VerdadAbierta.com revisó los Informes de Riesgo y las Alertas Tempranas que la Defensoría del Pueblo emitió entre 2016 y 2019 para ese departamento del sur del país. En total, son siete documentos que, en su conjunto, permiten entender cómo ha mutado la violencia que padecen actualmente los caqueteños. Esa región pasó de tener la presencia de una guerrilla unificada a por lo menos cuatro grupos disidentes de las extintas Farc que, tempranamente, se salieron del proceso de paz; además, llegaron a la región grupos sucesores del paramiitarismo que había negociado la dejación de armas quince años atrás.

La primera advertencia que emitió el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo durante ese periodo fue el informe de Riesgo 010-16, de Inminencia, que fue dirigido a la Gobernación el 15 de abril de 2016. El documento reveló nuevos factores de riesgo en los municipios de Morelia y Valparaíso, y puso de presente que después de siete meses de que gobierno y guerrilla firmaran la primera versión del Acuerdo de Paz con las Farc, el 27 de septiembre (hundido en las urnas al no superar el plebiscito de refrendación), en Caquetá ya soplaban nuevos vientos de violencia.

“De acuerdo con el monitoreo realizado por la Defensoría del Pueblo, la presencia de personas armadas se ha hecho frecuente desde inicios del mes de febrero de 2016, justo después de que fuera retirada la base militar que se encontraba ubicada en el puente de acceso al municipio de Valparaíso (Caquetá), hecho que coincide con el incremento de acciones violentas en el corredor vial Morelia – Valparaíso donde se han presentado continuos atracos a viajeros, al igual que el homicidio de una persona en la segunda semana de marzo de 2016”, decía el informe.

Río Orteguaza. Foto Lis Möller @lissmoller

Sobre ese desconocido grupo armado ilegal, el SAT precisó que estableció “un clima de inseguridad constituirse en agente de protección y seguridad, sobre la base del sometimiento de la población”. ¿Su objetivo? “Posiblemente erigirse posteriormente como generador de orden y control para neutralizar las expresiones de inconformismo social”.

Dos semanas después, se emitió un nuevo Informe de Inminencia de Riesgo, esta vez para parte de la zona rural de la capital del departamento, Florencia. Fechado el 2 de mayo de ese mismo año, el informe 016-16, la alerta advirtió que miembros del Tercer Frente de las Farc habían realizado hostigamientos y ataques con francotirador contra unidades del Ejército Nacional en el corregimiento de San Pedro y la vereda El Pará: “Lo anterior podría devenir en enfrentamientos con interposición de la población civil, accidentes por minas antipersonal (MAP) y artefactos explosivos improvisados (AEI), así como en desplazamientos forzados y señalamientos contra los pobladores por parte del grupo subversivo”.

Y dos días antes de que se firmara la versión definitiva del Acuerdo de Paz, en el Teatro Colón de Bogotá, el 24 de noviembre de 2016, el SAT emitió su última alerta sobre Caquetá de ese año, que denunció amenazas y ataques contra líderes sociales que apoyaron el proceso de paz, concejales, funcionarios del Ministerio Público, comerciantes y ganaderos de San Vicente del Caguán.

“La actual coyuntura política del país, y en especial la del departamento del Caquetá y el municipio de San Vicente del Caguán con el tema de construcción de paz, exige de las entidades con responsabilidad en la protección de la vida e integridad de la población civil, la implementación de medidas en las zonas donde las FARC se han retirado paulatinamente, las que aún cuentan con presencia de integrantes del grupo subversivo, y todas aquellas que requieren de la acción del Estado en pro de la garantía y goce efectivo de derechos de sus habitantes”, dice el Informe de Riesgo 038-16, de Inminencia.

El énfasis de ese llamado de atención se basó en la delicada situación de estigmatización que padecieron quienes le apostaron de entrada al proceso de paz: “Junto con las amenazas se presenta un problema de señalamiento y la estigmatización contra los líderes y lideresas sociales, que aumenta la condición de vulnerabilidad y la desprotección estatal, porque al desestimar las denuncias de los afectados los expone a un mayor nivel de riesgo y viola los derechos y garantías judiciales de esa población”.

Y, como era de esperarse, 2017 inició con las alertas encendidas. El 18 de enero el SAT emitió otro Informe de Riesgo de Inminencia, el primero de todo el país, nuevamente para San Vicente de Caguán, incluyendo al municipio de Cartagena del Chairá. En este documento se acuñó por primera vez el término de disidencia de las Farc.

Lo curioso es que esta alerta fue emitida porque guerrilleros de las Farc persiguieron a un grupo que se desligó del proceso paz, en diciembre de 2106. Apenas habían pasado unos días desde que el entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos (2010-2018), y Rodrigo Londoño, máximo jefe de la otrora guerrilla, estamparan sus firmas de paz en el Teatro Colón.

El informe fue emitido “debido a la presencia de presuntos guerrilleros de las FARC que estarían señalando y amenazando a la población civil con el argumento de colaborar con combatientes que se han declarado disidentes de esa guerrilla en diciembre del año 2016 y que posiblemente no se acojan al proceso de desmovilización”, detalló en su nuevo informe el SAT.

La Defensoría del Pueblo actuó con celeridad debido a que esa situación tendía a agravarse y trató de prevenir desapariciones forzadas, homicidios selectivos y múltiples, desplazamientos forzados, restricciones a la movilidad y tratos crueles y degradantes.

Si bien el proceso de concentración y dejación de armas de las Farc no había empezado, se puso en marcha una cacería contra Carlos Carvajal Torres, alias 'Mojoso', uno de los comandantes que tuvo el Frente 14 de esa guerrilla. Según ese documento, “(el disidente) manifestó que continuaría ejerciendo control territorial y poblacional en ese sector, conminó el apoyo de las comunidades y profirió amenazas contra las personas que se dediquen a la deforestación y a la comisión de actividades delictivas como el hurto, luego de la salida de las FARC”. No obstante, en marzo de ese año, el disidente se entregó a las autoridades.

Este hecho puso de presente la relación entre la ausencia de Estado y el 'orden' impuesto por las armas de actores ilegales. Y, de hecho, así lo expuso el SAT en apartes posteriores de ese informe de riesgo: “Con el avance y consolidación del proceso de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, esta última empezó a retirarse de las áreas de influencia, dejando de ejercer control sobre el territorio y la población civil. Con ello se incrementaron situaciones que eran 'sancionadas' por la guerrilla, que intervenían en la solución de los conflictos comunitarios, como por ejemplo el hurto y la deforestación de territorios baldíos (que se lleva a cabo sin restricciones ni control efectivo de entidades del Estado actualmente)”.

Y advirtió sobre el peligro de continuar esa ausencia institucional: “Con la salida de las FARC no se ha vislumbrado con claridad una presencia de las entidades del Estado que permita la regulación de los conflictos y de la vida comunitaria en las zonas rurales, constituyendo un vacío de justicia y organización comunitaria que puede ser ocupado por otras expresiones de violencia, incrementando el riesgo de nuevas violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH en las comunidades”.

El siguiente Informe de Riesgo de Inminencia, el 034-17, confirmó esos temores. El 18 de julio el SAT alertó que disidentes del Frente Primero de las Farc habían ordenado “pautas de comportamiento” para regular la vida de la población y profiriendo amenazas contra comunidad, especialmente para los consumidores de sustancias alucinógenas y alcohólicas. También hizo referencia a extorsiones al comercio y amenazas de muerte contra quienes las denuncien.

Al final de 2017 hubo un nuevo Informe de Riesgo de Inminencia, el 050-17, en el que por primera vez se alertó sobre amenazas contra promotores del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), pactado en el Acuerdo de Paz, que pretendía erradicar los sembradíos de hoja de coca.

El 23 de noviembre SAT indicó que las disidencias pretendían tomar control territorial y poblacional que ostentó las Farc, a través de “intimidaciones, el cobro de extorsiones, el control de la economía ilegal de la coca, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, la imposición de pautas de comportamientos y los ataques contra la vida e integridad personal”.

Y destacó la grave situación de líderes comunitarios: “Con ocasión de la implementación de los acuerdos de paz y su participación en programas como el de sustitución de cultivos de uso ilícito, se han hecho más visibles y por ende su situación de riesgo se ha incrementado”.

Además, puso como ejemplos las amenazas contra Rosemary Betancourt Claros, presidenta de la Federación Departamental de Juntas de Acción Comunal de Caquetá, cuando estaba participando en capacitaciones del PNIS; y contra Gelfy Bautista Flórez, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Río Claro, quien tuvo que desplazarse para salvar su vida.

Por otro lado, ese informe alertó que, días antes de cumplirse el primer aniversario de la firma del Acuerdo de Paz, en Caquetá ya había cuatro grupos de disidencias de las Farc, operando de manera desarticulada: estructuras de los frentes 15, 14, 7 y, 63 (Domingo Biojó), esta última proveniente del vecino departamento de Putumayo.

Dibujo de menor desvinculado de un grupo armado ilegal. Cortesía de la Unidad de Investigación Periodística, Poli.

El SAT puso mucho énfasis en otro punto de su última alerta de 2017: el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, siendo los más afectados los mayores de trece años. “Las familias que habitan en zona rural de Cartagena del Chairá ante el temor de que se materialicen ataques en su contra, han decidido desplazarse a la ciudad de Florencia, ya que son diversos los comentarios sobre miembros de las disidencias que operan en la cabecera municipal, por lo que la población se abstiene de poner en conocimiento de las autoridades locales las amenazas de las que son objeto”.

Esas situaciones se dieron mientras ya se empezaba a incumplir la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente en materia de sustitución de cultivos de uso ilícito. Así quedó evidenciado con el bloqueo que algunas comunidades realizaron la última semana de agosto de ese año, en el kilómetro 52 de la vía que comunica a los municipios de Paujil y Cartagena del Chairá, protestando porque seguía vigente la erradicación de matas de coca por parte de la Fuerza Pública.

Ese incumplimiento, según documentó el Informe de Riesgo 050-17, fue usado como discurso de las disidencias de las Farc para señalar que “el Acuerdo de Paz es un engaño”. Por esa razón, la Defensoría del Pueblo indicó que “la presencia del Estado continúa siendo principalmente de Fuerza Pública, y aún requiere fortalecerse para copar los espacios que han dejado las FARC-EP o de lo contario esos grupos armados ilegales que están reconfigurándose pueden seguir impactando negativamente en la población”.

También dijo ese reporte que “impulsar iniciativas de resolución pacífica de conflictos y respuesta oportuna de acceso a la justicia son acciones urgentes que requieren las comunidades. Por ejemplo, algunos procedimientos que debiera asumir la institucionalidad están siendo llevados a cabo por los pobladores, como ocurrió con el levantamiento de los cuerpos encontrados en la vereda Flandes y cuyo traslado a la cabecera municipal tardó tres días, para finalmente ser asumido por los bomberos de la localidad”.

El siguiente llamado de atención del SAT para Caquetá, se dio dos años después, el 4 de enero de 2019, con la primera Alerta Temprana de ese período. Retomó el tema del reclutamiento forzado de menores de edad por parte de disidentes de las extintas Farc y meses después cobró relevancia tras descubrirse que en el bombardeo en el que fue abatido un disidente conocido con el alias 'Rodrigo Cadete', murieron por lo menos ocho menores edad que habían sido reclutados. (Leer más en: Niños bombardeados en Caquetá, otro caso fallido de prevención del riesgo)

A pesar de que las alarmas se encendieron temprano, la violencia resurgió rápidamente en Caquetá con viejos conocidos de la guerra. Mientras tanto, la reacción estatal fue lenta y difusa. Así lo expresó la Alerta Temprana 001-19: “La respuesta del Estado es limitada y tardía, fundamentalmente cuando se trata de hechos ocurridos en la zona compartida entre San Vicente del Caguán y La Macarena (Meta)”.

En el informe se precisó que “las autoridades argumentan problemas de jurisdicción o zonas grises para atender determinados hechos, desconociendo la urgencia o celeridad que requieren las actuaciones en materia de protección de la población civil, incrementando el temor en las comunidades, la desconfianza en la institucionalidad e incluso el acceso a la justicia por parte de los pobladores”.

Adicionalmente a esos documentos, la Defensoría del Pueblo emitió el Informe de Riesgo 010-17, el 30 de marzo de 2017; y la Alerta Temprana 026-18, el 28 de febrero de 2018, sobre los peligros a los que estaban expuestos los líderes sociales en cada departamento del país. Sobre Caquetá indicó que había riesgo en once municipios y que ocho organizaciones estaban bajo amenaza.

Es así como entre la eficiencia de los actores violentos para posesionarse de los espacios abandonados por las Farc, el letargo de las autoridades para impedirlo y las alarmas encendidas de la Defensoría, 25 líderes sociales caqueteños fueron asesinados entre 2016 y 2019, según los registros de Somos Defensores, organización no gubernamental que desde 2002 documenta toda clase de agresiones contra activistas comunitarios de Colombia. Lo peor de todo es que, en 21 de esos casos, se habían emitido informes previamente por parte del SAT, por lo que algunas de esas muertes se hubieran podido evitar.