Mario Jacanamijoy defendió el territorio y el pueblo ingano hasta la muerte. Comenzó a destacarse como líder en su resguardo Yurayaco, del municipio de San José del Fragua, y luego se empeñó en unir el pueblo Inga asentado en los departamentos de Caquetá y Cauca.

Su objetivo, recuerda Waira, su hermana, “era organizarnos, porque muchas de las comunidades nuestras no conocían el derecho que teníamos. Empezamos a hablar de la unidad, del territorio y autonomía con las poblaciones indígenas”.

Participó en la creación de la Organización Inga del Sur de Colombia (Orinsuc) en 1983, y fue su primer presidente. Luego, en 1998, junto con otros miembros de su comunidad, constituyeron la Asociación de Cabildos Tandachiridu Inganokuna (Las personas Ingas todas unidas, en lengua inga), que agrupa nueve resguardos Ingas del Caquetá y Cauca.

Desde allí, Jacanamijoy trazó el Plan de Vida Inga. “Lideró el tema de medicina tradicional, el trabajo del rescate territorial, se lograron muchas cosas en este liderazgo”, recuerda su hermana y destaca la conformación de equipos territoriales, de salud y medicina tradicional, así como la creación de la Unión de Médicos Yageceros de la Amazonía Colombiana (Umiyac), con sede en Putumayo.

Con su gestión fue consolidando la unidad de los Ingas y, junto a su comunidad, consiguió que el Estado legalizara la constitución del resguardo del pueblo Inga de Yurayaco en un predio de 157 hectáreas, mediante la Resolución 007 del 10 de abril de 2003, expedida por el entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora). (Ver resolución)

Luego, con el apoyo de la organización The Amazon Conservation Team, que promueve la protección de los bosques tropicales y el fortalecimiento de la cultura tradicional indígena, solicitó a la Agencia Nacional de Tierras la ampliación del resguardo en 650 hectáreas, para así conectarse con otros resguardos y el parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi. No obstante, el proceso aún no se ha concretado.

“El interés que él tenía era poder armonizar, rescatar y fortalecer el tema de la medicina tradicional que se estaba perdiendo por la invasión de los territorios. Eso lo hizo desde que era Presidente de la Orinsuc. Después lo siguió haciendo desde que asumió la coordinación de Salud en Tandachiridu, de la mano de los taitas de Umiyac”, agrega Waira, artista, lideresa de Yurayaco y coordinadora del área y de Comunicación y Cultura de la Asociación de Cabildos.

Todas las decisiones sobre los procesos organizativos se toman colectivamente y están precedidos por ceremonias de toma de ambiwuasca (conocido como yagé), que son los encuentros más importantes de la comunidad Inga. En ellas se representa el saber tradicional relacionado con la selva y la medicina.

Alfredo Mojomboy, indígena seguidor de la medicina tradicional, recuerda a Mario con especial afecto en estos espacios: “Nos conocimos tomando ambiwuasca en las comunidades indígenas, buena gente conmigo. Tomábamos remedio y nos dábamos la mano juntos, rasqueados de ambiwuaska. Trabajamos harto en la parte territorial y también visitando las comunidades indígenas y no tuvimos discusiones. Luchador, enfrentaba lo bueno y lo malo. Nos tocaba luchar en partes muy peligrosas, donde había mucha violencia”.

En tiempos de guerra, cuando los actores armados se enfrentaban a muerte en Caquetá, su vida estuvo en riesgo muchas veces. Pero lo vinieron a matar en tiempos de paz. Un año después de la firma del Acuerdo de Paz, el 23 de noviembre de 2017, hombres armados se lo llevaron a la fuerza, lo torturaron y lo asesinaron en zona rural del municipio de Belén de Los Andaquíes

Asesinato impune

Mario Jacanamijoy. Foto cortesía familiar

VerdadAbierta.com escuchó a la madre de Mario Jacanamijoy de una manera muy particular en estos tiempos de pandemia y encierro. Junto con la hermana de Mario, Waira, enviaron diecisiete grabaciones de audio por whatsapp contando la historia de su querido hijo y hermano.

Así que mientras Natividad Mutumbajoy, de 79 años, habla, al fondo se escucha el canto de los pájaros de la selva amazónica. Es una lideresa espiritual y defensora de la cultura Inga.

Con voz pausada, la señora Mutumbajoy cuenta que Mario, su hijo mayor, nació el 19 de enero de 1965. Era un niño amistoso, juguetón y al que le gustaba bañarse en el río Yurayaco. Cuando fue creciendo, se hacía preguntas sobre la calidad de vida en los resguardos.

“Comenzó a trabajar con la comunidad cuando tenía 18 años”, dice la madre. “Se puso a visitar comunidades en Yurayaco, Fragua Grande, Brisas, San Miguel. Miraba que las comunidades vivían con muchas necesidades”, contó Natividad, ella también guía de su pueblo. En 2002, fundó la Institución Educativa Rural Indígena Yachaikury (Seguir Aprendiendo, en lengua inga) en el resguardo Yurayaco. El Instituto Linguapax de Cataluña (España) le otorgó el Premio Linguapax en 2006 por su “entusiasmo y contribución en la defensa de la lengua ingana, y también, por ser el motor organizativo de toda su comunidad”.

Waira y su madre también recordaron el día en que Mario despareció. Estaba trabajando en una finca en Belén de Los Andaquíes, junto con Duber Prieto, compañero de labores, y no volvió a casa. Dos días después, campesinos de la vereda Alto Masaya, de ese municipio, encontraron sus cuerpos sin vida cerca de la finca. Habían sido torturados. Testigos concuerdan en que hombres armados se los llevaron a la fuerza. También dicen que robaron de la finca 44 cabezas de ganado.

Waira se enteró tres días después de su desaparición. La familia Jacanamijoy, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) y el gobernador del departamento en ese entonces, Álvaro Pacheco (2016-2019), salieron en unísono a denunciar públicamente el hecho y exigieron que se esclareciera.

Con el clamor nacional, menos de un mes después del asesinato, el 18 de diciembre, las autoridades capturaron a Jean Franco Capera Barreto, de 22 años; y más tarde, el 29 de mayo de 2018, a Juan David Díaz Urrea, de 20 años, señalándolos como autores materiales del homicidio.

A mediados de diciembre de 2017, la Fiscalía General de la Nación llamó a Waira para que reconociera al primer capturado. Ella contó por qué no fue: “no quise ir a mirar el supuesto culpable porque sólo era mirar, pero no se podía decir nada y la Policía ahí y la Fiscalía diciendo que este fue el que lo hizo, pues uno cómo cree eso. No sabemos hasta ahora si cogieron a los que realmente lo mandaron a matar”.

La familia Jacanamijoy no cree que el asesinato de Mario se haya dado sólo por un robo de ganado. Ella contó que lograron que los invitaran con la comunidad a una reunión del comité nacional de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas. Allí les dijeron que a Mario lo habían matado porque no dejaba construir la carretera Marginal de la Selva.

“Fue lo que nos dijeron en voz alta en el informe”, dijo Waira. “No hemos hecho otras acciones profundas de seguimiento porque a los pocos meses también nos persiguieron con amenazas”.

En respuesta a un derecho de petición enviado por VerdadAbierta.com a la Fiscalía General de la Nación para saber cómo iba la investigación del caso, ésta sólo respondió que el proceso estaba “en etapa de juicio”. En respuesta a otra petición similar, la Procuraduría General de la Nación, que vigila que los procesos judiciales sean los debidos y respeten los derechos de las personas, precisó que el caso está “activo y en etapa probatoria e indagación preliminar”.

Pero este homicidio no es el único. Son varios defensores de la Amazonía a los que han asesinado, como lo muestra esta investigación.

La profesora de la Universidad de la Amazonía, Mercedes Mejía, quien participa en la Mesa Departamental para la Defensa del Agua y el Territorio del Caquetá, está convencida de que “los líderes y mayores indígenas en la Amazonía han sido asesinados porque para los grandes proyectos extractivistas se necesita que las organizaciones no ejerzan los procesos de denuncia y de cuidado del territorio que hasta el momento se intentan hacer. Y cuando hay denuncias, para que no se hagan investigaciones certeras”.

Mateo Gómez, director del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, explica que los riesgos para los pueblos indígenas son altos. Dijo que no conocía amenazas contra Jacanamijoy, pero que tenía claro que “las amenazas y homicidios contra las autoridades tradicionales son una manera directa, a través de la cual los grupos armados ilegales, buscan realizar un control social estrecho, agresivo y violento a las comunidades”.

Y lo logran, según este funcionario, “a través de la selección de quiénes son y ocupan un rol más notable dentro de sus formas organizativas y societarias. Esa violencia, es una afectación directa a su economía, a sus costumbres y a su pervivencia como pueblos que están protegidas constitucionalmente”.

Liderazgo heredado

Piedra del indio Apolinar. Foto Lis Möller @lissmoller

En el resguardo de Yurayaco, los niños y jóvenes se forman en sus tradiciones y costumbres, pero también en el servicio a la comunidad. Waira asegura que las enseñanzas de sus abuelos y padres contribuyeron en la formación de sus liderazgos: “Por naturaleza, legado, sangre y cultura, en la familia nuestra nos enseñaron, desde muy temprana edad, el servicio a la comunidad”.

Y agrega que “el hecho de que nuestros abuelos tuvieron tanta gente que venía a hacerse curar, a hacerse limpiar, a investigar, nos enseñaban a atenderles y a compartir. Nos enseñaban, en primer lugar, la medicina, luego la organización, la comunidad, la defensa del territorio, de la cultura”.

Apolinar Jacanamijoy, abuelo de Waira y Mario, fue el taita (médico tradicional Inga) fundador de Yurayaco y consolidó un conocimiento que luego heredó a sus hijos y nietos, en un territorio apenas por explorar, selva amazónica virgen y con todas las posibilidades de subsistencia.

Los bisabuelos y abuelos de Apolinar eran los dueños de las tierras desde Mocoa (Putumayo) hasta Florencia (Caquetá). Las caminaron sin obstáculos y no sabían de fronteras. Con este conocimiento previo, Apolinar salió en 1918 de Mocoa, donde nació, huyendo de la misión de la congregación religiosa capuchina, que les prohibía hablar su lengua materna, usar el vestido tradicional, llevar el cabello largo o tomar ambiwaska.

En su huida, llegó hasta en el piedemonte amazónico, en lo que hoy es San José del Fragua, suroccidente de Caquetá. Allí encontró un río cristalino y navegable hasta Florencia, al que llamó Yurayaco (Aguas Claras). En este lugar abundaba el yagé y esa era una de las tradiciones característica de los Ingas que Apolinar no quería perder.

Este sitio es considerado como uno de los de mayor biodiversidad del mundo y es uno de los 13 refugios pleistocénicos (periodo cuaternario) de Sudamérica, es decir centros formadores de nuevas especies y subespecies de fauna y flora.

Pintura La flora de Yurayaco. Autor Guillermo Villegas Mejía. Imagen cortesía Tallerarte

San José del Fragua cuenta con tres áreas protegidas: El Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi-Wasi (Casa del Sol), creado en el 2002, con 76.270 hectáreas, de las que el 75 por ciento le pertenecen a este municipio y el 25 por ciento a Belén de Los Andaquíes; el Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos, uno de los últimos parques en crearse (2007), del cual el 1,5 por ciento le pertenece a este municipio. Y, además, está el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos, creado en 1960. Según el Esquema Territorial del Municipio, el 47 por ciento de su extensión está bajo la figura de conservación.

Si bien Apolinar encontró paz en el Caquetá, todo lo que construyó se vio turbado tiempo después por la expansión colonizadora hacia la selva amazónica en busca de caucho y quina; y luego, por la aparición de grupos armados ilegales, que ingresaron a Yurayaco para controlar territorios para ganar sus guerras o para montar negocios ilegales.

Guardianes espirituales de la selva como Apolinar o Mario, quienes ya no viven, y guardianas como Natividad o Waira, han luchado, con el apoyo de su comunidad, para proteger un ecosistema al que consideran su única riqueza.

Sus tradiciones ancestrales también son prioridad de conservación. En Yurayaco está la piedra del taita Apolinar, en homenaje a su fundador y como símbolo de la sabiduría, energía y poder. Para este indígena, era un sitio sagrado; por ello, sus herederos aún la cuidan, celebran ceremonias y consideran que la vida espiritual del pueblo Inga fluye entre esa roca y el río Yurayaco.

Heridas abiertas

Vía marginal de la selva San José del Fragua. Foto Lis Möller @lissmoller

El resguardo Yurayaco está a dos horas desde Florencia, la capital del departamento, por una carretera pavimentada que tiene conexión con Mocoa. Esa vía hace parte de la llamada Marginal de la Selva, un megaproyecto que fue suspendido en marzo de 2018 por el entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018)

La gran obra vial fue planeada desde 1963 con el fin de unir las regiones amazónicas de Ecuador, Colombia y Venezuela. Su ejecución contemplaba una intervención de 1.700 kilómetros de territorio colombiano, pero el gobierno la suspendió por su impacto ambiental. Santos explicó que “no se va a hacer porque desde el punto de vista ambiental sería completamente contraproducente”.

Datos del Instituto Nacional de Vías (Invías) indican que el corredor Marginal de la Selva avanzó en los últimos 20 años apenas 146 kilómetros en afirmado y 82 kilómetros pavimentados.

Las comunidades piensan que esa vía sí se va a hacer porque han visto cómo avanza la construcción y cómo se ha ido deforestando. “La carretera Marginal de la Selva pasa por los patios de nuestras casas, ni siquiera le consultaron al abuelo Apolinar. Primero era un caminito, una trocha y luego un puente, ahora es una carretera internacional que está pasando por encima de los territorios nuestros, desde aquí, desde el municipio de San José del Fragua, hasta el Putumayo”, afirma Waira.

Imágenes aéreas de lo que se alcanzó a construir revelan el daño ambiental que esa obra le causó a la selva amazónica. Abrió una herida irreparable. La apertura de esta vía permitió el ingreso de foráneos interesados en el negocio de la madera, caza indiscriminada de especies y colonización sin control. También habilitó la llegada de los mineros y exploradores de hidrocarburos.

El resguardo de Yurayaco ha tenido problemas con el mejoramiento, rehabilitación, pavimentación y construcción de puentes de uno de los tramos de la Marginal de la Selva, que comprende la ruta San José del Fragua- San Vicente del Caguán, iniciado en el 2012.

“Enviaban a consorcios, enviaban a tantas gentes a trazar líneas por encima de nuestros territorios sin consultar”, sostiene Waira. “Según dicen, es la carretera que va a abrir el desarrollo de estas comunidades, pero este desarrollo viene con un interés, porque donde no hay petróleo ahí no meten carretera. Esta carretera tiene un interés por encima de todas las culturas, por encima de toda la conservación y por encima de todas las muertes que están habiendo silenciosamente, que eso no lo sabe Colombia”.

Los ingas cuestionan la manera cómo se ejecutó el proyecto de mejoramiento, gestión social, predial y ambiental entre Villagarzón (Putumayo) y San José del Fragua (Caquetá), un tramo de 82 kilómetros que hace parte de la Marginal de la Selva, ejecutado por la firma colombo-ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo S.A.S., a través del Consorcio Andino 049, bajo el contrato de obra Nº 545 de 2012, firmado con el Instituto Nacional de Vías (Invías)

El líder Inga asesinado, apoyado por su comunidad, denunció en 2012 que el Consorcio había llegado al resguardo atropellando sus tradiciones y sin consultar con las autoridades sobre la disposición de los terrenos. Le sumó a ello que el Ministerio del Interior negó, a través de dos certificaciones expedidas el 13 de agosto de 2013, que en las áreas de San José del Fragua donde se ejecutaría el proyecto había comunidades indígenas. (Ver certificaciones)

La comunidad inició una batalla jurídica que, incluso, llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 14 de diciembre de 2016 describió el entonces gobernador del resguardo, Wilmar Becerro Jacanamijoy, a esa instancia internacional los estragos que había ocasionado la construcción de la Marginal de la Selva: “A la comunidad se le vulneraron y continúan vulnerando diferentes derechos relacionados con la vida digna, la autodeterminación, la libre circulación, las garantías judiciales, la seguridad alimentaria, el medio ambiente sano, entre otros, lo cual ha alterado sus condiciones de vida, su cosmovisión y tradiciones”. (Ver Petición)

La oficina de Conde Abogados lleva el caso ante la Corte. Su asesor jurídico, Carlos Arturo Sánchez Medina, cuenta que el caso estaba siendo estudiado para su admisibilidad. “Ya lleva casi cuatro años desde que se radicó”, explica. “Estos procesos son demorados. Lo que se insiste en el documento es que no hubo consulta previa para la Marginal de la Selva”.

Este portal envió un cuestionario a las directivas del Consorcio Andino 049 con el fin de conocer su versión al respecto, pero al cierre de esta investigación no dieron respuesta alguna. No obstante, queda abierta la posibilidad de publicar sus puntos de vista cuando lo requieran.

El resguardo Yurayaco también se ha resistido con vehemencia ante la intención de empresas petroleras de explorar potenciales yacimientos del crudo en su territorio

“Aquí no están los petroleros por el momento, porque no lo hemos permitido”, dice Waira. “Desde 1994, donde se encuentra la institución educativa, hay una placa o mojón que dice, abandono temprano (04-04-94,) para estudio de exploración, pero no han podido hacerlo ya que las comunidades desarrollamos la propuesta educativa en este lugar”.

El resguardo también ha estado asediado por actores armados. En 1978 llegaron la guerrillas del M-19 y tres años después se tomaron violentamente ese caserío, así como otros en Currillo, Solano y Mocoa (Putumayo). Luego, esas tierras se volvieron lugar de paso para el de las guerrillas de las Farc y de otras.

Para agravar la situación de inseguridad de las comunidades, en el 2000 irrumpió un grupo de paramilitares armados del Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en Belén de los Andaquíes. Instalaron una macabra escuela del terror en la Inspección de Puerto Torres, en límites con San José de Fragua y cercana al resguardo Yurayaco, razón por la cual sus pobladores estuvieron confinados varios años con el temor de que, en cualquier momento, serían atacados por los paramilitares. (Leer más en: Puerto Torres, el pueblo que los ‘paras’ convirtieron en escuela del terror)

La vida por el territorio

Resguardo indígena Indi Wasi, Inspección de Yurayaco, San José del Fragua. Foto Lis Möller @lissmoller

Los días previos al asesinato de Mario, se habían reunido los Yageceros de la Amazonía colombiana, la coordinación territorial y las autoridades de los resguardos para hacer un balance de cómo estaba avanzando la protección de sus territorios y comunidades, y cómo iban a proyectar el trabajo. Waira y su hermano estuvieron en esa reunión.

“Habíamos planificado hacer seguimiento de las demandas y denuncias que teníamos por la carretera Marginal de la Selva, hacer la demanda con el tema de la emisora Ingakuna, por la desaparición de los equipos de la emisora y la torre de la antena de transmisión, que la tumbaron dos veces. Habíamos pensado continuar las demandas que hicimos con los casos petroleros en las comunidades de Yurayaco y San Miguel”, cuenta Waira.

Además, en esa reunión acordaron que Mario se iba a una finca en Belén de Los Andaquíes a trabajar y regresaba al martes siguiente para continuar con los compromisos: “Esa semana fue la trágica noticia, cuando fue el asesinato. Nos enteramos tres días después que estaba desaparecido. Eso para nosotros fue muy doloroso”.

Su madre, Natividad Mutumbajoy, dice que ella nunca había escuchado de amenazas, pero sí sabía que estaba expuesto por su carácter: “Como él siempre era muy fuerte en palabras, no le tenía miedo a decir las verdades sobre los derechos que tenemos como indígenas. Él no estaba de acuerdo en que vinieran y sacar petróleo sin consultar, sin pedir a nosotros el permiso, y en ese entonces decían que ese indio que jode más, que lo desaparecían. Y ya se fue”.

En la Institución Educativa Yachaikury, que fundó Natividad, fue velado su hijo Mario. Este lugar se volvió el refugio también para honrar la memoria de los taitas y mayores asesinados por defender el territorio.

Después del homicidio del líder inga, llegaron las amenazas y atropellos contra su familia y el resguardo. El 30 de julio de 2018, en el caserío Yurayaco hubo presencia de disidencias de las Farc, a su paso dejaron mensajes en las paredes de viviendas y locales comerciales alusivos a su llegada y permanencia allí. En la noche del 15 de septiembre, personas desconocidas ingresaron a la casa de Natividad Mutumbajoy y saquearon sus bienes.

En un comunicado que dio a conocer la comunidad Inga afirmaron que “estas incursiones de desconocidos en los predios de la Institución Educativa Yachaikury, donde tiene su sede la Asociación Tandachiridu Inganokuna, hacen parte de las estrategias de amedrentamiento a las que viene siendo sometida la comunidad Inga del Caquetá, que viene resistiendo al modelo extractivista neoliberal, que pretende apoderarse de sus territorios sagrados y recursos, bajo la excusa de implementar proyectos mineros, petroleros, hidroeléctricos y viales que van en contravía de los intereses, las formas de vida y expresiones culturales de las comunidades indígenas y campesinas que habitan Nukanchipa Alpa Mama (Nuestro territorio).”

El 11 de mayo de 2019 mientras Waira dormía, junto a dos docentes indígenas y 93 niños que viven como internos en la escuela Yachaikury, llegaron cinco hombres armados, rodeando el lugar y exigiendo que salieran las docentes. Los escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que hacen parte del esquema colectivo de las docentes de la institución, reaccionaron al ataque. “Uno de ellos al llegar a la escena responde con disparo, lo que hace que los hombres armados se retiren de la institución”, denunció la ONIC a través de un comunicado.

Después de esos últimos hechos, la sicóloga y feminista francesa Florence Thomas le cedió su espacio de opinión en el diario El Tiempo a Waira para que escribiera sobre su comunidad. El escrito, titulado ¿Porqué nos persiguen?, fue publicado el 28 de mayo de 2019.

“En este camino de liderazgo, y desde que tengo memoria, me ha tocado vivir la guerra y la persecución, en el silencio, la desesperación, los temores, la indignación, la cobardía, la rabia y el odio”, narró la lideresa indígena.

Al evocar el momento cuando escuchó que se firmaba la paz en La Habana (Cuba) con la extinta guerrilla de las Farc, escribió: “sentí el regreso del canto en mi espíritu y veía a los niños de Yachaikury correr al río, a la chagra, y a las familias con una sonrisa de felicidad. Decía la abuela: ‘Ahora podremos prender la Tulpa en la Noche, podremos ir a coger peces y traer del Monte algún animal para nuestra comida’. Pero hoy, de nuevo, me pregunta: ¿Por qué nos persiguen a nosotros los indígenas?”.

Y agregó: “Nuestra riqueza son nuestros territorios; ahí lo tenemos todo, pero a la fuerza quieren hacer carreteras, explotar el petróleo, meter ganadería, sacar nuestra madera, cuando a nadie le hacemos daño; solo cuidamos, conservamos y amamos lo que hemos heredado como regalo de la Tierra”.