Un estudio del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Universidad Javeriana advierte que 271 comunidades negras carecen de títulos colectivos, una situación que agudiza la vulnerabilidad a la que han estado expuestas históricamente.
Para las comunidades étnicas, su espacio de vida está en el territorio. Es decir, en el espacio donde pueden convivir colectivamente, practicando su gobierno autónomo y tradiciones culturales. Foto archivo Semana.Aunque la Constitución Política y las leyes reconocen los derechos de los afrodescendientes, así como la urgencia de protegerlos, tal espíritu parece que sólo se expresa en el papel. Así lo constata un reciente estudio del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Universidad Javeriana que alerta sobre la grave situación que padecen por lo menos 271 comunidades, que siguen expuestas al despojo y explotación de sus territorios porque carecen de un título colectivo.
Este centro de estudios analizó, caso a caso, las realidades que afrontan estas comunidades en las regiones Caribe, Pacífico, los valles Interandinos, el Magdalena Medio, la Orinoquía y la Amazonía. (Lea el estudio aquí)
Un título colectivo es el reconocimiento que el gobierno nacional le otorga a una comunidad étnica a través del cual le reconoce sus derechos sobre un determinado territorio. En esencia es un mecanismo de protección que, además de garantizar la autonomía y prácticas tradicionales de esas comunidades, blinda el territorio de ser comercializado y explotado, conservando también los recursos naturales que yacen allí. Al respecto, el estudio afirma que “es muy lenta la respuesta del Estado colombiano para continuar con la titulación colectiva”, circunstancia que pone a las comunidades en riesgo de desaparición.
La investigación encontró que, de las 271 comunidades estudiadas, el 29 por ciento no cuenta con ningún tipo de información frente al estado de su solicitud de titulación; el 39 por ciento tiene su reclamación detenida por falta de documentos; y sólo 13 por ciento obtuvo una respuesta de notificación o visita técnica por parte del liquidado Incoder o la Agencia Nacional de Tierras (ANT). (Ver gráfica sobre el estado de las solicitudes)
La investigación reitera que esos porcentajes se convierten en una alerta, justo cuando las comunidades étnicas requieren de garantías tras la firma del proceso de paz de La Habana entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc.
Asimismo, la justicia transicional, particularmente la aplicación de las leyes 975, de Justicia y Paz, y la 1448, de Víctimas y Restitución de Tierras, han develado cómo durante el conflicto armado de los últimos 30 años, las comunidades negras fueron desplazadas, confinadas y casi borradas del mapa, como lo advirtió la Corte Constitucional en el Auto 005 de 2009.
La única sentencia de restitución étnica que ha favorecido a un consejo comunitario, en aplicación a la Ley 1448, muestra la dimensión de esos efectos. Aunque la comunidad Renacer Negro, del Cauca, logró la titulación colectiva de 71 mil hectáreas en 2001, su territorio fue devastado por la minería ilegal y los cultivos de hoja de coca para uso ilícito.
Una circunstancia que sumó agravantes a esa comunidad es el otorgamiento por parte de la Agencia Nacional de Minería de ocho títulos de concesión minera a empresas y particulares para explotar allí oro, plata, plomo, hierro, manganeso, níquel, platino, cobre y zinc, en proyectos trazados hasta el año 2040.
En razón de ello, el Juez Especializado de Restitución de Tierras de Popayán ordenó en la sentencia no sólo combatir los negocios ilegales que estaban devorando el territorio ancestral, sino que pidió a la Agencia suspender todos los títulos y concesiones mineras que otorgó legalmente, pero que afectaron los derechos de la comunidad. (Lea: Con histórica sentencia afros recuperan su territorio en Timbiquí, Cauca)
Cambia el uso del suelo
El estudio indica que ahora, en el llamado posacuerdo, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los títulos colectivos a los Consejos Comunitarios, como un mecanismo de derecho pero también de conservación del medio ambiente. Foto archivo Semana.Como Renacer Negro, los 271 casos estudiados por el Observatorio son vulnerables al avance de la minería y al desarrollo de proyectos agroindustriales y de infraestructura, sobre todo porque no cuentan con un título colectivo que los proteja.
Otro ejemplo de esa situación la padecen los pobladores del consejo comunitario Eladio Ariza, en Bolívar, quienes llevan siete años a la espera del título colectivo y de una sentencia de restitución a su favor. (Lea: En Montes de María, comunidad afro le apostó a restitución étnica)
Con la demanda aceptada por el Juez Especializado de Restitución de Carmen de Bolívar, esta comunidad del municipio de San Jacinto tiene la ilusión de que la sentencia resuelva no solo la titulación colectiva, sino que tome decisiones de fondo sobre los cultivos masivos de palma de aceite y piña que se extienden por su territorio. A ellos les atribuyen contaminación y problemas de acceso a las fuentes hídricas que surten la región de los Montes de María y que son clave para los cultivos de pancoger.
“Las consecuencias sociales y ambientales en los territorios étnicos parecen ser irreversibles. El gobierno colombiano ha concesionado gran cantidad de hectáreas a las trasnacionales y a pesar de existir mecanismos como la consulta previa, estos parecen ser insuficientes ante las políticas económicas que desde el gobierno central se han intentado oponer”, indica la investigación, refiriéndose a la intervención de particulares y empresas privadas en territorios étnicos.
El estudio de la Javeriana explica que el avance de la minería y la industria, que han transformado los usos del suelo, está relacionado con el deterioro de los ecosistemas: “La pérdida de ecosistemas como el bosque seco tropical en el Caribe colombiano y en los valles interandinos se ha presentado por la ampliación de la frontera agrícola, el crecimiento demográfico y la expansión de áreas para ganadería. Además del crecimiento de la agroindustria que ha tomado una parte importante de las tierras en el Caribe y Orinoquía”.
El análisis encontró que en 148 consejos comunitarios sin titulación colectiva, por lo menos el 25 por ciento tienen afectaciones por proyectos agroindustriales en sus territorios; el 23 por ciento por hidrocarburos; el 6 por ciento por oleoductos; y el 7 por ciento por proyectos de infraestructura, “que evidencian las situaciones de vulnerabilidad que amenazan considerablemente las formas de vida colectiva”.
Por eso, la investigación sostiene que la titulación colectiva es necesaria para garantizar los derechos de las comunidades, pero también para conservar las zonas de importancia ecológica significativas por su biodiversidad y valor cultural: “No solo porque se ubican cerca de ríos, cuencas, arroyos, caños, ciénagas, entre otras fuentes de agua, sino porque habitan ecosistemas estratégicos en la conservación del país, con altos índices de biodiversidad y buen estado de conservación”.
Mientras para la Agencia Nacional de Tierras (ANT) será un reto recuperar y organizar todas las solicitudes de titulación que dejó pendiente el Incoder, el Estado en general tendrá que ubicar geográficamente a por lo menos 123 consejos comunitarios, de los que el estudio no pudo encontrar datos precisos sobre el mapa colombiano. “En esta medida tienen la invisibilidad como uno de los factores que agrava su vulnerabilidad”, advierte la investigación.
En la actualidad, por lo menos 17 consejos comunitarios buscan que un Juez Especializado en Restitución de Tierras dicte medidas que agilicen la titulación que no resolvió ni el antiguo Incora, ni el liquidado Incoder y que sigue pendiente ahora en manos de la Agencia. Sin embargo, la titulación a comunidades étnicas no debería ser un trámite que dependa de un fallo de la justicia transicional, sino de la acción de las instituciones que tienen ese mandato, enfatizado además en el Acuerdo de Paz.
“El tiempo es un condicionante. Hay 34 procesos radicados hace más de diez años y 22 que se actualizaron hace más de siete años. La mayoría de consejos presentaron solicitud o actualizaron sus procesos en los últimos tres años. En 2016 y 2017 no ha habido avances en las solicitudes de titulación mientras que los territorios se transforman por los factores de vulnerabilidad”, concluye la investigación.
