A pesar de ser el departamento con mayor número de desplazamientos masivos durante este año, las autoridades locales y nacionales parecen no estar preparadas para atender a las víctimas. La falta de presupuesto, los enredos contractuales y las “peleas” institucionales son parte del panorama.
A diferencia de lo que ha ocurrido en la mayoría del país, en Chocó la firma del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las Farc no implicó una disminución de la violencia. Al contrario, la salida de los frentes subversivos hacia las zonas veredales de concentración acrecentó los enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la guerrilla del Eln para apoderarse de zonas clave de las rutas del narcotráfico y de la minería ilegal.
A pesar de que la Defensoría del Pueblo venía advirtiendo, desde 2015, las intenciones de los ‘gaitanistas’ de tomarse buena parte de Chocó, su avance no se detuvo. El departamento fue víctima de 12 de los 28 desplazamientos masivos ocurridos en el paísen los cinco meses que van de 2017, según el reporte de la Unidad de Manejo y Análisis de Información de Naciones Unidas.
De acuerdo con la Unidad de Víctimas, durante 2017 se han desplazado comunidades afro e indígenas de Lloró, Litoral de San Juan, Alto Baudó, Bajo Baudó, Río Sucio, Carmen del Darién y Tadó. Las más de 3 mil personas afectadas que reporta Naciones Unidas ubican a Chocó en el deshonroso primer lugar en desplazamientos forzados en el país.
Los enfrentamientos y la instalación de minas antipersonal también han ocasionado confinamiento de por lo menos 2.300 personas de comunidades afro e indígenas que temen salir de sus casas, según el sistema de información de Naciones Unidas.
Para atender estas emergencias, la Ley de Víctimas, en vigencia desde el 1 enero de 2012, estableció que la atención inmediata es responsabilidad de las alcaldías locales, que se supone deben tener planes de contingencia; y, en caso de no poder cumplir, cuentan con el apoyo de la Unidad de Víctimas y la Gobernación.
En Chocó, sin embargo, la respuesta institucional no ha funcionado como debería y, en la mayoría de los casos, la atención humanitaria inmediata ha quedado en manos de organismos internacionales como el Consejo Noruego de Refugiados y del Comité internacional de la Cruz Roja (CICR). Más que un caso excepcional, lo que sucede allí ejemplifica las dificultades que han tenido los municipios más pobres para implementar políticas de atención a víctimas.
Precariedad de autoridades locales
Desde 2015 la Defensoría del Pueblo viene advirtiendo sobre el avance de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) sobre el Chocó. Foto: revista Semana.
Ante un desplazamiento forzado, la ley indica que las alcaldías locales deben atender de manera inmediata a la población. Se supone que en cada municipio debe existir un plan de contingencia y presupuesto para brindar alimentos, productos de aseo, servicios médicos y alojamiento a la población desplazada. La cobertura de emergencia se extiende durante tres meses.
Pero estos procedimientos no se cumplen con rigor en Chocó, en parte, porque todos los municipios en los que se han presentado desplazamientos son de categoría seis y manejan presupuestos bastante ajustados. De hecho, todo el departamento está en esa categoría, que es la más baja. “Es muy difícil que nos dejen esa responsabilidad en nuestras manos que trabajamos con las uñas. Acá sigue llegando y llegando gente, pasan las semanas y la plata se va a agotando. Yo no puedo poner todo el presupuesto en esto, yo tengo un plan de gobierno qué cumplir”, contó a VerdadAbierta.com el mandatario de un municipio ubicado sobre la costa Pacífica de Chocó, quien pidió la reserva de su nombre.
También es cierto que, para muchos alcaldes, a pesar del riesgo inminente, el tema de atención a las víctimas no es una prioridad y poco invierten en planes de contingencia. “Los administradores de turno no tienen la visión de proyectar temas de emergencia, no les asignan recursos, ponen dos o tres milloncitos y nada más, cuando la emergencia se presenta no tienen cómo atenderla. Este año con presupuestos nuevos en febrero ya había alcaldes diciendo que no tenían plata”, dijo el coordinador de la Mesa Departamental de las Victimas, Esaud Maturana.
Según dijeron fuentes consultadas en la zona, el único plan de contingencia que está en total funcionamiento es el del Alto Baudó. Elogian también el trabajo que ha hecho el municipio del Litoral San Juan, donde la administración local ha respondido por la atención inmediata casi en su totalidad.
Lo cierto es que hay emergencias que son muy graves y difícilmente una autoridad local, que vive en medio de la zozobra y la violencia, podrá responder por ello. Por ejemplo, de acuerdo con los informes del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo sobre los desplazamientos en Lloró, uno de los problemas es que el alcalde del municipio también está amenazado por las bandas criminales.
En Riosucio, la emergencia se viene presentando desde finales del 2015 y el número de desplazamientos y confinamientos sigue en aumento, por lo que es imposible que la alcaldía local sea la única a cargo de la situación. Ya lo advertía así un oficio que la Defensoría del Pueblo envío en abril de 2016 a la Unidad de Víctimas: “el municipio de Riosucio ha manifestado de manera reiterada que no dispone de recursos para atender a una emergencia humanitaria de esas dimensiones, se requiere que la UARIV -Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas-, en atención a sus obligaciones, disponga de ayudas humanitarias necesarias para que la población desplazada y confinada no sigapadeciendo hambre”.
A pesar de ello, en la última nota de seguimiento, del pasado 27 de abril emitida por el SAT, la situación no es alentadora: “Al día de hoy, en la cabecera municipal de Riosucio hay aproximadamente 350 familias desplazadas por acciones de las AGC sin atención adecuada y digna del Estado”.
Según líderes sociales y algunos funcionarios públicos consultados por VerdadAbierta.com, la situación es peor cuando se trata de confinamientos, pues es en esos casos las personas están pasando hambre. Este delito, que ya fue incluido en la lista de “hechos victimizantes” que reconoce la Unidad de Víctimas, ha sido frecuente en lo que va corrido del año en Chocó, pues los grupos armados prefieren que las personas no salgan y así no hacer visible su presencia. Algunas comunidades indígenas han denunciado la instalación de minas antipersonal que les impide transitar libremente por sus cultivos, lo que ha causado desabastecimiento.
“Esta es un situación que poco atienden las autoridades locales. Solo en algunos casos llegan otras entidades, pero atienden con uno o dos mercados, nunca se atienden las causas, por ejemplo la presencia de explosivos en el territorios, los grupos siguen moviéndose por allí, haciendo esto y lo otro, entonces la gente tiene que convivir con eso”, explicó a VerdadAbierta.com un funcionario que conoce el tema.
¿Qué pasa con la Unidad de Víctimas?
Riosucio ha sido uno de los municipios más afectado por el avance de los ‘gaitanistas’. Foto: revista Semana.
A pesar de que se trata de un departamento prioritario, solo hasta el 9 de mayo fue nombrada la directora territorial de la Unidad de Víctimas, se trata de María del Rosario Palacios. Durante los primeros meses del año, estuvo como director encargado, Jaime Ramiro Guerrero Vinueza, director regional de la Unidad en Nariño, departamento que también vive su propia emergencia humanitaria y muy distante del Chocó. “Vino unos días y luego salía, así es muy difícil hacer seguimiento a una problemática tan grave”, dijo Maturana.
Guerrero hizo un par de visitas a la sede de la Unidad en Quibdó, pero gestionaba la emergencia desde la ciudad de Pasto. Sin embargo, en respuesta a VerdadAbierta.com, la Unidad de Víctimas insiste en que eso no afectó en el cumplimiento de sus funciones.
El papel de la Unidad es clave no solo porque es la encargada de coordinar la aplicación de la Ley de Víctimas, sino porque está obligada a apoyar a los entes territoriales que no cuentan con los recursos necesarios para la atención inmediata. Una vez los afectados estén incluidos en el Registro Único de Víctimas, debe prestar la atención humanitaria de emergencia.
Por esto, la sorpresa fue mayor cuando en varias reuniones interinstitucionales convocadas en Chocó para hacer frente a los inminentes desplazamientos masivos, la Unidad de Víctimas anunció que no contaba con un contrato vigente con el operador que proveía servicios de atención humanitaria y que, por lo pronto, no estaba en capacidad de brindar el servicio. “No es aceptable que sea esa la respuesta de la entidad encargada de atender a las víctimas en un momento en el que Colombia está en transición hacia la paz, donde las mayores victimizaciones se siguen presentando en el Pacífico”, indicó un líder comunitario.
El problema se resolvió por medio un convenio con el CICR y el Consejo Noruego de Refugiados, quienes atendieron la situación.
VerdadAbierta.com se contactó con la Unidad de Víctimas y ante la negativa de conceder una entrevista enviamos un formulario de preguntas. En sus respuestas precisó que “el proceso contractual se encuentra en curso y se adelanta en la Bolsa Mercantil, tal como se ha hecho en vigencias anteriores. Esta contratación busca tener el operador que realice la actividad de entrega de Ayuda Humanitaria en Especie y de acuerdo con el cronograma de la Bolsa la rueda de negocios está programada para este mes de mayo”. La respuesta fue enviada el 10 mayo y para entonces el proceso de contratación seguía en trámite.
El nivel de desatención por parte de la Unidad de Víctimas fue denunciado en el informe de riesgo del 30 de marzo de 2017 de la Defensoría del Pueblo. En el documento se advierte de la grave situación en el Litoral San Juan. Por su cercanía con Buenaventura, esta población ha optado por desplazarse al puerto vallecaucano para recibir atención de emergencia, pero de acuerdo con el informe no son solo ellos, sino que varias víctimas “optan por desplazarse hacia Buenaventura, pues consideran que existen mayores garantías para la atención en este lugar, ya que argumentan dilaciones por parte de la Unidad de Victimas Territorial”.
¿Y dónde está la Gobernación?
El confinamiento, que se define restricción de la libertad de movimiento de una población, ha sido un delito recurrente en conflicto reciente del Chocó. Foto: revista Semana.
Aunque varias de las personas consultadas apuntan a que la Gobernación de Chocó ha sido pasiva ante la emergencia, la entidad se defiende asegurando que hay varios factores ajenos que han impedido su trabajo.
La Gobernación designó 19.641 millones de pesos para atender la población víctima en todo el departamento. Cerca de 4 mil millones salen del presupuesto propio y el resto lo toman del Sistema Nacional de Regalías.
Para articular el trabajo de las autoridades locales con las de orden departamental y nacional, la Unidad de Víctimas creó a finales de 2015 una herramienta conocida como ‘Tablero PAT’. En este sistema, los alcaldes locales deben suministrar la información sobre las necesidades de su municipio que sirvan de insumo para planear un Plan de Atención Territorial (PAT) en el que interviene la Gobernación y la Unidad de Víctimas. Los datos del año en curso se usan para planear las acciones a seguir el año siguiente.
“Nosotros pudimos establecer que hubo una falla en la información que los entes territoriales entregaron el año pasado. No había suficiente información y no todos sabían cómo funcionaba en el mecanismo. Ya el problema está solucionado, pero la información de este año ya se aplicaría en 2018”, explicó Mauricio López, coordinador de la Oficina de Víctimas de la Gobernación de Chocó. De acuerdo con el funcionario, no contar con información fiable ha hecho imposible la planeación de los proyectos.
Por otro lado, las diferencias entre los funcionarios de la Gobernación y lo miembros de la Mesa Departamental de Víctimas solo han empeorado la situación. Para la Mesa, la Gobernación “está lejos de las víctimas y no les pone cuidado”; y para la Gobernación, “algunos miembros de la Mesa son un ‘palo en la rueda’ que no dejan avanzar los procesos’”. Las acusaciones van y vienen, pero los proyectos concretos no avanzan y las comunidades afectadas no encuentran soluciones concretas a sus padecimientos.
Desde la Gobernación anterior (2012-2015) la Mesa de Víctimas venía trabajando en la elaboración de seis proyectos para atención y reparación de las comunidades afectadas de Chocó. Uno de estos destinaba recursos de atención inmediata en casos de desplazamiento para los municipios que aún no tuvieran un plan de contingencia. Para la Gobernación, el proyecto no contaba con la rigurosidad técnica requerida, aunque la Mesa contó con ayuda de entidades internacionales para su elaboración.
“En diciembre lo aprobó el Comité de Justicia Transicional, lo entregamos, pero la Gobernación no nos ha parado bolas”, dijo Esaud Maturana, de la Mesa de Víctimas. El Comité es la instancia para el diseño de política pública en temas de atención a víctimas a nivel territorial.
Desde entonces, 12 desplazamientos masivos han ocurrido en el departamento y el proyecto no ha concluido. De acuerdo con Mauricio López, en la Gobernación están a punto de aprobar 3 mil millones de pesos para atención humanitaria con cambios al proyecto original.
Mientras estas discusiones tienen lugar y los problemas contractuales no se resuelven, la violencia no se detiene en Chocó. El verdadero peligro es que, mientras no hay soluciones estables, se pone en riesgo a la población que se ve obligada a regresar a la zona sin el debido acompañamiento del Estado, quedando a merced de grupos armados ilegales.
* Tatiana Navarrete, autora del artículo, viajó a Chocó con el apoyo del International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de la iniciativa Adelante.
