Las recientes masacres de Magüí Payán y Tumaco pusieron los ojos del país sobre Nariño. Sin embargo, la situación de la zona costera del resto de departamentos que conforman esa región también es alarmante. El Eln y los ‘gaitanistas’ son las mayores amenazas, pero otros grupos más pequeños también afectan a la población civil.
El abandono estatal y las disputas por los antiguos territorios de las Farc auguran un oscuro panorama para la construcción de una paz estable y duradera en las costas de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Foto: Juan Diego Restrepo E.
Durante la implementación del acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las Farc y el cese al fuego bilateral con la guerrilla del Eln, 20 personas fueron asesinadas en dos episodios distintos en sectores rurales de Nariño. Los hechos ocurrieron con un margen de siete semanas de diferencia y ponen de presente un panorama opuesto al de una sociedad que está en tránsito de cerrar dos capítulos de guerras internas que la han desangrado durante décadas.
El primero ocurrió el 5 de octubre. Ese día llenó de luto a las familias de la vereda El Tandil, de Tumaco, que se oponían a un operativo de erradicación forzada de cultivos de hoja de coca por parte de miembros de la Fuerza Pública. La comunidad argumentaba que ese era su único sustento y alegaba que por diferentes vías expresó su voluntad de acogerse al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), el cual fue concertado entre el gobierno nacional y las Farc durante las negociaciones de La Habana, que desembocaron en la firma del Acuerdo Final que empezó a ser implementado desde diciembre del año pasado.
En circunstancias que aún están sin esclarecer, fallecieron siete de las decenas de campesinos que realizaron un cerco humanitario alrededor de las matas de coca para impedir el avance de los erradicadores. Desde un principio la comunidad señaló que de un momento a otro la Policía Antinarcóticos abrió fuego indiscriminado ocasionando el múltiple deceso, pero la versión de los uniformados es que respondieron a un ataque de supuestos disidentes de las Farc proveniente del sector en donde se encontraban los campesinos. (Ver más: Tumaco, atrapado entre la sustitución y la erradicación de cultivos ilícitos)
El segundo hecho que volvió a enlutar y a poner los ojos sobre Nariño ocurrió el pasado 23 de noviembre, cuando empezaron a circular diferentes versiones sobre una matanza indeterminada de civiles de la vereda Pueblo Nuevo, del municipio de Magüí Payán. Por la lejanía del sector y las graves condiciones seguridad, la información surgió con cuenta gotas, pero con variadas versiones: se desde habló de un combate entre guerrilleros del Eln y disidentes de las Farc, hasta un ataque indiscriminado por parte de esa guerrilla contra los habitantes del caserío que departían en una fiesta.
Once días después y por medio de un comunicado, el Eln reconoció que miembros del Frente de Guerra Suroccidental llegaron hasta la vereda “para entablar conversación” con las ‘Guerrillas Unidas del Pacífico’ (Gup), grupo conformado por excombatientes de las antiguas Farc, para “aclarar el comportamiento agresivo que tienen con las comunidades”. Según la versión de ese grupo subversivo, las Gup les dispararon primero y sus hombres se vieron obligados a defenderse, por lo que murieron diez integrantes del naciente grupo armado ilegal.
Sin embargo, otra es la versión de la Defensoría del Pueblo, que a los días siguientes logró ingresar al lugar de los hechos para brindar ayuda humanitaria y recoger testimonios de los sobrevivientes. Esa entidad del Ministerio Público afirmó que las tropas del Eln se enfrentaron a la denominada ‘Resistencia Campesina’, una célula de la disidencia del Frente 29 de las Farc, y que dos de sus jefes les dispararon, ante lo cual “los integrantes del Eln respondieron contra todas las personas, sin importar que había población civil”. También descartó la afirmación de que todas las víctimas eran integrantes de la ‘Resistencia Campesina’, pues entre ellas hay tres civiles y el representante legal del consejo comunitario Manos Amigas, Edison Ortiz Bolaños. (Ver más: Cese al fuego con el Eln, en una difícil recta final)
Más allá de la violación al cese al fuego por parte del Eln y de las contradicciones del gobierno nacional por erradicar y sustituir cultivos de coca de manera simultánea, lo acontecido en los dos últimos meses en Nariño es una muestra de las dificultades que afronta la región Pacífico para cerrar el capítulo de la guerra y garantizar la no repetición de la violencia.
A continuación, presentamos un panorama de las amenazas que enfrentan los cuatro departamentos que conforman el Andén Pacífico colombiano, producto del reacomodo y el surgimiento de nuevos grupos armados tras la desaparición de las Farc como fuerza bélica.
Chocó
El departamento de Chocó se ha convertido en el teatro de guerra más grande del país y los más afectados son las comunidades étnicas que viven en los ríos que desembocan al mar. Foto: Juan Diego Restrepo E.Este departamento ha estado encendido en los últimos años por las disputas frontales entre la guerrilla del Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), que combaten a sangre y fuego para hacerse con los territorios que históricamente controlaron las Farc. Su situación es tan delicada que cuando el gobierno nacional y el Eln acordaron una tregua de tres meses, la persistencia de las comunidades logró que se incluyera un capítulo espacial para esa región, que contempla requisitos adicionales a los que acordaron las dos partes en la mesa de negociaciones de Quito, de Ecuador. (Ver más: Con capítulo especial para Chocó, arranca cese del fuego con el Eln)
A esa situación no se llegó por capricho. En los últimos dos años el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo ha emitido sendos informes de riesgo a raíz del avance de esas dos estructuras armadas producto de la concentración y posterior dejación de armas de las Farc. En medio quedaron las comunidades que han sido víctimas de señalamientos, restricciones de movilidad, desplazamientos forzados, confinamientos y asesinatos.
En uno de sus informes sobre la subregión del Baudó, fechado el 11 marzo de este año, el SAT estableció que, tras el inicio de los diálogos de La Habana, las Agc empezaron a expandirse hacia el sur del Bajo Baudó, sobre las cuencas de los ríos Docampadó, Sivirú e Ijúa, antiguamente controladas por los frentes 30 y 57 de las Farc; mientas que el Eln, proveniente del Alto Baudó y del norte del Bajo Baudó, ingresó “sin mayores dificultades a las áreas cedidas por las FARC EP, lo que hizo suponer el establecimiento de algún tipo de acuerdo referido al relevo de poderes armados entre las guerrillas en la zona, como mecanismo de defensa y control territorial ante la inminente avanzada” de las Agc. (Ver más: La guerra que se cocina lentamente en el Chocó y Guerra entre ‘gaitanistas’ y Eln, sin tregua en Chocó)
El SAT encontró que tras la emisión de la Directiva 15 del Ministerio de Defensa, que dio vía libre para que la Fuerza Pública combata con toda su capacidad a las antiguas bandas criminales que pasaron a ser denominadas como Grupos Armados Organizados (GAO), las Agc empezaron a ocupar los territorios de las comunidades para usarlas como escudos y evitar bombardeos, acción calificada como “una grave infracción al principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario ya que expone a la población civil a un alto nivel de riesgo al ser interpuesta en la confrontación armada; también desconoce los derechos a la autonomía y gobierno propio de las comunidades étnicas”.
Esta situación ha mermado gracias al cese al fuego que acordó el Eln en Quito, pero en la región señalan que ese grupo subversivo lo está cumpliendo parcialmente porque sigue presionando a las comunidades. “Lo respeta a medias. La comunidad les exigió que firmaran el acuerdo humanitario ya por el departamento de Chocó. Las palabras fueron muy bonitas y la presentación en público muy interesante, pero en la práctica el Eln sigue presionando a las comunidades y amenazando a la gente; en pleno cese mataron a un gobernador indígena”, cuenta un líder social que pidió la reserva de identidad. (Ver más: Eln, responsable de asesinato de líder indígena en Chocó)
Y agregó: “Hace menos de un mes tuvieron una confrontación y señalaron que fue contra paramilitares, pero la gente dice que eran de personas de las comunidades. A mi juicio no hay un cumplimiento total porque están haciendo una presión social muy fuerte en los territorios; están haciendo reuniones con la gente, diciéndoles que todavía están armados y que no saben cómo va a terminar el proceso. El frente más belicoso del Eln está en Chocó”.
Pero los riesgos no sólo en están en la región de Baudó, puesto que antes del cese bilateral, en el municipio de Riosucio también ocurrieron combates entre el Eln y las Agc (también conocidas como Clan del Golfo o Los Urabeños) al interior de los territorios colectivos de las comunidades étnicas. Los principales afectados fueron los consejos comunitarios La Nueva, Clavellino, Dos Bocas, Boscas de Taparal, Truandó Medio y Quiparadó; y los resguardos Río Quiparadó, Jagual Chuntado y Peña Blanca.
Otro municipio afectado por los efectos de la transición hacia la paz es El Litoral de San Juan, que limita al sur con Buenaventura, Valle del Cauca. A la disputa entre las Agc y el Eln surgidas tras los diálogos de La Habana, se suma La Empresa, una banda criminal asentada en el puerto bonaerense, que también pretende lograr control social y territorial, como la advirtió el SAT el pasado 30 de marzo: “la mayoría de las comunidades afrocolombianas y pueblos indígenas de este municipio se encuentran en situación de confinamiento, ya que existe una alta probabilidad de confrontación armada, debido a las incursiones regulares de estos grupos armados ilegales y por las recurrentes operaciones por parte de la Fuerza Pública contra el ELN en los territorios ancestrales”.
Valle del Cauca
En 2014 Buenaventura fue militarizada por la inusitada ola de violencia causada por ‘Los Urabeños’ y ‘La Empresa’. Foto: archivo Semana.Desde hace cinco años el puerto de Buenaventura ha sido disputado por grupos armados que surgieron tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ocurrida entre 2003 y 2006. Tras la desaparición del Bloque Calima, que expulsó a las Farc del casco urbano, nuevos grupos, auspiciados por ‘Los Rastrojos’ y Agc que para ese entonces eran conocidas como ‘Los Urabeños’. En ese único municipio costero del departamento se dio una guerra que lo llenó de muertos y desplazados. (Ver más: La pugna detrás de los desplazamientos de Buenaventura)
Hoy en día están consolidados La Empresa, que tuvo su origen en ‘Los Rastrojos’, y las Agc, que controlan el microtráfico de drogas y las extorsiones. Sin embargo, recientemente empezó a escucharse el nombre de ‘Gente del Orden’, que nació de exmilicianos y disidentes de las Farc en Tumaco. (Ver más: En Tumaco se disputan el poder que dejan las Farc)
Al respecto, el SAT alertó a mediados del pasado mes sobre la posible incursión de ese grupo armado, señalando que se desconoce si ese grupo tiene relación con los disidentes de Tumaco y que “ha conminado a los jóvenes que han prestado el servicio militar para que hagan parte del grupo, ofreciendo un millón de pesos como pago por sus servicios”.
Un líder bonaerense, que pidió la reserva de su identidad, señaló que, aunque las Agc tienen control sobre la isla y La Empresa sobre la zona continental, en Buenaventura también hay otros actores y es difícil identificarlos: “Lo hemos escuchado en varias discusiones y reuniones (el nombre de la ‘Gente del Orden’), pero lo que memos nos importa es la chapa del grupo porque eso está perdiendo importancia en lo local, ya que el actor armado hace presencia sin importar al grupo que pertenezca”.
En la zona rural también hay afectaciones por parte de las Agc y de La Empresa, pero a la ecuación se suman el Eln y las ofensivas de la Fuerza Pública, que han causado múltiples desplazamientos forzados en los últimos meses.
Sobre ese punto, el SAT de la Defensoría del Pueblo advirtió que “los avances del proceso de paz y el repliegue de la guerrilla de la FARC EP, propiciaron la alianza entre dos de los actores armados ilegales que se disputaban el casco urbano del Puerto de Buenaventura, reconocidos como La Empresa y los Urabeños (ahora reconocidos como AGC), que implica compartir el control del territorio, la población y las rutas geoestratégicas del narcotráfico. Hay presencia de las AGC y La Empresa en el municipio Litoral del San Juan, en el casco urbano de Buenaventura y en la zona rural, específicamente en el corredor hacia el Bajo Calima y el Bajo San Juan entre los departamentos del Valle y Chocó”.
En su informe del pasado 30 de marzo, el SAT señaló que crecimiento de ‘La Empresa’ se dio a la par de los avances del proceso de paz con las Farc, y alerta que se convirtió en un factor de riesgo para el vecino departamento de Chocó y su municipio de El Litoral de San Juan, a raíz de su presunto ingreso al servicio del narcotráfico.
Por otro lado, también han surgido versiones de que las ‘Guerrilla Unidas del Pacífico’, que también nacieron en Tumaco con excombatientes de las Farc, estarían haciendo presencia en límites de Buenaventura, especialmente en la zona rural del municipio caucano de Buenos Aires, en donde hace 16 años los paramilitares del Bloque Calima cometieron la masacre del Naya.
Con la aparente presencia de las ‘Guerrillas Unidas del Pacífico’ y de la ‘Gente del Orden’ queda abierto el gran interrogante de si esos grupos ya emprendieron un proceso de expansión desde Tumaco y llegaron hasta Buenaventura, o si están dándole la ‘franquicia’ de su nombre a bandas locales, como lo han hecho los ‘gaitanistas’ a lo largo y ancho del país. La Defensoría del Pueblo le pidió recientemente a la Fiscalía que aclare esa situación lo más pronto posible y a demás entidades del estatales que tomen las medidas necesarias para evitar nuevas afectaciones a la población civil.
Cauca
Tras la salida de las Farc, en ese departamento han desfilado brazaletes y circulado panfletos de diferentes grupos armados. Estos van desde disidentes de las Farc hasta supuestos integrantes del Epl, los cuales sólo tienen presencia en la región del Catatumbo, en el otro extremo del país. Foto: cortesía.
En este departamento, uno de los mayores afectados por el accionar de las Farc durante décadas, diferentes grupos armados han intentado ocupar sus antiguos territorios. Algunos de ellos están conformados por excombatientes de la desaparecida guerrilla que hoy en día se convirtió en partido político tras dejar las armas, pero han utilizado diferentes brazaletes para identificarse.
Un investigador que conoce en detalle la situación de orden público de la región, y que pidió mantener en reserva su identidad, explica que a los territorios que hasta hace poco dominaron las Farc empezaron a aparecer personas que se identificaban como miembros del Eln a los que las comunidades reconocían como milicianos de las Farc, y que posteriormente, tras el inicio del cese al fuego acordado en Quito, esos mismo hombres pasaron a identificarse como disidentes y miembros de las ‘Guerrillas Unidas del Pacífico’.
Asimismo, señala que no se acogieron al proceso de paz y siguen controlando el narcotráfico y la minería ilegal, pero que el mayor riesgo en el Pacífico caucano es la nula presencia institucional: “No hay presencia ni siquiera de la Fuerza Pública. No hay control específico por las rutas que son las zonas de río, por lo cual se sigue marcando esta problemática en el sentido de que son grupos armados los que controlan la zona”.
Contrario a lo que sucedió con las comunidades indígenas del norte del Cauca, que expulsaron de sus territorios a los hombres armados que se identificaron como integrantes del Epl, especialmente en Toribío, el municipio más afectado del país por las tomas y hostigamientos de las Farc, en el Pacífico han tenido que aguantar la presencia de los excombatientes de esa guerrilla.
“La gente de una u otra forma ha tenido que soportar la presencia de estos grupos armados porque imponen unas medidas de facto que les ha dado algún tipo de seguridad o control de alguna situación; es una seguridad a medias porque son exmiembros de las Farc que el Ejército ni sabe si vincularon al proceso de paz y son desertores, o si se retiraron desde el principio y no participaron en el proceso de paz. Lo cierto es que eran de las Farc porque la gente los reconoce”, explica el investigador.
En este departamento también han aparecido dos actores armados que no existían antes del proceso de paz: las llamadas ‘Guerrillas Unidas del’ y el cartel mexicano de Sinaloa. En la región circulan versiones de que hay enlaces en las zonas rurales de Gaupi, Timbiquí y López de Micay para coordinar el envío de drogas hacia Centroamérica.
Por otro lado, el primer conocimiento que se tuvo en el departamento sobre las ‘Guerrillas Unidas del Pacífico’ fue en los límites con Buenaventura. “Las comunidades indígenas señalan que eran los mismos de las Farc, pareciera que fuera una retaguardia que hayan establecido algunos mandos medios disidentes que no se acogieron al Acuerdo Final”, plantea la fuente.
Además, de esos dos actores ilegales, Eduardo Álvarez, director del Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), precisa que en la costa caucana también hay presencia de un grupo disidente del Eln que se identifica como ‘Los Guevaristas’, que se ha mezclado con delincuentes comunes y controla la explotación de minería de oro de aluvión.
Aunque la Defensoría del Pueblo no ha emitido recientemente informes de riesgo sobre los tres municipios del Pacífico de Cauca, sí lo ha hecho sobre algunos municipios del centro y del norte del departamento que funcionan como corredores por donde se envían drogas hacia las costas.
El pasado 21 de abril el SAT advirtió que se encuentran en “situación de riesgo se encuentran los defensores y defensoras de derechos humanos que integran juntas de acción comunal, organizaciones campesinas, cabildos y gobiernos propios de resguardos indígenas y consejos comunitarios que vienen siendo objeto de ataques recurrentes contra ellos y los procesos que lideran” de los municipios de Patía, El Tambo y Argelia.
Y sobre los municipios de Jambaló, Toribío y Caldono, el 6 de junio señaló que en las zonas en que hacían presencia las Farc se han conformado grupos armados disidentes que no se han acogido al Acuerdo Final, que se hacen nombrar bajo el apelativo ‘Patria Libre’ o ‘Patria Grande’. En el norte de Cauca la FIP ha identificado cinco grupos disidentes del Sexto Frente y otro del Frente 13; y en Guapi uno del Frente 29. (Ver más: La no repetición de la violencia se ve distante)
Nariño
Tras consumar la masacre de 13 personas en la vereda Pueblo Nuevo, en Magüí Payán, las unidades del Eln izaron esa bandera, demostrando que, a pesar de estar en medio de una negociación de paz, siguen empleando lógicas de guerra para lograr control territorial por medio del terror y las armas. Foto: cortesía.Por diferentes motivos, este departamento, en especial el municipio de Tumaco, que funciona como puerto y se encuentra en los límites con Ecuador, ha sido protagonista en el primer año de la implementación del Acuerdo Final alcanzado con las Farc, pero no por razones positivas.
De los municipios que acogieron las zonas de concentración donde las Farc dejaron las armas, tal como lo indican documentos y voces de otros departamentos, están surgiendo nuevas amenazas que, en parte, desestabilizan la implementación del acuerdo de paz y que está aportando nuevos ciclos de violencia. Hasta el momento, en el país han surgido claros grupos disidentes o residuales de las Farc -como los denomina el gobierno nacional- en dos regiones: los Llanos Orientales y el Pacífico nariñense.
Álvarez, de la FIP, centro de pensamiento que desde hace varios años estudia las dinámicas del Tumaco, indica que las disidencias del Frente 29 y de la Columna Daniel Aldana se concentraron en las zonas veredales de Policarpa y Tumaco, respectivamente, tienen marcadas diferencias a pesar de su origen subversivo.
Sobre la disidencia de la Daniel Aldana, este investigador explica que tiene un comportamiento más predatorio hacia los territorios y sus comunidades porque gran parte de sus hombres fueron milicias y redes de apoyo que las Farc le cooptó a ‘Los Rastrojos’ cuando le ganó la guerra que sostuvieron en 2012: “No toda la Daniel Aldana era de ‘Los Rastrojos’, pero gran parte sí, y justamente ese grupo de más de 300 personas, fue expulsados por las Farc de la Zona Veredal de Tumaco, y eran las personas que tenían todos los contactos y las redes financieras en los espacios urbanos y rurales de Tumaco. Para ellos fue muy fácil reorganizarse”.
De allí surgieron las denominadas ‘Guerrillas Unidas del Pacífico’ (entre enero y abril de este año), que están comandadas por alias ‘David’, y que empezaron a ser combatidas por disidentes del Frente 29 que abandonaron la Zona Veredal de Policarpa que conformaron las ‘Guerrillas Unidas del Sur’ bajo el mando de alias ‘Guacho’. Estas últimas se identifican más con la disciplina ‘fariana’ y buscan tener control de negocios ilícitos a la par de ascendencia sobre la población civil.
Según cuentan en la región, tras el ingreso de ‘Guacho’ se formaron fronteras invisibles en los numerosos barrios de Tumaco y los asesinatos se dispararon; otras personas, con mucho temor, dicen que se han instalado algunas ‘casas de pique’ en los barrios Cristo Rey y Unión Victoria; y una nueva modalidad criminal se ha visto en las últimas semanas, la de ataques con granadas, que son lanzadas desde lanchas rápidas a sectores barriales de bajamar. (Ver más: Continúa preocupación por la violencia en Tumaco)
A ese complejo entramado de disputas por rentas ilícitas y control territorial entre antiguos combatientes de las Farc, se suman la presencia del Eln, de las Agc y de narcotraficantes como alias ‘Cachi’, quien fue señalado de amenazar a las comunidades de la región de Alto Mira y Frontera para que se opusieran a los operativos de erradicación de coca que derivaron en la masacre de El Tandil. Además de esos grupos, en Policarpa surgieron otras tres disidencias y algunas se abastecieron con armas encaletadas de las Farc que no pudieron ser extraídas a tiempo por la Misión de la ONU. (Ver más: ¿La implementación del Acuerdo Final hace agua en Policarpa?)
En medio de explosivo ‘coctel’, que fue agitado fuertemente por la masacre de Magüí Payán que involucró al Eln y a disidentes de las Farc, Álvarez advierte que “lo preocupante es que en medio de la implementación del proceso de paz y a pesar de haber un tema de garantías de seguridad en el Acuerdo Final, la población civil está totalmente desprotegida y no hay control territorial por parte del Estado; no hay una estrategia de seguridad rural y el gobierno nacional tiene que aceptar que hay zonas que no controla y que están en disputa o en control de otros grupos armados que continuaron a pesar de desarme de las Farc”.
