Aunque después de cinco años de Justicia y Paz por fin se logró condenar a dos ex ‘paras’, las víctimas rechazaron la decisión y apelaron. El problema de fondo es saber si hay voluntad y dinero para reparar los sobrevivientes de la violencia paramilitar.
 La sentencia de la magistrada Uldi Teresa Jiménez (en el centro) fue apelada por las víctimas. |
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El martes pasado una audiencia colmada de abogados de víctimas, funcionarios de la Comisión de Reparación y Reconciliación (Cnrr), empleados de la Defensoría del Pueblo y periodistas esperaban con impaciencia el primer fallo de Justicia y Paz en casi cinco años de proceso (Ver multimedia: Mampuján, la primera sentencia de Justicia y Paz).
El Tribunal Superior de Bogotá juzgó a los dos ex jefes paramilitares Edwar Cobos, alias ‘Diego Vecino’ y Úber Bánquez, alias ‘Juancho Dique’ por la masacre de 11 campesinos y el desplazamiento de 300 familias en Mampuján, un corregimiento de María La Baja, Bolívar, el 10 y 11 de marzo.
Si bien la magistrada Uldi Teresa Jiménez condenó a los dos ex jefes paramilitares ‘Diego Vecino’ y ‘Juancho Dique’ a una pena alternativa de ocho años de cárcel por contribuir con la justicia, la verdad y la reparación, lo que todos los asistentes esperaban era el monto de la reparación que el Tribunal establecería para las víctimas.
Como este fue el primer fallo de Justicia y Paz, tenía que marcar un precedente para la reparación de las más de 281 mil víctimas del paramilitarismo registradas hasta hoy ante la Fiscalía.
Para los hijos, los padres y los esposos de los 11 campesinos que asesinaron las autodefensas el Tribunal ordenó que el Fondo Nacional de Reparación les pague 40 millones a cada uno de los miembros, con un máximo de 240 millones para toda la familia. Y que los hermanos de los asesinados sean indemnizados con cuatro millones de pesos.
Cada uno de los 1081 desplazados de Mampuján recibirá por su parte 17 millones de pesos, con un máximo de 120 millones de pesos por familia y las siete personas que fueron secuestradas, que los ‘paras’ usaron como guías en la arremetida contra el pueblo, obtendrán 30 millones de pesos.
La magistrada Uldi Teresa Jiménez tasó el total de la reparación en 20 mil millones de pesos, además de ordenar inversiones al Estado para construir escuelas, puentes, carreteras, redes de servicios públicos y programas económicos y educativos en Mampuján.
Sin embargo las pretensiones de las víctimas estaban muy por encima de lo que dictó el Tribunal, pues por cada familia de víctimas de la masacre pedían un promedio de mil millones de pesos y por cada familia desplazada entre 460 y 500 millones de pesos. Por eso todos los abogados de las víctimas apelaron la decisión, así como la Procuraduría, la Fiscalía y los paramilitares.
Lo que pudo establecer VerdadAbierta.com es que la estrategia de las víctimas fue pedir grandes cantidades de dinero para llegar a un acuerdo intermedio, sin embargo les sorprendió que sólo les dieran 40 millones de pesos por víctima de homicidio y 17 por desplazado.
Al final del juicio una defensora de víctimas le dijo a VerdadAbierta.com que no les quedaba otra vía que apelar: “Con la reparación administrativa (la que el Estado otorga sin pasar por un juicio) le dan a la víctima de asesinato, desplazamiento o desaparición unos 15 millones de pesos. Para qué someter las víctimas, todo el aparato judicial, al Estado a tanto desgaste para tan poquito”.
Sin embargo, es claro que por ser el primer fallo de Justicia y Paz, la decisión de la magistrada Jiménez es la base para los demás juicios y reparaciones que deberán asumir los desmovilizados de las Auc. Por eso el Tribunal buscó llegar a un monto realista frente al Fondo de Reparación y al presupuesto nacional.
¿Cómo llegó el Tribunal a esta cifra?
Según los cálculos de la magistrada Uldi Teresa Jiménez, la masacre y el desplazamiento de Mampuján sólo representan 0,39 por ciento de los crímenes de los ‘paras’ en Colombia.
Así, con base en el promedio que cada víctima de Mampuján reclama, 645 millones de pesos, el monto total de reparación para todos los sobrevivientes de la violencia paramilitar en Colombia alcanza 610 billones de pesos, más de tres veces el presupuesto de 2010 del estado colombiano.
Por eso el Tribunal basó su cifra final en lo que el Estado colombiano le tocó pagar a víctimas de las autodefensas por las condenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por las masacres de Pueblo Bello y de Ituango: alrededor de 240 millones de pesos por familia.
Sin embargo, abogados de las víctimas le dijeron a VerdadAbierta.com que “estos cálculos deslegitiman el proceso, no se puede calcular cómo si todas les víctimas fueran a ser reparadas al mismo tiempo. Además no está probado que las 280 mil víctimas registradas en realidad lo sean”.
Otro defensor añadió: “Acá no hacemos consideraciones presupuestales, estamos hablando de vidas destruidas, de muertos, masacres”.
¿Dónde conseguir el dinero para reparar?
A pesar de las diferencias sobre el monto de reparación, la magistrada Uldi Teresa Jiménez constató un evidente problema con el Fondo Nacional de Reparación, que sólo cuenta con 33 mil millones de pesos para reparar las 280 mil víctimas de los ‘paras’. Lo que quiere decir, en palabras de la magistrada Jiménez, que el dinero “sólo alcanzaría para atender 0,39 por ciento de las víctimas” o a darle a cada una 118 mil pesos, menos de la mitad de un salario mínimo.
“El fondo del problema es saber qué voluntad tiene el Estado para reparar a las víctimas. De todos modos hay que meterse la mano al bolsillo, la pregunta es saber qué tan hondo” le dijo a VerdadAbierta.com un defensor de víctimas de la Defensoría del Pueblo.
Según la ley de Justicia y Paz, la reparación tiene que salir del Fondo Nacional de Reparación, que maneja Acción Social. El Fondo está constituido por dineros mixtos que salen del presupuesto del gobierno; los bienes y el dinero que los ‘paras’ han entregado voluntariamente y otra parte constituida por eventuales donaciones extranjeras.
El problema es que los ‘paras’ hasta ahora han entregado sólo 33 mil millones de víctimas (entre bienes y dinero en efectivo), por eso el Tribunal ordenó nuevas medidas para que se obtengan más recursos y así garantizar la reparación a las víctimas de estos dos ex paramilitares.
En primer lugar, el fallo pidió que los parapolíticos también tengan que responder a las víctimas y que sus bienes tienen que pasar al Fondo Nacional de Reparación. También dictó que las posesiones de los políticos que están siendo juzgados por sus presuntos nexos con los ‘paras’ tienen que ser cobijadas por medidas cautelares mientras se define su situación judicial.
Por otra parte el Tribunal le pidió a la Justicia y Paz de la Fiscalía crear una unidad especializada en análisis financiero que se dedique a buscar e identificar los bienes que los paramilitares desmovilizados esconden y que también encuentre a todas las víctimas de robos de tierra en el país.
La sentencia también le exigió a la Fiscalía recuperar todos los bienes de ex paramilitares que ahora están en extinción de dominio, ya que estos terminan en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes y no en las del Fondo Nacional de Reparación.
El Tribunal además propuso crear un impuesto especial para todas las empresas que de una manera u otra financiaron a los paramilitares, como la multinacional estadounidense Chiquita. El dinero iría directamente a las víctimas.
Por último el Tribunal expresó que las posesiones de los herederos de los ‘paras’ muertos, como los hermanos Castaño o Rodrigo Mercado, alias ‘Cadena’, tienen que trasladarse al Fondo de Reparación.
Ahora la Corte Suprema de Justicia tendrá que tomar el caso contra ‘Juancho Dique’ y ‘Diego Vecino’ y determinar cómo y de cuánto será la reparación a las más de 281 mil víctimas de los ‘paras’.
Veael especial multimedia de la primera condena de Justicia y Paz:
