Durante el año que el exgobernador de Meta dirigió la entidad no se firmó ni un solo contrato para operar los 108 planes acordados con las víctimas. Las comunidades se sienten frustradas. Se espera que la nueva dirección comience a responder de manera eficiente.
Poco más de un año estuvo Alan Jara en la Dirección de la Unidad de Reparación a las Víctimas (URV) y desde diversos sectores advierten que su gestión no fue la más eficiente. Hace unas semanas fue relevado del cargo y salió con duros cuestionamientos en su contra. Varios líderes de víctimas aseguran que uno de los mayores frentes de trabajo de la entidad se estancó durante su administración: los planes de reparación colectiva, con los que se busca indemnizar a comunidades, organizaciones y movimientos sociales y políticos victimizados durante la guerra.
Cuando el 2 de junio de 2016, el presidente Juan Manuel Santos nombró a Jara como Director de la URV, en reemplazo de Paula Gaviria, aseguró que era la mejor opción para el cargo porque había sufrido en “carne propia lo que es ser víctima”. Sus siete años secuestrado por la guerrilla de las Farc así lo refrendaban.
Sin embargo, durante los 14 meses de gestión las inquietudes sobre su labor fueron constantes, tanto por la conformación de su equipo de colaboradores como por la labor misional de la entidad, que no respondió de manera eficiente a los reclamos de las comunidades reconocidas como víctimas colectivas.
En febrero pasado, por ejemplo, durante una visita a Cauca, Jara anunció que este tipo de víctimas sería prioridad de su administración en 2017. Tanto así que, entre el primero de enero y el 28 de julio de este año, la URV reconoció a 42 organizaciones y comunidades como sujetos de reparación colectiva. Sin embargo, la entidad no ha sido igualmente veloz para hacer realidad las hojas de ruta pactadas con ellas.
Reclamos de los líderes
Luis Alejandro Jiménez es el presidente de la Asociación Nacionalde Usuarios Campesinos. Foto: archivo Semana.Uno de los planes de reparación colectiva más antiguos del país es el de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), que se gestó entre 2007 y 2011 bajo la tutela de la entonces Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). Esa asociación tiene afiliados en seis municipios del Magdalena Medio santandereano, y desde finales de los años ochenta se declaró en resistencia pacífica frente a la violencia de las Farc y de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá.
De acuerdo con el informe “El orden desarmado”, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entre 1970 y finales de los años noventa decenas de civiles de la región fueron víctimas de masacres, torturas, desapariciones forzadas, secuestros y amenazas. Para empezar a resarcir a la comunidad, la CNRR diseñó con la ATCC un plan de reparación compuesto por programas de construcción de cultura de paz, rehabilitación comunitaria, fortalecimiento organizativo y restitución del trabajo campesino y de bienes colectivos. En 2012, cuando empezó a implementarse la Ley de Víctimas (1448 de 2011), el proceso quedó a cargo de la URV.
Pese a que el plan está listo hace seis años, Anís Rodríguez, una de las líderes de la ATCC, asegura que es poco lo que ha hecho el Estado para implementarlo. Una situación que, según ella, se agravó durante la dirección de Alan Jara: “En el último año la Unidad no contrató operadores para llevar a cabo las medidas reparadoras ni manejar los recursos. Mientras, en la anterior administración, al menos, se dotaron las escuelas, se entregó maquinaria para la finca integral campesina y se capacitó a 100 familias”.
En abril de 2017, según Rodríguez, la URV prometió construir una estación de policía en el corregimiento La India, de Landázuri (Santander), tal como está consignado en el plan. Sin embargo, de esa estación no hay un solo ladrillo, como no lo hay de la sede de la ATCC y de la casa campesina, que también están incluidas en el plan. Por eso, Rodríguez dice que “la comunidad está cansada de asistir a reuniones y de que no haya nada material. Tenemos un desgaste grandísimo: la gente ya no cree en el proceso”.
Una decepción que había advertido en 2011 la CNRR en el informe “El orden desarmado”, en el que dejó constancia de que “resultaría frustrante para una comunidad que ha participado en el proceso de elaboración de propuestas y programas de reparación (…) que todos los esfuerzos invertidos en casi cuatro años se quedaran en planes que no se concretaron. Un tropiezo de esa naturaleza se convertiría en un pésimo mensaje de desesperanza para cientos de comunidades que (…) se encuentran en ‘lista de espera’ para ser reparadas”.
La desazón también se siente en Bojayá (Chocó), uno de los casos emblemáticos de victimización a comunidades en el país. El 2 de mayo de 2002 un cilindro bomba que lanzaron las Farc durante un combate con paramilitares dejó por lo menos 79 civiles muertos. Aunque en el transcurso de los diálogos de La Habana el caso alcanzó visibilidad, envió delegados a la mesa de negociación y consiguió que la guerrilla reconociera su responsabilidad, esa capacidad de incidencia le sirvió poco para conseguir avances en el proceso de reparación colectiva.
José de la Cruz, uno de los líderes del Comité de Víctimas de Bojayá, dice que “en 2017 nohemos avanzado absolutamente nada en materia de reparación colectiva”. El atraso, según él, se debe a que “la Unidad para las Víctimas no ha tenido un operador para desarrollar el proceso, por lo que no hay quién garantice la logística que se requiere para desplazar un líder o garantizar un almuerzo para una reunión”.
En diciembre de 2015, y como un acto temprano de reconocimiento de responsabilidad, el entonces comandante de las Farc Pastor Alape le pidió perdón a la comunidad de Bojayá. Foto: archivo Semana.Desde 2016, la comunidad del casco urbano de Bojayá acordó con la URV un plan de reparación colectiva que no ha sido oficializado y que incluye la reapertura de una oficina del Banco Agrario, la ampliación de los servicios que presta el centro de salud, atención médica y psicosocial para las víctimas con lesiones permanentes y proyectos de reactivación de la economía local.
Otros dos futuros planes de reparación colectiva para el municipio están en etapa de identificación de daños y cobijarán a los resguardos de indígenas Embera Dóbida y a las comunidades afro que integran el Consejo Comunitario de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia).
Pero ninguno de esos tres procesos ha avanzado en 2017, de acuerdo con De la Cruz. El líder, como sus pares de la ATCC, dice que “la gente está cansada de ir a reuniones con la Unidad y de que no se materialicen las cosas. A 15 años de la masacre, Bojayá tiene sus esperanzas puestas en la reparación y en la implementación de los acuerdos de paz, y si eso no funciona la frustración va a ser muy grande”.
Otro proceso que avanzó poco durante el último año fue el de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). En 2014, la URV reconoció que sus integrantes habían sido duramente perseguidos por las guerrillas, que intentaban cooptarlos, y por los paramilitares, que los consideraban parte de la insurgencia.
La dimensión de la persecución, que incluyó homicidios, desplazamientos y amenazas, convenció a la URV de que la ANUC debía ser reparada de manera colectiva. En 2016, aprobó el plan de reparación, que incluye medidas para enfrentar los daños contra el proyecto político de la Asociación, las dimensiones económica y psicosocial de sus afiliados, y el paisaje campesino.
Luis Alejandro Jiménez, presidente de la ANUC, dice que en la URV “ha habido un adormecimiento de los procesos: el hecho de no tener operadores y los relevos en varios de los cargos que dinamizan los procesos de reparación colectiva han retrasado la dinámica que se traía. Hay que reconocer que disminuyó la velocidad con la que íbamos, y eso es muy preocupante”.
La demora que inquieta a la Asociación es la de la puesta en marcha del programa de restitución de bienes colectivos, que, según Jiménez, “es el más relevante, el que más espera la comunidad, y el que menos avance tiene”.
Otras medidas, como la del fortalecimiento de las comunicaciones externas y la de la vinculación de la Asociación a las agencias del sector agrario tampoco han caminado porque, según Jiménez, la URV no ha logrado establecer sinergias con los ministerios de Tecnologías de la Información y Agricultura, que son los encargados de materializar las medidas. Sin embargo,el presidente de la ANUC reconoce que desde que arrancó el proceso de reparación la organización ha tenido ganancias, principalmente la de la reactivación de su capacidad de incidencia en el “escenario social gremial de los campesinos”.
VerdadAbierta.com revisó todos los contratos por cuantías superiores a mil millones de pesos que suscribió la URV entre el 2 de junio de 2016 y el 2 de agosto de 2017, disponibles en www.contratos.gov.co. De decenas de contratos, tal como señalaron los líderes de víctimas, ninguno estaba destinado a la operación de los planes de reparación colectiva.
Respuesta de la URV
La Unidad para las Víctimas ha reconocido a 531 organizaciones y comunidades como sujetos de reparación colectiva. Foto: archivo Semana.La implementación de los planes de reparación está a cargo de la Subdirección de Reparación Colectiva, dirigida por el politólogo Vladimir Rodríguez. En diálogo con VerdadAbierta.com, admitió que en 2017 la URV no contrató operadores para dinamizar los planes.
El cuello de botella estuvo, según él, en el área administrativa de la Unidad: “Uno de los principales problemas para la implementación de la política pública de víctimas es la normatividad que rige la contratación. Nosotros hicimos los procesos a lugar (para contratar los operadores), pero lastimosamente el área administrativa y contractual en diferentes momentos tuvo que revocar el proceso de licitación pública y tomar medidas que extendieron en el tiempo la adjudicación de los contratos”.
Para solventar el problema, dice Rodríguez, la URV trabaja en contratos que permitan garantizar la operación “sin pausa” de los planes en lo que queda de 2017 y en 2018.
Pero la falta de resultados en la implementación de algunos de los 108 planes que ha aprobado hasta ahora la URV no obedece solamente al lío con los operadores, según explica Rodríguez. Consultado sobre los procesos de la ATCC, Bojayá y la ANUC, asegura que son varias las razones que explican el paso lento de la implementación.
En el caso de Bojayá, el proceso de consulta previa que debe realizarse con las comunidades afro e indígenas habría aumentado los tiempos del programa, mientras que en el de la ANUC el problema principal estaría en las dificultades en la articulación institucional y la viabilidad fiscal de algunas medidas. Rodríguez dice que, para superar esos obstáculos, la URV diseña mecanismos que permitan mejorar el trabajo conjunto con otras entidades estatales de todos los niveles.
La falta de coordinación entre la URV y las entidades encargadas de implementar las medidas fue advertida desde 2015 por el Centro Carr de la Universidad de Harvard. En un estudio de evaluación sobre el trabajo de la entidad, sentenció que “el modelo adoptado por la UV involucra a su personal en un trabajo con la comunidad (…), pero no conduce al compromiso de otras entidades del gobierno con la misión, el patrocinio y la capacidad de implementar los componentes del plan”.
De otro lado, Rodríguez asegura que el proceso de reparación de la ATCC deberá enfrentar un desafío adicional: el reajuste de las medidas que empezaron a gestarse una década atrás. Según el Subdirector, la URV “está revisando los planes que vienen desde la CNRR, porque fueron elaborados con parámetros diferentes a los de la Ley de Víctimas. Debemos armonizarlos y definir mejor algunas medidas para que correspondan al alcance de la reparación colectiva por vía administrativa”.
Rodríguez asegura que, gracias a recursos de cooperación internacional y contratos firmados en la anterior administración, la dirección de Jara pudo implementar más de 200 medidas y acciones reparadoraspara más de 150 sujetos de reparación colectiva.
En una síntesis del balance de la gestión de Alan Jara suministrada por la URV por solicitud de VerdadAbierta.com, la entidad declaró que “uno de los principales logros fue la reducción de cifras de los diferentes trámites que las víctimas adelantan ante la Unidad para hacer efectivo el goce de sus derechos”.
La disminución en los tiempos de respuesta de los requerimientos redujo en 90 por ciento el número de tutelas presentadas por las víctimas, lo cual le significó un ahorro de 283 mil millones de pesos a la Rama Judicial, según la entidad. Otro logro de la administración Jara, dice la URV, fue la habilitación de 28 puntos de atención a víctimas y la construcción de 377.756 planes individuales de reparación.
No obstante, el ritmo de la implementación de los planes de reparación colectiva no dejó bien parado a Jara. Los problemas de contratación, articulación y concreción serán un desafío aún mayor para la URV en la fase de implementación del punto cinco del acuerdo de paz que firmaron el gobierno y las Farc, que ordena la incorporación de planes de reparación colectiva en los 16 Planes de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial que se desarrollarán en 170 municipios en virtud del acuerdo y que se sumarán a los más de 500 planes de reparación que deberá desarrollar la entidad por cuenta de la Ley 1448 de 2011. Un enorme desafío institucional que, de momento, tiene sumidas en la desesperanza a miles de víctimas.
El reto de superar ese profundo malestar ha quedado en manos de Yolanda Pinto, quien relevó en el cargo a Jara y se posesionó hace una semana. La funcionaria, cuota del Partido Liberal, también es otra víctima de las Farc. Su esposo, el entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, fue asesinado en cautiverio el 5 de mayo de 2003, en medio de un intento de rescate del Ejército, tras un año de secuestro.
Durante su posesión, Pinto aseveró que la Ley de Víctimas “consagra herramientas de reparación encaminadas no solamente a indemnizar sino por sobre todo nos ayudaran a devolverles a las víctimas la paz, la confianza, la tranquilidad y su liderazgo”. Se espera entonces que, bajo su dirección, las comunidades afectadas por la guerra sean dignificadas y recobren la esperanza.
