Dos despachos judiciales en Medellín habían absuelto a dos comerciantes, quienes al parecer financiaron grupos paramilitares y promovieron el homicidio del defensor de derechos humanos.
Las sentencias proferidas por dos despachos judiciales en Medellín en marzo y julio del 2001 a favor de los comerciantes y hacendados Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio, que los absolvió de toda responsabilidad en el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, fueron invalidadas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por lo que se debe abrir nuevamente el proceso e investigarse de nuevo.
La decisión compromete las sentencias proferidas por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Medellín el 15 de marzo de 2001 y por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, que declararon inocentes a los hermanos Angulo Osorio por los delitos de homicidio agravado y conformación, dirección y financiamiento de grupos armados al margen de la ley dentro del proceso seguido por la muerte de Valle Jaramillo ocurrida el 27 de febrero de 1998 en su propia oficina del centro de Medellín.
Al momento de su muerte, este abogado se desempeñaba como profesor universitario y, a su vez, como Presidente en Antioquia del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, cargo desde el cual realizó varias denuncias contra el paramilitarismo en el departamento, especialmente en su municipio, Ituango, y los apoyos que recibía esa estructura armada ilegal por parte de la Fuerza Pública, políticos y hacendados de la región.
La anulación de las sentencias se dio luego de que la Fiscalía Quinta Delegada ante los Jueves Penales del Circuito Especializados adscrita a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario le solicitara a la Corte Suprema de Justicia una acción de revisión del proceso.
La Fiscalía respaldó su petición en dos pronunciamientos de instancias internacionales: de un lado en el informe del 16 de octubre de 2006 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le recomendó al Estado colombiano “llevar adelante una investigación imparcial y exhaustiva con el fin de juzgar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales del asesinato del defensor de los derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo”.
De otro lado, se amparó en la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 27 de noviembre de 2008, que le ordenó al Estado colombiano “remover todos los obstáculos que impidan la debida investigación de los hechos, y utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita dicha investigación y los procedimientos respectivos, a fin de evitar la repetición de hechos tan graves como los presentes”.
Tres argumentos presentó la Fiscalía para sustentar la acción de revisión: primero, que el testimonio de un testigo es desestimado por los operadores judiciales en 2001 por cuanto era un militante de un grupo político de izquierda; segundo, que los fallos no realizaron ningún análisis de lo ocurrido antes del asesinato de Valle Jaramillo en relación con sus denuncias sobre la presencia paramilitar en Ituango; y tercero, que el fallo absolutorio de segunda instancia no adelantó un debate riguroso sobre las pruebas que comprometían a los hermanos Angulo en este homicidio.
En ese sentido, conceptuó la Fiscalía, “hubo incumplimiento del Estado para adelantar una investigación seria e imparcial”, por lo que se hace necesario volver a investigar el asunto y dar con todos los responsables del crimen.
La Fiscalía Quinta Delegada destacó en su argumentación que las investigaciones realizadas en los procesos de los homicidios múltiples perpetrados en el corregimiento La Granja de Ituango y en el casco urbano entre junio de 1996 y enero de 1998 se recopiló bastante material probatorio que “de manera irrefutable ubica a los hermanos Angulo Osorio como los verdaderos responsables de haber llevado al municipio de Ituango el grupo deautodefensas que también perpetró la tan conocida masacre de El Aro”, ocurrida en octubre de 1997.
Además, los comerciantes fueron señalados por el ex paramilitar Isaías Montes Hernández, alias ‘Junior’, quien integró para la época las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), en versiones rendidas ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz. Según él, ambos hermanos participaron y colaboraron en los hechos ocurridos en Ituango entre 1996 y 1998.
Esa versión fue corroborada por José Higinio Arroyo Ojeda, alias ‘85’, otro ex paramilitar que integró las Accu. De acuerdo con lo relatado ante un fiscal de Justicia y Paz, fueron los hermanos Angulo Osorio los que “decidieron establecer el grupo armado ilegal denominado autodefensas en el municipio de Ituango”. Además, dijo que ambos se reunían con los jefes paramilitares Carlos y Vicente Castaño en la finca de su propiedad llamada El Piñal.
Una investigación realizada por el Instituto Popular de Capacitación y la Corporación Jurídica Libertad publicada en octubre de 2010 sobre mecanismos de impunidad que favorecieron el paramilitarismo en Antioquia durante buena parte de la década del noventa y comienzos del dos mil, estableció que los hermanos Angulo lograban sortear la acción de la justicia gracias a una red de informantes que tenían en esa época entre los organismos judiciales, la cual los mantenía informados de procesos en su contra.
“La trascendencia de la decisión radica en la posibilidad que se abre penalmente para investigar a todos los que participaron en el crimen de Jesús María Valle Jaramillo, sobre todo en los autores intelectuales”, afirma María Victoria Fallon, directora del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, una organización no gubernamental que representa a la familia del jurista asesinado ante instancias internacionales.
Y es que días antes del crimen, Valle Jaramillo había acudido ante la Fiscalía Regional de Medellín para denunciar la existencia de un grupo paramilitar en Ituango. En ocasión dijo: “Yo siempre vi y así lo reflexioné que había como un acuerdo tácito o como un ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el comandante de la Cuarta Brigada (general Carlos Alberto Ospina), el comandante de la Policía de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño. Todo el poder de los grupos de autodefensa se ha consolidado por el apoyo que ese grupo ha tenido con personas vinculadas al Gobierno, al estamento castrense, al estamento policivo y a prestantes ganaderos y banqueros del departamento de Antioquia y del país”.
Días después de esa declaración fue denunciado por un soldado de la IV Brigada del Ejército por los delitos de injuria y calumnia; además, fue señalado a través de un programa radial por el entonces gobernador Uribe Vélez como “enemigo del Ejército”.
El asesinato de Valle Jaramillo fue cometido por supuestos miembros de la banda La Terraza, quienes recibieron órdenes de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’, en ese entonces un mediador entre las estructuras sicariales de Medellín y el vocero de las Accu, Carlos Castaño Gil.
Por este hecho fue condenado Castaño Gil y dos personas más, Álvaro Goez Mesa y Jorge Eliécer Rodríguez Guzmán, sin embargo, según la abogada Fallon, ninguno de los tres llegó a pagar un día de cárcel.
Por lo pronto y junto con la decisión de invalidar las sentencias favorables a los hermanos Angulo Osorio, la Sala de Casación Penal ordenó enviar su decisión a los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Medellín, “para que de inmediato se sortee el funcionario que ha de encargarse de adelantar el trámite del asunto a partir del momento en que tiene efectos la nulidad decretada”.
Lo que vendrá ahora es un nuevo proceso en el que se intentará demostrar la participación de los hermanos Angulo en el crimen del defensor de derechos humanos, pero más allá de eso, se intentará esclarecer si detrás de este crimen hay agentes del Estado que impulsaron a los paramilitares a cometerlo, con el fin de acallar las acusaciones que venía haciendo públicamente Valle Jaramillo.
