Un grupo de ONG decidió emprender acciones legales contra la Representante a la Cámara tras las declaraciones en un debate de tierras en el Congreso.
María Fernanda Cabal, representante a la Cámara por el Centro Democrático. Foto: archivo Semana.
“Las palabras de la señora (María Fernanda) Cabal contra nosotros, aumentaron el nivel de riesgo contra varios de nuestros líderes sobre los cuales ya existían amenazas previas”, señaló José Ángel Palomeque, presidente de la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (Ascoba), tras explicar los efectos que ha generado en el Bajo Atrato chocoano las afirmaciones hechas por la representante a la Cámarapor el Centro Democrático, durante un debate de tierras que tuvo lugar en el Congreso de la República, el pasado 15 de septiembre.
Aquel día, la legisladora lanzó duras acusaciones contra Ascoba y otras reconocidas organizaciones no gubernamentales, a quienes tildó, entre otras, de estar instrumentalizadas por la guerrilla de las Farc. Las reacciones al respecto no se han hecho esperar. La semana pasada, Ascoba hizo público un comunicado donde manifiesta su rechazo a las aseveraciones de Cabal, al tiempo que estudian la posibilidad de entablar demanda contra la representante a la Cámara. “Y estamos viendo la posibilidad de pedir que nos den un espacio en el Congreso para plantear el debate como se debe y no de esta manera”, aseguró Palomeque.
Quien ya emprendió acción legal contra la representante a la Cámara fue Gerardo Vega, representante legal de la Fundación Forjando Futuros, organización no gubernamental que acompaña y asesora legalmente a víctimas del despojo de tierra en el Urabá antioqueño. En efecto, el pasado 23 de septiembre, Vega radicó demanda en su contra ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, tras considerar como injuriosas y calumniosas sus afirmaciones durante el debate ya mencionado.
De acuerdo con el representante legal de Forjando Futuros, estos señalamientos se suman a otra serie de falsas acusaciones lanzadas en su contra en anteriores ocasiones, tanto por la propia Cabal como por su esposo, José Félix Lafourie, actual presidente de Fedegan, razón por la cual pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar a Lafourie pues considera que: “dichos señalamientos ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas que trabajan en la Fundación Forjando Futuros”.
Una aplanadora de despojo
Río Atrato .Foto: archivo Semana.
Pero, ¿qué fue lo que manifestó María Fernanda Cabal durante el debate del 15 de septiembre que despertó la indignación de las organizaciones? Ese día, la representante nuevamente se fue “lanza en ristre” contra la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras a la que calificó como “una aplanadora de despojo que viola el debido proceso y vulnera el principio de buena fe y la presunción de inocencia”.
Además de cuestionar los procedimientos empleados por la Unidad de Restitución de Tierras para la construcción de los casos, la legisladora acusó a Ascoba y a la Fundación Forjando Futuros, de ser las responsables de la compleja problemática que actualmente se vive en regiones como Macondo (Turbo) y el territorio colectivo de la Larga Tumaradó (Riosucio, Chocó).
“Ellos son los responsables de las invasiones que se están realizando allá, invasiones que realizan con mucha violencia”, señaló Cabal en su intervención. Como se recordará, desde finales de 2014 cientos de campesinos que alegan ser desplazados y posteriormente despojados de estas tierras, decidieron regresar a lo que reclaman como suyo bajo su propio riesgo y sin que medie decisión judicial alguna.
Mientras las organizaciones que acompañan a estos campesinos manifiestan que se trata de “retornos sin acompañamiento del Estado”, autoridades locales los catalogan de invasores. Por cuenta de este hecho, la región vive una tensa situación de orden público, registrando incluso agresiones físicas, amenazas eintimidaciones armadas.
La disputa por la tierra en Macondo: una realidad que trasciende la ficción
Pero no solo eso. Durante el debate, la representante a la Cámara acusó a Ascoba de impedir la organización de campesinos que reclaman tierras en consejos comunitarios bajo la figura de acción comunal y vinculó a sus miembros con la guerrilla de las Farc. Así mismo, señaló al presidente del consejo Comunitario de la Larga-Tumaradó, Borlin Valencia, de “presionar a los campesinos que reclaman tierras en este consejo comunitario para que voten por su hermano, quien es candidato a la Alcaldía de Riosucio”.
Campesinos y afros se enfrentan por la tierra en Riosucio, Chocó
También criticó los contratos que ha suscrito la Fundación Forjando Futuros con La Unidad de Restitución de Tierras (URT) para la elaboración de los contextos históricos, pieza fundamental durante la etapa de juicio. “La URT contrató con Carmen Palencia y el señor Gerardo Vega, que despojaron a sangre y fuego cuando eran miembros del Epl, millonarios contratos con objetos difíciles de cumplir. (…) yo pregunto: ¿por qué la Unidad no utiliza las fuentes del mismo Estado?”.
“Habla desde el desconocimiento”
Gerardo Vega, representante legal de la Fundación Forjando Futuros. Foto: archivo Semana.
“Además de ponernos en riesgo, también evidencia que no conoce la Ley 70”, respondió José Ángel Palomeque a los cuestionamientos de la representante a la Cámara, explicando que “en los territorios colectivos los mestizos tienen que someterse a la figura del consejo comunitario, no se pueden crear acciones comunales. La Ley 70 nos otorga la autoridad sobre el territorio, que además es imprescriptible, inalienable e inembargable”.
“Además, en sus palabras es claro que está a favor de los empresarios acusados de despojo en estos territorios”, agregó Palomeque. No se trata de un detalle menor. En la Unidad de Restitución de Tierras de Apartadó reposan cientos de solicitudes de reclamación instauradas por familias campesinas que alegan haber llegado a los territorios colectivos a mediados de los años 80 y posteriormente desplazados por los paramilitares finalizando los noventa.
Hoy, esas tierras hacen parte de extensas plantaciones de palma africana o conforman grandes haciendas ganaderas cuya propiedad recae en reconocidos terratenientes, varios de ellos acusados de tener estrechos vínculos con exjefes paramilitares. El lío radica en que, con la expedición de la Ley 70, en 1993, y la creación de los consejos comunitarios, a principios de la década de 2000, no se pueden hacer restituciones individuales sino que estas deberán hacerse a nombre del consejo comunitario quien a su vez, restituirá a los “mestizos” reclamantes.
Visto en perspectiva, lo anterior le confiere un papel determinante en la redistribución de la tierra al interior de sus territorios, a estas figuras de gobierno autónomo de comunidades negras.
“Y claro, lo que ha pasado desde aquel día es que algunos de los terratenientes que están en nuestros territorios, acusados de despojar tierras, nos insultan e intimidan diciendo que ya tiene a mucha gente a su favor y que la van a emprender contra nosotros”, manifestó por su parte, Borlin Valencia, presidente del Consejo Comunitario de La Larga-Tumaradó, quien de paso rechazó los señalamientos de la representante a la Cámara: “nunca he tenido un hermano, ni antes ni ahora, que haya o esté aspirando a la Alcaldía de Riosucio (Chocó). Eso es una mentira”.
Según Valencia y Palomeque, también es mentira que organizaciones como Ascoba tengan vínculos con la guerrilla de las Farc. Ambos líderes recordaron que allí, en los vastos territorios colectivos de comunidades negras asentadas en las cuencas de los ríos chocoanos, se han movido todos los actores del conflicto armado. Sus tierras han sido escenarios de férreos combates entre Farc, paramilitares y Ejército. Y que resistir a los intereses particulares de cada grupo armado les ha costado la muerte de varios de sus compañeros.
Lo que deja claro todo lo anterior es que el debate político entre sectores críticos a la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y las organizaciones no gubernamentales defensoras del articulado ya está pasando de “castaño a oscuro”. Ya comenzaron a advertirse las primeras acciones legales y todo indica que no serán las últimas.
