Cerca de 400 indígenas han vivido hacinados durante más de dos años en el casco urbano de Becerrill, Cesar. Aunque les prometieron reubicar inmediatamente su resguardo en La Guajira, la Agencia Nacional de Tierras solo ha comprado el 35% del territorio.
Campo Alegre, el nombre original del resguardo de la comunidad Wiwa en Cesar, parece hoy una ironía. De él solo queda el nombre, pues desde hace más de dos años no tienen territorio y están hacinados en una sede abandonada de Carbones del Caribe, sobre la vía que conecta a Becerril con Valledupar.
Para sobrevivir, las más de 90 familias han cambiado drásticamente su forma de vida: las mujeres trabajan como empleadas domésticas, los hombres salen a jornalear y los menores asisten a una escuela improvisada construida con recursos de la comunidad.
“Si no tenemos territorio no somos nada”, explica María Milena Malo, secretaria general del Resguardo. Por eso, en medio de estas precariedades, la comunidad espera una solución al problema que el mismo Estado generó hace 22 años.
Una historia plagada de errores
Como cuenta María Malo, esta comunidad indígena tiene origen en sus abuelos que salieron desplazados de la Sierra Nevada de Santa Marta en la década del ochenta. Con mucho esfuerzo, compraron varias fincas para constituir el resguardo.
El drama de los Wiwa comenzó, sin embargo, desde que el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) les entregó en 1995 el título colectivo, que reconoce el Resguardo de Campo Alegre en la Serranía del Perijá, con 1.141 hectáreas. El problema fue que la entidad constituyó el resguardo dentro del territorio ancestral de los Yukpa, otro pueblo indígena de Cesar.
En ese entonces, los dos pueblos indígenas llegaron a un acuerdo y los Wiwa siguieron trabajando sin problema sobre la margen derecha del río Maracas. Sin embargo, la comunidad Wiwa creció en integrantes con el paso de los años y los Yukpa les expresaron la necesidad de salir de su territorio ancestral. Por mutuo acuerdo, El 15 de junio de 2015 los Wiwa dejaron su resguardo.
No fue una salida intempestiva. Las comunidades conversaron por más de un año en compañía de entidades gubernamentales de orden nacional y local para evitar una tragedia. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) dijo que los reubicaría en el municipio de El Molino en La Guajira y les prometió que para diciembre de 2015 ya estarían compradas la mitad de las 1.141 hectáreas y en 2016 tendrían el 100% del resguardo. Pero no fue así.
Los Wiwa quedaron en medio del “congelamiento” de todos los procesos agrarios, pues en diciembre de 2015 el gobierno nacional anunció la liquidación del antiguo Incoder para dar vida a la nueva Agencia Nacional de Tierras. Y durante gran parte de 2016 este tipo de procesos quedó detenido mientras la Agencia hacía el empalme y recibía todo el archivo rural del país.
160 menores asisten a una escuela que tuvo que improvisar la comunidad para no interrumpir las clases. Foto: Tatiana Navarrete.
Sin embargo, de acuerdo con la Agencia de Tierras, los retrasos han sido de la comunidad. “Estas compras no han tenido la celeridad que ha querido imprimirle la Agencia Nacional de Tierras por los retrasos de la comunidad a la hora de presentar la documentación completa de los predios solicitados para compra. Así consta en las actas de seguimiento realizadas por el Ministerio del Interior”, dice la respuesta enviada por la Agencia a VerdadAbierta.com. Estas acusaciones han sido negadas por los Wiwa, quienes en el albergue han acopiado decenas de carpetas con los documentos de su reclamación.
Ante la emergencia, la solución ofrecida entonces por la Alcaldía de Becerril fue albergarlos en la antigua sede recreativa de Carbones del Caribe, que no tiene la capacidad ni la infraestructura para que allí vivan las 486 personas que integran el resguardo. “No tenemos territorio, comida, vestido, esto es muy difícil”, cuenta entre lágrimas, la profesora Ana Elvia Nieves.
La respuesta de las entidades locales y nacionales ha sido insuficiente: no les brindan ayuda humanitaria porque “no son víctimas del conflicto armado”, los menores solo reciben una comida en todo el día y las autoridades locales los han dejado en un callejón sin salida, “En Becerril no se nos atiende en ciertos proyectos por no tener un territorio y en El Molino tenemos territorio pero no se nos atiende porque no está legalmente constituido el resguardo allá”, dijo la Secretaria del Resguardo.
Como explica la personera de Becerril, Ana Benavidez, “sin el resguardo constituido no pueden acceder a la oferta institucional. El incumplimiento con el tema de las tierras ha sido demasiado. Convocan reuniones y reuniones y nada pasa, llegan a las mismas conclusiones”.
VerdadAbierta.com intentó contactar al Alcalde y al Secretario de Gobierno de Becerril, pero no obtuvo respuesta.
El tiempo apremia
Esta comunidad ha perdido los espacios tradicionales donde los mayores trasmitían a los niños sus conocimientos ancestrales. Foto: Tatiana Navarrete.
Lo que más preocupa a la comunidad Wiwa es que siga pasando el tiempo y el “tejido social” se siga fracturando. Estar en un albergue al lado de la carretera y sin tierra para cultivar ha afectado todas sus prácticas culturales y expuesto a sus jóvenes. “Aunque las tecnologías nos han permitido comunicarnos, muchos jóvenes quieren estar pendiente es de las redes sociales, de ir a los billares o a las cantinas que hay por acá cerca. Tenemos miedo que no quieran volver al resguardo”, cuenta María Milena Malo.
Las profesoras intentan preservar la lengua nativa, el Dumuna, en las improvisadas aulas construidas por la propia comunidad con una malla y mesas viejas. Allí, al lado de una piscina con agua estancada que se ha convertido en un foco de enfermedades, reciben clases más de 160 niños.
Diana Luz Mendoza, profesora del Resguardo, advierte que no es solo un problema de infraestructura; tampoco hay garantías para que los niños se alimenten bien. “Nos apoyan con los almuerzos, pero acá hay niños que pasan el día con esa sola comida. Se nos han desmayado en clase”, comentó Mendoza.
“No tenemos nada, ni materiales, ni uniformes. Estudiar así es muy difícil”, aseguró Luis José Daza, personero del Centro Educativo Riveras del Maracas. Y a pesar de las difíciles condiciones les han abierto las puertas a otros niños que no hacen parte del resguardo, pero que no encontraron cupo en Becerril.
Extrañan los espacios tradicionales donde los mayores trasmitían a los niños sus conocimientos ancestrales. Atrás quedaron las danzas y los pagamentos acompañados de la interpretación del carrizo, la caja y la maraca.
El problema es que luego de que el gobierno nacional les entregara las primeras 313 hectáreas de las 1.114 en El Molino, los mayores se trasladaron a este municipio con la idea de comenzar a trabajar la tierra, entonces la comunidad quedó fraccionada. “Hoy la comunidad está dispersa. Ya 30 familias salieron hacia El Molino y las otras están acá en Becerril”, contó Nieves.
Como no tienen territorio para cultivar alimentos, han tenido que salir a rebuscarse el “diario”. Si mucho, les pagan a 25 mil el jornal, pero como cuenta Jairo Alfonso Pulgar, comisario del resguardo, a veces les postergan la paga aprovechando su situación de necesidad. Las mujeres, también tratando de sobrevivir, buscan algunos pesos en casas de Becerril, trabajando en la limpieza o la preparación de alimentos.
Cuando vivían en su resguardo los Wiwa no sufrían de tristeza ni desnutrición, pero ya los primeros niños fueron diagnosticados con esta enfermedad y, hace un par de meses, uno de sus mayores “murió de angustia”, como cuenta Carlos José Nieves Daza, coordinador de Tierras del Resguardo. “El hombre se sentaba por ahí a llorar de ver que seguíamos aquí sin territorio”.
