El Programa Somos Defensores publica hoy su informe sobre la situación de esos activistas durante el año pasado. Destaca que los homicidios mermaron un 15% con relación a 2022, pero se incrementaron los casos de atentados, desapariciones forzadas, desplazamientos y violencia sexual. Quienes defienden los derechos continúan sin tener garantías para ejercer esa labor.
“Tras diecinueve meses del Gobierno de Gustavo Petro, el balance en materia de garantías para la labor de las personas defensoras de derechos humanos y quienes ejercen liderazgo social continúa siendo poco alentador pese a la voluntad política y a las diversas medidas adoptadas para hacer frente a esta crisis”.
Esa es una de las principales conclusiones del informe Puntos Suspensivos, en el que el Programa Somos Defensores, organización no gubernamental que desde hace 25 años documenta toda clase de agresiones con lideresas y líderes sociales, recopiló 765 casos de violencia ocurridos el año pasado.
Si se comparan con las 840 agresiones documentadas en 2022, se evidencia una disminución general. Sin embargo, Somos Defensores hace un llamado a la prudencia y enciende las alarmas porque se incrementaron otros repertorios de violencia, diferentes a los asesinatos.
Por ejemplo, los atentados. Si la mitad de ellos se hubieran consumado, el informe estaría indicando que los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos aumentaron el año pasado con relación al anterior. También llama la atención el incremento de las desapariciones forzadas, que aumentaron más del doble entre un año y otro; y el de los desplazamientos forzados, que prácticamente se duplicaron.
La publicación recalca que la cifra menor frente al 2022 no representa un cambio significativo en las tendencias de las agresiones. “La disminución en ciertas agresiones, pero el aumento de otras podría relacionarse con un cambio en las estrategias de los actores armados para perpetrar la violencia selectiva que lleva a la ocurrencia de hechos con baja letalidad y menos impacto a nivel público”, precisa.
Al analizar las agresiones ocurridas el año pasado por tipo de liderazgo, siguen vigentes tendencias de años anteriores: los sectores más golpeados son el indígena, el comunal y el comunitario. No obstante, Puntos Suspensivos reporta preocupantes incrementos en el sector campesino, con un aumento del 51%; y en el de víctimas, con un incremento del 171%.
Por otro lado, la investigación identificó que las agresiones contras las mujeres defensoras de derechos humanos aumentaron un 7%, al registrarse 14 hechos más que en 2022. Entre los que se cuentan cuatro asesinatos en razón del género, todos en contra de lideresas LGBTIQ+, 3 de ellas mujeres trans.
“En total, en contra de mujeres se confirmaron 135 amenazas, 24 asesinatos, 14 atentados, 12 desplazamientos forzados, 5 robos de información, 3 detenciones arbitrarias, 3 secuestros, 2 casos de tortura, 2 desapariciones forzadas, 2 hechos de violencia sexual y 1 judicialización”, detalla la publicación.
En cuanto a presuntos responsables, a quien se le atribuye la mayor cantidad de agresiones es a grupos de origen paramilitar (178), le siguen disidencias de las Farc (136), la guerrilla del Eln (46), autores individuales (40), miembros de la Fuerza Pública (26), bandas criminales (12), instituciones del Estado (3) y alianzas criminales (2). Además, se desconoce la presunta autoría de 322 agresiones.
Al poner la lupa en los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, se encuentra que ocurrieron en 25 departamentos y en el Distrito Capital. La mayoría de ellos se concentra en el suroccidente (Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Putumayo), abarcando el 45% de los 168 casos documentados por Somos Defensores en 2023.
Esas cifras revelan que Cauca nuevamente ocupa el primer lugar como el departamento con más lideresas y líderes sociales asesinados, pues en 2022, luego de varios años de estar ocupando esa posición, pasó al tercer puesto, cuando Nariño fue la región con más víctimas.
En cuanto al tipo de liderazgo que ejercían las víctimas, en 2023 ocurrió una variación respecto a años anteriores: el comunitario pasó a encabezar el escalafón con más víctimas, dejando en segundo y tercer lugar al comunal y al indígena, respectivamente.
Sobre la forma en que fueron ejecutados los 168 asesinatos, el informe los discrimina de la siguiente manera: “En 125 se utilizó arma de fuego, en 20 se utilizó arma blanca, en 16 se desconoce el arma utilizada, 2 se produjeron por asfixia mecánica, 2 producto de la activación de minas antipersonales, 2 por golpe con objeto contundente y 1 ocurrió como consecuencia de un golpe”.
En suspenso
Además del análisis de agresiones ocurridas el año pasado, este nuevo informe contiene dos capítulos adicionales. En el primero evidencia que si bien hay una “apuesta arriesgada” por parte del Gobierno de generar diálogos con diferentes grupos armados para avanzar en la paz, estos procesos no han estado libres de tropezones y la mayoría de ellos se encuentran en una fase de estancamiento.
“Además, algunos grupos no muestran coherencia entre la voluntad de paz que manifiestan al Gobierno y sus acciones en territorio, pues mientras dialogan avanzan en fortalecimiento militar y de control sobre los territorios; y continúan generando impactos humanitarios severos a través de acciones como confinamientos, desplazamientos forzados y uso de artefactos explosivos”, indica.
Y en el segundo presenta un análisis sobre los avances de las políticas públicas de garantías para la labor de defensa de los derechos humanos, el cual arroja resultados poco alentadores. La publicación precisa que “si bien las tareas pendientes en esta materia vienen desde anteriores gobiernos, lo cierto es que en el actual no se ha logrado avanzar de manera suficiente para bajar el nivel de riesgo en los territorios para las personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales”.
Concluye que la “la baja coordinación interinstitucional para trabajar en las políticas públicas y la poca capacidad para transformar las realidades en los territorios, ha logrado que persistan los riesgos para quienes defienden los derechos humanos”.
A pesar del panorama descrito, el Programa Somos Defensores, destaca que organizaciones sociales y diversas comunidades siguen en pie junto a la esperanza de cambiar su futuro, apostando para que después de esos puntos suspensivos la historia pueda dar un giro a favor de toda la sociedad colombiana.
