Líderes de varias comunidades confirman las conclusiones del informe de la Procuraduría y de la Contraloría que ‘raja’ al Ejecutivo en la reparación de las comunidades étnicas. Además, hay alerta por la posible exclusión del Capítulo Étnico del plan marco de implementación de los acuerdos firmados con las Farc. La inconformidad se hará sentir el próximo 12 de octubre.
El gobierno de Juan Manuel Santos tramitó la Ley de Víctimas y expidió los decretos leyes étnicos en 2011. Foto: Archivo Semana.“Una paz excluyente”, así calificó la Comisión Étnica para la Paz, integrada por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (Conpa) y las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, la implementación del acuerdo quefirmaron el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc el 24 de noviembre en Bogotá, para ponerle fin a más de 50 años de confrontación armada.
El calificativo, incluido en un comunicado difundido el pasado 6 de septiembre, fue motivado por la inminente exclusión del enfoque étnico del plan marcode implementación que hace meses discuten ambas partes en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi).
Gobierno y guerrilla acordaron que ese instrumento sería la hoja de ruta de la implementación e incluirá indicadores de cumplimiento, cronograma y responsables de todas las medidas necesarias para volver realidad los acuerdos. Por eso, en la práctica, lo que quede por fuera del plan marco difícilmente podrá materializarse prontamente. Y aunque en La Habana se pactó que incluiría indicadores sobre el capítulo étnico del acuerdo, las autoridades afro e indígenas aseguran que el gobierno nacional dilata el cumplimiento de esa tarea.
Luis Fernando Arias, consejero mayor de la ONIC, opina que el Ejecutivo busca ahorrarse el proceso de consulta previa que exige la ley para tomar decisiones que afecten derechos de los pueblos étnicos. En esa lectura coincide Marino Córdoba, presidente de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, que hace parte de Conpa: “dentro del gobierno hay gente que ve los procesos de consulta como un obstáculo. Eso ha sido particularmente visible en el trámite de las reformas vía Fast Track, en el que ha habido una vulneración total de la consulta”.
Córdoba asegura, además, que la Csivi no valoró una propuesta de plan marco con enfoque étnico que la Comisión le presentó el pasado 1 de septiembre. Por eso insiste en que “si el Capítulo Étnico no se incluye en esta fase de reglamentación, el tema va a quedar muerto y los proyectos que se pactaron para las regiones, como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y el fortalecimiento de las guardias indígena y cimarrona, se van a ver gravemente afectados”.
Tras la expedición del comunicado de la Comisión Étnica, la Csivi convocó a una reunión con los líderes afro e indígenas el pasado 13 de septiembre en Bogotá. En el encuentro, del que se ausentaron rápidamente el ministro del posconflicto Rafael Pardo y el viceministro del interior Luis Ernesto Gómez, un equipo técnico de este ministerio se comprometió a incluir indicadores étnicos en el plan marco, que la Csivi deberá aprobar el próximo 10 de octubre.
Ante la premura con que se dará la discusión, el consejero Arias opina que “así como pasó con el Acuerdo, los indígenas y los negros vamos a resultar entrando al plan marco a empujones, a último momento, y no por voluntad política del gobierno”. (Lea más: Acuerdo con las Farc tiene capítulo étnico)
Más deudas
Luis Fernando Arias, consejero mayor de la ONIC, asegura que la implementación del capítulo étnico está en riesgo. Y Marino Córdoba, presidente de Afrodes, dice que el gobierno no les ha consultado a las comunidades afro ni una sola de las reformas tramitadas vía ‘fast track’. Fotos: archivo Semana.Pero las comunidades aseguran que no solo están siendo discriminadas de la implementación normativa y del diseño del plan. El pasado 18 de agosto, los asistentes al Encuentro Interétnico de Representantes Nacionales y Departamentales de los Pueblos Indígenas en las mesas de participación de víctimas hicieron un duro pronunciamiento sobre cómo el gobierno nacional adelanta los procesos de reparación y restitución de derechos territoriales consignados en Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, así como en los decretos leyes étnicos.
Los delegados concluyeron que el Decreto 4633 de 2011 “no se ha implementado en los territorios” por falta de voluntad política, presupuesto y coordinación entre las entidades del Estado. (Lea aquí el pronunciamiento)
Una radiografía detallada de lo que está sucediendo con la reparación de las víctimas afro e indígenas, que suman más de 945 mil personas según la Unidad para las Víctimas (URV), está consignada en el más reciente informe al Congreso preparado por la Comisión de Seguimiento a los Decretos Leyes Étnicos, emitido a finales de agosto pasado. Esta Comisión, integrada por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Contraloría, cuestionó duramente el trabajo de la URV, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Unidad Nacional de Protección (UNP). (Descargue aquí el informe)
A continuación, VerdadAbierta.com expone los cuestionamientos más relevantes que hizo la Comisión de Seguimiento a los Decretos frente a la reparación de las comunidades afro e indígenas afectadas por el conflicto, algunos de los cuales son alertas que deben atenderse con prontitud:
Restitución de derechos territoriales
La Comisión de Seguimiento informó que los Emberá del Alto Andágueda continúan desplazándose a las ciudades. Foto: archivo Semana.De momento, la justicia ha proferido seis sentencias de restitución para pueblos étnicos, que cobijan a los Emberá Katío del resguardo del Río Alto Andágueda (Chocó); el Consejo Comunitario Renacer Negro (Cauca); los Emberá Dobida del resguardo Dogibi (Chocó); los Wayúu del resguardo Nuevo Espinal (La Guajira); los Yukpa del resguardo Menkue, Misaya y La Pista (Cesar); y los Yukpa del resguardo Iroka (Cesar). Los fallos fueron proferidos entre septiembre de 2014 y julio de 2017, y ordenan múltiples medidas de restitución de derechos territoriales que dependen de distintas entidades estatales.
Según la Comisión de Seguimiento a los Decretos, el cumplimiento de esas sentencias se ha visto afectado por la falta de coordinación y preparación del Estado: “La expectativa de lograr una restitución realmente transformadora se estanca ante una respuesta institucional limitada en términos de enfoque diferencial, una oferta fragmentada y desarticulada, así como una falta de planeación”.
La primera sentencia de ese tipo expedida en el país es la del resguardo del Alto Andágueda, compuesto por50 mil hectáreas y habitada por más de 7 mil indígenas. En septiembre de 2016, el Tribunal Superior de Antioquia reconoció que esa comunidad había sido victimizada por las guerrillas de las Farc, el Eln y el Erg, así como por el Ejército Nacional. Confinamientos, asesinatos y reclutamientos forzados causaron “desintegración familiar y cultural”. El Tribunalaseguró, además, que la comunidad había sido afectada por la exploración y explotación legal e ilegal de yacimientos mineros. (Lea más: Benefician a los Emberá-Katíos con primera sentencia de restitución étnica en el país).
El juez ordenó entonces restituir el territorio, suspender los contratos de exploración y explotación suscritos entre el Estado y las compañías AngloGold Ashanti y Exploraciones Chocó Colombia; adecuar, construir y dotar puestos de salud; definir esquemas de protección; garantizar la seguridad en el territorio; entregar dotación a la Guardia Indígena; capacitar a la comunidad en producción agropecuaria; y construir centros educativos y viviendas.
Helfer Andrade, consejero mayor de la Asociación de Cabildos Indígenas de Chocó (Orewa), cuenta que sólo la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Educación han cumplido su parte de la sentencia; la primera acompañando y capacitando a la comunidad, y la segunda construyendo colegios y garantizando la cobertura educativa. Sin embargo, asevera que “los ministerios de Salud, Agricultura y Vivienda, así como la Agencia de Desarrollo Rural, han desacatado las órdenes”.
Las demoras en el cumplimiento, dice Andrade, “tienen desconcertadas a las autoridades indígenas, que no quieren ir a los espacios de seguimiento porque están cansadas de tanta reunión y tan pocos avances. Siempre las instituciones piden más plazo, pero no ejecutan las acciones que les corresponden”.
Tal como refiere el líder indígena, la Comisión de Seguimiento a los Decretos concluye que las acciones del gobierno nacional para cumplir la sentencia “no se ven reflejadas en el mejoramiento de las condiciones reales de vida de la mayor parte de la población víctima”. El informe advierte que los Emberá han continuado desplazándose a las ciudades, entre ellas a Bogotá, en la que por lo menos 139 familias “permanecen expuestas a padecer hurtos y conviven con la mendicidad, la venta de armas y el expendio ilegal de sustancias psicoactivas”.
Solo una comunidad afrocolombiana ha sido beneficiada con una sentencia de restitución de derechos territoriales. Foto: archivo Semana.La segunda sentencia, que favoreció al Consejo Comunitario Renacer Negro, cumplió dos años de expedida en julio pasado. Este consejo, de Timbiquí, Cauca, con cerca de 71 mil hectáreas y poblado por 4.500 habitantes, fue golpeado por las Farc, la siembra y fumigación de cultivos de uso ilícito, el otorgamiento no concertado de licencias de explotación minera y la minería ilegal. (Lea más: Con histórica sentencia afros recuperan su territorio en Timbiquí, Cauca).
En junio de 2015 un juez de Popayán le ordenó al Estado suspender los títulos y concesiones mineras, avanzar en la erradicación de la minería ilegal, desarrollar un plan de reparación colectiva, poner en marcha planes de sustitución de cultivos de uso ilícito, proteger a los líderes del consejo comunitario, construir o adecuar puestos de salud y centros educativos, y financiar proyectos agropecuarios.
Sin embargo, dos años después, la respuesta del gobierno nacional ha sido ineficaz. Saturnino Venté, uno de sus líderes, explica que “las instituciones encargadas han establecido los cronogramas (para ejecutar) las acciones, pero todavía no las han implementado”.
De momento, ninguna de las órdenes se ha cumplido y por ahora avanzan los procesos de elaboración de planos para la construcción y restauración de escuelas, la fase previa a la reparación de los puestos de salud, el diseño del plan de retorno, la etapa de caracterización del proceso de reparación colectiva y la elaboración del protocolo de consulta previa.
El balance es menos positivo en Cesar. En agosto de 2016, el Tribunal Superior de Cartagena reconoció que el resguardo Menkue, del pueblo Yukpa, en la Serranía del Perijá, había sido victimizado por el Frente 41 de las Farc, el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y el Ejército con montajes judiciales, fumigación de cultivos de uso ilícito, confinamientos, torturas, robos, secuestros, violencia sexual, homicidios y desapariciones. Asimismo, estimó como vulneración del derecho a la consulta previa la instalación del Batallón de Alta Montaña de la Serranía del Perijá. (Lea más: Jueces de tierras le ‘jalan las orejas’ a entidades del gobierno nacional).
El pueblo yukpa cuenta con dos sentencias de restitución, pero ninguna ha sido cumplida a cabalidad. Foto: archivo Semana.El Tribunal ordenó entonces ampliar, sanear y restituir el resguardo; revisar las actividades del batallón que podrían afectar a los indígenas; elaborar un plan de reparación colectiva; restaurar los ecosistemas naturales; llevar brigadas de salud móviles; diseñar un plan de nutrición; evaluar periódicamente la atención en salud que brinda la EPS Dusakawi, a la que está afiliada la comunidad; garantizar que el territorio esté libre de minas antipersonal; investigar los crímenes denunciados por los Yukpa; y promover el acceso a la educación.
Tras un año de ese fallo, el gobernador del resguardo Menkue, Alberto Martínez, asegura que “no nos han cumpliendo nada”. Según el líder, el retraso más alarmante es el de la ampliación y el saneamiento del resguardo: “La Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha estado midiendo el territorio, pero no ha hecho nada, porque dice que no encuentra baldíos y que no hay recursos para comprar tierras para los Yukpa”.
En la sentencia, el Tribunal de Cartagena les había ordenado a la ANT y a la gobernación de Cesar garantizar “la libre circulación de los Yukpa en su territorio y su salida a los caminos carreteables, procediéndose si fuere necesario a la compra de predios”. El plazo era de seis meses, pero, de acuerdo con el cabildo, aún no hay resultados.
Martínez asegura que también está en veremos la mayor parte de las acciones reparadoras que ordenó el Tribunal, con excepción del programa de nutrición a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el sistema de atención en salud. Por eso opina que el gobierno “nos tiene abandonados”. Al respecto, la Comisión se refirió en su informe de seguimiento a la falta de recursos para los trámites de constitución, ampliación y saneamiento, que la ANT ha denominado “la cuestión no resuelta”.
En 2017, el presupuesto de la ANT para esa “cuestión” es de 18.875 millones de pesos. No obstante, la entidad le dijo a la Comisión que para superar el problema necesita 800 mil millones de pesos. Al ritmo que recibe los recursos anualmente, dice el informe, esta entidad necesitaría 78 años para entregarles las tierras a las comunidades, sin contar las sentencias que están por venir.
La misma escasez enfrenta la URT. En 2016, para costear los trámites administrativos y judiciales destinados a grupos étnicos la entidad destinó poco más de 6.700 millones de pesos de los 146 mil millones que le adjudicó al programa general de restitución de tierras; es decir, tan sólo un 5 por ciento. Para la Comisión, “dada la complejidad de los procesos étnicos y la extensión de los territorios colectivos por restituir, esta inversión difícilmente podrá cumplir con los objetivos”. La solución, según el informe, sería formular un documento Conpes exclusivo para la reparación étnica.
Luis Fernando Arias, consejero mayor de la ONIC, asegura que el proyecto de un Conpes para afros e indígenas ha sido objeto de varias reuniones con la URV: “Con la Unidad hemos hablado de ese Conpes en varias oportunidades, pero no ha sido posible concretarlo. (Los antiguos directores de la URV) Paula Gaviria y Alan Jara no nos cumplieron, y hasta el momento no ha habido ni un sólo pueblo que haya sido reparado”.
Además del lento cumplimiento de los fallos, la Comisión de Seguimiento señaló otro riesgo para la restitución territorial. Se trata de la “superposición de intereses de explotación minera, de hidrocarburos y del sector hidroeléctrico” con las aspiraciones de restitución de varias comunidades. La tensión entre la reparación y la minería se vive desde 2014, tras la expedición de la sentencia del Alto Andágueda.
Como esa decisión, y más tarde la del Consejo Renacer Negro, impactaron la locomotora minero-energética del gobierno, la URT creó en 2015 el Grupo de Asuntos Minero Energéticos y de Infraestructura (AMEI), con el fin de que emitiera conceptos en la etapa de elaboración de las demandas de restitución, que está a cargo de la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad. (Lea más: Las contradicciones de Santos con la restitución).
El trabajo se guarda con tanto recelo que, según la Comisión, la URT no quiso suministrar información sobre los conceptos que emite. Esa negativa, dice el informe, “enciende una alerta, en tanto no permite tener claridad sobre el impacto que puedan tener las recomendaciones que hace AMEI sobre las pretensiones acordadas con las comunidades para la restitución ni tampoco verificar su comprensión y respeto por la justicia transicional”. Lo curioso es que la creación de ese grupo fue una decisión unilateral de la URT que no hace parte de la Ley de Víctimas ni de los decretos leyes étnicos.
Protección de las comunidades
La UNP le entregó al consejo comunitario Renacer Negro una lancha para mar, pese a que la comunidad solo se mueve por río. Foto: archivo Semana.Además de los problemas administrativos y financieros, la Comisión de Seguimiento a los Decretos reseñó la persistencia del conflicto armado como otro de los obstáculos para la restitución de los derechos territoriales de las comunidades étnicas. Según el informe, las dinámicas bélicas impiden que la URT avance en procesos de identificación de daños y generan “hostigamientos o represalias” para quienes emprenden procesos de restitución. Hasta 2016, ocho comunidades le habían solicitado a la UNP medidas de protección colectiva étnica, especialmente en Cauca, Nariño y Chocó.
La URT también reportó ante la Comisión que diez sujetos individuales y colectivos que hacen parte de procesos de restitución informaron sobre “situaciones de riesgo para su vida e integridad personal”. Y agregó que “entre los motivos del riesgo figuran amenazas, hostigamientos de parte de bandas criminales, presencia de actores armados y el desmonte de medidas de protección de parte de la UNP”.
A su vez, Defensoría y Procuraduría informaron que “continúan recibiendo reportes por parte de líderes de diferentes grupos, especialmente de comunidades negras, con relación a la demora en la atención y resolución de sus solicitudes” ante la UNP.
Ejemplo de ello es el Consejo Comunitario Renacer Negro, que lleva varios años esperando el cambio de una lancha que la entidad le adjudicó como medida de protección, pero que no sirve para navegar el río Timbiquí, por el que se mueve la comunidad. Saturnino Venté, uno de sus líderes, explica que ese bote “permaneció más dos años varado porque era para mar y nosotros vivimos en un río. Hace rato pedimos el cambio, pero hasta ahora no se ha hecho”. Según la Comisión, “esta situación no solo contradice el principio de oportunidad y efectividad (propio del sistema de protección), sino que permite que el riesgo aumente”.
Venté también asegura que la UNP está en mora de realizar varias capacitaciones sobre mecanismos de autoprotección que acordó con la comunidad. Sin embargo, reconoce que ha cumplido con el sostenimiento de medidas de protección para la junta directiva del Consejo Comunitario y algunos de sus pobladores.
La Comisión se refirió a la persistencia de riesgos de seguridad para las víctimas en general, asociados al nuevo ajedrez del conflicto armado. La expansión territorial del Eln y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en territorios dejados por las Farc generan “amenazas, presiones y hostigamientos en contra de las comunidades étnicas”, por lo que representan “una talanquera para la reparación y restitución integral de los derechos étnicos en clave del principio de no repetición”.
Ante ese escenario, la Comisión manifestó que el reciente aumento de las sedes regionales de la UNP, que ascienden a 23, debería servir para mejorar la comunicación con las víctimas y tener “una lectura de contexto más real para el análisis de los riesgos”.
Reparación colectiva étnica
Las autoridades indígenas aseguran que la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad de Víctimas no ha contribuido a reparar a las comunidades. Foto: archivo Semana.Son varias las dificultades que, de acuerdo con la Comisión, enfrenta la URV a la hora de reparar a los grupos étnicos. Para empezar, la entidad ni siquiera sabe cuántas víctimas étnicas han sido indemnizadas vía administrativa.
En su reporte a la Comisión, esta entidad declaró que mientras en 2016 había 28.802 víctimas afro indemnizadas, en 2017 el número era de 22.216. Eso significa que, según la URV, desaparecieron 6.586 indemnizaciones. Para la Comisión, la inconsistencia en los datos “resulta altamente preocupante, pues genera falta de certeza respecto de las cifras oficiales reportadas por esta entidad y (…) enciende una alerta respecto del manejo de la información”.
Como los datos no son consistentes, la Comisión se abstuvo de informar en qué va la reparación administrativa individual.
En cuanto a la reparación colectiva étnica, la URV ha aprobado cuatro planes: los del resguardo Kitek Kiwe (Timbío, Cauca); el pueblo Rrom o Gitano (a nivel nacional); el Consejo Comunitario Los Cardonales de Guachoche (Valledupar, Cesar); y el Proyecto Nasa, que abarca los resguardos de Toribío, Tacueyó y San Francisco (Cauca). Otros 23 sujetos étnicos están en etapa de caracterización y 12 en etapa de formalización de planes.
Al respecto, la Comisión aseguró que la URV no se ha preparado para responder adecuadamente al desafío de la reparación colectiva. Aunque los procesos deberían estar a cargo de la Dirección de Asuntos Étnicos de la URV, esa dependencia “no cuenta con la estructura administrativa para el desarrollo de sus funciones”, por lo que los procesos dependen de la Subdirección de Reparación Colectiva, que no ha recibido “mandato legal” para ello.
Luis Fernando Arias, consejero mayor de la ONIC, también cuestiona el trabajo de la Dirección de Asuntos Étnicos. En su opinión, “esa dirección, que nos la peleamos nosotros en 2011, se ha convertido en un palo en la rueda de la reparación. Cuando acudimos a ella para plantear las preocupaciones de las comunidades nos responden que varios de los temas no son de su competencia, sino de la Subdirección de Reparación Colectiva. Lo que se hizo, entonces, fue crear más burocracia, porque esa dirección no tiene capacidad política, técnica ni administrativa para atender a las víctimas”.
El desajuste que vive la institución se expresa en otra grave dificultad, que tiene paralizada la reparación colectiva en todo el país. Como denunció VerdadAbierta.com, durante el último año la URV no contrató operadores logísticos para poner en marcha los planes de reparación colectiva. El informe de la Comisión confirma que existe una “grave demora en la implementación de la Ruta de Reparación Colectiva Étnica” relacionada con la “ineficacia administrativa para contratar la operación logística de los recursos técnicos y financieros destinados al desarrollo de las acciones reparadoras”. (Lea más: Reparación colectiva, la deuda que dejó Alan Jara en la Unidad de Víctimas)
Según información entregada por la URV a la Comisión, entre enero y agosto de 2015 no se contrataron operadores, en 2016 sólo se contrataron durante un mes y hasta julio de 2017 no se había contratado ni uno solo.
Menos de la mitad de las mesas departamentales de víctimas cuentan con representación indígena. Foto: archivo Semana.María Ovidia Palechor, coordinadora del Programa para la Defensa de la Vida y los Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, opina que, en ese departamento, dondedeben implementarse dos de los cuatro planes, la URV ha privilegiado la reparación individual sobre la reparación colectiva: “Ese enfoque vulnera a las víctimas indígenas, porque los planes de vida, el ejercicio colectivo, el fortalecimiento de la cultura y la autonomía son las únicas medidas que nos van a permitir restaurar el equilibro que rompió el conflicto”.
La líder considera que las indemnizaciones individuales “las debilita, poniéndolas en una situación de dependencia. En el Cauca llevamos tres años planteando caminos para que se implemente el decreto para pueblos indígenas en coordinación con las autoridades y las estructuras del movimiento indígena, pero la Unidad no nos ha tenido en cuenta y lo que ha hecho es dilatar”.
Más aún, la Comisión conceptuó que los cuatro planes de reparación colectiva fueron diseñados de forma ‘ambigua’ y quedaron “incompletos”, porque no se especificó en la etapa de diseño quién sería responsable de cada acción reparadora ni cuáles serían los cronogramas y los presupuestos. Además, algunos procesos se han visto afectados por la falta de decisiones de fondo sobre la titularidad de los territorios.
Por ejemplo, en el caso del consejo comunitario Los Cardonales, cuyo plan de reparación fue aprobado en diciembre de 2015, aún no se han titulado las tierras porque particulares poseen títulos sobre porciones del terreno. Asimismo, en el caso del resguardo Kitek Kiwe no han culminado las tareas de constitución, ampliación y saneamiento, aunque hay un acuerdo firmado entre los indígenas y el Ministerio de Agricultura. Esos hechos, sentencia la Comisión, son un “incumplimiento de lo acordado en los planes de reparación colectiva (…) e implican la imposibilidad de avanzar en la realización de otras actividades” reparadoras.
José Tomás Márquez, líder del consejo comunitario Los Cardonales y consejero mayor de las comunidades negras de Cesar, sostiene que “el tema de la titulación está trancado en la fase de estudios técnicos en la ANT, lo cual nos pone en riesgo de aculturación porque la ciudad (Valledupar) viene creciendo hacia el norte, donde está el consejo. Nosotros necesitamos el título como herramienta legal que, entre otras cosas, respalde el ejercicio del gobierno propio”. Y agrega que “lo fundamental para nosotros es el territorio. Si no nos lo titulan, no vamos a podemos conservarlo ni preservar la cultura”.
En ese escenario de retrasos, dice la Comisión de Seguimiento, las víctimas ni siquiera cuentan con mecanismos de participación en el proceso de reparación, porque la URV no ha diseñado los protocolos que la misma entidad prometió adoptar para ese fin en una Resolución de 2013. En 2015, la Defensoría del Pueblo presentó una acción de cumplimiento para que la justicia obligara a la URV a definir los protocolos.
En julio de ese año, según el informe, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró que la URV había incumplido su propia resolución, en la que constaba que los protocolos debían concertarse con las autoridades afro e indígenas en un plazo de diez meses. El Tribunal le dio un mes a la URV para llevar a cabo esa tarea, pero pasados dos años todavía no se han expedido los protocolos. Por esa razón, la Comisión concluyó que “se evidencia un grave atraso en materia del derecho a la participación efectiva de los grupos étnicos”.
Justamente, en su reciente pronunciamiento sobre la aplicación del decreto para la reparación de los pueblos indígenas, los delegados de las mesas departamental y nacional de víctimas aseguraron que “persiste la ausencia de un protocolo de participación”. Además, resaltaron que, aunque hay indígenas en todo el país, sólo 15 mesas regionales cuentan con delegados de esos pueblos. En las mesas municipales, dice el documento, ni siquiera existe información sobre participación de voceros indígenas.
El panorama es preocupante para las comunidades, que, pese a contar con todas las herramientas legales, han visto frustradas sus esperanzas en los procesos de reparación colectiva que prometió el gobierno nacional. Ante los incumplimientos, los indígenas y los afro preparan una movilización nacional para el próximo 12 de octubre, con la que buscarán, además, presionar al Ejecutivo para que no los excluya de la implementación de los acuerdos de paz.
