidrocarburos de la empresa Emerald Energy, y realizará conversaciones del más alto nivel con la Embajada China y la empresa para buscarle una salida al conflicto”.
En concordancia con ello; el Ejecutivo está revisando la solicitud de suspensión que tras los hechos de Los Pozos presentó la petrolera y conocer si su intención es cancelarla.
Petrolera china
Cuando estallaron los enfrentamientos entre campesinos y policías en San Vicente del Caguán, el 2 de marzo, Emerald Energy le había enviado una carta a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informando que, por la situación de orden público, había cancelado su operación en Caquetá, a lo cual, la ANH le pidió aclarar su posición en cuanto a sus obligaciones contractuales. Es cuando, unos días después, la petrolera le solicitó a la ANH la suspensión del contrato de exploración y producción del bloque petrolero Ombú, ubicado entre los departamentos de Caquetá y Meta, y que había sido adjudicado hace más de 23 años.
Emerald Energy PLC fue constituida a finales de 1993 en Isla de Man, un paraíso fiscal concebido como una dependencia de la Corona Británica, situada entre las islas de Gran Bretaña e Irlanda. Sin embargo, la empresa llevaba funcionando 13 años bajo el nombre de Kinster Investments Limited, fundada en 1980 en el mismo estado insular.
El 17 de octubre de 1996, la empresa abrió una sucursal en Colombia, según la escritura pública 3626 del circuito notarial de Bogotá, para la exploración, explotación, refinamiento, distribución, venta y exportación de hidrocarburos. De esta manera empezó a operar en el país Emerald Energy Plc Sucursal Colombia.
La Junta Directiva de la casa matriz Emerald Energy aprobó un acuerdo de esquema de venta con la multinacional china Sinochem Group el 2 de octubre de 2009. Así, la compañía china, dedicada a la producción de productos químicos y la industria petrolera, a través de Sinochem Resources UK Limited —una filial que constituyó en Inglaterra el 13 de julio de 2009— adquirió las acciones de Emerald Energy PLC.
En mayo de 2021, el emporio Sinochem se reestructuró. El 100 por ciento de las acciones de Sinochem Group Co., Ltd. y China National Chemical Corporation Ltd se agruparon en la empresa Sinochem Holdings Corporation Ltd. Esta compañía es una de las principales empresas estatales bajo la supervisión de la Comisión Estatal para la Supervisión y Administración de los Activos del Estado (SASAC), una agencia especial del Consejo de Estado de la República Popular China. Es decir, el gobierno chino en últimas es el accionista controlador final de Sinochem y, por tanto, de Emerald Energy.
Actualmente, la empresa tiene cinco contratos de exploración y producción en Caquetá, específicamente en los bloques Cardón, Ceiba, Nogal, VSM32 y Ombú. Tres de esos contratos están suspendidos y de los dos que se mantienen activos sólo Ombú se encuentra en fase de producción.
El bloque Ombú le fue adjudicado a la petrolera el 15 de diciembre de 2006. A través del Contrato 043, la ANH le entregó a Emerald Energy cerca de 29.900 hectáreas de los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá) y La Macarena (Meta). En septiembre de 2008, la petrolera anunció el hallazgo de hidrocarburos dentro del campo petrolero Capella, creado dentro del bloque Ombú. Los años siguientes inició labores de producción.
Ese mismo año, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le otorgó licencia ambiental para el área de perforación Ombú-Durillo y en el 2010 para el área de perforación Sur-Durillo. (Leer más en Buscando petróleo en tierras de las Farc)
¿A cuánto ascienden los pagos por regalías que han generado las actividades petroleras de Emerald Energy para el país? A través de la oficina de comunicaciones del Departamento Nacional de Planeación (DNP), VerdadAbierta.com intentó entrevistar a Tania Guzmán Pardo, subdirectora General del Sistema General de Regalías (SGR), para responder esa pregunta, así como obtener detalles sobre la asignación de cada uno de los fondos de SGR que ha hecho a Meta y Caquetá, y qué seguimiento se ha hecho a esos dineros cuando son girados a los entes territoriales, pero no se obtuvo respuesta.
Conocer los detalles de la inversión de los recursos por regalías es esencial para contrastar los reclamos de los campesinos que protagonizaron las protestas contra Emerald Energy. Según el Artículo 361 de la Constitución —modificado tras la expedición de la Ley del Sistema General de Regalías— los municipios y departamentos donde se explora y explotan recursos no renovables “tendrán derecho a participar en las regalías y compensaciones, así como a ejecutar directamente estos recursos”. La inspección de Los Pozos y los municipios de San Vicente del Caguán y La Macarena tendrían ese derecho de asignación directa de regalías y compensaciones que busca mejorar las condiciones sociales de la población.
Si se tiene en cuenta los registros de producción de petróleo de la ANH, para diciembre de 2022, Emerald Energy extraía crudo de nueve campos petroleros en cinco departamentos del país: Casanare, Huila, Putumayo, Meta y Caquetá. Este portal revisó las bases de datos públicas de producción de barriles promedio por día de crudo y encontró que Capella es el campo petrolero del que Emerald Energy más crudo extrae.
“Las regalías están represadas. Ni San Vicente ni La Macarena han recibido plata de esas regalías. Ese millón de dólares que estaban pidiendo los campesinos no es fortuito. Es que no se han desembolsado el pago de regalías de esa región”, señala Karla Diaz, coordinadora del área de Territorio y Democracia Ambiental de la Asociación Ambiente y Sociedad.
En los últimos ocho años, esta organización le ha seguido la pista a Emerald Energy a través de sus líneas de investigación sobre empresas y derechos humanos, y el seguimiento de inversiones chinas en América Latina. Y hasta 2019 estuvo en Caquetá conociendo sobre la situación socioambiental de las comunidades afectadas por la petrolera.
La investigadora llama la atención sobre las fallas en la etapa de licenciamiento ambiental, que para el caso de la reciente lucha en San Vicente del Caguán es clave por las compensaciones que la petrolera debería gestionar para compensar el impacto sobre las vías de la región. “Todas las petroleras dicen ‘ahí ya había una vía’, pero ¿en qué condiciones estaba la vía? Normalmente son trochas. Con la excusa de ‘ahí ya había una vía’ y que no van a generar impacto, no generan compensación”.
El problema radica en que “no hay información de base suficiente para generar medidas de compensación, mitigación realmente robusta para garantizar que se pueda hacer minería o sacar petróleo responsable. Eso hoy en Colombia es imposible”, reprocha Diaz.
Se repiten luchas y daños ambientales
Tras el incendio en la plataforma Capella, la Alcaldía de San Vicente del Caguán prendió las alarmas por posible contaminación a las fuentes hídricas de la zona que se pudieron ver comprometidas por los derrames de sustancias químicas que manipulaba Emerald Energy.
El pasado jueves —tras una inspección ocular con Bomberos, Defensa Civil Seccional San Vicente del Caguán y Batallón de Operaciones Terrestres 2— la Alcaldía confirmó que la emergencia por derrame de sustancias químicas estaba controlada y en la zona se habían realizado labores de recolección y limpieza ambiental.
Los impactos ambientales sobre el territorio y las tensiones entre la empresa petrolera y las comunidades campesinas de la Amazonía no son nuevas. “Las reivindicaciones alrededor de la defensa territorial y antipetrolera no nacen en San Vicente. La fuerza más grande la han tenido las comunidades del sur de Caquetá que han hecho, por ejemplo, que hasta ahora el bloque el Nogal no tenga los impactos y haya empezado producción como lo ha tenido el bloque Ombú”, precisa la investigadora de la Asociación Ambiente y Sociedad.
Una situación similar a las recientes confrontaciones de Los Pozos, San Vicente del Caguán, se vivió hace más de siete años. En julio de 2015, durante dos meses, campesinos de los municipios de Florencia, Milán, Morelia y Valparaíso se plantaron en un pequeño puente de Valparaíso e impidieron el tránsito de empleados y contratistas de Emerald Energy. Esa vez protestaban por las afectaciones al agua que las actividades extractivistas causaban en la región. (Leer más en: ¿Por qué no quieren exploración petrolera en Caquetá?)
Se trató del resurgimiento de movimientos sociales en Caquetá en contra de las acciones petroleras que desde inicios de la década del 2010 había intentado tomar forma, pero que a raíz de la presencia de actores armados ilegales no continuó. Fruto de los reclamos sociales de 2015 se creó la Mesa Departamental por la Defensa del Agua y el Territorio.
Ese año también terminó mal la protesta. La Policía lanzó gases lacrimógenos para mover a los campesinos del punto de protesta, pero esa acción exacerbó los ánimos y ocasionó fuertes confrontaciones que dejaron más de una docena de heridos.
Los ánimos se volvieron a caldear en territorio caqueteño en 2017. En abril de ese año, Emerald Energy le solicitó a la ANLA una licencia de exploración para el bloque petrolero Nogal, cuya área de influencia afectaba a 21 veredas de los municipios de Morelia, Milán y Valparaíso, en el piedemonte de la cordillera Oriental.
Un informe de 2019 realizado por la Asociación Ambiente y Sociedad al que este portal tuvo acceso recoge varios procesos sancionatorios que se le impusieron a la petrolera. “Desde el año 2012 la empresa Emerald Energy viene en constante incumplimiento de las licencias ambientales, el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y los Programas de Beneficio a las comunidades (PBC), causando daños irreparables a la naturaleza y a las comunidades que se ven directamente afectadas por el proyecto”, se lee en el documento.
Ese año, la ANLA impuso medidas preventivas ordenando el cierre de las operaciones de la empresa y abrió un proceso sancionatorio. La lista de daños ambientales e incumplimientos es larga, pero resalta la alta captación de aguas de la quebrada La Guadualosa, el vertimiento de aguas residuales industriales al suelo y a riachuelos, la reutilización de aguas contaminadas, la contaminación por mala disposición de residuos sólidos y líquidos en cada uno de los pozos, incumplimiento de los compromisos de restauración de ecosistemas en la zona y protección de fauna y la construcción de instalaciones fuera de licencia ambiental.
A través de la Resolución 0723 del 4 de julio del 2014, la ANLA sancionó monetariamente a Emerald Energy por la construcción de obras civiles no autorizadas en la ronda de la quebrada Aguazul, instalar dos motobombas en el lecho de la quebrada La Guadualosa y realizar quemas no autorizadas.
“Surgen preguntas sobre lo oportuno de la sanción impuesta más de dos años después de los daños causados, sin estudios precisos sobre los impactos que pudieron generar a corto, mediano y largo plazo, las afectaciones a la salud humana y los animales que consumen las aguas contaminadas por residuos tóxicos, los impactos sobre el suelo y las aguas subterráneas”, llama la atención el documento.
En 2014, a través de una acción de grupo, se denunció la contaminación de la quebrada la Nutria y el suelo por el abandono de material químico a cielo abierto, la muerte de animales por consumo de agua contaminada y el abandono de residuos tóxicos cerca de una represa. Los cargos fueron comprobados por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia), que encontró en las muestras que realizó en territorio agentes contaminantes como plomo, mercurio, molibdeno y mucho más.
“Corpoamazonia se dio cuenta de todo esto y nunca hizo nada. La Corporación se lava las manos diciendo que es una licencia que nada tiene que ver con ellos, pero ellos son la primera autoridad ambiental que se ha hecho la de la vista gorda alrededor de esto”, señala Diaz.
“Frente a todos estos daños ambientales y sociales se esperaría la suspensión del contrato, a la que daría lugar un incumplimiento de la licencia ambiental de forma tan flagrante. Por el contrario, a la empresa Emerald Energy se le otorga una nueva licencia ambiental en la zona para la perforación exploratoria del bloque Chipo”, reprocha el documento de la organización ambiental.
Lo sucedido en Los Pozos fue la consumación de un incendio cuyas llamas fueron alimentadas por años de abandono estatal, promesas incumplidas y falta de retribución a los territorios por las regalías que produce la explotación de los recursos de su subsuelo. En medio de ellas, la falta de acción oportuna del actual gobierno nacional fue la chispa que prendió el fuego. Este caso es un llamado de alerta, pues en diferentes regiones del país hay conatos de nuevas conflagraciones de comunidades cansadas, ya que sus reclamos no son atendidos y están optando por las vías de hecho para hacerse sentir y lograr acuerdos.
Nota del editor: VerdadAbierta.com envió un cuestionario a Emerald Energy PLC Sucursal Colombia para conocer sobre la compensación que ha realizado en San Vicente del Caguán y La Macarena, su versión sobre los impactos ambientales y cómo se vio afectada con las recientes protestas en la inspección de Los Pozos; sin embargo, no se recibió respuesta.
