Un día después de que las comunidades pactaran erradicar de manera voluntaria la hoja de coca, llegaron miembros de Policía Antinarcóticos a fumigar los cultivos. Esperan respuesta del presidente Juan Manuel Santos.
Policías Antinarcóticos asperjaron en la vereda Las Palmas, de San José de Guaviare, el pasado 1 de marzo justo después de firmar un acuerdo de sustitución voluntaria. Foto: archivo particular.A la fuerza y violando acuerdos pactados dos días antes, la Policía Antinarcóticos llegó a la vereda Los Alpes, del municipio de San José del Guaviare, e imponiéndose a los campesinos, comenzó la erradicación manual de las matas de hoja de coca sembradas allí.
“Ante el reclamo de los ciudadanos exigiendo acatar el acuerdo firmado, simplemente recibieron la respuesta de que dicho acuerdo no tenía ninguna validez para ellos, e impusieron su fuerza”, señaló Carlos Humberto Romero, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del departamento y coordinador de la Mesa Guaviare es Paz, en la carta que le envió al presidente Juan Manuel Santos parapresentar el reclamo.
Su inconformidad surge ante lo que considera una violación a los acuerdos pactados dos días antes. Resulta que el 27 y 28 de febrero, las comunidades representadas por la Asociación de Juntas de Acción Comunal (JAC) del departamento, MIA Guaviare y sur del Meta, Guaviare es Paz y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) se reunieron con representantes del gobierno nacional y miembros de Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) para pactar el acuerdo de sustitución voluntaria a la par que llegaran los programas estatales.
Uno de los puntos acordados es que el gobierno sí podía erradicar matas de coca a la fuerza, pero sólo cuando los campesinos que firmaron el acuerdo no se inscriban al programa de sustitución de cultivos, cuando incumplan los compromisos o cuando la hoja de coca no tenga un dueño identificable.
Pero esas condiciones no se aplicaban a la vereda Los Alpes, donde viven cerca de 70 familias. Un día después de haber firmado el acuerdo, policías antinarcóticos llegaron hasta allá para erradicar de manera forzosa las hojas de coca que encontraran a su paso, con tanques de glifosato a sus hombros.
Lo paradójico es que entre las propias autoridades hay contradicciones. Así lo expuso Pedro Arenas, director del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos de Indepaz, quien recibió varias fotografías de Romero y en una de ellas se observa un papel puesto por los mismos policías con las coordenadas exactas de donde se realizaba el operativo. El Observatorio constató que se trataba del lugar de donde venía la denuncia, pero al pedir explicaciones ante la Policía Antinarcóticos en San José de Guaviare, aseguraron que no estaban operando en la vereda.
Romero explicó que esto rompe con la confianza que se está intentando tejer entre el gobierno y una región destacada por la ausencia histórica del Estado: “El 28 de febrero salimos contentos y el 1 de marzo, en la mañana, me llama el presidente de la JAC de Los Alpes porque había llegado un grupo de erradicadores. Eso significaba un incumplimiento al acuerdo que habíamos establecido y no aportaba a la confianza”.
En Guaviare tiene asiento uno de los cuatro Centros Estratégicos Operacionales (CEO) que creó el Ministerio de Defensa en los lugares con más hoja de coca del país; los tres restantes se ubican en Tumaco (Nariño), Caucasia (Antioquia) y la región del Catatumbo (Norte de Santander). Su propósito es cumplir la meta que se trazó el gobierno para 2017 de acabar con 100 mil hectáreas de hoja de coca.
¿Y el gobierno?
Esta es la advertencia que pone la misma Policía en la vereda donde asperjó. Foto: archivo particular.Desde el pasado 27 de enero, el gobierno nacional inició pruebas piloto del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) pactado en el Acuerdo Final de paz con la guerrilla de las Farc, en áreas afectadas de los departamentos de Guaviare, Meta y Vichada, donde se estima que hay cerca de 9.500 hectáreas de coca sembradas por 10 mil 500 familias.
Eduardo Díaz, director de la Agencia para la Atención Integral de la Lucha Contra las Drogas, reconoció que “es un proceso en el cual hay que ir haciendo ajustes”. Y todo es para que no se repitan casos como el que ocurrió en la vereda Los Alpes, por ello, agregó, que están trabajando para que acuerdos como el de Guaviare se impongan y la sustitución sea el mecanismo adecuado.
Desde la intervención del gobierno nacional, la Policía Antinarcóticos suspendió la erradicación forzada. Pero las preocupaciones parecen ir más allá. Romero sostuvo que desde que se habló de que el PNIS llegaría a Guaviare con beneficios económicos para los cultivadores, algunos campesinos que no tenían hoja de coca comenzaron a sembrar y que esta ha sido una de las razones del incremento de estos cultivos.
Tales incrementos son ratificados por el último informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), organismo dependiente de la ONU. En su último informe, divulgado en Viena (Austria) el pasado jueves, estableció que la superficie total en Colombia dedicada al cultivo de hoja de coca ha venido aumentando, pasando en 2014 69 mil hectáreas a 96 mil en 2015. (Descargar informe)
Díaz indicó que existen otros motivos distintos a los reseñados por Romero para explicar esos incrementos y destacó la devaluación del peso y la caída de precio de oro en algunas regiones, y enfatizó que el Plan no sólo llegará a las familias cultivadoras.
“En el programa de desarrollo territorial y en las zonas afectada por cultivos de uso ilícito, no existe esa distinción, estamos trabajando con campesinos con coca y sin coca”, agregó el funcionario, pero sin desviarse de la atención a los cultivadores, pues, según la UNODC, en el pasado existieron otros planes de sustitución que nunca llegaron a por lo menos el 68% de los territorios donde había hoja de coca.
En este acuerdo macro para Guaviare y el sur de Meta las comunidades ratificaron su voluntad de sustituir la coca y, además, se pactó un plan de atención inmediata mientras el PNIS entra en acción. Y es así como se espera que le llegue a cada familia de cultivadores un millón de pesos durante 12 meses y adecuación de tierras para que puedan sembrar otro tipo de productos; además, recibirán un único aporte de 1 millón 800 mil pesos para que cultiven pancoger y críen especies menores y otros 9 millones de pesos para invertir en psicultura, avicultura o en otros proyectos de ciclo corto. Todo con el propósito de que tengan de qué vivir sin necesidad de cultivar hoja coca otra vez.
Para garantizar eso, en el acuerdo se estipula que en el segundo año de implementación, el gobierno nacional se compromete a invertir hasta 10 millones de pesos por familia en proyectos productivos, seguir el cumplimiento de los planes, promover las organizaciones sociales de la región, hacer obras de infraestructura rápida, formalizar la propiedad y crear planes de sostenibilidad.
“El Gobierno Nacional priorizará el área de sustitución voluntaria para simultáneamente dar inicio a la implementación de lo acordado en el Punto 1 (del acuerdo de paz) -RRI- con el fin de desarrollar acciones complementarias para la transformación del campo en temas de vías, acceso y adecuación de tierras, definición de frontera agropecuaria, zonificación ambiental y resolución de conflictos de uso de la tierra”, quedó consignado en el pacto.
Lo que ahora esperan los cultivadores de hoja de coca firmantes del acuerdo es que el gobierno nacional realmente cumpla lo pactado y se les permita una sustitución voluntaria y no forzada, como ocurrió en Los Alpes. Ellos tienen voluntad y esperan lo mismo delas autoridades.
