Tras los hechos sucedidos el pasado jueves en zona rural del puerto nariñense sobre el Pacífico, que dejaron por lo menos seis campesinos muertos, y los hostigamientos ayer a una comisión humanitaria, aún no hay nada claro sobre lo ocurrido. Autoridades gubernamentales, organismos humanitarios y comunidades difieren en sus versiones. De fondo hay una fractura de confianza difícil de recomponer.
En la tarde del domingo una comisión humanitaria fue atacada por agentes antinarcóticos de la Policía Nacional. Los asistentes cuentan que los uniformados estaban al tanto de su presencia porque hablaron el comandante de la zona, la misma donde ocurrió la masacre del pasado 5 de octubre. Foto: Sonia Cifuentes, Asociación Minga – Somos Defensores.Sin acuerdos, bajo múltiples versiones y ante la incertidumbre de determinar con exactitud quiénes fueron los responsables del asesinato de por lo menos seis campesinos y las razones de por qué fue hostigada una comisión humanitaria que intentaba llegar al lugar de la masacre, continúa gravitando la falta de claridad y las múltiples versiones en Tumaco. Esa es la otra confrontación que se vive en el puerto nariñense sobre el océano Pacífico. (Ver: Tumaco, atrapado entre sustitución y erradicación de cultivos ilícitos)
Hasta el momento, las versiones chocan entre sí, generando un ambiente de contrariedad que poco o nada contribuye a la aclimatación de los ánimos para comprender con más claridad lo ocurrido y determinar finalmente a quién se debe responsabilizar de lo sucedido. (Ver: Tensión por masacre de Tumaco se traslada a los discursos)
Una de las primeras contradicciones, luego de ocurridos los lamentables hechos que acabaron con la vida de por lo menos seis labriegos e hirieron a medio centenar de personas, enfrenta a las comunidades de afros y campesinos que habitan la selvática región del Alto Mira y Frontera.
La Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma), que agrupa a decena de familias campesinas de la zona, aseveró a través de un comunicado que la participación de los campesinos en la protesta que derivó en la masacre de cultivadores de hoja de coca fue espontánea y en rechazo a la erradicación forzada de los sembradíos ilícitos que adelanta la Policía Antinarcóticos, apoyada por el Ejército Nacional y por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
No obstante, tal como lo reveló este portal, las comunidades afro habían denunciado días atrás que estaban siendo presionadas por narcotraficantes para que participaran en la protesta cocalera, quienes exigían que en “cada vereda deberían delegar a 30 personas para que se movilicen y se opongan, incluso a través del uso del a violencia, a las jornadas de erradicación que se están llevando en la zona de Alto Mira y Frontera”. También las amenazaron con matarles a dos personas por comunidad.
La confusión se complicó cuando, a través de un comunicado, la Policía Nacional justificó la acción armada amparándose en que fueron atacados por grupos armados ilegales que hacen presencia en la región. La versión, que fue replicada por el presidente Juan Manuel Santos, fue reforzada este lunes, cuando el director de la Policía Antinarcóticos, general José Acevedo, se sostuvo en ella y explicó a medios de prensa radiales que efectivamente los hombres bajo su mando fueron agredidos con artefactos explosivos y ráfagas de fusil, frente a lo cual accionaron sus armas, con el lamentable resultado ya conocido.
Análisis posteriores
Las comisiones que lograron llegar al lugar de la masacre constataron los rastros de disparos, pero no encontraron indicios de explosiones, como en su momento informó el gobierno nacional. Foto: Sonia Cifuentes, Asociación Minga – Somos Defensores.Un nuevo elemento se sumó el pasado sábado a la ya discusión nacional e internacional por lo ocurrido en la vereda El Tandil, corregimiento de Llorente, de Tumaco. Se trató del Informe del Instituto de Medicina Legal. Luego de concluir las labores de necropsia e identificación de seis víctimas, estableció que “los cuerpos presentan lesiones causadas por proyectil de alta velocidad, según el análisis de los médicos, odontólogos, radiólogos y técnicos forenses que se desplazaron a la zona” y que “los expertos en balística del Instituto determinaron que los disparos no fueron hechos a corta distancia”. Este análisis, y aún sin determinar qué tipo de proyectiles impactaron a los campesinos muertos, fue leído por diversos sectores en Tumaco y en el país como una prueba contra los miembros de la Fuerza Pública.
La versión de la responsabilidad de los agentes de la Policía en la masacre fue reforzada por una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo, liderada por el vicedefensor Jorge Calero, quien recorrió la zona de la tragedia en busca de testimonios de los campesinos y en tareas de observación del terreno, para establecer lo ocurrido.
Al regresar al casco urbano de Tumaco, escribió su informe. Entre los detalles revelados por esta agencia del Ministerio Público se consignó que “los campesinos y campesinas coincidieron en afirmar que acudieron a la movilización de manera voluntaria, llevados por el inconformismo ante la falta de cumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)”.
Además, se dijo que los manifestantes aseguraron que “fueron atacados con arma de fuego por miembros de la Policía antinarcóticos”, y descartaron que al momento de los hechos haya habido intervención de grupos armados ilegales, así como “tampoco se registró el lanzamiento o activación de cilindros bomba o los denominados ‘tatucos’, contrario a lo informado por las autoridades”. Reforzando esa versión de la comunidad, la comisión no observó en la zona de los hechos “ninguna evidencia de los efectos que genera la onda expansiva resultado de la activación de cilindros bomba, tales como cráteres, afectaciones por esquirlas, entre otros”.
Si bien no concluye de manera contundente que hay responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública en la masacre, sí hizo tres solicitudes que los involucran. A la Fiscalía General de la Nación le pidió “adelantar una investigación eficaz, oportuna y diligente, que conduzca a esclarecer los hechos y judicializar a los responsables. Para tal fin, se recomienda que la investigación sea asumida por un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos”.
Asimismo, le solicitó a la Procuraduría General de la Nación “adelantar las investigaciones a que haya lugar para determinar si los hechos ocurridos el 5 de octubre de 2017 constituyen falta disciplinaria para alguno de los miembros de la Fuerza Pública”; y al Director de la Policía Nacional, general Jorge Nieto, “rendir un informe exhaustivo y detallado a la Defensoría del Pueblo, que relacione las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos ocurridos en la vereda El Tandil”.
Luz Perly Córdoba, miembro de la Comisión Política de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), que agrupa a decenas de campesinos de Tumaco, sostuvo que los informes de Medicina Legal y de la Defensoría “honran la verdad, es lo que se tenía que hacer: ir a escuchar a la comunidad, recoger las evidencias como solicitamos”. Por ello exige que “haya una comisión de la verdad, eso no se puede dejar en manos de la justicia penal militar ni de cualquiera, porque ahí hay muchos intereses de por medio para que la verdad no salga a flote después de todo lo que dijo la Fuerza Pública en sus comunicados; ahí están en riesgo las comunidades que denunciaron cómo ocurrieron los hechos”.
Consultado por este portal al respecto, el vicepresidente Óscar Naranjo, quien lleva cinco días en Tumaco al frente de la situación, aseveró que ese informe no es concluyente: “la Defensoría recoge las versiones de la comunidad, que tiende a estar de acuerdo en decir que podría haber responsabilidad de la Policía en el uso de las armas de fuego; por otro lado, diría que el informe no aporta ninguna evidencia material de prueba, entonces, en ese sentido, habrá que esperar que la Fiscalía recoja esas evidencias para ponerlas en contraste con los testimonios”.
Por el momento, y tal como lo solicitó Naranjo el fin de semana a la Policía, cuatro de los agentes que estuvieron en la vereda El Tandil, durante la refriega con los campesinos, fueron suspendidos, con el fin de garantizar la debida investigación.
Se crispan los nervios
La confrontación de versiones también cobijó lo sucedido este domingo a una comisión humanitaria conformada por representantes de ONU, OEA, Pastoral Social de Tumaco, Personería de Tumaco y Gobernación de Nariño; así como de varias organizaciones sociales, entre ellas Yira Castro, Asociación Minga, Somos Defensores, Guardia Indígena Awá, y periodistas de El Tiempo, Semana y Contagio Radio.
El grupo pretendía llegar al sitio donde ocurrieron los trágicos hechos a verificar la situación con las comunidades de la zona y recuperar un cadáver. Al llegar fue repelido por la Policía, que recurrió a granadas de aturdimiento para dispersar a los integrantes de la comisión, quienes huyeron en varias direcciones.
Testigos de los hechos, consultados por VerdadAbierta.com, explicaron lo sucedido. “Nos encontrábamos haciendo la misión de verificación de lo sucedido el pasado jueves en donde murieron varios campesinos. Tuvimos comunicación directa con la Policía Antinarcóticos, la Gobernación de Nariño les dijo que íbamos a formar una pequeña comisión de 15 personas para entrar a verificar una denuncia de un cadáver que no había sido reconocido”, detalló uno de los integrantes de la comisión, que solicitó la reserva de la identidad.
Y continuó con su relato: “A pesar de que el capitán de la Policía, que tenía su nombre tapado con un chaleco, dio autorización al secretario de Gobierno de la Gobernación de Nariño, después de 15 minutos de estar caminando por el terreno, la Policía nos grita que debemos salir y acto seguido lanza una granada aturdidora; después ha hecho disparos con arma de fuego. Sabemos que es la Policía, los alcanzamos a ver. A pesar de que gritábamos que éramos de las distintas organizaciones de derechos humanos, continuaron disparando y lanzando granadas”.
Otro de los integrantes de la comisión, que también solicitó no ser identificado, precisó que hacia las 2 de la tarde de ayer, llegaron a la vereda La Playa y se entrevistaron con los comandantes del Ejército y de la Policía. “El comandante de la Policía estuvo bastante agresivo con la misión y luego tres campesinos señalaron que había un cadáver en la zona donde mataron a los otros. La misión se desprendió un poco y salieron 20 delegados a la zona donde supuestamente estaba el cuerpo; miembros de la Policía Antinarcóticos les gritaron que se fueran y ellos siguieron caminando. Les lanzaron una granada aturdidora y luego abrieron fuego contra la misión. Hicieron varios disparos de fusil y producto de eso la misión se dispersó; sus integrantes comenzaron a bajar de manera muy graneada al punto de la vereda”.
Para este defensor de derechos humanos, lo ocurrido evidencia dos graves situaciones: “La primera, la obstrucción al trabajo humanitario de una comisión, que se puede clasificar como una infracción al DIH porque no se le permitió a una misión humanitaria acceder a una zona donde hubo hechos de violencia; la segunda, que es el más complicada, que no se les permitió el trabajo a los defensores de derechos humanos y que agentes del Estado pusieron en riesgo su vida”.
Quien también exigió la verdad sobre lo ocurrido en los últimos días en Tumaco fue Camilo Romero, gobernador departamental: “Es infame, injusto, contra el departamento de Nariño, que el precio de la paz sea éste. Primero, el de campesinos asesinados, y ahora el de una comisión humanitaria que no ha podido hacer su tarea. Le pedimos y le exigimos a las autoridades que están en la zona pleno respeto por los funcionarios de la Gobernación, por toda la comisión humanitaria, por los campesinos de nuestro territorio. Nosotros hoy, desde este sur, levantamos una voz de exigencia plena: que se conozca toda la verdad de lo ocurrido con nuestros campesinos y ahora con esta comisión humanitaria”.
Varias horas después de conocido el ataque a la comisión humanitaria, la Policía divulgó un comunicado a través del cual lamentó lo sucedido y ofreció excusas a los integrantes de la comisión; no obstante, aseveró que la reacción de los hombres que estaban en una base temporal se debió a que “un grupo indeterminado de personas intentó ingresar a la fuerza por la parte posterior de la base, circunstancia que conllevó a que los uniformados activaran dos granadas de aturdimiento que no dejaron heridos”.
Adicional a ese comunicado, el general Mendoza, director de la Policía Antinarcóticos, aseveró a través de diversos medios que no era cierto que se hayan disparado armas de fuego, tal como lo afirmaron varios miembros de la comisión humanitaria. “No fueron disparos de armas de fuego, sino granadas de aturdimiento, que parecen un disparo, se confundieron”.
Tras conocer la posición de la Policía Antinarcóticos, Sonia Cifuentes, integrante de la Asociación Minga – Somos Defensores, y quien hacía parte de la comisión verificadora que fue atacada ayer, calificó de mentirosa la versión estatal. “Sobre el comunicado hay que decir tres cosas: primero, no es cierto que entramos sin autorización; segundo, no éramos más de 200 personas; y tercero, nos identificamos, todos íbamos plenamente identificados y nos dispararon”, le dijo a VerdadAbierta.com.
Cifuentes fue detallada al describir los momentos previos del ataque: “alrededor de 80 personas llegamos al lugar de la masacre y allí hablamos con el capitán de la Policía, estuvimos interlocutando con ellos un rato. El Secretario de Gobierno de Nariño le dijo al capitán que de esas 80 personas que estábamos, se iba a constituir una comisión pequeña de organizaciones de derechos humanos y de periodistas para entrar a verificar la denuncia de un campesino que decía que allí había un cadáver. La Policía sabía que la comisión iba a entrar y estuvieron de acuerdo, se lo dijeron a la Gobernación de Nariño”.
Y continuó: “Nosotros entramos, y efectivamente no era por la misma zona de la masacre, sino a un costado. Estábamos ya adentrados en el monte, habíamos caminado unos 15 minutos. Cuando nos divisaron dijeron que nos devolviéramos y acto seguido lanzaron la primera granada aturdidora y después disparos de fuego. Quiero que quede muy claro que no fueron disparos al aire, fueron disparos en dirección a los cuerpos de las personas que estábamos en la comisión, a pesar de que, como se ve en el video, la encabezaban la ONU y MAPP-OEA. No nos escucharon y siguieron disparando”.
En entrevista con este portal, el vicepresidente Naranjo lamentó también lo sucedido: “eso es injustificable, yo le he dicho a la Policía que dé las explicaciones suficientes, que además debería de acompañar esa explicación de una excusa, porque no hay argumentos para haber reaccionado así frente a una comisión humanitaria”.
Sobre la respuesta que entregó la Policía por el ataque a la comisión humanitaria, la Fundación de Libertad de Presensa (Flip), emitió un comunicado en el que señala que las explicaciones son insuficientes: “En algunos apartes falta a la verdad y pretende justificar una acción policial abiertamente desproporcionada. El número de personas que integraban la misión era significativamente menor, la misión humanitaria y periodística era de conocimiento previo de mandos policiales en terreno y además de las granadas aturdidoras se presentaron ráfagas, al parecer, de fusil”. (Ver documento)
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos también señaló que la comisión en ningún momento dio motivos para ser atacada y por medio de un comunicado manifestó, junto con la Misión de Verificación de la ONU y la MAPP-OEA, “su enérgico rechazo a la agresión de que fueron víctimas todas las organizaciones e instituciones presentes”, e indicó que “confían que el Gobierno tomará todas las medidas necesarias para que tales incidentes no se vuelvan a producir”. (Ver comunicado)
Restablecer confianza
En medio de las versiones y de los discursos, están los campesinos, quienes defienden los cultivos de coca porque son el único medio de subsistencia que poseen en una región inhóspita. Están de acuerdo con la sustitución de cultivos, pero piden concentración con el gobierno nacional y el desarrollo de planes de infraestructura. Foto: Sonia Cifuentes, Asociación Minga – Somos Defensores.No cabe duda de que lo ocurrido en Tumaco significó un quiebre de la confianza de las comunidades rurales, inmersas en el cultivo de hoja de hoja coca para uso ilícito, en la Policía y en gobierno nacional, que se ha demorado en ofrecer salidas eficientes a este fenómeno y ha persistido en la erradicación forzada, sin que la sustitución voluntaria de cultivos avance satisfactoriamente.
Luz Perly Córdoba, vocera de la Coccam, no vaciló en resaltar que “la confianza quedó rota, en tanto que no sólo se les dispara a campesinos indefensos en un proceso de erradicación violento, sino que además se intenta tapar la verdad culpando a otros grupos sin asumir la responsabilidad”.
Agregó que para restablecer esa confianza rota “tendremos que hablar con el gobierno nacional parta mirar cómo es que va a continuar el tema de la implementación del punto 4 de los acuerdos de La Habana (sobre la solución al tema de los cultivos ilícitos), porque esto tiene que llevarnos a una reflexión profunda respecto del actuar de la Fuerza Pública en el marco de la implementación de los acuerdos”.
La activista reiteró que no puede ser que por un lado la población campesina quiera recuperar la confianza en el Estado y entrar a procesos de legalidad en su producción, para construir condiciones de vida digna a su lado, y éste le responda a bala: “Eso no puede seguir pasando y llamamos al gobierno para que miremos francamente qué está pasando, porque parece que por un lado va un ala del Estado y por el otro la Fuerza Pública”.
La vocera de Coccam aseguró que los hechos sucedidos en Tumaco reflejan los factores de violencia que está generando esa política de erradicación forzada, y que podrían replicarse en departamentos con grandes cultivos de hoja de coca como Guaviare, Putumayo, Antioquia, Norte de Santander y Cauca.
Al cierre de este artículo, las comunidades reportaron nuevos choques con el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía en la vereda Piñal, cerca al lugar donde ocurrió la masacre que llenó de luto a Tumaco el pasado jueves.
