Se trata de 60 familias que reclaman desde hace treinta años la posesión sobre 200 hectáreas de una antigua hacienda en este municipio de Santander.
A las 11 de la mañana de este miércoles, 60 familias campesinas del corregimiento El Guayabo, del municipio de Puerto Wilches, fueron desalojadas por una orden policiva.“Todo el mundo está atemorizado. No hacen más que acusarnos de guerrilleros cuando somos campesinos humildes y trabajadores”, dice un líder de la comunidad del corregimiento El Guayabo, de Puerto Wilches, tras afrontar el desalojo de un predio de esta región de Santander y que involucró a 60 familias que reclaman predios rurales en ese lugar.
Al Guayabo, a mitad de mañana de este miércoles, llegó por tierra un piquete del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y por el río Magdalena varios miembros del Ejército con la tarea de sacar 240 campesinos, entre hombres, mujeres y niños, de un predio de este corregimiento tras ser denunciados por el supuesto propietario de la tierra.
Este no es el primer intento de desalojo contra la comunidad campesina de El Guayabo. El pasado 26 de junio apareció el Esmad con la misma tarea: “Nos echaron gases y nos violentaron las puertas de las casas. El que estaba a cargo del desalojo llamó al que nos quiere sacar de las tierras y le reportó que los campesinos estábamos pasando hambre. Él le contestó que: ¡esos #%&#&% se mueran! Cada vez que se pasa por los predios no hace sino amenazarnos con que nos va a sacar”, cuenta otro líder del corregimiento, quien explica que desde 2011 a la fecha ya suman ocho intentos de desalojo.
El hombre al que se refieren, de quien VerdadAbierta.com se reserva el nombre, apareció en El Guayabo en 1990 a reclamar unas tierras que abandonó su padre. Mientras ese hombre asegura que es víctima de la guerrilla y que por la violencia abandonó la hacienda; la comunidad campesina sostiene que él miente, pues primero el Estado le extinguió la mitad de la finca por inexplotación económica y además “no ha vivido un solo día en el predio”, indica un líder.
La comunidad afirma que adicional a las querellas y recursos policivos, ese hombre en 2002 “nos mandó a los paramilitares para desplazarnos”.
Los campesinos indican que pese a los insistentes llamados que han hecho a la Alcaldía de Puerto Wilches, la Defensoría, la Procuraduría, la Personería y al Incoder para que escuchen sus historias, tomen medidas de protección y eviten los desalojos, sin mayores resultados.
Los únicos que los han apoyado son la Corporación para el Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, y la organización Pensamiento y Acción Social (Pas).
“Le pedimos al pueblo colombiano que se solidarice con nuestra situación. Hemos trabajado la tierra por treinta años. Somos personas pacíficas que sembramos yuca, papa, plátano, maíz, fríjol y ahuyama. Le solicitamos al gobierno desde hace mucho que nos reconozca la propiedad y no recibimos respuesta”, reitera otro de los líderes de la comunidad.
La antigua hacienda Las Marías
Ante la llegada del Esmad y el Ejército, los campesinos de los predios Altamira y San Felipe, de la antigua hacienda Las Marías, salieron de forma pacífica.Según los relatos de varios campesinos, la historia de estas tierras comienza en los años cincuenta con la antigua Hacienda Las Marías. Esta fue propiedad de un antioqueño llamado Eliázar Ochoa, quien le vendió a mediados de esa década a Alfonso Estrada.
Estrada comenzó a desarrollar un cultivo de arroz, pero debido al intenso verano de la época abrió un boquerón sobre el borde del río para irrigar la tierra. “Eso nunca lo cerraron y la finca se inundó”, recuerda un colono.
Con todas las dificultades, Estrada intentó levantar su finca. Pidió un préstamo a la antigua Caja Agraria y cultivó por otro tiempo la hacienda. Cansado de no tener resultados, le dejó la finca a su hija Ana Lucía Estrada Chavarriaga, quien se casó con Octavio López Franco. Esta familia trabajó las tierras pero tampoco tuvo muchos resultados.
Para entonces, colonos venidos de distintas regiones del país y que no tenían tierra llegaron a Las Marías y le pidieron a López Franco que los dejara trabajara. “Octavio por algún tiempo nos hizo contratos de arrendamiento. Nosotros cultivábamos y le dábamos la ganancia”, cuenta un campesino de la zona.
Luego de un par de años, los campesinos no volvieron a saber de López Franco. En 1984, después de una visita que hizo el antiguo Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora, hoy Incoder), se decretó la extinción de dominio a la mitad del predio Las Marías tras considerar que sus dueños no la explotaban económicamente. Es decir, la tenían abandonada.
Ese año, Las Marías había sido dividas en dos predios: En Bella Unión, con 200 hectáreas, y San Felipe y Altamira que sumaban las restantes 200 hectáreas. El Incora extinguió el dominio sobre la porción de Bella Unión y se la tituló a varios campesinos.
Con el proceso de titulación en marcha, los campesinos siguieron trabajando las tierras. La sorpresa fue que seis años después apareció un hombre, hijo de Octavio López Franco, reclamando la antigua hacienda.
Según lo que ha documentado la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, ese hombre se presentó ante la Inspección de Policía de Aguachica (Cesar) y la Segunda División de la Quinta Brigada con sede de Bucaramanga (Santander) y declaró que era víctima de la violencia.
En ambas instituciones obtuvo unos certificados con los que logró incluir los predios en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados por la Violencia (Rupta). “¿Cómo puede afirmar eso si ni siquiera él ha vivido en las tierras y los campesinos no hemos hecho sino trabajar?”, se pregunta un habitante del corregimiento.
Los campesinos aseguran que en 2002 “los paramilitares llegaron hasta la antigua Las Marías por petición de ese señor”. Según sus testimonios, éste contó con la complicidad, además, del inspector de policía del vecino corregimiento de Vijagual que “fue mencionado ya en versiones libres por alias ‘Tarazá’ como su jefe financiero. No sabemos porque ese inspector sigue libre”, dice otro habitante de la región. Alias ‘Tarazá’ es Jairo Ignacio Orozco González y fue un jefe político del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que tuvo su brazo en las seis provincias del departamento.
Tras concluir la desmovilización colectiva de las Auc en agosto del 2006 muchos de los campesinos desplazados que huyeron de la violencia que imperó en el Magdalena Medio retornaron a sus tierras. Y con ellos apareció el terrateniente, esta vez con acciones ante el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y los Juzgados Civiles del Circuito de Barrancabermeja.
Al instituto de tierras le pidió revocar los títulos que en los años ochenta el antiguo Incora les entregó a los campesinos de La Bella Unión, el predio extinguido a su padre. Por la figura de extinción de dominio no tuvo resultado, pero en la actualidad varios de los campesinos que viven allí no lograron tener todos los títulos.
Entonces, con lo que jurídicamente se conoce como acciones de pertenencia, les pidió a dos Juzgados de Barrancabermeja que se pronunciaran a su favor en relación con los otros predios, Altamira y San Felipe. Estos procesos judiciales comenzaron en 2009.
El proceso más ágil fue el de Altamira y el juzgado falló en primera instancia en favor de los campesinos. El señor apeló y el caso llegó al Tribunal de Santander que dejó sin piso para la primera decisión y le dio la razón al reclamante.
“Este fallo del Tribunal es la principal herramienta que él ha utilizado ante distintas autoridades para solicitar el desalojo de los campesinos. En ninguna parte el documento hace alusión a este tipo de medidas”, señala el abogado de la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Sobre el caso del predio San Felipe el Juzgado no se ha pronunciado aún.
Según el abogado que asesora a los campesinos, los trámites que han conducido a estos desalojos se han hecho de forma irregular. La comunidad además pidió al Incoder el reconocimiento de los títulos por tener una posesión de casi treinta años, pero el proceso que comenzó el instituto de tierras en 2013 está estancado en la territorial del Incoder en Bucaramanga.
Los campesinos no entienden por qué las autoridades cuando deberían proteger a la población sólo responden el llamado del terrateniente y no a ellos. Al final de la tarde, el Esmad tomó posesión de los predios y los labriegos nuevamente se sienten desplazados.
