La Corte Suprema de Justicia ratificó una decisión proferida por un magistrado de Justicia y Paz de Medellín, que negó la devolución de 12 predios a sus propietarios originales. Los campesinos reclamantes denunciaron que antes de conocerse la decisión arreciaron las amenazas de muerte contra ellos.
“No se probó que los reclamantes fueron objeto de despojo de sus bienes inmuebles, a pesar de lo que adujeron repetidas veces la Fiscalía y los apoderados de las presuntas víctimas”, concluyó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al ratificar la decisión de primera instancia impartida por un magistrado con función de control de garantías de Justicia y Paz de Medellín, quien negó la restitución de 12 predios de la vereda Guacamayas, corregimiento Macondo, de Turbo.
En abril de 2014, el magistrado Olimpo Castaño negó las pretensiones de siete familias campesinas oriundas de esta región del Urabá antioqueño, quienes alegaron haber sido desplazados a mediados de los años noventa por miembros del Frente Arlex Hurtado de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), comandado por Raúl Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, para luego ser presionados a vender sus tierras a bajos precios a un grupo de comisionistas.
Con las tierras adquiridas por los comisionistas se conformó un proyecto ganadero que, inicialmente, se denominó Guacamayas S.A, pero que luego fue absorbido en su totalidad por la firma Inversiones e Inmobiliaria ASA S.A. (Leer más en: Guacamayas, ¿otro caso de despojo en Urabá?)
En su momento, el magistrado Castaño consignó que ni la Fiscalía ni los labriegos probaron que hubieran sido intimidados y amenazados por el grupo de comisionistas con quienes negociaron sus predios. Por el contrario, se trató de una transacción comercial “de carácter consciente, voluntaria, libre de todo apremio en el que primó el acuerdo de voluntades y el consenso entre las partes contratantes” y, por tanto, no se configuró ningún despojo.
Este magistrado aseveró también que “nunca se demostró la relación entre los directivos de Inversiones Inmobiliaria ASA S.A. con los grupos paramilitares que operaron en la vereda Guacamayas”. (Leer más en: Niegan restitución a reclamantes de tierras de Guacamayas)
En esa providencia de abril de 2014 se ordenó compulsar copias para que se investigara penalmente a Iván Darío Vélez Correa, testigo presentado por la Fiscalía, así como a Alfranio Solano y Carlos Páez, estos dos últimos miembros de la organización Tierra y Vida, que representa y asesora a víctimas de despojo de tierras. La apelación de esta decisión llegó hasta la Corte Suprema de Justicia y en decisión adoptada el pasado 13 de abril, el alto tribunal ratificó, en su totalidad, lo fallado por el magistrado Castaño.
La Corte advirtió que “se encuentra en el análisis general y particular que se ha cumplido en esta instancia que las ventas se concretaron sin que se pueda afirmar viciada la voluntad de los otrora propietarios, descartándose conforme se ha podido precisar, que hubieran sido influenciados significativamente por actos de violencia indiscriminada o segregada en su contra”.
El complejo caso llamado Guacamayas
Guacamayas es una de las veredas que conforma el corregimiento Macondo de Turbo, actual escenario de un complejo problema social y jurídico derivado, en buena parte, de la lucha histórica por la tenencia de la tierra. De ahí que diversas fuentes consultadas por VerdadAbierta.com coincidan en afirmar que la decisión de la Corte Suprema de Justicia terminará por enrarecer aún más el conflictivo ambiente que ya se vive en la región.
Y no es para menos. La historia de este rincón del Urabá antioqueño muestra que comenzó a poblarse a mediados de la década del setenta tras la llegada de cientos de colonos dispuestos a hacerse a un pedazo de tierra. Para mediados de los ochenta, Macondo había crecido de tal manera que el desaparecido Instituto Colombia de Reforma Agraria (Incora), tramitó poco más de 150 resoluciones de adjudicación de baldíos.
Macondo también comenzó a ser importante en la geografía del conflicto armado por cuenta de su ubicación estratégica: conecta, al occidente, con el municipio de Riosucio (Chocó), al sur con Belén de Bajirá (Mutatá) y al norte con Nuevo Oriente, Blanquicet y Lomas Aisladas (Turbo). Desde principios de los años ochenta, la guerrilla de las Farc (y la extinta Epl), el Ejército y los paramilitares se disputaron a sangre y fuego el control del territorio.
A partir de 1995, la balanza de poder se inclinó a favor de los ‘paras’ del Frente Arlex Hurtado. Según documentación realizada por la Unidad de Justicia Transicional de la Fiscalía (antes Justicia y Paz), la llegada de esta facción paramilitar, adscrito al Bloque Bananero de las Auc, elevó los niveles de violencia en Macondo, particularmente en Guacamayas, al punto que, al terminar 1996, se contabilizaron 26 homicidios; se registraron 5 desapariciones forzadas; y se presentaron 43 hechos de desplazamientos forzados masivos.
En este contexto de violencia generalizada se efectuaron decenas de negocios de compra-venta de predios en el corregimiento de Macondo entre los años 1997 y 2002. Comenzaron entonces a ser reconocidos en la región hombres como José Vicente Cantero, Humberto Duque Peláez, Fabio Moreno, Adriano Pino Palacios, Francisco Castaño y Jaime Uribe, quienes se convirtieron en los grandes terratenientes de la región.
En 2007, un grupo de campesinos de estos corregimientos, entre ellos Carlos Páez y Alfranio Solano, denunciaron cómo fueron presionados por comisionistas al servicio de estos terratenientes para que malvendieran sus tierras. Sus reclamaciones pasaron primero por los juzgados civiles; luego por los tribunales de Justicia y Paz y, tras la expedición de la Ley 1448 (de Víctimas y Restitución de Tierras) fue la Unidad de Restitución de Tierras (URT) la que recibió sus casos. Según Paola Cadavid, directora territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) Antioquia, a la fecha han sido instauradas en esta entidad unas 184 solicitudes de restitución de predios ubicados en Macondo.
El embrollo jurídico
Según miembros de la organización Tierra y Vida, que acompaña víctimas de despojo de tierras, desde mediados del mes de abril comenzaron las amenazas contra los campesinos retornados. Foto: Juan Diego Restrepo E.Lo que llama la atención tanto de quienes se han declarado víctimas de despojo de tierras como de la funcionaria de la URT es la disparidad de los conceptos jurídicos consignados en las sentencias proferidas hasta ahora sobre el corregimiento Macondo, tanto desde los estrados de Justicia y Paz como por los jueces especializados en restitución de tierras, figura creada por la Ley 1448 de 2011.
En efecto, el magistrado con función de control de garantías de Justicia y Paz de Medellín ha proferido dos sentencias que niegan las pretensiones de restitución de los campesinos, sustentando que los testimonios sobre las presiones violentas para efectuar los negocios “carecen de verosimilitud” y “son poco convincentes”. Además, ha ordenado investigar penalmente a los reclamantes por presuntamente incurrir en falso testimonio. (Leer más en: Justicia niega restitución a campesino de Urabá)
“Por parte de los jueces de tierras se han dictado ya nueve sentencias”, explicó, por su parte, Cadavid, quien explicó que “un caso se perdió, en otro, el juez le dio la razón al reclamante y le entregó materialmente el predio y en otros ocho casos, el juez consideró que sí hubo despojo, pero no se entregarán los predios, sino que se compensará, porque se encuentran en zona de reserva ambiental”. (Leer más en: Campesinos y Estado, enfrentados por tierras en Urabá)
El fallo más reciente proferido por los jueces de restitución de tierras fue el de José María Calle, un labriego que debió abandonar su predio, ubicado en Macondo, en el año 1996, luego de perder un hermano y dos cuñados a manos de los paramilitares. A principios de abril, el Tribunal Superior de Antioquia reconoció que Calle fue despojado violentamente de su tierra por parte de José Vicente Cantero, a quien no se le reconoció como un tercero de buena fe exenta de culpa. Pese a ello, el Alto Tribunal ordenó compensar al campesino, pues su predio se encuentra en zona de reserva ambiental. (Leer más en: La disputa por la tierra en Macondo: realidad que trasciende la ficción)
A juicio de la directora territorial de la URT Antioquia, esto muestra que “la intervención en Macondo no ha sido exitosa, porque tenemos unos fallos contradictorios donde en unos se dice que los campesinos no tienen razón, en otros se dice que sí fueron despojados, pero no se les entregará la tierra”. Para Cadavid, resulta complejo entender “que el magistrado de Justicia y Paz desconoce un contexto de violencia generalizado, que se le dé total credibilidad al postulado Raúl Hasbún y que se desconocieron las condiciones de desplazados de los campesinos”.
Un problema aún mayor
Pero este no es la mayor de las preocupaciones para los habitantes de Macondo. Desde 2009, y cansados de no ver resultados por parte de la justicia, un número creciente de familias campesinas decidió retornar sin ningún tipo de acompañamiento estatal y sin que medie decisión judicial alguna a los predios que consideran como propios.
Para las autoridades civiles y de Policía del municipio de Turbo se trata de invasores a los cuales se debía desalojar; para organizaciones como Forjando Futuros son campesinos retornados sin acompañamiento estatal. Por cuenta de lo anterior se registraron enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los labriegos. Según Carlos Páez, miembro de Tierra y Vida, unas 180 familias regresaron mediante esta modalidad a predios que son reclamados ante la justicia.
Esta situación llevó al Juez Primero del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó, en octubre de 2014, a señalar que no se trataba de campesinos invasores sino víctimas de la violencia y, por tanto, las autoridades municipales, administrativas, policiales y judiciales de Riosucio (Chocó), Turbo y Mutatá (Antioquia) debían abstenerse de ordenar y realizar diligencias de lanzamientos y desalojos en contra de estas comunidades, hasta tanto el proceso en la jurisdicción de tierras se resolviera.
La medida quedó en firme en el Auto Interlocutorio No 08 del 12 de diciembre de 2014, que protegió a 39 familias afro y mestizas que ocuparon predios ubicados en la comunidad La Madre, perteneciente al territorio colectivo de comunidades negras de la Larga y Tumaradó.
Las tierras ocupadas fueron abandonadas por los labriegos a mediados de los años noventa por culpa de la violencia y hoy figuran como propiedad de un grupo de cuestionados empresarios ganaderos como Elí Gómez, Jaime Uribe, Fabio Moreno y Adriano Palacios, alias ‘El Negro Pino’, quien fue capturado en marzo de 2014, acusado de concierto para delinquir y desplazamiento forzado.
El Consejo Comunitario de La Larga-Tumaradó se encuentra compuesto por 38 comunidades y siete de ellas se encuentran en el corregimiento Macondo de Turbo: Guacamayas, Eugenia Arriba, Eugenia Abajo, Eugenia Medio, Cuchillo Blanco, Cuchillo Negro y Bella Rosa. (Leer más en: La mala hora de Macondo)
Pero hoy, con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, muchos temen que comiencen nuevamente los desalojos. “Ese es el temor, pues la sentencia diceque prácticamente no somos víctimas de despojo sino unos invasores y que ellos son ‘terceros de buena fe’”, señaló Carlos Páez, quien agregó además que en los predios de Guacamayas objeto de reclamación actualmente viven unas 17 familias.
“El Estado tendrá que hacer algo con esas familias, porque no las pueden sacar así como así”, agrega Páez, quien denunció una situación más grave: “se puede incrementar la violencia en la región, porque hace como 15 días unos hombres armados llegaron a varias fincas en Macondo a amenazar de muerte a varias familias, que si no abandonaban las fincas los iban a matar”.
Mientras esto ocurre, en municipios como Chigorodó, Mutatá y Necoclí continúa tomando fuerza un movimiento liderado por ganaderos y terratenientes que busca oponerse a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras por considerar que vulnera el derecho de propietarios que hicieron negocios legales y justos de predios en la región.
