El Programa Somos Defensores publica hoy su informe en el que analiza los ataques que sufrieron las personas que se dedican a defender los derechos humanos en Colombia durante 2022. La cantidad de agresiones generales comparadas con 2021 disminuyeron, pero la tendencia fue la contraria en materia de homicidios: pasaron de 139 a 197.
El año pasado fue el segundo más letal para los activistas sociales en las últimas dos décadas, de acuerdo con los registros del Programa Somos Defensores: quedó a dos víctimas de igualar su registro más alto, ocurrido en 2020. Por otro lado, presentó una disminución en el cómputo general de agresiones, pues pasaron de 996 en 2021, a 840, destacándose la reducción de amenazas, atentados, detenciones arbitrarias y agresiones sexuales.
Esta situación ocurrió en un periodo muy específico de transformaciones políticas en Colombia, pues sucedió entre el tránsito del Paro Nacional de 2021 y las elecciones de 2022, que condujeron a que por primera vez la Presidencia República quedaran al frente de movimientos de izquierda. Por esa razón, se entiende que ocurriera una disminución de detenciones y judicializaciones arbitrarias, pues la mayoría estuvieron relacionadas con las protestas del denominado Estallido Social.
Si bien ocurrió una reducción en ciertas agresiones, nuevamente las alarmas se encienden por la gran cantidad de asesinatos de quienes ejercen la defensa de los derechos humanos. En un año en el que se ejerció la mayor expresión democrática, fueron ultimados alrededor de 200 activistas; y tuvo un aumento del 42 por ciento homicidios, comparado con los casos de 2021.
Según lo registrado por el Programa Somos Defensores, en la última fase del gobierno de Iván Duque (1 de enero a 6 de agosto) fueron asesinados 124 personas defensoras de derechos humanos, y 73 durante los primeros cuatro meses y 24 días de la Presidencia de Gustavo Petro.
“En el primer trimestre del año se registró el mayor número de hechos, siendo marzo con 20 asesinatos el peor mes. Le siguen febrero, mayo, agosto y octubre con 19 hechos cada uno; abril y julio con 18 hechos cada uno; septiembre con 16; enero y noviembre con 15 hechos cada uno; junio con 11 hechos; y finalmente, diciembre con 8 hechos. Del total de asesinatos confirmados el 52%se produjeron en el primer semestre y el 48% en el segundo”, señala el informe Interludio, que publica esa organización no gubernamental.
Los asesinatos ocurrieron en el 88 por ciento del territorio nacional, es decir, en 28 departamentos y en el Distrito Capital. La mayor cantidad se registró en Nariño (27), seguido de Antioquia (23), Putumayo (21), Cauca (20) y Valle del Cauca (14). De lo anterior, llama la atención la reducción de casos en Cauca, departamento que desde 2014 ocupó el primer lugar como el departamento más violento, según la documentación del Programa Somos Defensores y el aumento de casos en Nariño, que representa un incremento del 145 por ciento, con 16 más que 2021.
Asimismo, el informe resalta que, “al igual que sucede con el total de las agresiones, la región del suroccidente del país (Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo) es la zona donde más asesinatos se cometieron contra las personas defensoras de derechos humanos en el 2022, allí se concentra el 75% de los asesinatos confirmados”.
El Programa Somos Defensores cuestiona que ocurriera esa situación, porque la Defensoría del Pueblo emitió 25 alertas tempranas e informes de seguimiento durante el año pasado para los departamentos en donde ocurrieron la mayor cantidad de asesinatos: “Lo anterior pone de manifiesto que los riesgos para las personas defensoras y liderazgos sociales en estas regiones del país no solamente están advertidos por la institución competente, sino ampliamente documentados por organizaciones de la sociedad civil”.
En cuanto a los liderazgos más atacados, el listado es encabezado por los de tipo comunal, indígena, comunitario, campesino y afrodescendiente. Al igual que en 2020 y 2021, la mayoría de asesinatos se concentraron en miembros de Juntas de Acción Comunal, que aumentaron en un 157 por ciento en comparación con el año anterior, pasando de 23 a 59 casos; el indígena y el comunitario tuvieron un aumento del 78 por ciento y del 57 por ciento, respectivamente.
Sobre las víctimas, 197 eran hombres, lo cual refleja un aumento del 56 por ciento, respecto a 2021. Los asesinatos de mujeres representan el nueve por ciento de los casos y corresponde a una reducción del 25 por ciento, según los registros del año pasado. El informe también reseñó cuatro asesinatos en razón de género: tres mujeres y un hombre con liderazgo LGBTI.
Del total de homicidios, el informe reseña que “en 18 casos se presentó desaparición previa, en 6 casos los cuerpos tenían signos de tortura, en 14 asesinatos hubo sevicia, en 20 se registraron amenazas previas, tan sólo en 2 casos las víctimas contaban con medidas de protección, 17 casos ocurrieron en medio de masacres y en 46 se produjeron afectaciones contra terceros”.
Respecto a los presuntos responsables se mantiene la misma tendencia de los últimos años: en la mayoría de los casos, 108, se desconoce quiénes son. La posible autoría del resto está distribuida entre paramilitares (22), disidencias de las Farc (21), autores individuales (13), Eln (11), bandas criminales (9), alianzas criminales (8) y Fuerza Pública (5).
Cambio de partitura
Apelando a metáforas musicales, el Programa Somos Defensores construyó su informe de análisis sobre la violencia que afrontaron las personas defensoras de derechos humanos durante 2022. Por ello y para representar las transformaciones que trae consigo que la jefatura del Estado esté en manos de movimientos de izquierda, el documento fue titulado como Interludio, porque “representa un momento de cambio entre la melodía de siempre y una pieza nueva”.
El documento parte de valorar el legado de la administración del presidente Iván Duque (2018-2022) que, en materia de seguridad no pudo ser peor, por “el crecimiento y expansión de las estructuras armadas al margen de la ley durante su gobierno, ubica al actual frente a un panorama de reconfiguración de las dinámicas de conflicto armado con una geometría variable territorial compleja que incorpora graves violaciones a los derechos humanos, disputas territoriales o control territorial y gobernanza criminal en algunos focos de conflicto”.
Por otro lado, destaca algunas iniciativas que han planteado el presidente Gustavo Petro y la vicepresidente Francia Márquez, como la Paz Total, que busca adelantar negociaciones con grupos armados de diferente naturaleza; una política pública con enfoque de seguridad humana; y una serie de medidas para contener la violencia contra líderes sociales.
Sobre la Paz Total señala que es una iniciativa ambiciosa que debe construir opciones de vuelta a la civilidad para todos los actores armados ilegales, con el fin de evitar “el reciclaje de los grupos continuará, más aún cuando existen cuantiosos recursos procedentes del narcotráfico y la minería ilegal que constituyen no solamente un poderoso incentivo, sino un motor que dinamiza vigorosamente las estructuras armadas ilegales, que en no pocas ocasiones tienen alianza con la Fuerza Pública”.
Una de las acciones destacadas adelantadas por el actual gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro para tratar de contener la violencia que padecen las personas defensoras de derecho humanos es el denominado Plan de Emergencia, que incluyó recomendaciones y análisis realizados por plataformas de derechos humanos y congresistas del pacto histórico.
Somos Defensores resalta que esa medida es un “gesto que expresa un giro sustancial para el abordaje de la problemática (en comparación con el gobierno anterior), una voluntad política tendiente a adoptar medidas de manera inmediata para buscar disminuir los índices de violencia, y una actitud receptiva y respetuosa con el trabajo de las organizaciones de derechos humanos”.
Sin embargo, plantea que, ante la continuidad de las agresiones contra líderes sociales y firmantes de paz, es necesario afinar el cumplimiento del Plan de Emergencia y sugiere que el gobierno nacional y las organizaciones de derechos humanos revisen conjuntamente las fortalezas, debilidades y ajustes que requiere este plan.
¿Y la institucionalidad?
El informe también pone su lupa en los órganos de investigación y control en medio de esta oleada de asesinatos. Sobre la labor de la Fiscalía, y tras reseñar algunas cifras de investigaciones de crímenes ocurridos entre el 7 de agosto y el 31 de diciembre del año pasado, explica que esa entidad abrió 71 noticias criminales por asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, pero tan solo dos llegaron a etapa de juicio.
Al respecto, El Programa Somos Defensores indica que la impunidad que rodea los comportamientos delictivos contra las personas defensoras de derechos humanos continúa siendo un factor determinante de su persistencia. Y reseña algunos datos de Historias Inconclusas, el proyecto de investigación que realizó de manera conjunta con este portal, que da cuenta en 1.333 asesinatos ocurridos entre 2002 y el primer trimestre de 2022, tan sólo se han esclarecido con sentencias judiciales, 179 casos y que 1.154 están impunes.
El informe también presenta respuestas de consultas elevadas a la Procuraduría General de la Nación, que respondió de manera parcial sobre las medidas que ha tomado en cumplimiento de órdenes dictadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), relacionadas con el diseño de los lineamientos y el plan de acción de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales.
Somos Defensores advierte que no recibieron respuesta las consultas sobre su actuación preventiva para garantizar la debida diligencia de instancias del Estado encargadas de implementar las alertas tempranas que produce la Defensoría del Pueblo; los procesos y sanciones disciplinarias adelantados por conductas de funcionarios públicos que comprometan su responsabilidad en agresiones a personas defensoras; ni los procesos disciplinarios adelantados y sus resultados contra funcionarios públicos comprometidos en agresiones en el marco del Paro Nacional.
Al respecto, el informe indica que “con este comportamiento el despacho de la Procuradora General de la Nación, no solamente está incumpliendo con una obligación constitucional e internacional para garantizar el derecho a la información, sino que denota una actitud de no reconocimiento y respeto al trabajo de las organizaciones de derechos humanos”.
En cuanto a la Defensoría del Pueblo, destaca que para el año pasado emitió 31 alertas tempranas y 35 informes de seguimiento. Esta entidad reportó que, en 19 de los 35 informes de seguimiento emitidos en el 2022, considera que el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en las alertas dirigidas a diferentes niveles de institucionales para evitar la consumación de los riesgos advertidos fue bajo. (Leer más en: No fueron suficientes 232 Alertas Tempranas para evitar 593 asesinatos de líderes sociales)
Al respecto, el Programa Somos Defensores indica que la labor de la Defensoría constata que los riesgos alertados tienden a consumarse, por lo cual es necesaria, de “urgente”, una revisión y ajuste del Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas funcionamiento (CIPRAT). Ante ello, concluye que “la coordinación interinstitucional entre el gobierno nacional y los organismos de control e investigación, continúa siendo una asignatura pendiente con miras a desactivar la violencia selectiva que afecta a las personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales”.
Por lo ocurrido en 2022 y en años anteriores, Interludio es planteado como “una invitación a seguir reflexionando y llamar a la acción sobre el comportamiento de la violencia selectiva contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia, al comprender que las agresiones que se cometen en su contra tienen un origen estructural y multidimensional, además de que dependen de la respuesta estatal o, para el caso de Colombia, de la precaria respuesta estatal”.
