La arremetida de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, la presunta llegada de los ‘Caparrapos’, la consolidación de una disidencia del Frente 36 y el aumento del microtráfico, actividad controlada por mafias provenientes de Medellín, tienen hoy sumidos en la zozobra y el pesimismo a los habitantes de este municipio del norte de Antioquia, quienes esperaban que el acuerdo con las Farc les cambiara la vida positivamente.
Escondido en medio de una tupida cadena de montañas se encuentra el corregimiento Santa Rita, habitado por poco más de dos mil personas en su centro poblado y unos cinco mil más regadas por sus 28 veredas. En tiempos de buen sol, la trocha que lo separa del casco urbano se puede recorrer en cuatro horas, pero cuando las lluvias arrecian, el tiempo del viaje puede extenderse dos, tres o cuatro horas más.
Parece un caserío perdido en la inmensidad de la cordillera Occidental, pero en realidad todo queda relativamente cerca de allí: basta una jornada completa caminando entre el monte para llegar a Tarazá; una jornada similar para llegar a Briceño y en jornada y media se llega al corregimiento El Aro y de ahí a Valdivia. En pocas palabras, un pueblo geográficamente bien ubicado.
En Colombia, los municipios que cuentan con dichas bondades de conectividad terminaron siendo objeto de disputa por parte de todos los grupos armados ilegales. Santa Rita no fue la excepción. Dos décadas atrás, el Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) incursionó en este corregimiento con la intención de arrebatarle a la otrora guerrilla de las Farc un dominio hegemónico que construyó a punta de fusil y doctrina desde su llegada a la región, a principios de la década de los ochenta.
La arremetida paramilitar dejó a su paso veredas enteras incineradas, miles de cabezas de ganado robadas, labriegos asesinados acusados de colaborar con la causa guerrillera y otros cientos más que abandonaron sus tierras para huir de la confrontación. Las Farc respondieron a la barbarie con más barbarie. Al final, la balanza de la guerra terminó inclinándose a favor de la insurgencia, que logró expulsar a las huestes paramilitares del corregimiento y erigirse como ‘autoridad’ y ‘ley’ ante las comunidades campesinas. Fueron tiempos violentos que muchos creían enterrados en el pasado.
Pero el miedo colectivo que genera la guerra volvió a despertar el pasado 28 de febrero, cuando unas 91 personas (25 familias) provenientes de las veredas La Ciénaga, Sanjuanillo y La Soledad llegaron al centro poblado de Santa Rita cargando consigo algo de ropa y con la incertidumbre creciente por saber dónde pasarían esa noche y quizás las siguientes. Según contaron los labriegos al Inspector de Policía del lugar, días antes, un piquete de hombres armados les dijo que se tenían que ir porque la cosa se iba poner fea.
Nadie se atrevió a denunciar quién fue el responsable de los desplazamientos forzados. Quizá tampoco lo tengan claro pues, como dijo una habitante del centro poblado consultada por VerdadAbierta.com, “antes uno sabía que estaban las Farc y muchos años antes los ‘paras’. Pero ahora uno ve una cantidad de gente armada moviéndose por el monte y uno no sabe quiénes son. Eso da mucho miedo, la gente está llena de miedo”.
Se teme que la cifra de desplazados sea aún mayor pues, tal como declararon varias de las familias expulsadas, hubo quienes decidieron marchar directamente hacia el casco urbano de Ituango o al corregimiento La Granja. Hasta ahora la sede de la Junta de Acción Comunal de Santa Rita ha servido como “centro de mando” donde se recepcionan y entregan toda clase de ayudas humanitarias, como frazadas, colchonetas y mercados.
No es claro hasta cuándo se extenderá esta situación pues la posibilidad de retorno no se ve cercana; por el contrario, la amenaza inminente de desplazamiento forzado se ha extendido a veredas como La Esperanza, Quebradona, La América y San Román; también a las comunidades indígenas de Jaidukamá y San Román del resguardo indígena Jaidukamá, a varios días de camino desde el corregimiento La Granja, según denunció la Organización Indígena de Antioquia el pasado 2 de marzo.
¿’Caparrapos’ en Ituango?
La última vez que los campesinos de Ituango debieron abandonar masivamente sus viviendas porque un grupo armado se los ordenará o porque la intensidad del conflicto armado los obligara fue en octubre de 2011. En esa ocasión, la extinta guerrilla de las Farc obligó el éxodo forzado de cientos de campesinos, tanto de las veredas como del centro poblado de Santa Rita, para evitar así la aspersión aérea de los cultivos de hoja de coca para uso ilícito que por aquel entonces florecían en la región.
En Santa Rita, así como en Ituango y en todo el norte de Antioquia, creían que con la firma del Acuerdo de Paz con las Farc los desplazamientos forzados, los enfrentamientos entre grupos armados, los asesinatos serían cosa del pasado, que el miedo cultivado por años y años de atrocidades pronto le daría paso a la esperanza. Pero viene sucediendo todo lo contrario: la guerra se está reactivando con toda su furia sin que se tenga absoluta certeza de quiénes son los protagonistas y los antagonistas de esta nueva historia de violencia.
En enero de 2017, pocos días después de que los guerrilleros del Frente 18, que fueron autoridad civil, militar y ambiental en todo Ituango, salieron de sus retaguardias para concentrarse en la vereda Santa Lucía, los pobladores de los corregimientos Santa Rita y La Granja recibieron una visita inesperada.
Se trató de varios hombres que se movilizaban en camionetas de alta gama y que dijeron ser miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por el gobierno nacional ‘Clan del Golfo’. En los centros poblados convocaron a los líderes más representativos. “Dijeron que no veían para atropellar a la comunidad, que ellos solamente venían a controlar la coca y que, si nadie se metía con ellos, pues ellos no se metían con nadie”, le contó a VerdadAbierta.com una habitante de Santa Rita. (Ver más en: Los ‘gaitanistas’: ¿detrás del fortín de las Farc en Ituango?)
En este corregimiento, por lo menos el 90 por ciento de los campesinos subsiste de los cultivos ilícitos. Nadie recuerda quién llevó las primeras matas, pero todos coinciden en señalar que fue en los primeros años de la década del 2000 cuando la hoja de coca se regó como maleza por esta región. Varios campesinos consultados por VerdadAbierta.com manifestaron que los cultivos se marchitaron por cuenta de una plaga hasta ahora desconocida, pero que estos vienen siendo rápidamente reemplazados e, incluso, se teme que aumenten las hectáreas sembradas.
Hasta hace un par de años la producción y venta de pasta base de coca (insumo para el clorhidrato de cocaína) era regulada por las Farc. Pero tras su salida del escenario bélico, dicha regulación fue asumida por los ‘gaitanistas’, quienes, desde los primeros meses del año pasado, mantienen gente apostada en el centro poblado de Santa Rita para comercializar la pasta, vigilar la entrada y salida de extraños, evitar el ingreso de ‘piratas’ (personas que negocian pasta base por cuenta propia) y cobrar las extorsiones que le impusieron al comercio: los billares, las cafeterías, las tiendas de abarrotes y de insumos agrícolas y los almacenes donde venden ropa y calzado deben pagar entre 100 mil y 150 mil pesos mensuales.
Todo lo anterior ocurre en la única calle del corregimiento, donde, además, se encuentra la Subestación de Policía de Santa Rita. “Los compradores son muchachos, algunos del pueblo. Pero hay otra gente que no es aquí, que llegaron hace poco. Siempre están ahí”, manifestó una fuente consultada por VerdadAbierta.com.
Este portal se comunicó con el comandante del Departamento de Policía Antioquia, coronel Carlos Mauricio Sierra, para hablar de este tema, pero hasta el cierre de este artículo no atendió las llamadas.
Hasta el momento, los pobladores identificaban la “nueva fuerza armada” como ‘gaitanistas’ o ‘Clan del Golfo’. Sin embargo, la reciente circulación de un panfleto en las montañas de Tarazá, justo en las goteras de Santa Rita, firmado por un grupo armado ilegal que se identifica como ‘Frente Virgilio Peralta Arenas de las Autodefensas Campesinas’, mediante el cual declararon objetivo militar a todo aquel que brinde ayuda o colaboración a los integrantes del ‘Clan del Golfo’, enrareció aún más el ambiente.
Para muchos en Ituango el nombre de Virgilio Peralta Arenas no les dice mucho. Caso contrario para los habitantes de los corregimientos La Caucana, Guaimaro y Puerto Antioquia, de Tarazá, quienes recuerdan que ese era el nombre de pila de ‘Víctor Caparrapo’, integrante del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y quien llegó a ser hombre de confianza de Ramiro ‘Cuco’ Vanoy, máximo comandante de esta estructura paramilitar.
Su apodo obedeció a que era oriundo de Caparrapí, Cundinamarca, tal como su jefe y un número considerable de exparamilitares que integraron los bloques de las Auc en el Bajo Cauca antioqueño, entre ellos Germán Bustos Alarcón, alias ‘Puma’; José Horacio Osorio, alias ‘67’, Vinicio Virgüéz Mahecha, alias ‘JJ’, por citar solo algunos.
Si bien el Bloque Mineros se acogió a los acuerdos de desarme y desmovilización firmados en 2002 por los altos mandos de las AUC con el gobierno nacional, varios de estos hombres continuaron en armas y hoy integran los nuevos grupos armados organizados. Uno de estos grupos es el Frente Virgilio Peralta Arenas, nombre con el que se autodenomina la estructura armada conocida como ‘Caparrapos’, quienes libran una guerra sin cuartel con otros frentes ‘gaitanistas’ como el Julio César Vargas y el Francisco Morelo Peralta en municipios como Cáceres, Caucasia y Tarazá.
Para los pobladores de Santa Rita, la noticia de un panfleto circulando a pocas horas de allí incrementó la zozobra, pues temen que la guerra que se libra en las tierras vecinas del Bajo Cauca se haya trasladado a este municipio. ¿Qué tan real puede ser esta amenaza? Recientemente, el Proceso Social de Garantías, plataforma que aglutina diversas organizaciones de derechos humanos, denunció que durante los primeros días de marzo se presentaron combates entre ‘Caparrapos’ y ‘gaitanistas’ en parajes como Cañón de Iglesia y El Embaretado, justo en los límites con este corregimiento.
Por su parte, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, Regional Antioquia, consultados por este portal señalaron haber recibido información que apunta a la responsabilidad de los ‘Caparrapos’ en el desplazamiento que tuvo lugar recientemente en Santa Rita.
Disidentes y peligrosos
El Frente 36 fue uno de los más activos y beligerantes del extinto Bloque Iván Ríos o Noroccidental de las Farc. Sus integrantes lograron convertir en un fortín prácticamente inexpugnable un cordón montañoso que va desde el Norte de Antioquia (Briceño, Toledo, Ituango, San Andrés de Cuerquia), pasa por el Bajo Cauca (Tarazá, El Bagre y Zaragoza) hasta llegar al Nordeste del departamento (Amalfi y Anorí).
Mientras estuvo en armas ejecutó decenas de ataques dinamiteros contra la infraestructura eléctrica en el Norte de Antioquia; controló los cultivos ilícitos diseminados a lo largo del Bajo Cauca e impuso cobros extorsivos a la pequeña y mediana minería del Nordeste. Fue, sin duda, uno de los bloques que más rentas generó para la extinta guerrilla de las Farc. Buena parte de su fortaleza militar radicaba en la experticia de sus miembros en la fabricación y utilización de toda clase de artefactos explosivos, entre ellos las temidas minas antipersona. (Leer más en: Con el desminado Briceño volverá a nacer)
Eso y que sus miembros eran oriundos de la región. Tal es el caso de un hombre al que sólo se conoce con el alias ‘Cabuyo’, quien integró esta unidad guerrillera por cerca de 10 años y hoy es señalado por las autoridades civiles y de Policía de liderar una disidencia que se denominada, precisamente, ‘Frente 36 de las Farc-Ep’, que ya comenzó a dejar huella de su accionar en Ituango.
Según pudo establecer VerdadAbierta.com, se trata de un combatiente experto en el manejo de explosivos y en la fabricación de minas antipersona. Por cuenta de este conocimiento, las Farc lo llamaron a participar en el desminado humanitario que adelantaron junto con la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal de la Presidencia de la República y la organización noruega Ayuda Popular en la vereda El Orejón, de Briceño, entre 2015 y 2016.
En Ituango, alias ‘Cabuyo’ ya comienza a ser parte de las historias que se cuentan en las cafeterías y tertuliaderos: “que los paramilitares le mataron toda la familia y por eso se metió a la guerrilla y que prometió acabar con todo lo que huela a paramilitarismo”, se dice con insistencia. Nadie sabe por qué terminó en este pueblo si su accionar siempre fue en Briceño.
Sobre lo que no hay duda es en su responsabilidad en los recientes combates que se presentaron en veredas como Palo Blanco y Chontaduro, que dejaron dos personas muertas y otras dos heridas. Tampoco en la muerte de una niña de tres años de edad, víctima de un ataque con granada a una vivienda del sector ‘cuatro esquinas’ casco urbano, donde presuntamente vivía un comandante de las Agc conocido como ‘Shaquiro’.
Tampoco queda duda de su responsabilidad en los cobros extorsivos que está imponiendo a todo el comercio formal del casco urbano. VerdadAbierta.com pudo constatar cómo a los comerciantes del pueblo les están exigiendo pagos de 10, 15 y hasta 20 millones de pesos. “Llama alguien que dice pertenecer al Frente 36. Te dice que tienes que bajar a la vereda El Río. Te pide una suma exorbitante. A mí me pidieron 15 millones. Te dice que se trata de un pago único, que no es negociable, que si no pagas pues te puede ir mal”, narró un comerciante local.
Claro está que tiene razones para ello: “Hubo un comerciante que se atrevió a denunciar ante la Policía. Y a las pocas horas, la disidencia ya sabía quién los había denunciado. ¡El señor se tuvo que ir desplazado del pueblo! ¿Usted cree que uno se atreve a denunciar? Tocará pagar porque, ¿qué más hacemos?”. VerdadAbierta.com se abstiene de publicar el nombre del comerciante por motivos de seguridad.
A las llamadas extorsivas se suma la circulación de un panfleto suscrito por “las columnas móviles de las Farc-EP 18 y 36 frente que no entramos en el proceso de paz con el gobierno nacional y que continuamos los principios de organización político-militar”. En él consignan que no son los responsables de los desplazamientos forzados que tuvieron lugar en Santa Rita, que buscan la tranquilidad del pueblo, que respetarán a sus antiguos compañeros de armas que ahora se dedican al proselitismo político y les piden a ellos que “respeten nuestra decisión de seguir en armas como derecho a la rebeldía revolucionaria”.
Como es de esperarse, la posibilidad de que se consolide una disidencia de las Farc en Ituango que recoja excombatientes insatisfechos de los frentes 18 y 36, tiene inquietos a sus pobladores. “Esta no es la paz que esperábamos”, señalaron voceros de la Asociación de Víctimas del municipio, quienes sienten que la actual oleada de violencia “está afectando todo el trabajo comunitario y de implementación de acuerdos que se venía realizando. Hay mucha tensión, mucho miedo y mucho desencanto entre la población”.
VerdadAbierta.com intentó comunicarse con Olmedo Ruiz, actual candidato a la Cámara de Representantes por el partido Farc y quien fuera uno de los comandantes del Frente 36, para conocer la situación de los excombatientes de esta unidad, pero no fue posible establecer comunicación con él.
¿Se pudo evitar?
En agosto de 2017, mediante Informe de Riesgo 037, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo alertó sobre riesgo en el que se encontraban los habitantes de los corregimientos Santa Rita, La Granja, El Aro y el casco urbano de Ituango, por cuenta del avance de estructuras del crimen organizado.
En ese informe, el SAT señaló que “a la expansión por el control territorial y poblacional de las Agc se suma el grupo ilegal conocido como ‘Pachelly’, quienes provenientes del municipio de Bello, hacen presencia en zona semiurbana desde 2016, ejerciendo el control del microtráfico”.
La evidencia más contundente de tal control fue el desplazamiento de varios núcleos familiares de la vereda Pio X, que tuvo lugar en julio de 2016; así como las amenazas recibidas en agosto de 2017 por una docente de la institución educativa Pedro Nel Ospina tras denunciar redes de microtráfico en el centro educativo. El SAT también consignó su preocupación por el posible interés de los grupos armados por reclutar antiguos combatientes de las Farc en sus filas.
A la alerta del SAT se sumaron las denuncias formuladas a lo largo del año por organizaciones como la Asociación de Campesinos de Ituango; la Asociación de Víctimas de Ituango, el Proceso Social de Garantías y la ya desaparecida Mesa Ituanguina por la Paz. “Todo esto se pudo evitar si el alcalde no se hubiera empeñado en negar lo que estaba pasando”, según advirtieron voceros de las asociaciones mencionadas, consultadas por VerdadAbierta.com
Las cifras dan cuenta de cómo la violencia viene creciendo en forma sostenida: mientras en 2017 se cometieron 17 homicidios, en lo que va de este año ya han sido asesinadas 14 personas. Ello sin contar los casos de tortura que vienen registrándose en las veredas donde la disidencia de las Farc y los ‘gaitanistas’ se disputan el control territorial y que no están siendo denunciadas ante las autoridades.
De ahí que la posibilidad de nuevos desplazamientos forzados, individuales o masivos, sea más latente que nunca. “Hay mucha preocupación por lo que está pasando en el municipio. Pero preocupa mucho más que la administración no está preparada para afrontar esta delicada situación de orden público. Entre otras cosas, porque el señor alcalde se la pasó diciendo todo el año pasado que aquí no pasaba nada”, dijo Héctor Giraldo, concejal de Ituango por el Partido de la U.
La situación de Ituango está dejando al descubierto la incapacidad del Estado para imponer su soberanía en uno de los municipios territorialmente más extensos de Antioquia y, quizás, uno de los mejor ubicados en el norte de este departamento. A sus pobladores los invade una mezcla extraña de desencanto, pesimismo, rabia e impotencia.
Las palabras de un joven ituanguino son dicientes y reveladoras sobre lo que sienten los habitantes de este pueblo hoy día: “Antes estaban las Farc y, bueno, si pasaba algo se hablaba con ellos. Pero ahora, ¿con quién, si no sabemos quiénes son? Ir a una vereda ya es toda una odisea peligrosa. Esto cada vez está peor. Hubiera sido mejor que no hubieran firmado esa tal paz”.
