Lugares comunes, reiteración de relatos ya conocidos, argumentos escurridizos contrarios a la realidad, alusiones personales poco importantes y algunas preguntas descontextualizadas marcaron una nueva conversación entre dos hombres que hicieron la guerra desde lados opuestos. Aún falta mucho por esclarecer, opinan las víctimas.
No era poco lo que se esperaba de un nuevo encuentro entre Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y Rodrigo Londoño, excomandante de la extinta guerrilla de las Farc, convocado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) con el propósito de que fuera un acto de reconocimiento de responsabilidades y contribución a la verdad sobre un conflicto armado que, aún hoy, tiene enormes incógnitas encima.
Para alcanzar esos objetivos, desde el pasado 18 de marzo, la CEV, presidida por el sacerdote jesuita Francisco de Roux, presentó una ruta a seguir en la que se contempló como pilares fundamentales la reparación simbólica, la dignificación de las víctimas, la reconciliación y la búsqueda de la no repetición de hechos victimizantes.
En esa fecha, se encontraron por primera vez Mancuso y Londoño en un evento público en el que expresaron su voluntad de realizar un esclarecimiento abierto de la verdad sobre los hechos de violencia de los que ellos tienen conocimiento. En esa ocasión, se fijó el 21 de abril para un nuevo diálogo entre estos dos exjefes de grupos irregulares, pero se postergó por razones logísticas. Finalmente, se hizo este miércoles.
Se esperaba que sus intervenciones esclarecieran asuntos como la connivencia con el Estado; la influencia en procesos políticos; los vínculos con terceros civiles; el paradero de las personas desaparecidas; el porqué de las masacres, de la crueldad en la comisión de asesinatos, y de la victimización de poblaciones vulnerables, como menores de edad, algunas mujeres y adultos mayores. Pero, en esta ocasión, poco fue lo logrado.
“Queremos una verdad verdadera y que ellos empiecen a aportar. Que no solamente nos busquen a las víctimas para un beneficio de ellos, que seguramente lo tendrán en la parte jurídica, sino también desde lo humano para que las víctimas empiecen a alcanzar la tranquilidad y la dignificación de sus seres queridos”, opinó Martha Aguirre, presidenta de la Fundación Sonrisas de Colores, del municipio de Rivera, en el departamento de Huila.
Los puntos de vista sobre el desarrollo de este evento, en el que debido a la pandemia hubo participaciones presenciales en la sede de la CEV y remotas, entre ellas la de Mancuso desde un sitio de reclusión en Estados Unidos, son diversos. Para algunos significó un paso más en la implementación del Acuerdo de Paz. Para otros, Londoño y Mancuso no hicieron más que replicar las declaraciones que dieron en un encuentro privado dos días antes, en el que las víctimas tuvieron oportunidad de participar activamente.
Al final del evento público, Aguirre expresó su insatisfacción: “Parecía que lo estaban declamando igualito. Las respuestas de Mancuso alcanzaron a gustar un poco más porque por lo menos contextualizó. En el caso de las Farc no, notamos unos cuentos muy poco creíbles y, además, total hermetismo con las ganas de decir la verdad. Seguimos bastante desconsolados y muy decepcionados de todo este proceso”.
Gran parte de las intervenciones de Mancuso se enfocaron en el exterminio de la Unión Patriótica (UP) motivado, según dijo, por el Estado. Al respecto, Paola García, hija de dos militantes del partido asesinados en 1992, esas declaraciones cumplieron sus expectativas: “Para mí fue valioso y vale la pena rescatar lo que para las víctimas era algo muy obvio, pero tiene una connotación diferente cuando lo dice uno de los máximos dirigentes del paramilitarismo”.
Sin embargo, otros asistentes querían recibir información más profunda sobre otros temas. Sobre ello, Orlando Medina, exalcalde (1998-2000) del municipio de Nariño, Antioquia, población que sufrió el asedio de las Farc y una cruenta toma guerrillera, indicó que las circunstancias que atraviesa Mancuso, en prisión y a la espera de una deportación hacia Colombia o Italia; y Londoño, en su apuesta política, los motiva a contenerse en sus palabras: “Responsabilidad sí han asumido, pero hay verdades a medias de cada una de las partes”.
La pregunta que surge es: ¿qué tanto contribuyeron a esclarecer asuntos relevantes para entender no sólo su participación en el conflicto armado, sino las dinámicas de la guerra y sus funestas consecuencias desde cada una de las organizaciones que comandaron. Un balance sobre lo dicho en este nuevo encuentro revela que aún falta mucho por esclarecer.
El bucle de Mancuso
Durante más de una década de comparecencia en escenarios judiciales, este exjefe de las Auc ha empleado el mismo guion para explicar el origen de los grupos de autodefensa. Con él justifica que se conformaron por el abandono estatal que dejó a habitantes del campo a merced de diferentes guerrillas; y señala que, sin el apoyo de políticos, oficiales de la Fuerza Pública, funcionarios judiciales y empresarios, su creación y expansión no hubieran sido posibles.
Y este miércoles, ante la Comisión de la Verdad, no fue la excepción. Sin embargo, en esta ocasión su relato fue más ligero y difuso, tal vez por limitaciones de tiempo y porque lo compartía con el exjefe guerrillero que logró la dejación de armas de las Farc. El común denominador de su narración fue la falta de detalles: estuvieron ausentes referencias temporales, geográficas y los nombres de sus supuestos cómplices.
Su discurso tuvo un tono de heroicidad, en el que expuso a las Auc como redentoras de poblaciones marginales, a las que, además de seguridad, les atendieron demandas de “empelo, salud y educación”.
Una vez más, contó que las cooperativas de seguridad privada, más conocidas como Convivir, tuvieron un rol protagónico para la conformación y expansión de grupos de autodefensa por todo el país. (Leer más en: Las Convivir, motor de la guerra paramilitar)
“Las Convivir aquí juegan un papel supremamente importante. El papel de las Convivir y de los comisarios políticos (cargó que él desempeñó) permiten crear las autodefensas a nivel nacional. Es la manera en la que hacemos un engranaje entre una autodefensa legal que es la Convivir, amparada por el Estado y con fusiles del Estado, servir de bisagra entre la institucionalidad y la autodefensa ilegal”, explicó.
Sin mencionar el nombre de su Convivir (Nuevo Horizonte) dijo que por medio de ella inició la creación del Bloque Norte, la estructura que tuvieron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) en todos los departamentos del Caribe, en una reunión en la que estuvieron Carlos Castaño, el general Iván Ramírez, un gobernador de Córdoba y “otras personas vivas que participaron de la reunión”.
Esa generalización y falta de detalle marcaron sus explicaciones, brindando un aporte de verdad parcial e impreciso, que generó muchas preguntas que no obtuvieron respuesta. De manera general Mancuso iba contando que se reunió en clubes sociales de Sucre, Bolívar, Atlántico, Cesar y Magdalena, con personalidades de esos departamentos para asegurar el arribo de las Accu a esos departamentos. “En algunos casos voy a despachos de gobernadores, me reúno con alcaldes, con políticos, congresistas, empresarios, ganaderos, en mi rol de civil”.
Explicó, sin precisión alguna, que “se acordó que colocarían comandantes de brigada, de divisiones, de batallones, de Policía, de DAS, incluso fiscalías afectas a la causa de autodefensas, para que enfrentáramos conjuntamente al enemigo de la nación colombiana. Y así fui extendiendo la creación de las autodefensas por todo el norte de Colombia”.
Esta situación genera dudas sobre el real aporte de verdad de Mancuso a las víctimas y a la Comisión de la Verdad, pues años atrás ya le había dado esa información a la justicia, con un mayor nivel de descripción y nombres propios.
En sus versiones libres ante fiscales de Justicia y Paz, el sistema transicional que se creó para juzgar a los paramilitares que se desmovilizaron entre 2003 y 2006, con penas de cinco a ocho años de prisión, a cambio de contar la verdad del conflicto armado y reparar a sus víctimas, Mancuso señaló a varios oficiales de la Fuerza Pública.
Algunos con los que tuvo contacto en sus orígenes de autodefensa son el fallecido mayor Walter Fratini Lobaccio, comandante del Batallón Coyará en 1993, quien lo dejó a cargo de un pelotón de soldados mientras él se encaraba de un grupo de contraguerrillas; y el general Martín Orlando Carreño, comandante de la Brigada 11 entre enero de 1995 y enero de 1996, a quien le consultó su decisión de unirse a los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil y supuestamente le contestó que “si no trabajábamos en conjunto no le íbamos a ganar a la guerrilla”.
En noviembre de 2008, en su primera versión libre desde Estados Unidos, a donde fue extraditado y condenado por narcotráfico, Mancuso salpicó a varios oficiales por haber apoyado a las autodefensas. Entre ellos están el coronel Barrero, comandante del Batallón Junín adscrito a la Brigada 11 del Ejército; el mayor Sanabria, oficial de inteligencia de la Brigada 11 del Ejército; el coronel Enciso comandante del Departamento de Policía de Sucre; el mayor Parra, comandante de la Sijín en Sucre; el coronel Días Granados; el coronel Matamoros y el capitán Chamorro, adscritos al “Grupo Mecanizado Maza”; el coronel Pedreros, comandante de la Policía en Santander, entre otros mandos medios.
¿Por qué Mancuso no aportó un nivel de detalle similar o mayor ayer? Sin mencionar nombres, también indicó que tuvieron colaboradores en el DAS, en la Fiscalía y otras entidades estatales que les suministraron información y listados de personas que terminaron siendo asesinadas por la estigmatización que había en contra de ellas.
En 2009, Mancuso le contó a la justicia que entre 1998 y 2002, Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, quien en esa ápoca era profesor de la Escuela Superior de Guerra, dictó una cátedra llamada “¿Por qué es lícito matar comunistas en Colombia?” a un grupo de paramilitares y que en esas clases se mostraban las fotos de quienes iban a ser sus objetivos militares, entre los cuales se encontraban los políticos Wilson Borja y Piedad Córdoba.
También declaró que dos subalternos suyos, alias ‘Felipe’ y alias ‘Andrés’, eran el enlace “directo” con el DAS y recibieron información de inteligencia durante la administración de Jorge Noguera y José Miguel de Narváez. En 2010 contó que en una ocasión recibieron información del DAS para dar de baja a dos presuntos colaboradores de la guerrilla en Córdoba.
Otra persona que supuestamente le suministró información y nombres de supuestos milicianos de las Farc fue el fallecido general Alfonso Manosalva, comandante de la IV Brigada del Ejército, entre 1994 y 1996.
Sin hacer alusión a ese tipo de declaraciones que dio en el pasado, Mancuso refirió que el Estado es el gran responsable del exterminio de la Unión Patriótica (UP), pues recibieron información de inteligencia sobre miembros de ese partido político que fueron asesinados por ser considerado el brazo político de las Farc. “Esa gran responsabilidad que nos indilgan es del Estado”, indicó. (Leer más en: Exterminio de la UP fue un genocidio político)
Así fue transcurriendo la declaración de Mancuso, en la que más que aportar verdad y hechos desconocidos que permitan comprender las lógicas del conflicto armado entre 1994 y 2006, hizo alusión a que los paramilitares se convirtieron en un Estado de facto que, una vez expulsadas las guerrillas de sus territorios y por la supuesta petición de sus habitantes, se encargaron de construir vías, generar empleo y proveer servicios esenciales.
Mancuso tampoco detalló la relación de las Auc con el narcotráfico. Sólo lo hizo cuando la comisionada Marta Ruiz le preguntó por las versiones que circulan sobre el origen de Fidel Castaño, que está más relacionado con esa actividad del crimen organizado que con la lucha antisubversiva. Asimismo, Ruiz le preguntó sobre las franquicias o bloques paramilitares que las Auc les vendieron a narcotraficantes para proteger sus negocios ilícitos o colarse en las listas de desmovilizados.
En tono enérgico, el jefe paramilitar negó la existencia de franquicias y declaró que ese es otro “mito” que se ha “desmentido” en Justicia y Paz. “Hubo regiones que estaban tan desoladas, tan abandonadas por el Estado, que no había ningún tipo de manera de financiar la guerra en la zona, sino a través de esas economías ilegales. No había empresas legales ni comercio establecido con grandes utilidades que permitieran crear y mantener un grupo de autodefensas”, explicó.
Como ejemplo puso la incursión al sur de Bolívar, que tuvo la finalidad de golpear fuertemente al Eln para conducirlo a una desmovilización, pero ante las bajas que les propinaron, la prolongación de los combates y la falta de financiación, acudieron a narcotraficantes.
“En ese momento se buscó a algunas personas. Llegó ‘Macaco ‘ y llegó ‘Memo Fantasma’, que fueron los encargados de seguir con la incursión que hicimos con la Casa Castaño con las tropas que hacían parte del Bloque Norte. Después se le entregó esa responsabilidad al Bloque Central Bolívar”. También refirió que los hermanos Víctor y Miguel Mejía Múnera, más conocidos como ‘Los Mellizos’, fueron contactados para que fueran patrocinadores y solventaran el mantenimiento de un grupo de autodefensas.
Sin embargo, otra es la historia que demuestra la jurisdicción de Justicia y Paz, la cual es invocada por Mancuso para desmentir el supuesto “mito” de la venta de bloques de los hermanos Castaño Gil a capos del narcotráfico. En septiembre de 2013, Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias ‘Gordo Lindo’, quien se desmovilizó como jefe del Bloque Pacífico, fue expulsado luego de que se comprobara que no perteneció a las Auc y que le crearon ese grupo armado ante la negativa de Éver Veloza García, alias ‘HH’, de incluirlo en el listado de desmovilizados del Bloque Calima.
Dicha decisión fue confirmada meses después por la Corte Suprema de Justicia. El argumento central de esa providencia, que se centró en declaraciones de exparamilitares, indica que ante la negativa de ‘HH’ de incluir a ‘Gordo Lindo’ como mando del Bloque Calima, la comandancia de las Auc ordenó la creación de una facción armada que situaron en el sur de Chocó adscrita al Bloque Pacífico – Frente Héroes del Chocó, que desmovilizó 150 hombres el 23 de agosto de 2005. (Leer más en: A alias ‘Gordo Lindo’ le crearon un bloque para desmovilizarlo)
Uno de los testimonios tenidos en cuenta fue el de Raúl Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, quien también contó que en la comandancia de las Auc se hablaba que varios capos le “habían comprado un cupo a Vicente Castaño para desmovilizarse como autodefensas y solucionar su problema de narcotráfico”. Entre los referidos estaban, además de Zuluaga Lindo, Juan Carlos Sierra Ramírez, Miguel Ángel Mejía Múnera y Héctor Restrepo Santamaría.
La Corte concluyó que “esa parafernalia”, descrita por los exparamilitares, “necesariamente obedece a la completa desvinculación orgánica de ‘Gordo Lindo’ con las autodefensas, en corroboración de cómo algunos narcotraficantes puros buscaron por todos los medios comprar franquicias o crear grupos de papel que de alguna forma legitimasen la de antemano pretensión espuria”.
Pero esa no es la única franquicia que se ha ventilado en Justicia y Paz. Diferentes testimonios señalan que Vicente Castaño le vendió el Bloque Vencedores de Arauca a los hermanos Mejía Múnera. Uno de ellos es el de Manel de Jesús Pirabán, alias ‘Jorge Pirata’, uno de los exjefes militares del Bloque Centauros, que delinquió en los Llanos Orientales, quien dice que Castaño le ordenó entregarle parte de una tropa a los Mejía Múnera.
Así lo contó en entrevista con este portal: “Una parte (de nueva tropa) se entrenó en Barranca de Upía y otra la entrené yo en Cachamas. Cuando ya estaba organizada esa gente, Vicente Castaño, creo, que a través de ‘Segundo’, me mandó la orden: ‘Esa gente, ustedes no van a manejar ese frente ya. Ese se vendió, se le entregó a ‘Los Mellizos’; entrégueles y listo’. Yo les entregué en San Martín (Meta) en unos camiones. Ese negocio lo hizo Vicente Castaño”.
Sobre el propio Bloque Centauros, del cual también se dice que fue una franquicia que Vicente Castaño le vendió Miguel Arroyave, alias ‘El Arcángel’, Pirabán cuenta que esa operación se tasó en 7,5 millones de dólares. Y esa afirmación también se sustenta en informes de las autoridades, que señalan que Arroyave, encarcelado por enriquecimiento ilícito en 1998, compró el Bloque Centauros en el año 2001 a cuotas de 2.500 millones de pesos mensuales.
Si en el tema de las franquicias, que es un hecho tan documentado y que hasta cuenta con sentencias de Justicia y Paz y de la Corte Suprema de Justicia, Salvatore Mancuso miente, ¿qué garantías pueden tener las víctimas del conflicto armado y los colombianos, sobre sus contribuciones a la verdad?
Londoño deja muchas dudas
Varias fueron las intervenciones del otrora máximo comandante de las extintas Farc durante el encuentro con Mancuso al dar respuesta a varias de las preguntas que le hicieron comisionadas y comisionados de la CEV y en sus testimonios expuso sin mucho detalle algunos asuntos de la guerra.
El primer interrogante fue planteado por el padre De Roux, quien indagó por lo que denominó como ataques a la democracia, es decir, aquellas acciones armadas contra candidatas y candidatos a cargos de elección popular en periodos electorales a comienzos del siglo XXI.
El exjefe guerrillero calificó esos ataques como una de “las grandes decisiones más equivocadas que pudimos haber tenido en las Farc, claro”, pero justificó lo sucedido alegando que “eran momentos muy complejos” y expuso que, en aquellos años, “la guerra estaba en toda su dimensión y no se respetaba nada ni a nadie. Era, como dicen, una guerra sin cuartel, que nos condujo a crímenes terribles”.
A este estado bélico contribuyó la ruptura de los diálogos del gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana (1998-2002) con las Farc en la zona del Caguán el 20 de febrero de 2002 luego de que la organización guerrillera desviara un avión que cubría la ruta Bogotá-Neiva y luego del aterrizaje en zona rural, secuestró a un congresista y a dos personas más.
Tras el rompimiento de las negociaciones de paz, los altos mandos de las Farc no pudieron volver a reunirse presencialmente. En palabras de Londoño, todo comenzó a hacerse “a través de mensajes por radio, las cuales eran muy limitadas [y] porque había que tomar muchas medidas de seguridad”.
Bajo esas circunstancias, las Farc decidieron impedir las elecciones a comienzos del dos mil en las regiones donde hacían presencia. ¿Y cómo llegaron a esa decisión? Londoño no entregó mayores detalles, simplemente dijo que “en cualquier día se nos planteó vamos a responder de esta manera al Estado colombiano, vamos a hacerlos ingobernables y vamos a impedir las elecciones, entonces la idea es llamar a los candidatos a exigirles que renuncien”.
Curiosamente se desprendió de esas directrices y sin explicar claramente por qué lo hizo, el exjefe guerrillero relató que para esos años estaba operando en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, “y no hicimos absolutamente nada de eso”.
“Yo recuerdo a un candidato de un municipio de ahí del Catatumbo que se le llamó a decirle que renuncie, el señor dijo que sí, y a los ocho días estaba en campaña. A mí me preguntaron quienes han ejecutado esa orientación ‘¿qué hacemos?’, ‘¿lo matamos?’ No, no, no, en absoluto, déjelo ahí quieto” y justificó esa decisión diciendo que “todos sabemos que los candidatos son gente de la región, gente que su familia son muy queridos por el pueblo, independientemente del partido político al que pertenecen”.
Si bien dijo que asumía la responsabilidad de lo sucedido por cuanto no se opuso a esa política, lo que no relató Londoño es que durante las décadas de los años ochenta y noventa se presentó una fuerte confrontación en los departamentos del sur del país por cuenta de las actividades políticas de líderes regionales, lo que le quita peso a su explicación simplista de que se pretendía generar “ingobernabilidad”.
Un caso en el que debería profundizar el exjefe guerrillero es el de la familia Turbay Cote, en el departamento de Caquetá, para que contribuyera a esclarecer hasta dónde llegaron las Farc en su afán de controlar la vida política en sus áreas de influencia. (Leer más en: La tragedia de Constanza Turbay provocada por las Farc y La guerra ahogó en sangre a la política)
La comisionada Lucía González tomó la palabra en el encuentro para preguntarle a Londoño por las justificaciones que tuvieron las Farc para adelantar las tomas de poblaciones y qué buscaban con ello. La respuesta evidenció imprecisiones al contrastarse con documentos internos de este grupo guerrillero.
Si bien Londoño reconoció que eran de esas acciones “incomprensibles” por el nivel de afectaciones a la población, precisó que “nosotros no planificábamos la toma de la población, sino la toma del sitio militar, de la guarnición militar, el puesto de la policía o base militar”.
Lo importante, reiteró, era “atacar el puesto y hacer rendir [a los policías] y tomar las armas que allí se encontraban. Ese era el objetivo, desafortunadamente eso no se paró”, y entrelíneas dejó dicho que los daños en los alrededores de las estaciones de policía obedecían a que cada vez los hacían “más reforzados, por lo que se debían utilizar más y más explosivos”.
Lo dicho por Londoño es contrario a lo que establecieron documentos como la “Cartilla de Orden Abierto”, un manual de operaciones del grupo insurgente que incluía instrucciones para la toma de poblaciones. Según esa cartilla, “cuando un frente guerrillero se dispone a planear la toma de una cabecera municipal de gran importancia, lo primero y fundamental a tener en cuenta es la fuerza disponible, y muchas otras cosas de primer orden que le permiten balancear las fuerzas y elaborar el plan”. Y continuaba dando indicaciones precisas.
Un ejemplo de la planificación de una toma lo representa el caso del corregimiento de Puerto Saldaña, en el municipio de Rioblanco, departamento de Tolima, ocurrida el 1 de abril de 2000. La preparación se hizo con varios meses de antelación y en ella participaron por lo menos 450 guerrilleros de los frentes 21 y 66, apoyados por las columnas móviles Héroes de Marquetalia y Jacobo Prías Alape, que hacían parte del Comando Conjunto Central. En su diseño y ejecución se aplicaron las instrucciones de los manuales. (Leer más en el especial Tomas Guerrilleras)
De acuerdo con cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1965 y 2013, las extinta guerrillas de las Farc fueron responsables de 389 tomas a poblaciones a través de las cuales se buscaba “mantener el control general sobre el territorio por un periodo de tiempo, lo que implicaba una mayor disposición de recursos y una capacidad más alta para contener la reacción de las fuerzas del Estado”, se lee en el informe Tomas y ataques guerrilleros 1965-2013.
Por su parte el comisionado Saúl Franco le preguntó a Londoño de dónde venían las armas que utilizaban en las filas guerrilleras y si se intercambiaron por alijos de clorhidrato de cocaína. Su respuesta reflejó la evolución del grupo insurgente desde su constitución en 1964 hasta varias décadas después. Inicialmente hizo una alusión personal para ilustrar las carencias que vivían a comienzos de los años setenta. “Yo duré dos años con un machete”, dijo.
Luego explicó que las armas se conseguían en los combates con las tropas del Ejército y en buscar policías en los pueblos y asesinarlos para robarles sus armas de dotación. “En ese momento, las finanzas de la guerrilla eran bastante ínfimas”, agregó Londoño a su relato.
Con el paso de los años y el mejoramiento de las finanzas, comenzaron a comprar armas en el mercado negro internacional e hizo alusión a uno de los fracasos que tuvieron que enfrentar en el camino de dotarse de mejor armamento. En su momento, el caso se conoció como la Operación Kingston y fue la incautación en Jamaica de diez toneladas de fusiles, morteros y munición adquiridos de manera fraudulenta en Portugal con destino a las Farc. Los hechos se presentaron a comienzos de enero de 1989 y lo que no precisó el exjefe guerrillero fue de dónde obtuvieron los recursos para hacer esa compra.
Londoño reconoció que la situación financiera comenzó a mejorar desde 1982 cuando descubrieron la rentabilidad del negocio de la coca y de las potencialidades que ofrecían las relaciones con grupos de narcotraficantes que tenían sus pistas clandestinas en el sur del país. Entonces comenzaron “a secuestrar mafiosos” y, además, a exigirles el pago de “un impuesto”, pero negó que transaran armas por coca.
Pero su relato llegó hasta ahí, pese a que décadas después se han denunciado negocios de armas con el gobierno de la vecina República Bolivariana de Venezuela. Uno de los escándalos se registró en 2009, cuando el gobierno de Suecia le reclamó a los venezolanos por un supuesto desvío de lanzacohetes AT-4 que llegaron a manos del grupo guerrillero y que fueron incautados en un campamento de las Farc.
En el proceso de dejación de armas previo a la firma del Acuerdo de Paz, la Misión de Naciones Unidas en Colombia informó que las Farc entregaron 8.112 armas de diversos calibres, así como 1.3 millones de municiones y 22.077 kilos de explosivos.
Las intervenciones de Londoño no dejaron satisfecho al exalcalde de Nariño, Antioquia: “En el caso de Londoño no es claro en determinar por qué las tomas guerrilleras, por qué los niños en las filas de la guerrilla, por qué fueron víctimas los niños, las mujeres y los ancianos, por qué asesinaron de manera selectiva a líderes de las diferentes regiones. No ha habido una respuesta lo suficientemente clara y contundente en ese sentido”.
El exfuncionario agregó que no ve en el exjefe guerrillero “arrepentimiento porque para que realmente haya un proceso de paz y una verdadera reconciliación tiene que haber no sólo reconocimiento sino arrepentimiento y perdón para que las víctimas logren sanar todas las heridas que les ocasionó el conflicto armado”.
Otra apreciación expuso Imelda Daza, activista política, sobreviviente de la UP. Esta mujer, oriunda del departamento de Cesar, aseguró que Londoño y los exguerrilleros de las Farc “tienen por decir muchas cosas, narrar muchos hechos, han reconocido cantidad de hechos, muchos más que los paramilitares, pero seguramente faltan por aclarar otros eventos. Creo en la disposición de Londoño de contar todas las verdades sobre el accionar de ellos como guerrilleros”.
¿Oportunidades perdidas?
Las intervenciones de quienes fueron los máximos jefes de las Auc y de las Farc estuvieron dinamizadas por las preguntas del padre De Roux y por algunos comisionados y comisionadas, varios de los cuales estuvieron presentes en la sede de la CEV y otros de manera remota.
Una de las características de este evento es que quienes preguntaron no tuvieron la posibilidad de contrapreguntar, con lo que se perdieron oportunidades para que tanto Mancuso como Londoño profundizaran en algunas de sus afirmaciones. Sólo hubo una interpelación en ese sentido de la comisionada Marta Ruiz.
El menú de preguntas planteadas fue amplio: Se les interrogó por los entramados políticos que derivaron en asesinatos; por las tomas guerrilleras y sus justificaciones; por el origen de las armas; por el papel del narcotráfico en la expansión paramilitar y su real espíritu contrainsurgente; por la articulación de las Auc y la parapolítica; por las guerras internas de la Auc en el Caribe colombiano; por la transición de la legalidad a la ilegalidad de las Auc; por el uso de las minas antipersonal en el caso de las Farc; por el origen de los listados de posibles víctimas; por las relaciones del paramilitarismo con el poder judicial; y por la gran cantidad de víctimas de que dejó la guerra y la lógica de las masacres y el asesinato de líderes.
VerdadAbierta.com quiso conocer la opinión sobre las preguntas planteadas durante el encuentro y encontró dos visiones opuestas: De un lado, la que consideró que los interrogantes estuvieron bien planteados; y del otro, que faltó mayor elaboración y preparación.
Paola García, quien perdió a sus padres militantes de la UP, dijo que las preguntas “me parecieron que sí fueron puntuales y muy orientadas a tener respuestas concretas. Eran preguntas con contexto, entonces me parecieron pertinentes y acertadas”. En igual sentido se expresó el exalcalde Medina: “Las preguntas de los comisionados fueron absolutamente acertadas, hacen parte de esa información oculta que todos los colombianos deseamos conocer y que de alguna manera complementan las que habían formulado las víctimas.
Quien expuso una visión opuesta fue Jeison Mena, de las víctimas del conflicto armado colombiano: “Hubo preguntas que no eran muy concretas y creo que le falta mucho más, falta mucho por conocer como los nombres de los terceros que participaron. Hay muchas cosas por resolver, creo que faltó”.
Y una de las críticas que hicieron algunas fuentes es que durante el encuentro se pasó un video en el que varias víctimas plantearon preguntas, pero no fueron respondidas públicamente ni por Mancuso ni por Londoño.
Con relación al conjunto de respuestas, la presidenta de la Fundación Sonrisas de Colores hizo alusión al comentario que le hizo uno de los compañeros que estuvo en el encuentro, quien le dijo que “las respuestas eran muy mecánicas”, a lo que ella agregó que las dadas por Mancuso y Londoño “no llevan a nada”. Y agregó: [son] respuestas sin un sentimiento, sin una realidad, justificando absolutamente todo el conflicto, haciendo creer que ellos hicieron todos estos actos atroces y violentos por amor al país y por buscar una salida decente a la economía del país y no creemos que 60 años sean justificables para tener casi 10 millones de víctimas y ellos disculpándose de manera tan irracional por cada uno de sus actos”.
Compromiso de la CEV
En varias intervenciones, el padre De Roux recordó y cuestionó las responsabilidades de los otrora miembros de las Auc y las Farc durante varios periodos del conflicto armado, y les agradeció a Mancuso y Londoño su asistencia a este nuevo encuentro. Para la CEV era fundamental conseguir un diálogo abierto y sincero con dos de los máximos responsables de la confrontación armada.
El informe final que prepara y que le será entregado a todos los colombianos y organismos internacionales no alcanzará a tratar individualmente los casos de cada una de las víctimas, advirtió De Roux, pero la apuesta que tiene la institución es contar desde una “verdad explicativa” y “del dolor humano” lo ocurrido en el conflicto con diferentes actores
Con la primera categoría de verdad se busca responder al porqué ocurrió el conflicto: entramados políticos y económicos que desencadenaron ataques a población civil por parte de las Farc y las Auc, así como financiamiento, nexos con el narcotráfico, ejecución selectiva de líderes sociales y comisión de masacres. Con la segunda, se busca dignificar a las víctimas en su indignación y “duelos profundos”.
El presidente de la CEV prometió que en el informe final se podrá ver el reclamo por la dignidad sobre el que han insistido las víctimas por sus seres queridos y que esto ayudará a que el sufrimiento no quede en silencio.
El evento, como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, buscaba, según explicó De Roux, que las víctimas presentes en el auditorio y conectadas desde diferentes partes del país y el mundo, insistieran en la búsqueda de respuestas y responsabilidades. “Han tenido la grandeza (las víctimas) de poner la cara a todo riesgo delante del país para hacer sentir que su voz tenía que ser escuchada”, resaltó.
De Roux valoró las reflexiones finales de Mancuso y Londoño, quienes reiteraron su petición de perdón. El exjefe paramilitar insistió en su intención de contribuir en la reparación de las víctimas y a la verdad buscando que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo acepte como tercero civil en el llamado Caso 03, sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, petición que tendrá que resolver el órgano de justicia transicional. Por su parte, el exjefe guerrillero expresó su deseo de que lo recuerden por firmar el Acuerdo de Paz, por encima de su papel en la guerra.
“Queremos invitar desde la Comisión a todos los responsables de todos los lados, a que no tengan miedo en decir la verdad, a que comprendan que decir la verdad acrecienta su reputación ante Colombia y ante el mundo, que quiere realmente encontrar qué fue lo que pasó y qué tenemos que hacer para que esto no continúe”, concluyó De Roux al cierre del evento.
Más allá de los aportes a la verdad que realizaron Mancuso y Londoño, su encuentro deja una potente imagen para lograr la reconciliación de Colombia y la no repetición de la violencia. Hace 20 años era impensado que los máximos jefes de las Auc y de las Farc se reunieran para reparar a sus víctimas, contribuyendo al esclarecimiento del conflicto armado.
