Luego de seis años de intensas labores, este municipio del Oriente antioqueño, que fue uno de los más afectados por minas antipersonal en la década pasada, está listo para ser declarado libre de sospecha de minas y artefactos explosivos. Así cambió la vida de la gente.
Campesinos de las distintas veredas del municipio de San Francisco en el Oriente antioqueño, sienten que ya pueden andar tranquilos por los caminos tras seis años de labores de desminado, aunque guardan precauciones en sus recorridos. Foto: Vanessa Reyes.
“El Ejército nos dijo en el 2010 que podíamos volver a la vereda y yo arranqué y me vine”, recuerda Argiro Flórez, un labriego que ha padecido junto a su esposa y sus cinco hijos las inclemencias de la guerra desde comienzos de la década del dos mil, cuando guerrillas, paramilitares y Ejército se enfrascaron en fuertes batallas en las agrestes montañas del municipio de San Francisco, en el Oriente antioqueño.
No fue un retorno fácil. Llevaba siete años rodando por algunos pueblos vecinos, pues el 13 de marzo de 2003 llegaron las tropas de la IV Brigada del Ejército en desarrollo de la Operación Marcial, que pretendían atacar las posiciones de las guerrillas del Eln y las Farc en la región. Las comunidades sintieron miedo, entre otras cosas porque los soldados mataron a dos jóvenes y los hicieron pasar por guerrilleros. Tres días después abandonaron las veredas y se trasladaron el casco urbano. Argiro y su familia estaban entre ellas.
“Cuando vino La Marcial, todos nos fuimos y dejamos todo por ahí, eso se perdió”, se lamenta el labriego. “Nos fuimos a andar, a sufrir en una parte y otra, a donde uno levantara trabajito y pudiera mantener la familia. Estuvimos en Doradal, La Danta, Puerto Triunfo. Llevábamos como siete años de desplazados, nos aburrimos y regresamos a San Francisco”.
En 2010 se ajustaban dos años de labores de desminado en San Francisco por parte del Batallón de Desminado Humanitario (BIDES), un grupo especializado del Ejército en esas tareas. Arribó a esta población en 2008 a trabajar en la erradicación de minas antipersonal y artefactos explosivos sembradas, en mayor medida, por las Farc para defenderse de los ataques del Ejército, de facciones de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y de la guerrilla del Eln, con la que se trenzó en una aguda disputa territorial.
En el corredor de su casa de tablas y piso de barro, Argiro recuerda que a mediados de 2010 el Ejército citó a los campesinos que vivían en el casco urbano en condición de desplazados y les anunció que ya podían regresar, pues parte del territorio estaba “descontaminado”. Este labriego no lo pensó dos veces y retornó. Sus vecinos le reconocen la valentía, pues fue el primero en llegar a El Boquerón, en medio de letreros que advertían de la posible presencia de explosivos.
Si bien el Ejército les dijo que la vereda estaba “limpia”, el labriego recuerda que en su trasegar se topó con varios artefactos explosivos. Con sus recias manos señala una montaña al frente de su casa: “Nosotros echamos por aquella cuchilla pa´bajo y por allá también había minas. Eso por allá se llama Las Mercedes. Esas minas estaban tapadas con lodo y hojarasca, y cuando comenzaron a pasar bestias, fueron ablandando la tierra y las destaparon. Avisamos y bajó el Ejército y las sacó. Así fue la cosa. Hace por ahí tres años no hemos visto minas”.
Ellos son María Auxiliadora Agudelo y Argiro Flórez, los primeros campesinos en retornar a la vereda El Boqueron, en 2010, en medio de las labores de desminado. Luego de mucha zozobra, ahora dicen vivir en calma en su terruño. Foto: Juan Diego Restrepo E.
Argiro vive con su mujer, María Auxiliadora Agudelo, y sus cinco pequeños hijos. “Ya no hay temor de nada, esto por aquí está muy bueno, gracias a Dios”, asevera la señora. Junto a su esposo trabajan una parcela en la que siembran yuca, maíz y plátano.
Quien también respira tranquilo es Nevardo Ciro, presidente de la junta de acción comunal de la vereda Farallones, una de las primeras en ser desminadas dada su cercanía al casco urbano. Tales artefactos fueron sembrados, incluso, alrededor de la pequeña escuela, donde estudian decenas de niños y niñas.
“Por acá somos conscientes de que todo está desminado, la gente como que ya no siente temor”, asevera el líder comunal. “La gente tiene precauciones, sobre todo en rastrojos que no han sido tumbados, andan con mucho cuidado, que de pronto no vaya a ver minas por ahí”.
Recuerda la zozobra que padeció la comunidad de Farallones por cuenta de la presencia de minas. “Antes no se podía vivir tranquilo, en la casa se sentía mucho miedo”, dice. Esta vereda fue abandonada por más cinco años debido a los desplazamientos a los que se vieron sometidos por el fragor de la guerra. “Ahora se vive más tranquilamente”, reconoce Nevardo. “Incluso, a los niños en la escuela les siguen dando charlas y el profesor los orienta sobre el tema de las minas, a manera de prevención”.
Omaira Agudelo, una risueña campesina de El Boquerón, admite que tras vivir en medio de las minas y regresar a su parcela, dice que camina tranquila por la vereda. “Tiene uno que ser muy de malas”, dice, refiriéndose a la posibilidad de accidentarse.
A su vez Jaime Gómez, integrante de la Asociación de Campesinos de Antioquia (ACA), que desde hace varios años trabaja en la región impulsando programas productivos y labores de formación con jóvenes campesinos, asegura que en San Francisco “No hay guerrilla, no hay paramilitares. No ha habido una presencia armada ilegal y la gente está tranquila”.
Por más de una década, buena parte de la zona rural de San Francisco hizo parte de un corredor de movilidad que unía los departamentos de Tolima, Caldas, Antioquia, Cundinamarca, Santander y Sur de Bolívar. De ahí la importancia de esta región y su intensa disputa. Desde el 2008, el Ejército instaló una base en el cerro El Aguacate, desde donde controla la seguridad.
Recuento de la guerra
Señales en concreto que dan cuenta del sitio y la fecha del hallazgo de minas antipersonal. Se estima que durante las labores de descontaminación en San Francisco se encontraron cerca de 300 artefactos explosivos sembrados por las guerrillas de las Farc y el Eln. Foto; Juan Diego Restrepo E.
¿Cuándo se empezó a minar San Francisco? Pobladores del municipio aseguran que hay evidencias desde 1998, cuando ocurrieron las primeras afectaciones a militares que se enfrentaban al Frente Carlos Alirio Buitrago del Eln, que tenía en la región presencia histórica.
El concejal Robinson Ciro alude a las víctimas civiles, aclara que éstas comenzaron a registrarse desde 2001 en adelante. “Uno diría que esas víctimas militares que se tuvieron antes del año 2000, de pronto era más por el paso de los actores por los corredores estratégicos de la región. Lo que vino después del 2001 fue mayor presión por la recuperación y consolidación del territorio por parte del Ejército, lo que incrementó la presencia de minas”.
La fase más intensa del minado fue en 2003 y 2004, período en el cual se incrementaron las operaciones militares, entre ellas la Marcial, muy recordada por los campesinos porque generó un desplazamiento masivo. Ancízar Morales, vocero de El Boquerón en la asociación de juntas de acción comunal del municipio, así lo recuerda: “la Marcial llegó por todas las esquinas del municipio, por los lados de Aquitania, de Argelia, de la Autopista (Medellín-Bogotá). Entonces los guerrilleros se dedicaron a minar a los lados de los caminos, que es donde los militares descansan, y en sitios estratégicos”.
Las guerrillas utilizaron todo tipo de minas con diversos mecanismos de activación y los campesinos reconocen que eran avisados de su presencia. “Los guerrillos nos decían que de las 6 de la tarde en adelante no pasáramos por algunos sitios donde habían sembrado minas. Lo entendíamos como una acción para protegernos”, cuenta un labriego de la vereda San Isidro, otra de las más afectadas por estos explosivos.
En la vereda El Boquerón los constantes desplazamientos forzados causaron el abandono de varias viviendas. A este caserío solo han regresado 18 familias de las 55 que la habitaban en 2004. Foto: Vanessa Reyes.
Pero no solo las operaciones militares incentivaron la siembra de minas antipersonales. La llegada en 2003 de una facción de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, liderada por Luis Eduardo Zuluaga, alias ‘McGuiver’, un paramilitar nacido en San Francisco, y los enfrentamientos entre el Frente 9 de las Farc y el Frente Carlos AlirioBuitrago del Eln, también contribuyeron a agravar el fenómeno.
El Eln comenzó a perder liderazgo en la región por su incapacidad de contener al Ejército. “A medida que perdían liderazgo, las Farc iban entrando a la zona, como quien dice estos no fueron capaces, nosotros sí”, precisa el concejal Ciro.
Esa confrontación introdujo cambios en las prácticas de minado de las guerrillas: “antes ellos minaban cuando oían que se daban cuenta que el Ejército iba a entrar a sus zonas, pero después fue entre ellos, por eso minaban diario”, recuerda John Ferney Giraldo, líder en el municipio de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, quien precisa que por esos choques armados la frecuencia de accidentes fue más intensa entre 2005 y 2006. “En el 2012 se tuvo la última víctima”, indica.
Si bien las condiciones de seguridad han mejorado y los campesinos de 13 veredas reciben periódicamente insumos agrícolas por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que apoya a familias que erradicaron las matas de hoja de coca hace varios años, Morales recuerda que en su vereda, El Boquerón, aún falta mucha gente por regresar y de ello dan fe las casas abandonadas. “Aquí vivíamos 55 familias y solo 18 han vuelto”.
Esperan a Santos
Como apoyo a los programas productivos de los campesinos retornados, el Programa de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) aporta periódicamente insumos agrícolas. En la imagen, entrega en la vereda San Isidro. Foto Juan Diego Restrepo E.
San Francisco quedó técnicamente libre de sospecha de minas y artefactos explosivos desde noviembre del año pasado, el BIDES dio por terminadas sus labores. Lo único que falta para declararlo municipio libre de minas que el Presidente Santos agende una visita para hacer oficial el anuncio, según el secretario de gobierno de Antioquia, Santiago Londoño.
El programa de desminado en el Oriente antioqueño comenzó en 2008. Se focalizó San Carlos, que fue declarado libre de sospecha de minas en marzo de 2012, y luego se pasó a San Francisco, donde las comunidades contribuyeron a elaborar los mapas de presencia de esos artefactos explosivos.
“El proceso en este municipio arrancó en las veredas más cercanas al casco urbano, donde había más presión por el retorno de las familias, que expresaban sus deseos de volver, pero poco a poco se fue avanzando hasta las veredas más lejanas, cerca de río Verde”, indica el funcionario. Para agilizar el proceso, la Gobernación aportó 500 millones de pesos a finales de 2012. El dinero se destinó a la compra de equipos de tecnología y de protección y al sostenimiento del batallón de desminado.
“No solo desminamos sino que acompañamos a las familias en el retorno con proyectos productivos, atención sicosocial, educación, titulación y formalización de predios, y arreglo de caminos terciarios, todo eso priorizado por la misma gente”.
Una vez el proceso de desminado concluyó en San Francisco, las operaciones del BIDES se concentraron en los municipios de Granada y Cocorná. De otro lado, la organización internacional Halo Trust, la única certificada en el país para estas labores, trabaja desde principios de 2014 en El Carmen de Viboral, Sonsón, Argelia y Nariño.
Si bien Londoño reconoce la importancia del acuerdo divulgado el pasado 7 de marzo en La Habana entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc que se refiere a la erradicación, en todo el territorio nacional, de “las minas antipersona, artefactos explosivos improvisados, municiones sin explotar y restos explosivos de guerra”, lamenta queno se haya hecho antes.
El funcionario recordó que el 7 de febrero de 2013 les hizo un llamado a los representantes del gobierno nacional y las Farc en La Habana para que acordaran de manera pronta “el cese de la instalación o siembra de minas antipersonal –considerado un crimen internacional– y la identificación de los campos minados”. Desde esa fecha hasta el día del anuncio del acuerdo, en Antioquia se registraron 152 víctimas, 18 de las cuales perdieron la vida.
Este departamento es uno de los más afectados por el uso de minas antipersonal, proscritas por la legislación internacional. De los 125 municipios, 98 han tenido eventos ocasionados por estos artefactos desde 1990. En la actualidad, las poblaciones de Tarazá y Cáceres, en el Bajo Cauca, y Briceño e Ituango, en el Norte, son las más críticas.
Si bien, bajo los acuerdos de La Habana Antioquia fue priorizado, junto con el Meta, para comenzar labores de desminado, el problema es que en esos municipios no solo minan las Farc, también lo hacen el Eln y las llamadas bandas criminales emergentes, particularmente las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, conocidas también como ‘Urabeños’ o ‘Clan Úsuga’, en su afán de proteger los cultivos de hoja de coca para uso ilícito. Tal situación pone una larga distancia entre la tranquilidad que viven los pobladores de San Francisco y la que padecen las comunidades de estas regiones, donde, por razones del conflicto, el desminado tardará algunos años más.
