La misma semana en que la Segunda Marquetalia y el gobierno inauguraron la primera ronda de negociación, en el sur del país la guerra casada de esa estructura con el Estado Mayor Central deja en el medio a un grupo de reincorporados en Caquetá. Este sería el cuarto desplazamiento masivo de la población firmante en los últimos dos años y medio por este tipo de confrontaciones.
La disputa cruenta por el control territorial entre disidencias de la extinta guerrilla de las Farc está obligando a decenas de excombatientes en proceso de reincorporación y a sus familias a desplazarse desde Miravalle, en Caquetá, empañando el comienzo de negociaciones de paz entre el grupo Segunda Marquetalia y el gobierno Petro, y sumándose a la larga lista de incumplimientos del cese al fuego del Estado Mayor Central (Emc) en el mismo tipo de negociación que lleva discutiendo hace más de un año.
Más de 70 exmiembros de las Farc comprometidos con el Acuerdo de Paz habían construido su proyecto de vida en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Miravalle, en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá. Pero la ruptura, el año pasado, de un acuerdo para evitar confrontaciones entre estructuras de la Segunda Marquetalia, liderada por alias ‘Iván Márquez’, y el Estado Mayor Central (Emc), en cabeza de alias ‘Iván Mordisco’ –aunque en la región se dice que quien realmente manda allá es alias ‘Calarcá’– ha dejado a la comunidad del espacio en el fuego cruzado.
Tras su llegada a El Pato-Balsillas, el Estado Mayor Central fijó su actuar criminal contra los reincorporados y las comunidades campesinas, acusándolos de ser colaboradoras de la Segunda Marquetalia, por habitar el territorio mientras estaba bajo control de ese grupo.
El 23 de junio, el grupo comandado por ‘Iván Márquez’ difundió por redes sociales una denuncia pública en la que acusaba al Emc de escalar las operaciones en contra de la población civil de la zona, sembrar minas antipersonal y pedir ‘vacunas’ para permitir la tala forestal. Lo más grave es que advertía que el ETCR de Miravalle había recibido un ultimátum por parte de la estructura comandada por ‘Calarcá’ para desplazarse del lugar.
“En reuniones forzadas citadas en el caserío de Puerto Amor, han impuesto un plazo de cuarenta días para que los habitantes del ETCR Miravalle desocupen sus hogares, es importante hacer resaltar que son civiles desarmados. Esta medida es injusta y arbitraria, dejando a numerosas familias en una situación de incertidumbre y desamparo”, se lee en el comunicado del grupo subversivo.
En otro comunicado, el Frente Iván Díaz del Emc expuso su percepción del espacio de reincorporación como un escudo humano para los intereses de su contrincante en la guerra, y confirma la petición a los firmantes de no permanecer en ese territorio.
“Es el caso lamentable del ETCR de Miravalle, claro, no por todos sino por algunos residentes de ese Espacio, que ha sido asaltado en su buena fe por grupos armados contrarrevolucionarios como la “Segunda Marquetalia”, que instrumentaliza a los excombatientes para ejecutar sus fechorías. Acuden a ustedes, por cuenta de que sus necesidades con el Acuerdo de Paz no han sido solucionadas y el pan para sus hijos no da espera, entonces se rinden a los pies de esos delincuentes y sin calcular los efectos han hecho de Miravalle un foco de inseguridad”, se lee en el comunicado del Emc.
“No me sorprende este tipo de accionar del Estado Mayor en la zona. Lo distinto es que la Segunda Marquetalia se pronunció”, señala Kyle Johnson, cofundador de la Fundación Conflict Responses (CORE). Para el experto, ese pronunciamiento es un reflejo de la cercanía que sienten las estructuras de ‘Iván Márquez’ con la región.
“Apoyados en el incumplimiento de temas tan importantes como la sustitución de cultivos de uso ilícito y otros temas del Acuerdo de Paz, fue que estos actores y otros, empezaron a tomar mayor fuerza en el territorio”, explica Federico Montes, miembro de la dirección del Partido Comunes.
Tras dos años de calma después de la desmovilización de las Farc, además de los marquetalianos y el Emc, en el departamento empezaron a aparecer varios grupos como Comandos de Frontera y la estructura Carolina Ramírez, que se declaraban la guerra o se prometían lealtades. “A partir de allí se empieza a generar todo un fenómeno de ofrecimientos a la población firmante, a las comunidades en el territorio, porque las lógicas que caracterizan a estas estructuras no son las mismas lógicas que caracterizaron a la antigua guerrilla de las Farc-Ep”, resalta Montes.
Y agrega que la mayoría de los firmantes de la región están trabajando en lo pactado en el Acuerdo de Paz, “pero también hay un pequeño grupo de población firmante que cayó en las tentaciones, en los cantos de sirena de los ofrecimientos de algunos actores armados y que terminaron nuevamente vinculándose a estas estructuras”. Según precisa, cerca del 95 por ciento de los firmantes a nivel nacional siguen firmes con la paz.
Cuando empezó la disputa por la zona de cordillera caqueteña, varios líderes sociales de la región alertaron sobre el riesgo de desplazamiento por las confrontaciones en la región y la arremetida del Emc contra las comunidades de la Zona de Reserva Campesina El Pato-Balsillas; los alrededores del ETCR de Miravalle; las inspecciones de Guacamayas, Troncales, Balsillas, Puerto Amor, Guayabal (San Vicente del Caguán); y Santana Ramos (Puerto Rico). (Leer más en: Comunidades de zona de cordillera de Caquetá, en riesgo de desplazamiento por llegada de ‘Iván Mordisco’)
“A nosotros hace más o menos dos años se nos manifestó, por diferentes medios, que no era posible ser militante del Partido Comunes, hacer presencia en esos territorios y hablar del Acuerdo de Paz, siendo este de control de la Segunda Marquetalia. Inicialmente hubo un desplazamiento dirigido por la Segunda Marquetalia. Ahora lo que se da es que la Segunda Marquetalia perdió el control territorial”, explica Montes.
Reportes de inteligencia militar a los que accedió la emisora La W han señalado que el Emc se encuentra fracturado y operando de manera independiente en diferentes partes del país. Incluso se ha llegado a asegurar que existe una crisis por la comandancia, que públicamente ha estado a cargo de ‘Iván Mordisco’, pero que ha reñido con los intereses de ‘Calarcá’, explican las fuentes militares.
Los expertos concuerdan con la situación de fragmentación del Emc y la disputa interna de legitimidad. “El Emc hoy es difícil de distinguir”, señala Jorge Mantilla, investigador de conflicto y crimen organizado. “Lo que yo siento que se está dando es una disputa dentro del Emc por poner nuevas reglas, por saber quién está en la paz, por saber quién predomina determinados frentes y estructuras”, dice.
Remando contra la corriente
Antes de la situación que hoy atraviesa la población firmante del Acuerdo de Paz de Miravalle, por accionar de la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, también se han visto obligados a desplazarse los integrantes de los ETCR de Yarí (La Macarena, Meta), en diciembre de 2021; Mariana Páez (La Macarena, Meta), en marzo de 2023; y Georgina Ortiz (Vista Hermosa, Meta), en julio de 2023.
Según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), otros territorios, como es el caso del ETCR de Charras (San José del Guaviare, Guaviare) y Carrizal (Remedios, Antioquia), están en riesgo de desplazamiento. En este último, la disputa se libra entre el Emc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).
Entender el accionar de estos grupos como los buenos y los malos, no es tan fácil para los expertos. Johnson resalta que, aunque hoy la Segunda Marquetalia pregone el cuidado de la población civil, por muchos años cuando tuvo el control de la zona, ese grupo usó varias estrategias para mantener el control territorial, “que no todos son directamente violentos”, explica. “El Emc está llegando a sacar a su contrincante y su aproximación es mucho más violenta”, concluye.
Inicialmente, la Segunda Marquetalia, comandada por ‘Iván Márquez’, hacía presencia en la región montañosa de Caquetá, en donde se encuentra el ETCR; sin embargo, en abril del año pasado, irrumpieron en la región tropas del Emc-Farc, comandadas por alias ‘Calarcá’ y se desató el calvario para los habitantes de la zona. Para Jhohnson una posible explicación a esa disputa pudo darse por posibles intentos de la Segunda Marquetalia de crear un corredor entre la región de El Pato con el departamento de Putumayo que implicaba chocar fácilmente con el Estado Mayor Central.
Ambos grupos se habían repartido la región evitando confrontaciones. “La división territorial era tan establecida que literalmente se definía por una tienda sobre la vía en la vereda Minas Blancas (San Vicente del Caguán)”, precisa Johnson.
Los excombatientes, ad portas del desarraigo, habían conformado el club deportivo de rafting “Remando por la Paz”, un proyecto ecoturístico que surcaba el río Pato con destreza y que acogió a más de 3.000 visitantes en la región. Esta apuesta, entre varios logros, representó a Colombia en las competencias internacionales de rafting en Australia en 2019 e Italia en 2023.
“Todos estos esfuerzos e ilusiones ahora se ven amenazados por el regreso de la confrontación a nuestra región”, señalaron en un comunicado integrantes del ETCR el 27 de junio. “Hemos quedado en medio de una absurda disputa entre las guerrillas del Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia hasta el punto del ahogo, sofocando las posibilidades de continuar nuestras operaciones turísticas y deportivas en nuestra vereda”. Como lo advierten, la posibilidad de continuar en la zona fue inviable.
Según explica Montes, la decisión que se siguió para atender el desplazamiento fue activar un ‘Puesto de Mando Unificado por la Vida’. Con la participación de varios sectores del Estado, el espacio inició el 28 de junio para trazar la ruta con la cual se reubicará a los firmantes con las garantías necesarias. “Como es población firmante, hay que garantizar dos cosas: sacarlos del territorio para cuidar la vida e integridad, y llevarlos en condiciones dignas: acceso a tierra, vivienda, productividad, sostenibilidad, servicios públicos, salud, educación”, cuenta el vocero del Partido Comunes.
Johnson, el investigador de CORE resalta que sin la población de reincorporados, eventualmente se presentarán confrontaciones más sostenidas entre ambas disidencias en la zona, hecho que agravará la situación de riesgo para las poblaciones campesinas de la zona, “especialmente en esa parte del país en donde el Emc puede sentir que la comunidad sí está más vinculada con la Segunda Marquetalia que en otras partes del país”, resalta.
Diálogos de paz
El 24 de junio se instaló formalmente en Caracas la mesa de diálogo de paz entre la Segunda Marquetalia y la delegación de paz del gobierno de Colombia, la cual, después de meses de acercamientos, tendrá su primer ciclo el 29 de junio, en cabeza de ‘Walter Mendoza’ por parte del grupo rearmado, y el jefe negociador de gobierno, Armando Novoa, para definir los protocolos de la negociación y anunciar las primeras decisiones para el desescalamiento del conflicto.
La instalación de la mesa se dio un día después del asesinato de Hermes Guerrero, miembro de la Segunda Marquetalia en Nariño, que perdió la vida en confrontaciones con la Fuerza Pública. “Es algo fatídico y hemos maltratado la confianza que hemos ido creando desde febrero con la Segunda Marquetalia”, expresó el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, durante la instalación de la mesa.
Sorprendió la aparición de Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’, en la mesa, después de las equivocadas declaraciones del gobierno que anunciaban su deceso en 2022, tras un ataque en su campamento en Apure, Venezuela. El jefe de esa disidencia, con una prótesis en su brazo derecho y dificultades de movilidad y lectura, mostró una cara del grupo desgastado: confirmó que alias ‘Jesús Santrich’, ‘Romaña’, ‘El Paisa’ y Olivio Iván Merchán habían muerto en combate en los últimos tres años y medio.
La decisión de negociar con ese grupo es un giro inesperado con la Paz Total. Según la ley que reglamenta la política de paz del gobierno Petro, sólo se iba a negociar con actores armados que tuvieran un carácter político, y con las otras estructuras que no lo tuvieran se buscaría el sometimiento. Para varios expertos, esa característica no estaba bien definida en la Segunda Marquetalia y se esperaba que el camino fuera el de someterse en los mismos términos que deberían hacerlo las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, y los grupos criminales ‘Los Chotas’, ‘Los Espartanos’ o ‘Los Pachelly’.
Sin embargo, desde febrero de 2023, el Ministerio del Interior está estudiando la posibilidad de otorgar estatus político a la estructura comandada por ‘Ivan Márquez’. “Este gobierno le dio reconocimiento político a quien quería. Hoy se ha sentado en la paz urbana con grupos de Quibdó, Barranquilla, Medellín o Buenaventura. Al final, la última palabra la tiene la Corte Constitucional y ahí sí creo que hay enormes obstáculos. Vamos a ver cuál es la estratégia del gobierno”, señaló Mantilla. (Leer más en: Carácter político, la ‘zona gris’ del proyecto de ley para someter a las bandas)
“Más allá del discurso, tiene que haber una línea política clara. En su momento, las antiguas Farc, no solamente teníamos un programa político revolucionario, sino que ese programa lo fortalecíamos a través de los plenos, conferencias y asambleas. En el caso de estas estructuras, no hemos podido evidenciar con claridad cuál es el móvil político y más aún el móvil ideológico porque no sabemos cuáles son sus planteamientos”, critica Montes del Partido Comunes.
En medio del entusiasmo de algunos sectores porque un grupo armado ilegal se sentó a negociar, surge una incertidumbre: si los otros procesos de negociación con otros actores no han llevado a desescalar el conflicto en algunas regiones del país, ¿por qué la situación será diferente?. “Lo que han hecho todos en la Paz Total es pactar con el Estado una disminución de la violencia, pero han continuado sus guerras locales, tanto el Eln, el Emc y la Segunda Marquetalia”, señala Mantilla.
Esto mismo cuestiona Montes en el piedemonte caqueteño. “En una lectura equivocada de la voluntad de paz que tiene este gobierno, estas estructuras han aprovechado los procesos de diálogo, los ceses al fuego que se han dado en el marco de estas mesas, para tratar de hacer una reconfiguración de su presencia en los territorios y eso es lo que ha llevado a que hace más de un año se vengan presentando combates y otras situaciones en la región de El Pato, El Guayabero y casi que todo el sur de país”, expresa.
Desde el 13 de marzo de 2023, el Emc mantiene una mesa de negociación con el gobierno. “En el pasado se han tratado estos temas de verificación en la mesa de diálogo con el Estado Mayor Central, pero no ha sido efectivo”, señala Johnson. Estas reiteradas acciones contra la población civil podrían minar el apoyo político de esa mesa, lo que podría reducir el margen de maniobra de negociación. “El gobierno debería sentir que no puede ser generoso con el Emc con esta dinámica de violencia sostenida en el tiempo”, explica. Sin embargo, resalta que los escándalos de desplazamiento anteriores, aunque fueron ampliamente rechazados, no significó el fin de la mesa de negociación del Emc.
“¿Por qué, si se sabe que esto ha venido pasando, no se toca más fuerte en la mesa?”, se pregunta el investigador de CORE.
Mantilla considera que para el gobierno la conversación con la Segunda Marquetalia es fundamental al ser “el mango bajito” de la Paz Total y cree que ahora se está orquestando una desmovilización expedita con la estructura de ‘Iván Márquez’. “Al final, ¿qué es lo que le puede dar la Segunda Marquetalia al gobierno? Pues lo que no le va a dar el Eln y por su puesto lo que no le va a dar el Emc”. Y eso es, explica, su desmovilización.
Según este investigador, “si hay un acuerdo de paz que pueda salir bien, es el de la Segunda Marquetalia”, y esto puede ser clave para que el gobierno avance en la negociación con otros grupos armados como los Comandos de Frontera y otros con los que las disidencias de ‘Iván Márquez’ tiene vínculos.
