El daño al medio ambiente en ese departamento está causando graves afectaciones a los territorios étnicos y a sus habitantes, que no cuentan con apoyo estatal para detener a la minería, las madereras y los monocultivos, según un nuevo informe del Cinep.
Describiendo escenas desoladoras de bosques destruidos y ríos de un azul incandescente propio de la contaminación con mercurio, Talando la selva y contaminando las aguas: conflictos socioambientales en el Bajo Atrato chocoano, un informe del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), prende las alarmas sobre la situación crítica de la región.
En un recorrido por los municipios de Unguía, Carmen del Darién y Riosucio, con sus diferentes consejos comunitarios, esta publicación visibiliza las afectaciones al ecosistema con la tala desmedida de bosques y la contaminación de los ríos en la subregión conocida como Bajo Atrato y Darién en limitaciones con Panamá.
La deforestación masiva, minería legal e ilegal, monocultivos industriales y cría masiva de animales se cruzan con el conflicto armado y el abandono estatal. Estos conflictos socioambientales obligan a las comunidades a cambiar su forma de relacionarse con el territorio, dicen las autoras de los textos, Sonia Cristina Vargas y Laura Catalina Tovar.
Un ejemplo es la serie de animales y árboles “que ya casi no se ven –o directamente han desaparecido” en esta zona caracterizada por la espesa selva y atravesada por el majestuoso río Atrato que nace allí, en el Cerro El Plateado. Ciertas plantas que servían para curar enfermedades y algunos animales para el alimento ya no es posible conseguirlos. Los ríos que eran las vías de conexión entre comunidades han perdido su cauce o están siendo contaminados.
El Cinep indica que todo esto sucede por las disputas entre personas naturales, organizaciones, empresas privadas y el Estado que afectan a los derechos humanos por el acceso y uso de recursos naturales y los impactos de las actividades económicas.
En el Bajo Atrato chocoano, esas disputas principalmente derivan del uso y acceso a la tierra, reflejados en el histórico despojo de amplias tierras productivas, “con el beneplácito u omisión de la institucionalidad”, violando los derechos colectivos de las comunidades negras e indígenas que las habitan.
Un gran aporte de este trabajo son los datos recolectados para cuantificar las afectaciones, ya que no existen estadísticas oficiales. Entre ellos que 65.000 hectáreas de bosque fueron deforestadas dentro de los 19 consejos comunitarios y 20 resguardos indígenas entre 2002 y 2022. Hay 108 títulos mineros y 140 puntos de afectación a fuentes hídricas.
Los mapas detallados incluidos en el informe, realizados por Silvia Trujillo, ilustran las disputas socioambientales y señalan las zonas afectadas en los tres municipios y sus territorios étnicos. Riosucio es el municipio que tiene más zonas críticas de deforestación con 25.700 hectáreas, le sigue Unguía con 21.108 hectáreas y después el Carmen del Darién con 18.358 hectáreas.
Aunque los conflictos son similares en los tres municipios de esta subregión, cada uno tiene sus particularidades. El municipio Carmen de Darién es el primero en ser analizado, al ser el primero que recibe el río Atrato y los ríos Curbaradó y Jiguamiandó, donde dice el informe, tiene 49 títulos mineros vigentes y 15 en etapa de exploración en las 319.700 hectáreas que lo componen. Allí, se explota el oro, cobre y molibdeno, un mineral que se usa para endurecer el acero.
La ganadería y el monocultivo de palma de aceite son responsables, en gran parte, de la deforestación. El otro gran monocultivo es la coca, que para el 2020 tenía 192,67 hectáreas sembradas, siendo el mayor cultivo de la subregión.
“La contaminación de los ríos Curbaradó y Jiguamiandó con mercurio, fungicidas y otras sustancias químicas representa un grave peligro para la vida de los pobladores quienes dependen de estos ríos”, se relata sobre este municipio que tiene nueve consejos comunitarios y cuatro resguardos indígenas.
Además, se cita al Ministerio de Salud, quien en un informe de 2018 dijo que “los niveles de mercurio total en sangre, orina y cabello de los habitantes del Carmen del Darién superan los límites ambientales permisibles”.
Luego, sigue el municipio de Riosucio que tiene una extensión de 597.300 hectáreas y lo componen ocho resguardos indígenas y nueve consejos comunitarios. La gran problemática allí es que su zona rural está en manos de terceros que tienen el control sobre el uso del suelo, quienes tienen también poder económico, social, político y militar con intereses de expandir la frontera agrícola con fines agroindustriales. Gran parte de la población salió desplazada por despojo de tierras a finales de los noventa por lo que los empresarios se apoderaron de esas tierras.
Entre 2002 y 2022, Riosucio perdió 15.200 hectáreas de bosque primario húmedo y 57.300 hectáreas de cobertura arbórea. Identificaron 86 puntos críticos con algún tipo de afectación a fuentes hídricas, provocadas por la creación de canales, desviación en el cauce de ríos o la ganadería bovina y bufalina. Allí también el monocultivo de arroz y plátano afectan a los ríos por los desechos de agroquímicos.
Una de las denuncias que hace esta publicación es sobre el botadero municipal de Riosucio que fue instalado de manera irregular en la comunidad Caracolí, afectando al Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó (Cocolatu) con la contaminación ambiental y afectaciones a la salud de los habitantes cercanos a este. (Leer más en: Relleno sanitario en Riosucio, Chocó, afecta a consejo comunitario.)
Finalmente, está el municipio de Unguía, con 119.000 hectáreas de extensión; se encuentra en la desembocadura del río Atrato hacia el mar Caribe. El municipio contiene cuatro resguardos indígenas y un consejo comunitario, donde se focalizan 26 puntos críticos de algún tipo de contaminación de fuentes hídricas afectando la vida de estas comunidades que dependen en su totalidad de los ríos, tanto para el alimento, el transporte y la recreación.
Con todas estas afectaciones, las comunidades denuncian enfermedades como infecciones, paludismo, dermatitis, envenenamiento, dengue, daños estomacales, alergias, y gripas.
Estos tres municipios son atravesados por el río Atrato que fue declarado como sujeto de derechos en 2016, por lo que a sus aguas no debería llegar ningún tipo de contaminación. Pero allí la ley no es aplicada. “Esto significa que la contaminación causada por las actividades expuestas en esta zona del Chocó, provoca la llegada de sustancias como mercurio, agroquímicos, aguas residuales, plásticos y fungicidas a uno de los principales mares del país”, dice en el informe.
Dada la condición de los territorios, el trabajo, realizado a partir de cartografías sociales y entrevistas en los tres municipios, plantea el interrogante de qué tierra se le puede devolver a las comunidades de los consejos comunitarios y resguardos indígenas en los procesos de restitución de tierras que está en curso.
El Cinep recomienda activar mecanismos de vigilancia, control, investigación y sanción a los responsables, en los casos que sea necesario. “La promulgación de la Ley de Delitos Ambientales emerge como una vía prometedora y, al priorizar esta subregión por parte de los cuerpos de investigación judicial y órganos de control, podría convertirse en un escenario de reparación”, dice.
