“Si la muerte de él tenía que ser para que esto cambiara, así tenía que ser”, cuenta Luz Marina Arias Yosa que le decía su marido Erley Monroy, cuando ella le reclamaba que no corriera tantos riesgos. Como temía Arias, Erley fue asesinado el 18 de noviembre de 2016 en San Vicente del Caguán, Caquetá.

Monroy Fierro nació en San Martín, Meta, el 18 de octubre de 1962, segundo de cuatro hermanos, hijos de Gregorio y Lila de Jesús. Fue criado como cualquier campesino de los Llanos Orientales, en las faenas de los hatos ganaderos, la cacería y la pesca. Andaba descalzo por los bancos de la sabana para disfrutar la vista de un venado, un tapir o un puma. Le gustaba la vida campesina y apreciaba la naturaleza.

Su familia se mudaba de una finca a otra, según el trabajo que saliera, entre el Meta y Caquetá, el departamento vecino. Se casó a los 17 años con Luz Marina, cuando ella obtuvo su título de bachiller normalista. Ella se fue a trabajar de maestra en San Vicente del Caguán, y juntos fijaron su casa en Puerto Losada, una aldea en los límites entre este municipio caqueteño y La Macarena, en el Meta. Tuvieron dos hijos, Karina Fernanda y Herson Mauricio.

“Fue obrero en el campo, transportador, concejal de San Vicente del Caguán (1992-1993, por el Partido Liberal), maestro por seis meses en una vereda, mensualero y mayordomo en las fincas, hasta que logró tener un pedacito de tierra de su propiedad, donde cumplió su gran sueño de consolidarse como un campesino ejemplar”, dice orgullosa su esposa.

Carrera de liderazgo

Erley Monroy en asamblea. Foto cortesía familiar

Desde muy joven, en Puerto Losada comenzó a participar en las reuniones de la Junta de Acción Comunal y llegó a presidirla por tres períodos seguidos. Estando en esta función, Monroy Fierro decidió asistir por primera vez a una reunión de la Asociación Campesina y Ambiental del Losada – Guayabero, creada en 1996, y que representaba a comunidades de 68 veredas. Había oído de esta organización a la que la gente llamaba Ascal-G y quería constatar si era verdad que, como decían, estaba ligada a las Farc.

Cuando llegó a la reunión discutían acerca de la conveniencia de que quienes fueran propietarios de ganado entre los asociados, pagaran a la asociación una cuota de cinco mil pesos por cabeza de ganado para destinar ese dinero a arreglar las vías.

De Puerto Losada nunca había asistido persona alguna a las asambleas de Ascal-G, por lo tanto, en ese momento, consideraron que Erley no podía tener voz y voto. Pero ante un empate en la votación, autorizaron que votara. Luego de explicar la importancia de tener mejores vías, el futuro líder campesino inclinó la balanza a favor del pago por cabeza de ganado. Sus argumentos lo llevaron a que, en la siguiente asamblea, lo nombraran en los cuadros directivos.

San Vicente de Caguán se conectaba con Puerto Losada por una carretera de unos 32 kilómetros. Luego estaba el puente sobre el río Losada y de ahí para adelante había algunas brechas. Entre ese punto y el río Guayabero, vivían decenas de familias campesinas que carecían de títulos de sus predios y el Estado no había les había formalizado su propiedad.

Los recursos aprobados en Ascal-G y que aportarían los campesinos a través de la cuota por cabeza de ganado se fueron en mejorar esas vías en mal estado o construir las partes donde ni siquiera había camino. Estaban cansados de esperar al Estado, recuerda Arias, pues eran prósperos y tenían sus pastos y ganados, producían leche, pero no la podían vender porque carecían de buenas vías para sacarla de sus fincas.

Ascal-G no había sido iniciativa de las Farc, pero en esos tiempos estas guerrillas dictaban la ley en esa región. Así que ordenaron a esta y otras asociaciones que los recursos recogidos para el arreglo de vías fuesen manejados con honestidad y responsabilidad. Diversas fuentes consultadas coincidieron en decir que los guerrilleros les habían advertido que si llegaban a descubrir que algún presidente de esos comités de carreteras se gastaba el dinero y no hacía las cosas bien, esas personas tendrían que irse de la región y pagar con sus fincas o con las cosas que tuvieran.

Para organizar los pagos, cada vereda debía presentar un censo de cada dueño de finca y el inventario de cabezas de ganado. Ahí empezó Ascal-G un proceso riguroso para establecer cuántas personas había en la región, qué se producía y cuánta cantidad. Era el único censo que se hacía porque cuando el Estado nacional llegaba a la zona a hacer censos, la guerrilla no dejaba entrar a los funcionarios. Monroy Fierro se volvió fiscal de Ascal-G y uno de sus más destacados voceros. Combinaba el trabajo en su finca con su labor comunitaria.

En el 2010 tuvo un brutal accidente en moto que le dejó una herida tan grave en el cráneo que tuvieron que ponerle una malla de titanio para repararlo. Entonces le empezó a doler la cabeza si salía al sol o al hacer las faenas del campo a caballo. Vendieron la finca que ya no podían cuidar y se fueron a vivir al pueblo de Puerto Losada, a donde montaron con su esposa un mercadito.

Con el cambio, Monroy se metió de lleno al trabajo con las comunidades. “Se dedicó de tiempo completo a estar en la organización, a viajar a La Macarena, a Villavicencio, a tocar puertas por todos los lados. Entonces trascendió tanto que se involucró en todas las cosas que estaban pasando en la región”, recuerda su esposa.

Protector de la selva

Zona deforestada en San Vicente del Caguán. Foto Lis Möller @lissmoller

Monroy Fierro contagió a Ascal-G su amor por la naturaleza. Junto con otros asociados crearon unas normas para que los habitantes de las veredas cuidaran del medio ambiente, no talaran los bosques, reforestaran por lo menos el 30 por ciento de sus fincas con bosque nativo y a cuidaran todas las fuentes de agua.

No era un trabajo fácil. La tradición campesina era bien contraria a la ecología: talaban, rozaban monte y quemaban para sembrar pasto y criar ganado que era el sueño de todos los colonos. Ni siquiera sembraban plátano o yuca porque el ganado les daba para comprarse lo que quisieran.

Para cambiar esa cultura campesina depredadora, Ascal-G inició un proceso de concientización entre sus asociados convenciéndolos de que sembraran al menos dos hectáreas de cultivos rotativos de pancoger y huertas caseras. Además, la asociación los instruyó para que construyeran pozos sépticos en las fincas y dispusieran adecuadamente de los desechos.

También impulsaron el cuidado los animales amenazados por la cacería. Prohibieron la caza de la danta, el tapir, las pavas y los paujiles en sus veredas e impusieron multas pagaderas a la Junta de Acción Comunal para quienes no cumplieran la norma. Los dineros de las multas se distribuían entre los comités de salud, medio ambiente y deportes.

Además, multaban a las personas que se excedían en la tala de bosque. Cada vereda debía controlar y llevar los casos a sus reuniones. “Había muchas discusiones en las asambleas, pero poco a poco la gente se fue haciendo consciente”, dice Arias.

Hombre de paz y mediador

Erley Monroy Fierro. Foto cortesía familiar

“Entre el 19 de agosto y el 12 de septiembre de 2013, tuvo lugar la protesta agraria más importante de las últimas décadas en Colombia”, escribe el investigador Edwin Cruz Rodríguez en un texto de análisis al referirse el paro nacional agrario en el que participaron unas 200 mil personas.

El llamado a la movilización campesina llegó a las veredas del Losada-Guayabero y no se quedaron de brazos cruzados, mucho menos Erley Monroy. Junto con Ascal-G, consiguió que unos 700 campesinos fueran a manifestarse hasta Florencia, la capital del Caquetá.

“Fue muy reconocido en ese momento”, cuenta su esposa, y explica que habló ante los medios a nombre de los campesinos y los obispos de San Vicente y de Florencia lo vieron como un hombre de paz, un mediador entre el Ejército Nacional, los otros campesinos y la gente.

Sin embargo, como cuenta Arias, “después de eso, tuvo altercados con el pueblo y el Ejército, y por eso no quiso trabajar más en Caquetá”.

El 19 de marzo de 2015, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) dictó la Resolución 00810 para recuperar los baldíos entre los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá) y La Macarena (Meta). Obviamente la medida afectaba a los asociados de Ascal-G y a muchos habitantes de la región de Puerto Losada que, como se dijo antes, no tenían títulos de sus tierras, pero llevaban décadas trabajándolas.

Cuatro meses después, las noticias para los campesinos sin título de esas tierras caqueteñas empeoraron. El entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) anunció que tras un trabajo coordinado entre la Superintendencia de Notariado y Registro y el extinto Incoder se recuperaron nueve fincas que, supuestamente, estaban ocupadas por la desaparecida guerrilla de las Farc y que, en su conjunto, sumaban 280 mil hectáreas, abarcando una extensa franja de terreno entre los departamentos de Meta y Caquetá, justo donde se aplicaría la Resolución 00810 de 2015.

“Es un golpe importante dentro de nuestra política de recuperar los terrenos adquiridos ilegalmente, bien sean por paramilitares, Farc o personas inescrupulosas que se han hecho a terrenos que no eran de su propiedad”, dijo en esa ocasión el presidente Santos.

A finales de ese año, un equipo de VerdadAbierta.com recorrió buena parte de los predios recuperados y sí encontró que había fincas en poder de la guerrilla, pero también constató que varios campesinos que llevaban allí años y reclamaban sus derechos de propiedad. (Leer investigación en: Un viaje al corazón de las tierras de las Farc)

Monroy Fierro, en representación de los campesinos afectados, “tuvo muchos encontrones con representantes del gobierno”, según recuerda su esposa.

Los entonces representantes a la Cámara, Alirio Uribe (Polo Democrático) e Inty Asprilla (Alianza Verde) lo invitaron al Senado a exponer su caso. Allí dijo que los campesinos del Losada-Guayabero no eran ni ‘farianos’, ni ‘elenos’, ni paramilitares, así como tampoco invasores de los parques nacionales Los Picachos y Tinigua, como los estaban tildando los funcionarios del gobierno.

Explicó que ellos eran campesinos de familias que había llegado a esas tierras en los años 50 y 60, y practicaban un desarrollo agrario sostenible. Y que cuando se crearon esos parques naturales, en 1977 y 1989 respectivamente, ellos ya llevaban más de 20 años en la región.

“En su intervención, le anunció a la directora de Parques Nacionales Naturales, Julia Miranda, que ellos no se iban a dejar quitar la tierra y el trabajo construido por años”, dice su esposa. Le dieron la razón más de 800 campesinos que se congregaron en el municipio de La Macarena entre el 28 y el 30 de septiembre de ese año para demostrarle al gobierno nacional que no eran invasores de parques naturales nacionales, que incluso contaban con guías de movilidad otorgadas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para transportar el ganado desde sus fincas.

Una investigación publicada por VerdadAbierta en 2018 encontró que los problemas entre campesinos y algunas entidades del Estado continuaban en una amplia región de La Macarena, particularmente en el Parque Nacional Natural Tinigua, por la acelerada deforestación y la tala de bosques. (Leer más en: La selva, víctima inesperada del posconflicto en La Macarena)

Dos años después, nuestros reporteros le hicieron seguimiento al asunto. Había una tensa calma entre autoridades y campesinos. El gobierno nacional puso en marcha la campaña Artemisa contra la deforestación para “recuperar nuestra selva tropical húmeda, nuestros bosques, y judicializar a los que están detrás de esa cultura deforestadora”. (Leer más en: En la Amazonía, el campesino no odia la selva)

El intento de explorar petróleo

Paisaje de San Vicente del Caguán. Foto Bibiana Ramírez

Además de la disputa por la propiedad de la tierra, varias empresas petroleras pretendían ingresar a la región del Losada-Guayabero a explorar en busca de petróleo. La primera en expresar su interés fue Hupecol Operating Co., de capital estadounidense creada en 2006. Quería explorar buena parte de la Inspección de Los Pozos, jurisdicción de San Vicente del Caguán.

Como se había vuelto costumbre, Ascal-G nombró a Erley Monroy para que adelantara las primeras conversaciones con la empresa. A mediados de 2014, la firma petrolera le ofreció a la Asociación compensar con dinero la molestia que podría ocasionarles pasar por sus territorios y sus carreteras para hacer los estudios de exploración.

Monroy estudió cuál sería el impacto ambiental de la petrolera, y luego les informó a los representantes de Hupecol que “no vamos a negociar con ustedes, no vamos a permitir la explotación en la zona”.

Su mayor preocupación era que la firma estadounidense pretendía explorar un terreno de 30.800 hectáreas llamado Bloque Serranía, que podría afectar los nacimientos de ríos caqueteños principales, entre ellos el Guayabero, el Duda, el Losada y en el emblemático Caño Cristales, conocido mundialmente por belleza y los múltiples colores que le aparecen en junio y diciembre de cada año en uno de sus tramos conocido como Paso de la Danta.

Desde mediados de 2015, la asociación Ascal-G les dijo a sus asociados que Hupecol podría afectar el medio ambiente. Y les pidió oponerse a que explorara la zona, sobre todo porque podían dañar zonas protegidas.

Pese a esa oposición, el 18 de marzo de 2016, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le otorgó a la petrolera estadounidense la licencia ambiental de exploración en una amplia zona que, según esa autoridad, no impactaría ecosistemas vulnerables. Su argumento era opuesto al de los campesinos, defensores del medio ambiente y las autoridades locales.

Decía el ANLA que el área de exploración estaría a 68 kilómetros de Caño Cristales (Meta); a 23 kilómetros del río Guayabero; a 48 kilómetros del río Duda; y a 2.5 kilómetros del Parque Tinigua, por lo que no habría riesgos para esos ríos.

Poco convencidos por los argumentos de la entidad oficial, asociaciones campesinas, organizaciones ambientalistas y hasta la Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Macarena (Cormacarena) se articularon con el objetivo de conseguir la revocatoria de la licencia ambiental. Finalmente, el ANLA les dio la razón.

"En la zona no se han realizado intervenciones y no se podrán realizar", dijo Fernando Iregui en rueda de prensa al anunciar la medida el 19 de abril de ese mismo año. La decisión de la ANLA fue un triunfo de Monroy Fierro y de la asociación.

Señalamientos y persecución

Panfleto que circuló en San Vicente del Caguán en mayo de 2016. Foto cortesía familiar

La esposa de Erley, Luz Marina Arias, dice que su marido no tenía miedo: “Era el hombre que servía de puente entre su comunidad y todos los agentes que estuvieran en su entorno. Si el Ejército llegaba a la zona, estaba allí pendiente de lo que estaba pasando; si la guerrilla estaba en la zona, se ponía al frente de la situación. Sabía a lo que se estaba enfrentando”.

Personas de la región aseguran que, en los últimos tiempos antes de que lo mataran, quienes más vivían pendientes de para dónde iba Monroy Fierro y a quién visitaba, eran soldados del Ejército apostados en la zona. Cada vez que llegaba un pelotón del Ejército a la zona preguntaban por el Presidente de la Junta, qué hacía, dónde estaba. Los últimos días antes de su asesinato, siempre le preguntaban para dónde iba y a qué”, afirma un conocedor de la región.

En 2016, la presión contra Monroy y varios de sus compañeros de Ascal-G comenzó a subir. A mediados de mayo de ese año circuló un panfleto firmado por grupo que se identificó como ‘A.U.C.’ que decía: “Somos las auto defensas de Colombia llegamos al Caquetá y esta vez si es para quedarnos. Milicianos y testaferros de las far venimos a hacer limpieza de san Vicente puerto losada y el meta (sic)”.

La situación de inseguridad se fue incrementando, dijeron entonces voceros de la región, cuando se posesionó el alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez Cedeño, el 1 de enero de 2016. Había ganado las elecciones locales con el respaldo del partido Centro Democrático. Sánchez comenzó a decir que las Farc, en ese momento en negociaciones de paz con el gobierno nacional, tenía injerencia en algunas organizaciones no gubernamentales de la región y las acusó, sin pruebas, de cometer ilícitos bajo la protección guerrillera.

Sánchez Cedeño planteó su posición el 25 de agosto de ese año en el programa La Noche, del canal de televisión NTN24: “las Farc […] están mutándose en otras ONG para cobrar la extorsión. Nosotros por acá, por el lado de San Juan de Losada, hay una ONG la cual prácticamente está haciendo lo que estaban haciendo las Farc; como ellos ya no pueden hacerlo a nombre de ellos, entonces usan las asociaciones para poder cobrarle la vacuna a los ganaderos (sic)”.

“Erley sentía mucha tristeza cuando veía que el alcalde lo tildaba de seguidor de la guerrilla, a sabiendas de que conocía cómo estaban organizadas las comunidades”, dice su esposa. La mujer cuenta que el alcalde Sánchez había trabajado como ingeniero eléctrico en San Vicente del Caguán y había participado en el primer proyecto que lideró Monroy: la electrificación desde el Batallón Cazadores hasta Puerto Losada y algunas veredas aledañas. “Por esas obras se le pagaron al entonces ingeniero Sánchez Cedeño 10 millones 780 mil pesos que fueron recolectados entre los campesinos”, cuenta.

¿De dónde vinieron las balas?

Placa en homenaje a Erley Monroy en San Vicente del Caguán. Foto cortesía familiar

El 18 de noviembre de 2016 fue un día negro para Ascal-G. Enemigos ocultos salieron a golpearlos. El primero en caer fue Erley Monroy. Lo encontraron herido en un camino de la vereda La Siberia, de San Vicente del Caguán, a pocos metros del Batallón Cazadores del Ejército. De inmediato, fue trasladado al Hospital San Rafael, pero falleció horas más tarde.

Esa misma noche atacaron al dirigente campesino Didier Losada Barreto, afiliado a la Junta de Acción Comunal de la vereda Platanillo, del municipio de Uribe, Meta, asociada a Ascal-G. Dos hombres encapuchados y armados ingresaron a su vivienda y lo asesinaron frente a su esposa, su hijo y un trabajador de la finca.

¿Quién asesinó a Erley Monroy? “No sé –dice su viuda – pero es un crimen de Estado. Necesitaban quitar un gran líder que había tocado los temas tan difíciles”.

Tres días después de estos dos homicidios, el senador Iván Cepeda (Polo Democrático), el representante a la Cámara Alirio Uribe (Polo Democrático) y el abogado Camilo Fagua, de la Fundación DHOC (Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia), le solicitaron al entonces fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, que investigara al alcalde Sánchez Cedeño.

“Muy respetuosamente, solicito (sic) investigar si en el presente caso, el delito de instigación al delito se concretó, cuando el funcionario público antes señalado, afirmó la existencia de una relación entre la Asociación Campesina y la organización guerrillera Farc-Ep en el propósito de cometer el delito de extorsión, y si estas afirmaciones tienen relación con los homicidios sufridos por integrantes de la multicitada Asociación Campesina”, se lee en la carta de los dirigentes al fiscal. (Ver documento completo)

Para constatar si esa solicitud fue atendida y establecer el estado actual de la investigación por el asesinato de Monroy, VerdadAbierta.com le solicitó a la Fiscalía una petición formal de información. En su respuesta, fechada el pasado 8 de junio, el Ente acusador respondió que “el radicado está en etapa de indagación”.

A la Procuraduría se le enviaron dos derechos de petición para establecer si en esta agencia de Ministerio Pública se tenía algún registro del asesinato de Erley Monroy Fierro. En ambos la respuesta fue similar: no hay ningún reporte.

“Me atrevo a decir que a la Fiscalía General le quedó grande la investigación”, se lamenta Luz Marina Arias, viuda de Monroy, y su dolor es más fuerte aún cuando relata que la Unidad para las Víctimas le rechazó su solicitud para que la reconociera a ella y a sus dos hijos como víctimas del conflicto armado. La petición fue enviada el 3 de abril de 2017 con la información documental de soporte para que los inscribieran en el Registro Único de Víctimas de San Vicente del Caguán.

El 6 de julio de ese año les respondieron, negándoles la inscripción. En la notificación les explicaron que “no se encontraron suficientes elementos sobre los cuales se pueda establecer que el hecho de homicidio manifestado en la declaración ocurrió en ocasión al conflicto armado interno que vive el país, ya que, dadas las circunstancia, no se pueden inferir los móviles y autores del hecho”.

Arias denuncia que después intentaron matarla, y que según le dijeron, habían sido disidencias de las Farc. Ella no lo tiene claro. “No he tenido hasta ahora ningún resultado de las investigaciones que ellos han hecho”, dice. “En este momento soy protegida de la Unidad Nacional de Protección y eso gracias a que la ONU y la oficina de Defensoría del Pueblo me ayudaron. Espero que algún día pueda saber la verdad del asesinato de Erley”.

Proyectos pospuestos

Puente colgante sobre el río Caguán. Foto Lis Möller @lissmoller

El asesinato de este líder campesino frenó una iniciativa a la que le apostó con ahínco Monroy, junto con los directivos y asociados de Ascal-G: la creación de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) del Losada-Guayabero.

Las Zonas de Reserva Campesina son concebidas por especialistas de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC) como “áreas de estabilización de la frontera agraria y fortalecimiento de las economías campesinas”, reglamentadas por la Ley 160 de 1994.

Cifras de ANZORC indican que hasta el momento se encuentran constituidas legalmente seis Zonas de Reserva Campesina, que, en su conjunto, suman una extensión de 831.111 hectáreas. En trámite de constitución hay unos 7 procesos, que representan unas 963.735 hectáreas. Una de las que está en proceso es, justamente, la del Losada-Guayabero. Elver Medina, actual directivo de Ascal-G, cuenta la historia de esta iniciativa. La idea surgió en 2002. “Los líderes de la Asociación empezaron a investigar todo lo relacionado con el proceso que debían iniciar. Sin embargo, en poco tiempo el sueño se vio frustrado”, dice.

La razón, según Medina, fue política: “En ese momento llegó a la presidencia Álvaro Uribe (2002-2010), quien no ha estado de acuerdo con esta norma de crear ZRC y hubo varias dificultades porque ellos argumentaban que eran ‘republiquetas’ y tuvimos que suspender ese proceso”, explica el directivo de Ascal-G.

En el 2012, la Asociación insistió y le presentó la iniciativa al Incoder y los campesinos tuvieron que esperar hasta el 2015 para que les autorizaran el estudio de la creación de la Zona de Reserva. Después elaboraron el plan de desarrollo que les pedían, para lo cual fueron muy útiles los censos que habían realizado en años anteriores en las veredas asociadas a la Ascal-G.

En 2016, el proceso fue tomando forma y detrás de esa dinámica estaban Monroy Fierro y sus compañeros de organización. Surtió trámite la certificación de que en la región donde se pensaba establecer la ZRC Losada-Guayabero no tenían asiento comunidades étnicas. Así lo estableció el Ministerio del Interior mediante el Certificado N. 1003 del 23 de septiembre de ese año. (Ver documento)

La ilusión creció cuando dos semanas después de la expedición de ese certificado, se congregaron en la Inspección San Juan de Losada, de La Macarena, por lo menos 500 campesinos de la región para participar en la audiencia pública de constitución de la ZRC, a la que asistieron representantes de entidades estatales locales, regionales y nacionales.

Luego de esa audiencia, el director de Acceso de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) destacó en sus declaraciones a la prensa que aquel encuentro había sido “un ejercicio democrático de participación genuina de las comunidades, que va a permitir seguir legítimamente con el proceso de constitución de la Reserva Campesina del Losada - Guayabero, en La Macarena”.

Seis semanas después de esa audiencia fue asesinado Erley Monroy. Y ahí, el proceso se frenó. “Hemos enviado oficios a la Agencia Nacional de Tierras y lo que nos ha respondido es que están en proceso de sacar la directiva que permita dar legalidad a la ZRC”, dice Medina, el directivo de Ascal-G.

Medina explica dice que la zona de reserva ya funciona de hecho: “hemos generado nuestro propio plan de desarrollo a través de acuerdos, en asambleas y se ha ido avanzando en él. Se han hecho toda una infraestructura en vías, puentes, escuelas, puestos de salud, que lo han hecho las mismas comunidades en la asociación campesina”. Pero les falta la legalización.

El pasado 2 de marzo, tres días antes de que se confirmara en el país el primer caso de Covid-19, y 20 días antes de que la Presidencia de la República decretara el Aislamiento Obligatorio Preventivo en todo el país, un nutrido grupo de campesinos de la región de La Macarena denunció “el reiterado incumplimiento” del gobierno nacional para sentarse a concertar una salida a los conflictos de tierras los aquejan. Además, insistieron en la creación de la ZRC Losada-Guayabero, pero hasta el cierre de este reportaje, no han recibido ninguna respuesta.

La muerte de Erley Monroy frenó el sueño, pero no la voluntad de los campesinos de decidir con autonomía el mejor modelo de desarrollo de sus territorios para ellos y sus hijos.