Líderes de la Asociación de Campesinos de San José de Apartadó (Acasa) y de la Comunidad de Paz denuncian la presencia de las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ en este corregimiento. Consideran que sus voces no han sido escuchadas por las autoridades.
Los líderes de este corregimiento esperan que el Gobierno nacional logre una salida negociada al conflicto con todos los actores armados, en especial con los grupos de autodefensas que hacen presencia en la región de Urabá. Foto: Yenifer Aristizábal.En el corregimiento San José de Apartadó, de Apartadó, en el Urabá antioqueño, aún se siente la pesadumbre que reinó tras la masacre de aquel 21 de febrero de 2005 cuando murieron, a manos de paramilitares del Bloque Héroes de Tolová y miembros de la Brigada 17 del Ejército, cuatro adultos y cuatro menores de edad, en las veredas La Resbalosa y Mulatos Medio. No obstante, sus líderes no quieren quedarse callados y alertan sobre la presencia de las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’(Agc) en veredas como Arenas Altas, Arenas Bajas, La Hoz, La Resbalosa, Mulatos Medios y Rodoxalí.
Las denuncias se remontan al pasado 5 de septiembre. De acuerdo con un comunicado de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, “un contingente de paramilitares portando armas largas y vestidos con prendas militares, se acantonaron en nuestro asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda Arenas Altas. Allí han amenazado con quedarse en la región, alegando que tienen todo el aval de la fuerza pública, quienes les han permitido llegar hasta allí con tanta tranquilidad”.
Arley Tuberquia, vocero de la Comunidad de Paz, asegura que ya los han confrontado para que abandonen sus territorios. Su presencia se ha podido constatar en repetidas ocasiones durante los últimos meses.
Pese a las constantes denuncias públicas dirigidas a autoridades civiles y militares, Tuberquia asegura que estas no actúan frente a las amenazas: “la comunidad ha venido comprobando de sobra que la Fuerza Pública y las instituciones del Estado no hacen otra cosa que negar esta realidad. Durante 20 años lo que nos han dicho desde la Brigada y desde el Estado es que no hay paramilitares, cuando hemos recibido masacres y enterrado muertos, el Estado sigue diciendo que no hay paramilitares”.
Tuberquia sostiene que, al lado de las organizaciones internacionales que acompañan a la Comunidad de Paz desde 1997, han enfrentado pacíficamente a los paramilitares para que abandonen el territorio. Ejemplo de ello ocurrió el pasado 9 de septiembre cuando, según él, llegaron a la vereda Arenas Altas y encontraron campamentos de las Agc: “la comunidad les pidió que se retiraran y en el momento del retiro de los paramilitares, que se fueron furiosos y enojados con la comunidad, pudimos contar 60 hombres que iban saliendo e iban pasando por el potrero, por más de media hora los vimos pasar”.
Al respecto, el coronel Luis Soler, comandante de la Policía de Urabá, afirma que pese al monitoreo permanente de la Fuerza Pública en la zona, el control territorial que tienen en el corregimiento y la certeza de la presencia histórica de grupos armados en la región, no pueden establecer un número preciso de hombres de algún grupo armado en el corregimiento: “no podríamos decir hasta el momento que están allí asentados o no”.
El asunto denunciado por Tuberquia fue minimizado por el alcalde de Apartadó, Eliecer Arteaga, quien sostiene que por la zona rural transitan dos o tres miembros de los ‘gaitanistas’ que patrullan y custodian los caminos de este corredor estratégico del narcotráfico: “sí hay presencia de una manera muy oculta con grupos minúsculos”, dice y agrega que “es mucho más el efecto en las redes sociales que la realidad que hay. Hay un grupo de una asociación campesina y permanentemente escriben en las redes sociales que los van a matar, que los amenazan, eso nos tiene afectado el municipio”.
Según Arteaga, las denuncias las hacen personas que viven en el casco urbano del corregimiento, mientras que la población que habita estas veredas “no sale a denunciar ni a decir nada” y esto, según él, representa un problema para la labor de pesquisa por parte del Ejército.
Pese a que en los comunicados y en un Informe de Inminencia de la Defensoría del Pueblo, de septiembre de 2016, se afirma la presencia de estos grupos en unas veredas específicas, Arteaga considera que “nadie colabora, nadie dice nada, dónde están ni nada”, y añade: “vamos a ver si hacemos una travesía en bestia por toda la comunidad y que sean los presidentes de junta los que digan, porque unono sabe qué intereses hay detrás de las otras cosas. Es poder escuchar a la gente real”.
Tuberquia señala que la comunidad en estas veredas pide mayor presencia de las instituciones, para que lleguen a la zona y verifiquen las denuncias hechas desde hace varios meses. Asegura, además, que la Defensoría del Pueblo no está cumpliendo con su deber de velar por la protección de los derechos de la población: “¿qué está haciendo la Defensoría? la Defensoría como institución del Estado no hace otra cosa que seguir la misma línea militar”.
Aún en la memoria
El corregimiento de San José de Apartadó cuenta con 32 veredas; para llegar al centro del corregimiento se debe transitar aproximadamente 30 minutos por la vía que comunica con el casco urbano de Apartadó. Los pobladores piden su pavimentación para así mejorar la salida de sus cosechas y el acceso a mejores servicios de salud. Foto: Yenifer Aristizábal.La masacre del 21 de febrero de 2005 aún la recuerdan los habitantes del corregimiento. La sevicia con la que atentaron contra los adultos y los niños continúa como una herida de lenta curación en la memoria de la comunidad, a la que se suman otros asesinatos selectivos de líderes comunitarios y cacaoteros que impulsaron procesos sociales y productivos en el corregimiento. Sobre sus hombros también soportan la estigmatización de “guerrilleros”, atribuida a las autoridades.
La Subestación de Policía y la base militar que se encuentran en el casco urbano del corregimiento no parece tranquilizar a los habitantes de las veredas. Según el Informe de Riesgo Inminente 031-16 de la Defensoría, emitido en septiembre pasado, “han sido frecuentadas por hombres que se identifican como integrantes de las Agc, exigiendo la colaboración y apoyo de la población civil para consolidar su presencia en la zona, bajo amenaza de muerte a quien se resista”.
“Las probabilidades de que se presenten vulneraciones masivas de los derechos humanos e infracciones al DIH persisten en la zona dado la pretensión de las Agc de consolidar el control territorial en el corregimiento de San José de Apartadó que históricamente ha sido de presencia de las Farc y que seguramente será escenario de repliegue y desarme de las Farc en el desarrollo de su traslado hacia las Zonas Veredales Transitorias de Desmovilización”, explica un informe elaborado por la Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que incluye las veredas El Porvenir, La Esperanza, Buenos Aires y La Unión.
El pasado 15 de septiembre, la comunidad del casco urbano del corregimiento sintió nuevamente el temor al escuchar alrededor de las 11 de la noche un hostigamiento contra la estación de la Policía por parte de un grupo armado. “En este momento esa situación está siendo investigada para establecer qué grupo o qué personas realizaron este ataque que duró entre 7 y 8 minutos”, indica el coronel Soler.
Fredy Vidal, representante legal de la Asociación de Campesinos de San José de Apartadó Acasa, va un poco más allá y sostiene que las ráfagas de fusil se escucharon por más de media y relaciona este hostigamiento con información que había recibido tres horas antes por parte de habitantes de la vereda La Miranda, ubicada a una hora del casco urbano del corregimiento.
“Ya nos habían avisado que en la zona había unos grupos de Agc; estamos viendo lo mismo y nos toca denunciar, no queremos más el mismo problema”, expresa Vidal y afirma que no cree que este atentado haya sido realizado por la guerrilla, pues desde que las Farc está en la mesa de conversaciones de paz y decretó el cese al fuego unilateral en julio de 2015, las hostilidades por parte del Frente V disminuyeron sustancialmente en San José de Apartadó.
¿Qué pasa en la vereda Rodoxalí?
La principal actividad productiva de esta zona es el cacao. Los campesinos esperan poder recuperar el viejo centro de transformación de este grano y la tienda de insumos para el proceso productivo, afectados también por la dinámica conflictiva del corregimiento. Foto: Yenifer Aristizábal.El pasado 5 de octubre una comisión conformada por el comando de la Brigada 17 del Ejército, el Alcalde de Apartadó, representantes de la Defensoría del Pueblo Regional Urabá, la Procuraduría Provincial de Apartadó, la Personería Municipal y medios de comunicación nacionales y regionales, realizaron una “visita sorpresa” a la vereda Rodoxalí del municipio de Turbo, que limita con este corregimiento, para verificar las denuncias publicadas por la Asociación de Campesinos de San José de Apartadó (Acasa) en su página web.
Allí las autoridades “encontraron algo muy diferente a lo que nosotros denunciamos. Nosotros denunciamos la fuerte presencia del paramilitarismo y esta gente no”, comenta Fredy Vidal, representante legal de Acasa.
El coronel Soler dice que en Rodoxalí la población manifestó tener problemas sociales, pero no de orden público. “Fue una visita que se hizo sin avisar, sin programar con líderes, llegamos a mirar y hablar con ellos y a establecer cuáles eran las situaciones de las denuncias que habían formulado”. Por su parte, el mandatario de Apartadó sostiene que, pese a lo denunciado, allí la población no se siente amenazada: “la gente nos dice que nadie los ha presionado, nadie los persigue”.
De las veredas mencionadas en las denuncias, la comisión eligió Rodoxalí para comprobar lo publicado. Sin embargo, los líderes campesinos expresaron su inconformidad frente a la elección de esta vereda para hacer la visita. “Los paramilitares hicieron 50 viviendas en Rodoxalí, hicieron la carretera entre Nueva Antioquia y Rodoxalí, allí colocaron a la gente, le están ofreciendo dinero por las fincas. Le están diciendo: ‘vea, yo le compro la finca, usted se puede quedar ahí yo le pongo ganado…’ alguien que recibe esos beneficios difícilmente va a denunciar”, asevera Arley Tuberquia.
De estas viviendas construidas por las Agc y de la carretera a Nueva Antioquia, en Turbo, habla el Informe de Riesgo N. 012-14A.I de la Defensoría del Pueblo, fechado del 10 de junio de 2014, donde se advierte que “las Agc habrían manifestado que tanto la carretera entre la vereda de Rodoxali y Nueva Antioquia, como las 48 viviendas en la vereda Rodoxali de Apartadó, son parte de una “política social” adelantada por el grupo armado que ha generado el sometimiento violento de la población civil a su control”.
Vidal, vocero de Acasa, explica que las familias fueron llevadas por los ‘gaitanistas’ desde el departamento de Córdoba y que las 20 familias que quedaron en la vereda después del desplazamiento en 2013 “no se atreven a decir nada por temor. A nosotros como líderes nos toca denunciar lo que pasa”.
Temores de los campesinos
El principal temor de los campesinos y de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó es que, como se evidenció en 2005, la relación entre la Fuerza Pública y los herederos del paramilitarismo continúe, lo que podría representar nuevamente un riesgo para la seguridad de los campesinos que se sienten sin respaldo por parte de las autoridades.
Además, temen perder sus tierras producto de la acción armada de estos grupos, ser amenazados, desplazados o asesinados, por los que aún consideran “un brazo clandestino de la fuerza pública” que actúa en contra del desarrollo social del corregimiento y de los líderes que lo impulsan.
“Por ejemplo, Reinaldo Areiza, un campesino de la vereda La Unión que ha sido perseguido por la Brigada XVII, tiene un proceso judicial contra él; su nombre está en manos de los paramilitares quienes ya le han hecho visitas en su vivienda. Esto es muy preocupante porque todas las afirmaciones de la fuerza pública se convierten en una orden ejecutorial para los paramilitares”, denuncia Arley Tuberquia.
Para este líder social, las instituciones internacionales que acompañan la Comunidad de Paz cumplen un papel como testigos de las acciones paramilitares y de las ocasiones en las que los han encontrado acampando en su territorio; son una voz más que no denuncia, pero sí constata lo que asegura la Comunidad de Paz.
Sin embargo, este acompañamiento internacional no cobija a toda la comunidad de San José de Apartadó. Líderes de Acasa consideran que, por ser nacionales sin acompañamiento extranjero, tienen menos garantías para denunciar. “Ellos [la Comunidad de Paz] pueden ‘frentear’ a los paramilitares, si nosotros nos atreviéramos a hacerlo, nos asesinarían”, asegura Vidal. Sin embargo, lo tranquiliza el apoyo de la comunidad internacional a los últimos procesos de paz en el país y considera que tener tantos “ojos en Colombia” previene que la violencia se presente al mismo nivel de lo que vivieron durante los días de la masacre del 21 de febrero de 2005.
Este líder comunitario teme por el dominio que puedan alcanzar las Agc en un territorio que históricamente fue de dominio del Frente 5 de las Farc; además, cree que hasta que no se sienten todos los grupos armados a dialogar con el gobierno nacional, no podrán trabajar tranquilos por el desarrollo social de los campesinos.
“Están unos actores sentados y se ha visto el mejoramiento en el territorio. Ya no se ven esas presiones, ni las bombas, ni los combates, pero queremos que estos actores que están por fuera de las conversaciones se sienten y se sienta una paz donde el campesino no siga viendo los fusiles dentro del territorio”, concluye Vidal.
(*) Este artículo hace parte del proyecto Open Society con VerdadAbierta.com
