Los jueces de restitución han proferido 191 sentencias a favor de los reclamantes de este municipio tolimense, desplazados por las Farc y las Auc, así como por choques armados del Ejército con estas fuerzas irregulares. Aunque retornaron, no han contado con el suficiente acompañamiento del Estado para reconstruir sus vidas con dignidad.
Desde 2013, los jueces especializados de restitución han proferido casi 200 sentencias en favor de los campesinos de Ataco. La Unidad de Restitución gestionó proyectos productivos que están marchando, pero la comunidad considera que falta asistencia técnica por parte del Ministerio de Agricultura.Suena el cacareo anunciando el fin de la tarde y María Cáceres* afirma que las instituciones del Estado deben “ponerles más fundamento a las órdenes de restitución”. Aunque aclara que la Unidad de Restitución “hizo la tarea” y fue la que logró “que les devolvieran las fincas y acceder a proyectos productivos”, no cree que lo mismo hayan hecho otras instituciones como la Gobernación de Tolima, la Alcaldía de Ataco, el Ministerio de Vivienda y el Banco Agrario en sus responsabilidades con las víctimas del conflicto armado.
Cada vez que un juez o un magistrado emite una sentencia de restitución, dicta varias órdenes que van más allá de la entrega material de las fincas, que incluyen la asignación de responsabilidades que las instituciones deben ejecutar de manera coordinada para que las víctimas del abandono y despojo de tierras retornen, pero además puedan progresar en sus territorios. Sin embargo, muchas se quedan en el papel.
“En diciembre recibimos un mensaje del Ministro de Agricultura en el que nos enviaba un abrazo y un beso, recordándonos que no van a dejar solo al campo. Recibimos muy bien las expresiones de afecto, pero lo que queremos es que el Ministro mire hacia al campo, que las sentencias no se están cumpliendo en su totalidad”, repite Cáceres.
Según datos de la Unidad de Restitución de Tierras, Territorial Tolima, los jueces han emitido 191 sentencias que favorecen a igual número de familias de Ataco, logrando garantías jurídicas sobre 269 predios que suman 3 mil 641 hectáreas en las veredas Balsillas, Beltrán, Santa Rita La Mina, Potrerito, Canoas San Roque, Canoas Copete y Canoas La Vega. Los primeros fallos fueron en 2013 y desde entonces las decisiones han sido consecutivas, siendo uno de los municipios con mayor número de sentencias de restitución en el país.
En cifras, Ataco es el tercero con mayor número de desplazados en Tolima, después de Rioblanco y Planadas. Los campesinos fueron expulsados por la confrontación entre las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y la guerrilla de las Farc. La violencia se incrementó en 2001 cuando los frentes 21 y 66 de este grupo insurgente azotaron el territorio para expulsar a los paramilitares del Bloque Tolima de las Auc. La población quedó en medio. Y todas las familias que tuvieran algún hijo en las fuerzas militares fueron amenazadas y desterradas por los subversivos. Esta situación fue una de las recurrentes denuncias presentadas por los reclamantes durante los juicios de restitución.
Cuando las demandas llegaron a los despachos de los jueces, la labor no resultó tan compleja. La mayoría de casos correspondían a abandonos, pues los campesinos huyeron de las fincas quedando éstas a la deriva. Es decir, en su territorio no hubo despojo, compras o transferencias de los predios entre terceros y cuartos, situación que sí ocurrió en otras regiones y que complica los procesos de restitución, pues estos deben ser estudiados por un tribunal. De esta forma, los Jueces Primero y Segundo Especializados en Restitución de Ibagué ordenaron de inmediato la formalización de los predios (que el liquidado Incoder les entregara los títulos), que esto quedara actualizado en el registro público y que diversas instituciones del Estado implementaran medidas para garantizar el progreso de las familias.
Así, en los casi 200 fallos los jueces indican la necesidad que el Ejército brinde seguridad a la comunidad; que Finagro y Bancoldex apoyen en la financiación de actividades para que los campesinos recuperen la actividad productiva del campo; que la Unidad de Víctimas realice una visita social, con un equipo interdisciplinario, para explicarles a los campesinos que la reparación requiere de la actuación de varias instituciones. Esto teniendo en cuenta que la Unidad de Víctimas es la coordinadora del Sistema Nacional de Atención y Reparación (Snariv), un mecanismo que debe poner a “marchar” a los Ministerios, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), por poner algunos ejemplos.
En sus órdenes, los jueces indicaron además que la Unidad de Víctimas coordinará con el Gobernador de Tolima y la Alcaldía de Ibagué, así como con los funcionarios locales, para la ejecución de programas de inclusión social, inversión, seguridad e infraestructura. A la Unidad de Restitución de Tierras le exige realizar la gestión de proyectos productivos para que los campesinos mejoren sus predios; el Banco Agrario le pide garantizar la ejecución de recursos para los programas de vivienda rural, y al Ministerio de Agricultura, prioridad y acceso preferente para que las víctimas logren subsidios de adecuación de tierras y asistencia técnica agrícola.
Aunque tales decisiones datan de hace cuatro años, los campesinos restituidos en Ataco aseguran que por lo menos tres medidas no se han cumplido: una vía que les permita movilizarse pero sobre todo comercializar sus alimentos; vivienda rural digna para permanecer en sus fincas,y asistencia técnica agrícola, para sostener los proyectos productivos que les otorgaron.
Con ganas, pero sin pasto y sin vía
Así los campesinos de las veredeas de Ataco, Tolima, deben transportar los alimentos que producen. La vía es una trocha casi intransitable en época de lluvia. Las familias restituidas exigen una pronta intervención para comercializar sus productos.María Cáceres recuerda que su vida dio un giro en 2006 cuando las Farc los desplazaron. “Salimos con una mano adelante y otra atrás”, rememora. Llamó a una hija en Bogotá para pedirle ayuda y fue ella quien asumió los gastos mientras Acción Social y la Corporación Fondo de Apoyo de Empresas Asociativas (Corfas) las apoyaron. Montaron un pequeño negocio de venta de arepas y chorizos, luego de tamales y carne asada, pero con las ganancias sobrevivían a con dificultades en la capital.
Tentados a probar suerte cuidaron fincas ajenas y como no les resultaba, vendían las pocas pertenencias para buscar una nueva oportunidad. Esto último lo hicieron cuando recibieron la llamada “milagrosa” de que por fin habían sido seleccionados como beneficiarios de una vivienda de interés social en Bogotá. “Ese día no lo olvido. Samuel Moreno Rojas qué nos entrega los papeles de la casa y al rato que lo capturan en frente de nosotros”, recuerda. El tema de la casa quedó embolatado tras el escándalo de corrupción en la Alcaldía de Moreno.
Decepcionadas, intentaron probar suerte en una minera. Pero no duraron ocho días. Las Farc, la guerrilla que los había desplazado hacía unos años, rondaba por la zona. “Teníamos miedo”, cuenta María. Volvieron a la ciudad y una señora les propuso cuidar una finca en Tolima. “Nos animó porque era volver al campo y porque estaba muy cerca de la vereda donde estaba nuestra finca”, relata la mujer con emoción.
Ya habían pasado seis años desde el desplazamiento, cuando vio que por la vereda comenzaron a transitar unas camionetas blancas. “Eran profesionales de la Unidad de Restitución. Ellos documentaron el caso, lo presentaron ante los jueces y en 2013 logramos una sentencia”, explica María, indicando que la Unidad gestionó varios proyectos productivos para los campesinos. En su caso, le entregaron cinco vacas. “Yo le compré ‘esposo’ a las vaquitas para sacar cría”, cuenta.
Sin embargo, una vez comenzaron con el plante aparecieron las primeras dificultades. Por el abandono de tantos años, las tierras ya no lucían verdes, “todo era un sólo peladero. Con lo poco que habíamos aprendido en unos cursos del Sena, tratamos de ‘prender’ un pasto y a hacer bloques nutricionales para alimentar el ganado”. Pero el esfuerzo fue casi en vano, pues el pasto no creció y el verano terminó marchitando los retoños. El proyecto de ganado doble-propósito(carne y leche) se desvanecía.
A los pocos días esta vez María sí recibió una “llamada milagrosa”. Un viejo amigo de infancia le contó que pronto le practicarían una cirugía y que no tenía con quién dejar el cuidado de las 320 hectáreas de su finca. Le propuso entonces que a cambio sus vacas podían pastar allí y que con el tiempo podía comprarle un terreno con buen pasto para sostener el proyecto productivo.
En la actualidad María ya tiene 16 vacas y hace poco hizo un negocio con unas novillas para ganar más terneros. Aunque los campesinos consideran que es necesaria mayor asistencia para sacar adelante los proyectos productivos, la Unidad de Restitución asegura que esta es continua durante dos años una vez los proyectos son otorgados. En Tolima el encargado de este acompañamiento es la Fundación Crear.
María explica que la falta de vivienda es una falencia. Aunque ella también contó con la fortuna de estar entre las primeras familias restituidas y lograr una vivienda rural; no ocurrió lo mismo con otros campesinos de las veredas aledañas. Es el caso Emilio Álvarez*, quien retornó pero vive en lo que le quedó de su antigua casa. “Muchas familias fuimos ya restituidas. Nos dieron proyectos productivos de ganado, de caña de azúcar o de apicultura. En mi sentencia estaba lo de la casa, pero todavía no la han hecho. Nos dicen que está por solucionarse”, comenta.
La preocupación de los campesinos es que las nuevas viviendas en construcción las han dejado por partes, en algunos casos sólo quedaron levantadas las paredes y el techo sigue pendiente, con la particularidad que los materiales no son de buena calidad. A esto se le suma otro obstáculo: “la vía está en pésimo estado”, coinciden. Lo único que entra por el camino quebrado son los “UAZ”, un tipo de jeep de origen ruso que transporta alimentos y recados.
Emilio dice que esa es quizá la principal traba para prosperar. Sus abejas le producen una rica y nutritiva miel que ofrece a un precio económico y que podría comercializar en el casco urbano de Ataco o en Ibagué. Pero el transporte termina siendo más costoso que el producto. Un “UAZ” cobra 10 mil pesos por persona en un trayecto que en tiempo bueno puede tardar como mínimo 50 minutos desde la vereda más cercana hasta el centro urbano del municipio. Si la persona quiere enviar carga, el transportador cobra entre 2 mil y 3 mil pesos por arroba.
María y Emilio creen que la carretera permitiría la comercialización de las carnes y alimentos que producen, y que quizá sea una excusa menos para que los responsables de la construcción de las viviendas puedan ingresar los materiales sin problema. Para los campesinos, la demora está en la falta de coordinación del gobierno central con el territorial, pero también de la voluntad y de la “tercerización”, de cómo los organismos oficiales giran los recursos a través de terceros para ejecutar los proyectos, como por ejemplo los de vivienda.
“Falta coordinación”
Los Jueces Especializados en Restitución de Ibagué realizan audiencias de seguimiento posfallo para saber si se han cumplido o no las órdenes de sus sentencias. Han encontrado falencias en el mejoramiento de las vías, construcción de vivienda rural y asistencia técnica a proyectos productivos.VerdadAbierta.com consultó con varias instituciones que participan y deben garantizar el proceso de restitución. Según información de la Unidad de Restitución Territorial Tolima, en este municipio han formulado 149 proyectos productivos, de los cuales 114 corresponden a ganadería, 18 a porcicultura y 17 a cultivos de café. “Hasta el momento se han desembolsado más de 3.900 millones de pesos para la ejecución de proyectos productivos y existen otros 41 proyectos en etapa de formulación”, señala la Unidad.
La Oficina de Prensa de la Unidad Nacional de Víctimas asegura que la institución ha cumplido con la coordinación del Sistema Nacional de Atención y Reparación (Snariv) y que realizan un plan de retorno y reubicación, que incorporó jornadas de cedulación, registro en el sistema de salud de las familias, entrega de alimentos, programas del Bienestar Familiar de refuerzo nutricional, almuerzos y refrigerios escolares, así como cursos de formación complementaria que ofrece el Sena.
“En este municipio también existe un proceso de reparación colectiva y se implementa la estrategia Entrelazando (reconstrucción del tejido social). Una de las dificultades a las que se enfrenta la Unidad tiene que ver con lograr la articulación de todas las entidades para el beneficio de la población víctima. Sin embargo, se ha avanzado con la Alcaldía del Municipio en la realización de acciones conjuntas”, apuntó la Oficina de Prensa.
Ricardo Orozco, secretario del Interior de la Gobernación de Tolima, reconoció que “el cumplimiento de las sentencias no es óptimo”, pero que el Departamento ya formuló varias propuestas que buscan apalancar recursos para comenzar la inversión en Ataco.
Orozco aseguró que desde la Dirección de Derechos Humanos de la Gobernación, junto a la Unidad de Víctimas y la Procuraduría y con el apoyo de la agencia de cooperación estadounidense Usaid, radicaron un proyecto en Invías para mejorar las carreteras que comunican al municipio, así como para estudiar la titulación de los predios donde funcionan los colegios, “pues ésta no es clara y eso ha dificultado la inversión”.
El Secretario indicó que la Gobernación formuló otra propuesta que busca gestionar recursos para llevar Wi-Fi a la vereda de Balsillas y para impulsar dos cadenas productivas: una de café y otra de cacao. “Ya tenemos una acción definida y es actuar en Ataco, donde han sido proferidas 80 por ciento de las sentencias de restitución en Tolima. En la zona se ha avanzado mucho, pues fue seleccionada para los procesos de desminado humanitario. Estamos pensando en gestionar también un proyecto de piscicultura”, agregó el funcionario.
Gustavo Rivas, el Juez Segundo Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué, confirmó que las medidas de restitución no han sido cumplidas en su totalidad y que por eso pronto convocará a la tercera audiencia de control posfallo, a la que están citadas todas las instituciones responsables de cumplir con las órdenes. “Este es un problema de política pública de alto nivel. Algunas instituciones muestran interés pero explican que no hay recursos necesarios… La otra dificultad que veo es la intermediación. Por ejemplo, el Banco Agrario otorga los subsidios de vivienda, pero estos deben pasar por una gerencia y luego por un ejecutor. Y estos son procedimientos establecidos”, advirtió el juez.
Rivas confirma que, en efecto, los principales incumplimientos tienen que ver con vivienda, vías de acceso y asistencia técnica, y que ante la falta de diligencia de varias instituciones al respecto, ya ha compulsado copias para que la Procuraduría investigue a los funcionarios públicos que han sido negligentes. El juez advierte que también ha evidenciado problemas en la Agencia Nacional de Tierras, que tras un año de empalme con el recién liquidado Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), no avanza en la titulación de tierras a campesinos.
El Juez concluye que aunque emitir sentencias de restitución es un proceso complejo, el “posfallo loes aún más” porque requiere de la coordinación de las instituciones del Estado, pues son las medidas de reparación las que les dan “alas” a una comunidad víctima del conflicto armado colombiano.
*Nombres cambiados a petición de las víctimas
