El pasado sábado, con motivo de un acuerdo que adquirió el Estado colombiano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Ministro de Justicia le pidió perdón a las víctimas de la masacre que ocurrió hace décadas en ese municipio de Valle del Cauca, por la responsabilidad estatal en esos hechos.
El ministro Reyes reconoció la responsabilidad en la Masacre de Trujillo y le pidió perdón a las víctimas. Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica.
“Les pedimos perdón a ustedes, a sus padres, a sus madres, a sus hijos e hijas, a sus hermanos y hermanas, esposas y compañeras. Sabemos que nada puede reemplazar a sus familiares o reparar el dolor que ustedes han sentido. Sin embargo, esperamos que esta declaración los resarza de alguna manera”, fueron algunas de las palabras del Ministro de Justicia, Yesid Reyes, quien concluyó que: “Como Estado recordamos los hechos ocurridos en la Masacre de Trujillo, no los olvidamos, los rechazamos y nos avergonzamos”.
En medio de las expectativas, las víctimas de esta masacre tenían una petición muy concreta. “Al Ministro le pediré que nos garantice lo que representa su institución: Justicia. Que los asesinatos y las desapariciones forzadas no vuelvan a ocurrir; y que se reconozca con seriedad, con equidad y con verdad, a los familiares de las víctimas”. Esas sentidas palabras son de Nelson Fernández, presidente de la Asociación de Familiares de las Víctimas de los Hechos Violentos de Trujillo (Afavit), organización que ha luchado desde hace dos décadas para evitar que la impunidad reine sobre los asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas que comenzaron hace 28 años.
Entre 1988 y 1994, los narcotraficantes Diego Montoya, alias ‘Don Diego’, y Henry Loaiza, alias ‘El Alacrán’, en complicidad con integrantes de la Policía y del Ejército, dejaron una estela de muerte cercana a las 362 víctimas. Esa violencia también se extendió a los municipios vecinos de Riofrío y Bolívar, donde fueron asesinados campesinos y líderes sociales tildados de ser colaboradores de la guerrilla. Este caso es conocido como la Masacre de Trujillo.
Los crímenes alcanzaron su punto más crítico entre marzo y abril de 1990, después de un combate en el corregimiento de La Sonora, donde siete militares fueron asesinados por guerrilleros del Eln. Días después ocurrieron las desapariciones de cinco ebanistas y el asesinato del sacerdote católico y líder comunitario Tiberio Fernández, quien fue mutilado de pies y manos, castrado, decapitado y lanzado al río Cauca por denunciar la barbarie que se había tomado Trujillo.
El pasado 6 de abril las víctimas lograron una nueva conquista en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por primera vez, un alto funcionario del Gobierno Nacional reconocerá, ante la comunidad de Trujillo, la cuota de responsabilidad del Estado en los hechos que enlutaron y llenaron de terror a esa región vallecaucana.
“El acto tiene dos sentidos: uno de conmemoración y otro de reconocimiento de responsabilidad. Por parte del Estado va a ser de reconocimiento de responsabilidad; si le incluye petición de perdóno no, eso depende del Ministro porque no lo especificamos en el acuerdo. Tal vez lo incluya en su discurso”, explicó Jomary Ortegón, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), quien ha participado en el proceso ante la CIDH.
La de este sábado fue la segunda vez que un alto funcionario del gobierno nacional reconoció la responsabilidad del Estado en la masacre. La primera fue en 1995, cuando el entonces presidente de la República, Ernesto Samper Pizano, hizo lo propio en Bogotá.
“Samper reconoció responsabilidad en su momento, pero las investigaciones judiciales sólo establecieron 34 víctimas. Ahora estamos hablando de 76. Entonces el sentido del acto es ampliar el reconocimiento de responsabilidad a estas otras víctimas y a sus familias”, indicó Ortegón.
Más allá de las palabras que pronunció el ministro Reyes, quien recientemente fue postulado al cargo de Fiscal General de la Nación, los habitantes de Trujillo esperan que el gobierno nacional les garantice que los asesinatos selectivos, las desapariciones forzadas y las intimaciones no volverán a ocurrir en medio de las montañas de este municipio que fue azotado por la violencia del narcotráfico y del paramilitarismo.
“Esperamos que durante el evento de desagravio se escuchen a las víctimas, pero sobre todo que se erradique la violencia de la región. En 2013 ocurrió una masacre en Cerro Azul; en febrero de ese año asesinaron a la matriarca Alba Nery Chilito; en 2014 vivimos nuevas amenazas, con grafitis, con llamadas, queriendo impedir el proceso de Afavit. Luego los derechos de no repetición no se cumplen, porque los paramilitares siguen controlando la región”, contó Maritze Trigos, una religiosa nortesantandereana que desde hace 18 años acompaña los sobrevivientes de Trujillo y los ayuda construir la memoria histórica de esa tragedia.
Conciliaciones ante la CIDH
110 personas han sido reconocidas como víctimas de la Masacre de Trujillo ante la CIDH. Esa comisión determinó que si la Fiscalía 17 de Derechos Humanos encuentraa nuevas víctimas, sus familiares deben gozar de las mismas medias de reparación que las últimas 76. Foto: archivo Semana.Ante falta de justicia por parte de las autoridades colombianas, las víctimas acudieron por primera vez a la CIDH en 1992. En un proceso en el que fueron representadas por el Cajar y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, se suscribió un acta de entendimiento con el Estado colombiano, para impulsar el avance de las investigaciones y buscar la reparación de las víctimas.
En consecuencia, el 26 de septiembre de 1994 se acordó la creación de la Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo (CISVT), que estuvo conformada por entidades estatales y organizaciones no gubernamentales. Esta comisión fue creada por medio del Decreto 2771 de 1994, operó entre octubre de ese año y enero de 1995, arrojó 12 conclusiones y 10 recomendaciones que la CIDH avaló y usó para emitir un informe final.
En dicho informe, la CIDH concluyó que el Estado es “responsable por la acción u omisión de servidores públicos en la ocurrencia de los sucesos violentos de Trujillo”. De esa docena de conclusiones, la más fuerte es la última, en la que sostiene que: “(…) los sucesos violentos de Trujillo jamás hubieran adquirido la gravedad y la dimensión reveladas en este informe, si el conjunto de las fuerzas vivas de la sociedad colombiana y las autoridades civiles, nacionales y regionales, hubieran emprendido los esfuerzos que demandaban las circunstancias o correspondían a sus competencias y atribuciones, para impedir la ruptura de la convivencia social y la comisión de los hechos atroces de que se trata”.
Dentro de las recomendaciones, la CIDH fijó varias medidas para indemnizar y reparar a las 34 víctimas que fueron registradas en la investigación de la CISVT, y otras más encaminadas al enjuiciamiento de los responsables de los crímenes cometidos. Para indemnizar a las víctimas, el Congreso de la República creó la Ley 288 en 1996.
18 años después la CIDH volvió a entrar en el escenario, pues las víctimas consideran que no se han cumplido las recomendaciones, por lo que las partes decidieron continuar el proceso de solución amistosa y evitar un juicio internacional. Finalmente, dicho acuerdo fue suscrito el pasado 6 de abril.
En este nuevo documento, se reconocen a 76 personas como víctimas de la masacre de Trujillo, se establecen nuevas medidas de reparación y se ordena la realización del acto de conmemoración que se hizo este sábado, “encabezado por un alto funcionario del Estado, con participación de autoridades públicas, los familiares de las víctimas y sus representantes”.
¿Qué ha pasado con la reparación?
Dos días antes de ser asesiando, el padre Tiberio Fernández cerró su Sermón de las Siete Palabras del Viernes Santo de 1990 con unas fuertes palabras que fueron grabadas en ese púlpito. El Lunes de Pascua, tras asistir al entierro de su amigo Abundio Espinosa, fue raptado y días despúes su cuerpo mutilado fue encontrado en el río Cauca. Foto: archivo Semana.“El nivel de reparación del primer acuerdo está muy a medias, esperamos que con la firma de éste (el del 6 de abril), se cumpla con las recomendaciones de la Comisión, sobre todo las medidas de no repetición”, cuenta con desaliento el presidente de Afavit.
Un simple indicador de lo anterior es la entrega de viviendas para 105 familiares de las víctimas, la cual se realizó 15 años después de suscribir el primer acuerdo, con el agravante de que a los beneficiados no les han entregado aún las escrituras de propiedad.
También hay dudas sobre el manejo del plan de inversión que la CIDH recomendó para la región. Un informe del Cajar señala que “para el periodo comprendido entre los años 1995 y 1998, este Plan contempló la ejecución de una serie de proyectos, en su mayoría dirigidos a la población en general, sin embargo, algunos no se ejecutaron, otros se ejecutaron sin ser pertinentes y los demás fueron de muy cuestionada ejecución. Así, de los 22 proyectos, contemplados dentro del sub-plan 1, 11 se califican como no pertinentes, es decir, no fueron orientados a beneficiar de manera directa y específica a los familiares de las víctimas. Se cuestiona la ejecución de 7 de ellos, dado el inadecuado manejo de los recursos por parte de los funcionarios públicos. Y los 4 restantes, se valoran como no ejecutados porque pese a la supuesta disponibilidad presupuestal, ningún familiar fue beneficiado”.
Por otro lado, para la religiosa Trigos, las pocas instituciones que han acompañado a las víctimas activamente son el Ministerio de Cultura y el Centro Nacional de Memoria Histórica. “En medidas de reparación simbólica, los únicos que han cumplido son el Ministerio de Cultura, que lleva cinco años apoyando la formación en derechos humanos desde la cultura y el arte, y en actividades de construcción de memoria. El Centro Nacional de Memoria Histórica, desde 2008, cuando publicó el libro Trujillo: una tragedia que no cesa, ha venido acompañándonos en la organización de archivos. Esos archivos ya se encuentran en medio magnético en Bogotá para que alimenten la investigación y se pueda tener acceso a ellos a nivel nacional”, añadió Trigos.
En materia de justicia el panorama también es desalentador. Pese a los esfuerzos de las autoridades judiciales para condenar a los responsables de los hechos (la Corte Suprema y diferentes juzgados han reabierto procesos), sólo tres personas han sido condenadas por los hechos que enlutaron Trujillo: Henry Loaiza Ceballos, alias ‘El Alacrán’, excapo del Cartel de Cali; el mayor del Ejército y entonces comandante del Batallón Palacé de Buga, Alirio Antonio Urueña Jaramillo; y el teniente y excomandante de la estación de Policía de Trujillo, José Fernando Berrío.
El Cajar considera que “los procesos penales y disciplinarios que se han adelantado si bien son importantes, en tanto finalmente han sido condenados tres de los responsables, es claro que son mínimos en relación con el número total de paramilitares y miembros de la Fuerza Pública que participaron en la masacre de Trujillo. Los esfuerzos iniciales de la Comisión de Investigación no fueron aprovechados sino hasta 2005, momento en el que se acumulan las investigaciones y se radican en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, pese a las condenas logradas, la mayoría de investigaciones iniciadas han sido precluidas”.
Además de exigir garantías de seguridad y de alzar su voz para que se acabe la impunidad por los crímenes de la Masacre de Trujillo, sus habitantes aprovecharon la ocasión para exaltar una vez más la memoria de quien fue su líder espiritual y gran defensor: el padre Tiberio. Justamente, un 23 de abril, pero de 1990, sus restos fueron rescatados del río Cauca, tras haber estado desaparecido por seis días.
