En Cúcuta, hay temor por libertad de los ‘paras’

En un monitoreo preparado el año pasado por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA), con el que se buscaba conocer de cerca qué estaban pensando los paramilitares próximos a salir de la cárcel, los entrevistados, al unísono, coincidieron en un tema esencial: su seguridad personal y la de sus familias.

Miembros del Bloque Catatumbo durante su desmovilización. Foto: archivo Semana.

En ese momento, varios de los desmovilizados que hacen parte del Proceso de Justicia y Paz reconocieron que la violencia sigue latente en sus municipios de origen y, quizás lo más importante, hicieron énfasis en el miedo que sienten porque aquellas personas a las que han incriminado en sus versiones ante fiscales y jueces tomen represalias en su contra.

Este temor es especialmente evidente entre los postulados del Bloque Catatumbo, pues menos del 10% de las personas a las que han acusado han sido judicializadas, reconocía en su momento el informe de la MAPP-OEA.

Quizás por ello, seguía el informe presentado en este portal, ‘muchos de los entrevistados advirtieron que piensan recurrir a esquemas de seguridad privada para protegerse, medida que tendrá que tener un seguimiento de las autoridades por el riesgo que ello implica para las comunidades a las que estos exparamilitares van a llegar’.

En Cúcuta y su área metropolitana, el temor de las víctimas del accionar paramilitar, que entre 1999 y 2004 azotó a esta región, también es evidente y poco ha sido consultado por las autoridades locales, máxime cuando el año pasado 16 comandantes paramilitares pertenecientes al Bloque Catatumbo y al Frente Fronteras pidieron su libertad al Tribunal de Justicia y Paz por considerar que ya habían cumplido con los 8 años de pena alternativa.

Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano, excomandante del Frente Fronteras y quizás el primero de esos 16 ‘paras’ que delinquió en esta zona del país que quedará en libertad, es quien más preocupa a algunas de las víctimas de su accionar delictivo o el de los hombres que estuvieron bajo su mando.

Algunas de ellas, pidiendo la reserva de su nombre, manifestaron que su gran temor radica en que, una vez libre, El Iguano regrese a Cúcuta y, con su presencia, se dé un resurgimiento de la violencia de la que algunos creen ya haberse recuperado.

“Mi familia y yo huimos a Venezuela cuando los ‘paras’ me mataron a un hermano. Decían que el siguiente en la lista era yo, así que decidí llevármelos a todos para allá. Hace dos años retorné y me preocupa que la amenaza de aquél entonces se materialice cuando ese señor (El Iguano) regrese por acá”, contó una víctima. Este temor es compartido también por algunos líderes como Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, que ha documentado ampliamente lo que significó para esta región la presencia paramilitar.

En recientes declaraciones, Cañizares sostuvo que el gran temor de las víctimas radica en que los paramilitares puedan tomar represalias contra ellas por los testimonios que han ofrecido a las autoridades para el esclarecimiento de sus casos. Frente a la seguridad, aseveró que el gobierno aún no tiene ningún plan de contingencia frente a esta preocupación porque “cree que los ‘paras’ que van a salir de la cárcel se van a dedicar a actividades normales como cualquier ciudadano, y están confiados en que no va a haber ningún brote de violencia”.

Para Cañizares la posibilidad de que se dé una nueva ola de violencia en la zona se basa en la situación de ilegalidad y criminalidad que vive la región por el lucrativo negocio del narcotráfico y el contrabando, lo que puede facilitarles a los exparamilitares el retorno a sus actividades delictivas.

“Es posible que algunos de ellos se vayan a fortalecer las bandas criminales existentes en la región (Clan Úsuga y Rastrojos) o, incluso, creen nuevas, pues, el mismo gobierno sabe que desde las cárceles muchos de ellos han seguido delinquiendo”, puntualizó.
Esto último ha sido evidente en Cúcuta en al menos dos exjefes paramilitares, quienes siguieron delinquiendo a pesar de haber sido postulados a Justicia y Paz y encontrarse detenidos.

El caso más evidente es el de Carlos Andrés Palencia González, alias ‘Visaje’, quien se fugó el 10 de noviembre de 2010 cuando era trasladado desde Cúcuta, donde permanecía detenido, a Montería, ciudad en la que rendiría versión libre. Una vez logró fugarse, regresó a Cúcuta, donde se desempeñó como subcomandante del Frente Fronteras, a montar la banda criminal de ‘Los Urabeños’, con la que delinquió como su máximo jefe hasta que fue detenido en Madrid (España) en noviembre de 2013.

Otro excomandante ‘para’, José Edilberto García Masón, quien fuera comandante del Frente Fronteras en el barrio Belén, afronta actualmente procesos con la justicia ordinaria, que lo investiga por nueve homicidios cometidos en el 2012 cuando permanecía detenido y vinculado al proceso de Justicia y Paz.

A García, conocido en las filas ‘paras’ como ‘El Bizco’, se le acusa, desde el 2013, cuando completaba 10 años detenido, de haber ordenado la muerte de nueve personas desde el patio 23 de la cárcel de Cúcuta. Las órdenes, según un fiscal de la unidad contra bandas criminales, las habría dado a través de celular.

“Nosotros sabemos que varios de esos ‘paras’ han seguido delinquiendo desde la cárcel, pero en Justicia y Paz, con tal de sacar adelante los procesos que algunos de ellos han iniciado contra políticos y con el fin de esclarecer los miles de homicidios que cometieron mientras estuvieron en las calles, se han hecho los de la ‘vista gorda’ y no han seguido investigando sus nuevos delitos”, dijo un líder de víctimas que, además, manifestó estar tramitando un esquema de seguridad, vía tutela, por las amenazas que ha recibido en los últimos días por estar investigando una serie de denuncias contra un grupo de paramilitares que habrían seguido delinquiendo desde la cárcel. “Si no me matan en estos días, le voy a dañar la salida a algunos de esos ‘paras’”, aseveró.