VerdadAbierta.com entrevistó al abogado Héctor Olásolo Alanso, quien trabaja en la Corte Penal Internacional y es profesor de derecho penal y procesal penal internacional de la Universidad de Utrecht en Holanda.
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| Héctor Olásolo Alonso, abogado vinculado a la División de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional. |
En el seminario ‘Avances y limitaciones de Justicia y Paz en Colombia, frente el derecho penal internacional y los derechos de las víctimas’, convocado por la organización holandesa de derechos humanos IKV Pax Christi, con larga experiencia en Colombia, junto con la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca y el Tribunal Superior de Popayán, el reputado penalista internacional, Héctor Olásolo Alanso,se mostró optimista frente a lo que se ha conseguido en el proceso de justicia transicional en Colombia, aunque advirtió que también tiene “sombras”.
VerdadAbierta.com lo entrevistó en detalle sobre la visión que expertos penalistas como él tienen de cómo se está desarrollando este complejo capítulo.
VerdadAbierta.com: ¿Cómo le ha parecido el proceso de Justicia y Paz?
Héctor Olásolo Alanoso: En el proceso de Justicia y Paz no podemos dar una valoración definitiva en este momento. Es un proceso que está en evolución, es un proceso que presenta luces y sombras. Los próximos años van a ser definitivos para poder determinar si es un proceso que ha cumplido con los objetivos que se esperan en materia de verdad, justicia y reparación.
V.A.: ¿Cuáles son los puntos que destaca del proceso de Justicia y Paz?
H.A.O.: Lo más positivo es lo que se ha producido en este último año en materia de verdad. Ha habido un avance importante con el protocolo que ha acaba de sacar la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz sobre presentación de medios de prueba en las audiencias de control de legalidad. Es un protocolo concreto que requiere de análisis del fenómeno del delito, que requiere además análisis de las estructuras a través de las que se cometieron los delitos, la forma en la que funcionaba la organización, relación con otros actores que intervenían en el terreno, relación con instituciones públicas y relación con dirigencia política, militar y empresarial.
También en materia de reparación se ha hecho un paso muy importante con la decisión de Mampuján, aunque hay que esperar la decisión de la Corte Suprema sobre si la va a convalidar o modificar parcialmente. Creo que son importantes las medidas que se han adoptado en materia de investigación y persecución de bienes que no hayan sido entregados voluntariamente por los desmovilizados.
En ese sentido la sentencia es paso muy importante, así como la vinculación de los bienes de todos aquellos condenados por concierto para delinquir por pertenencia al grupo paramilitar, en desarrollo del principio de responsabilidad solidaria que establece la Corte Constitucional en su decisión 370 de 2006. Creo queel desarrollo de este principio, no solamente para los miembros desmovilizados y postulados, sino para aquellos otros que participaron en su conformación, es fundamental
V.A.: ¿En qué debe mejorar la ley de Justicia y Paz?
H.A.O.: El marco teórico es el que es. Es un modelo más avanzado que los que podemos encontrar en el modelo de justicia transicional que se produjo España en los años 70, que es un modelo de ley de amnistía en blanco que ya no es aceptable por el derecho internacional; o el modelo Sudafricano de amnistía condicional, donde si se cumplen unos requisitos de elegibilidad se otorga una exención de responsabilidad en lugar de una pena atenuada.
Desde este punto de vista, la ley de Justicia y Paz es un paso adelante y es bienvenida. Ahora hace falta trabajar para que se implementen esas medidas dirigidas a que efectivamente haya verdad y una reparación integral.
En ese sentido creo que es muy importante potenciar el trabajo con víctimas, porque entiendo que realmente no hay. Se podría mejorar la coordinación entre Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Comisión (Nacional de Reparación y Reconciliación), en el sentido que las víctimas una vez entregan el documento que tienen de hechos producidos, que se entrega a la Fiscalía en un primer momento, se las pudiese llamar para que al momento de la versión libre, pudiese estar también presente la Defesaría y se analizara el aporte documental y proceder al nombramiento del un defensor público que haga defensa técnica de la víctima desde el principio.
Además que tuviera la posibilidad de reunirse con ellas no solamente a explicar.Sino que pudiera defender la pretensión de la víctima y hacer las observaciones oportunas frente a la verdad presentada por los postulados, que la voz de la víctima se pudiera escuchar de una manera más efectiva.
V.A.: ¿Por qué la justicia y la comunidad internacional tienen sus ojos puestos en Justicia y Paz?
H.A.O.: Porque es un proceso importante. Justicia y Paz viene unido con parapolítica y con los procesos de la jurisdicción ordinaria frente fuerza pública y agremiaciones que parece que estuvieron relacionados o participaron en la formación y consolidación de los grupos paramilitares.
Este proceso es importante porque con él se quiere ver si es posible, en una situación de violencia de la magnitud tan grande como la paramilitar en Colombia, ser investigado y enjuiciado adecuadamente a través de la institucionalidad nacional. La idea fundamentalmente es potenciar, promover y consolidar el Estado de Derecho dentro del lugar en el que se cometen los hechos. Si se puede invetigar y enjuiciar efectivamente es el Estado el que sale favorecido.
Si esto no es así, habría un problema importante no solamente para Colombia, sino para la comunidad internacional, que tiene sus ojos puestos en este proceso. Por ahora ésta cree y confía que se puede desarrollar a través del fortalecimiento de las instituciones nacionales, pero respondiendo a los criterios de verdad, justicia y reparación.
Por eso las decisiones de Mampuján en reparación y el protocolo que acaba de sacar la Sala de Conocimiento en materia de presentación de medios de prueba en las audiencias de control de legalidad, son un paso muy importante.
Lo que se está viendo ahora, después de haberse establecido los protocolos o estándares que se van a aplicar en materia de verdad y reparación, es ver cómo se van aplicar de aquí a futuro. Lo que se está viendo internacionalmente es si a través del fortalecimiento de las instituciones nacionales, se puede llevar realmente a cabo una investigación y enjuiciamiento del fenómeno del delito y de los principales actores. Eso es fundamentalmente lo que se está analizando y lo que se espera.
Lo que se espera es que estos protocolos que han salido hace poco se puedan implementar realmente en los próximos años, y que en materia de víctimas se multiplique la coordinación entre instituciones y el fortalecimiento de la Defensoría Pública para que efectivamente puedan ser atendidas.
V.A.: ¿En caso que no se pueda hacer lo suficiente en verdad y en reparación, qué pasará?
H.A.O.: Diferentes instancias internacionales, tanto la Corte Interamericana como la Corte Penal, están observando detenidamente qué está haciendo la justicia colombiana y si esta no puede conseguir lo que se ha propuesto, tendría que entrar en juego la justicia internacional.
En este momento corresponde mostrar las luces del proceso y no ocultar sino resaltar las sombras. Mostrar vías a través de las cuales las preocupaciones se pueden solucionar y ver si los actores internos tienen la voluntad para tener un proceso que cumpla con los estándares internacionales de verdad, justicia y reparación
V.A.: ¿Es negativo que haya una sola Sala de Conocimiento en Justicia y Paz?
H.A.O.: Hasta ahora el hecho que haya una sola Sala de Conocimiento no ha sido tan negativo, en el sentido que a permitido una formación y capacitación muy importante de estos magistrados, y al mismo tiempo ha permitido un marco jurídico homogéneo que de entrada señala los estándares que se van a aplicar.
Establecidos estos estándares y una vez que se tenga la decisión de la Corte Suprema en relación con la sentencia de Mampuján, ahí si debe plantearse la necesidad de dotar de personal de apoyo a estos magistrados o el incremento de las salas en las que se imparte control de garantías.
