En las zonas de consolidación, el Estado le gana la partida a los violentos, pero faltan garantías para que los ciudadanos se sientan protegidos y tengan oportunidades diferentes a la coca.
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Por Fundación Ideas para la Paz
En las zonas de consolidación, el Estado parece que le está ganando la partida a los grupos armados, pero como lo pudo constatar la Fundación Ideas para la Paz – FIP- en su más reciente estudio sobre este plan gubernamental aun faltan garantías para que los ciudadanos se sientan protegidos y oportunidades diferentes a la coca.
La FIP visitó cuatro de las 14 zonas de consolidación en el país, para evaluar con los mismos habitantes y autoridades locales el alcance de esta política.
Allí la Fundación realizó entrevistas y analizó las cifras de violencia, visitó los proyectos productivos para sustituir los cultivos de coca, también sus investigadores estuvieron en las obras que se realizaron con dineros de cooperación internacional para saber el beneficio que han tenido en la población y su impacto en la calidad de vida de las regiones.
Lo que se encontró, en primera medida, fue que en algunas de estas zonas, el Estado logró replegar a los grupos armados, pero aún falta que el Estado garantice que no regresarán y con esto lograr que los ciudadanos confíen en las instituciones.
Pese a que en dos zonas del país, La Macarena y los Montes de María, la política de consolidación parece haber funcionado, debilitando la guerrilla y cambiando provisionalmente la situación de inseguridad, en otras como el Bajo Cauca se han fortalecido las bandas criminales y siguen ejerciendo presión algunos frentes de la guerrilla.
El más reciente estudio de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) denominado “Balance de la Política de Consolidación Territorial”, dejó en evidencia que el Bajo Cauca sigue siendo una de las regiones más inseguras del país. Además quedó demostrado que aunque en La Macarena y en los Montes de María la fuerza pública logró debilitar a la guerrilla gracias a la política de Consolidación, todavía el gobierno tiene el enorme desafío de fortalecer las instituciones en las regiones y demostrar que hay oportunidades para que las poblaciones mejoren sus condiciones de vida.
Este estudio se realizó en cuatro zonas del país, Bajo Cauca Antioqueño, Montes de María, la Macarena y la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde desde el último periodo del gobierno Uribe se puso en marcha una política gubernamental para combatir los grupos armados y llevar seguridad a diferentes regiones (Ver informe).
Para la FIP, la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática fue exitosa en la medida en que mejoró la situación de seguridad en algunas zonas del país. Sin embargo, esta situación no es sostenible debido a la amenaza que representan las bandas criminales y a los persistentes esfuerzos de la guerrilla por retomar el control.
La crisis del Bajo Cauca
Uno de los casos más críticos, según la FIP, es el Bajo Cauca Antioqueño en donde actualmente se vive uno de los más graves escenarios de la guerra en Colombia. En esta zona se cuestiona la desmovilización de los paramilitares y la incidencia de las fortalecidas bandas criminales.
Según el estudio, en esa región no se ha podido derrotar a los grupos armados debido a que continúa siendo una ruta para el tráfico de drogas. La ausencia del Estado y la persistencia de los grupos armados ilegales como los ‘Urabeños’, los ‘Rastrojos’, Los ‘Paisas’ y la Oficina de Envigado, además de los frentes 18 y 36 de las Farc que controlan los cultivos de coca en la zona.
Aunque ha habido una disminución de las plantaciones de coca, el Gobierno no ha podido hacerlo totalmente por las marchas campesinas. Esto evidencia el fracaso del plan y lo dejan muy mal parado.
Ahora, existe otro problema que es el crecimiento de las bandas criminales que ha generado uno de los grandes interrogantes sobre el desempeño de la fuerza pública.
Según el estudio, el control de la zona por parte de ‘Rastrojos’, ‘Urabeños’ y ‘Paisas’ sugiere que se reformule la estrategia de la fuerza pública para combatir estos grupos .
Sobre estos puntos fuentes de la región consultados por la FIP señalaron: “los temas de seguridad continúan siendo manejados de la misma forma, esto no ha cambiado, se ven los jóvenes haciendo sus rondas. Sin embargo, los jefes han bajado su perfil”.
¿Y La Macarena, los Montes de María y la Sierra Nevada están consolidados?
Otras zonas que analiza el estudio tiene que ver con el impacto positivo que ha tenido la política de consolidación en zonas como La Macarena, los Montes de María y la Sierra Nevada de Santa Marta.
En estos lugares si bien ha habido avances en la seguridad y el fortalecimiento de las instituciones locales y regionales, persisten las amenazas que los grupos armados regreseny se rearmen. También es preocupante que los militares en algunos casos han asumido roles de las autoridades civiles que siguen permeadas por la corrupción y generan desconfianza en la población.
Por ejemplo, en los Montes de María, la consolidación logró desarticular a los frentes 35 y 37 de las Farc. Sin embargo la estrategia liderada por la Armada, dejó un protagonismo militar tan visible que, según el estudio, en muchos casos asumieron funciones de las autoridades locales y regionales.
Según la FIP, esto además de ser un error, pone en evidencia la incapacidad, la falta de confianza en la autoridad y los altos niveles de corrupción que tienen muchas instituciones de la zona.
Sobre La Macarena, parte de la antigua zona de distensión, la consolidación trajo evidentes y muy importantes cambios. En el reporte, la implementación de esta política arrojó como logro más importante el debilitamiento del Bloque Oriental de las Farc, además de la reducción de los cultivos ilícitos, y el acercamiento de la institucionalidad a la población civil.
“al principio se hizo una erradicación poco efectiva porque los erradicadores venían nerviosos (debido a la presencia de las Farc en la zona), o sea que en cada vereda dejaron pedacitos de coca sembrados, pero entró guardabosques (Programa de Acción Social para la erradicación manual de cultivos ilícitos) y nosotros entramos al programa guardabosques y erradicamos voluntariamente y por completo los pedacitos que quedaron de coca…de todas formas hemos tenido un balance muy bueno en ese aspecto”, aseguró a la FIP un líder campesino de Vistahermosa, Meta.
Sin embargo, en La Macarena aun persisten zonas rojas, es decir, bajo el control de las Farc y municipios como La Uribe en donde continúa siendo difícil el acceso para la Fuerza Pública y las instituciones.
Finalmente, para la FIP, en la Sierra Nevada de Santa Marta la política fue visible únicamente en la construcción de los denominados “pueblos talanquera” con los cuales el Gobierno pretendía satisfacer las necesidades culturales y sociales de los pueblos indígenas.
Pese a esta inversión, todavía no hay proyectos suficientes para el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos, desplazados y víctimas de la violencia y que, en general, empiezan a sentirse amenazados por las denominadas Bacrim.
Para corregir
Hacia el futuro la FIP se pregunta cómo hacer sostenibles los avances en seguridad y combatir a la guerrilla y las Bacrim, problemas que siguen sin resolverse.
El estudio recomienda al gobierno continuar el trabajo en los frentes de seguridad y el desarrollo social de las zonas endonde hay o ha existido un indiscutible control de la guerrilla o de los paramilitares.
Aunque hay una mejoramiento en la seguridad, se ha dado una reducción de los cultivos ilícitos y la ciudadanía siente la presencia de la institucionalidad, todavía falta por hacer. En especial en mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las regiones más vulnerables de Colombia. “Por esta razón el gobierno debe implementar, dependiendo de la región, una estrategia acorde con las amenazas y necesidades que persistan para lograr un ambiente de seguridad y de desarrollo social y económico”, explica el análisis.
Por este motivo, dice la FIP, el Gobierno Nacional debería trabajar en el fortalecimiento de la institucionalidad local y regional; mejorar la lucha contra la criminalidad, en especial contra las bandas; y priorizar la oferta de proyectos productivos, educación y cultura para las poblaciones, previo a la llegada de la erradicación.
¿Qué es la política de Consolidación Territorial?
La Política de Consolidación de la Seguridad Democrática fue implementada durante el segundo periodo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con el fin de darle continuidad a la reconocida Políticade seguridad Democrática. La iniciativa del gobierno focaliza catorce zonas en donde hay una presencia y control de grupos armados ilegales, sean guerrilla o paramilitares.
El informe explica que la consolidación del gobierno se desarrolla con un orden de prioridades que trata en primer lugar de garantizar la seguridad, en segundo lugar de proveer la llegada de las instituciones y en tercer lugar de incentivar el desarrollo de social y económico de las zonas.
Sin embargo, la ofensiva militar que protagoniza la implementación de la Política ha sido objetivo de numerosas críticas, por sus métodos y programas como la red de informantes y el programa de soldados campesinos, iniciativas que involucran a la población civil en el conflicto armado.
En el panorama general persisten enormes desafíos para mantener el espacio recuperado por el gobierno en los lugares en donde se adelanta una exitosa ofensiva militar y una gran preocupación en los lugares en donde el rearme o la guerrilla mantienen el control.
En otras palabras en la consolidación tiene grandes retos en cuanto al fortalecimiento de instituciones locales, la corrupción, el narcotráfico, la creciente amenaza de las bandas criminales y la persistencia de la guerrilla.
En conclusión, según el estudio presentado por la Fip, la Política de Consolidación ha sido exitosa en cuanto al diseño. Sin embargo todavía persisten numerosas incógnitas en cuanto a su desarrollo.
¿Qué es la política de Consolidación Territorial?
La Política de Consolidación de la Seguridad Democrática fue implementada durante el segundo periodo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con el fin de darle continuidad a la reconocida Política de seguridad Democrática. La iniciativa del gobierno focaliza catorce zonas en donde hay una presencia y control de grupos armados ilegales, sean guerrilla o paramilitares.
El informe explica que la consolidación del gobierno se desarrolla con un orden de prioridades que trata en primer lugar de garantizar la seguridad, en segundo lugar de proveer la llegada de las instituciones y en tercer lugar de incentivar el desarrollo de social y económico de las zonas.
Sin embargo, la ofensiva militar que protagoniza la implementación de la Política ha sido objetivo de numerosas críticas, por sus métodos y programas como la red de informantes y el programa de soldados campesinos, iniciativas que involucran a la población civil en el conflicto armado.
En el panorama general persisten enormes desafíos para mantener el espacio recuperado por el gobierno en los lugares en donde se adelanta una exitosa ofensiva militar y una gran preocupación en los lugares en donde el rearme o la guerrilla mantienen el control.
En otras palabras en la consolidación tiene grandes retos en cuanto al fortalecimiento de instituciones locales, la corrupción, el narcotráfico, la creciente amenaza de las bandas criminales y la persistencia de la guerrilla.
En conclusión, según el estudio presentado por la Fip, la Política de Consolidación ha sido exitosa en cuanto al diseño. Sin embargo todavía persisten numerosas incógnitas en cuanto a su desarrollo.
