En el primer proceso adversarial de la jurisdicción transicional, las víctimas tuvieron la oportunidad de ver sentado en un estrado a Publio Hernán Mejía, acusado de ser el autor en los casos de ‘falsos positivos’ de la costa Caribe.
A Armando Pumarejo no le importa cuántos años pase en la cárcel el hombre acusado de ser responsable por el asesinato de su hijo, Carlos Alberto, quien fue ejecutado y presentado como guerrillero dado de baja en un supuesto combate en 2002.
“Para mí sería más satisfactorio que él llegara pasado mañana y dijera que mi muchacho no era ningún guerrillero y que le quiten todos esos estigmas. El día que eso pase, yo descanso tranquilo”, asegura el hombre de 71 años que lleva dos décadas esperando que se limpie el nombre de su hijo.
Pero Publio Hernán Mejía, acusado de ser autor mediato y coautor en el caso de Carlos Alberto Pumarejo y 71 más en el departamento de Cesar presentados ilegítimamente como bajas en combate entre 2002 y 2004, no parece estar dispuesto a eso.
Al no aceptar su responsabilidad en esos crímenes, el excomandante del Batallón de Artillería No. 2 La Popa enfrenta el primer juicio adversarial de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como parte del Caso 03, que trata con el tema de los llamados ‘falsos positivos’.
Entre el 18 y 20 de septiembre se realizó en Valledupar la primera etapa de este proceso inédito en el sistema de justicia transicional que estableció el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc.
Era la primera vez que algunos de los familiares de las víctimas se encontraron cara a cara con Mejía.
“Fue muy duro para las víctimas que pudieron participar de manera presencial en la audiencia en Valledupar, ver a Publio Hernán Mejía caminar entre ellas y mantener esa dignidad inquebrantable, casi como un semidiós”, dijo Pumarejo.
Y es que la actitud del excomandante durante la diligencia fue de altivez, pese a que todos los testigos que llamó la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) y que hicieron parte del batallón contaron cómo Mejía les daba las órdenes y sabía lo que estaba sucediendo en todo momento. La UIA señaló en la presentación del caso que, durante el tiempo que Mejía comandó el batallón, el 87% de las bajas que reportaron en ese momento fueron ilegítimas.
Sin embargo, el oficial reiteró lo que ha dicho en audiencias pasadas, exculpándose de cualquier suceso. “Por la verdad y la historia que la JEP debe reconstruir por este país, no puedo aceptar lo que nunca hice”, dijo.
Su abogado, Germán Guillermo Navarrete, alegó que la Fiscalía había incumplido en su deber de investigar, realizando de esta forma una alianza “conveniente con delincuentes que se habían inmiscuido en el batallón”.
Las víctimas tienen voz
Mientras se realizaba la audiencia, en una sala contigua, 62 víctimas siguieron el juicio por circuito cerrado de televisión, con acompañamiento psicojurídico. Otras 10 víctimas seleccionadas previamente pudieron estar presentes en la diligencia principal para dar su testimonio.
El primer testigo para la acusación en ser llamado al estrado fue Alith Alonso Pacheco, hermano de Anuar Pacheco, miembro de la comunidad Kankuamo, quien fue asesinado por paramilitares en 2002 y luego lo hicieron pasar por guerrillero en el Batallón La Popa.
Según Pacheco, la madrastra de los hermanos los señaló ante los paramilitares como pertenecientes a un grupo armado, lo que desencadenó en la muerte de Anuar con cuatro disparos a quema ropa en su pecho y rodillas.
Pese a las medidas tomadas para que familiares de las víctimas pudieran dar testimonio, dos que habían sido citadas para ser testigos decidieron no presentarse, aduciendo motivos de seguridad y también por el impacto emocional de enfrentarse, dijo Michael Ramos, psicólogo que lleva estos casos del Comité de Solidaridad con Presos Políticos. Otra víctima que también fue llamada sí tomó el estrado, pero pidió que se detuviera la transmisión de su testimonio y fueron retirados del recinto los periodistas mientras ella narraba los hechos.
El único que no sabía lo que pasaba
Al iniciar la diligencia, el fiscal Samuel Serrano Galvis presentó el caso con una narrativa contundente y pidió la sanción más alta para Mejía: 20 años de pena privativa, afirmando que “a la sombra instrumentalizaba la institucionalidad, diseñada por el Estado para defender a la comunidad, para cometer los más deleznables crímenes, creando y dirigiendo un temido ilegal aparato de poder en una zona azotada por violencia”.
Asimismo, lo acusó de aliarse con grupos paramilitares para cometer estos delitos y llamó a estos hechos como el “el tren del horror”. En 2009 un desmovilizado paramilitar testificó en versión libre que Mejía mantenía contacto con alias “39”, quien fue exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia. (Leer más en Desmovilizado asegura que alias ‘39’ y el coronel Mejía eran aliados)
Tres exfuncionarios y militares que hicieron parte del Batallón La Popa testificaron en contra de Mejía. Heber Hernán Gómez Naranjo, quien en su momento era teniente coronel y estaba siendo procesado antes de entrar en la JEP, contó cómo Mejía cambió las dinámicas de poder en el batallón y la forma en la que se empezaron a dar los primeros casos de bajas de civiles que se hacían pasar por guerrilleros o paramilitares.
Gómez relató cómo el antiguo comandante le ordenó una noche que se dirigiera hacia la carretera de Patillal y que se detuviera al ver una fogata. Siguiendo sus indicaciones, llegó al punto con sus uniformados y de repente empezaron a recibir disparos de una camioneta, hasta que dio el alto al fuego porque la camioneta escapó. Cuando se acercaron a registrar la zona un soldado encontró un cuerpo.
“No se hizo levantamiento judicial y la orden que había recibido de Hernán Mejía era que tenían que llevar el cuerpo a la morgue municipal y se reportó como un miembro de las autodefensas. La orden puntual era que se debía reportar un combate. Desde ahí todo inició, las dinámicas ya tenían una ruta de cómo se realizaban”, aseguró Gómez.
Nelson Javier Llanos hizo parte del mismo operativo como comandante del primer pelotón. En sus versiones ante la justicia penal militar siempre relató este hecho como un combate real porque él había visto que les habían disparado. Dijo en el juicio que sólo se enteró años más tarde que todo había sido un montaje cuando le contó su superior, Heber Gómez.
También indicó cómo se había enfrentado una vez a Mejía para reclamarle porque le estaban haciendo firmar documentos manifestando que habían tenido combates que no habían ocurrido. Según Llano, Mejía le respondió: “Hermano, eran bandidos y tenían que morir”.
Manuel Valentín Padilla, quien era mejor conocido en el batallón como Hugo, se desempeñó como oficial de inteligencia y dijo ser la mano derecha de Mejía. Padilla siempre andaba con ropa de civil y se hacía pasar como vendedor de plátanos para recolectar información. Él recibía órdenes directas de Mejía con quien se comunicaban a través de llamadas por celular.
Contó cómo un día le realizaron un retén los paramilitares cuando iba destino a Valledupar vía Patillal, lo paró el comandante alias ‘El Paisa’ y cuando lo vio quien era lo dejó seguir. Días después, el paramilitar convocó a Padilla a una reunión en donde ‘El Paisa’ le pidió que le comentara a Mejía que le iba a dejar un positivo en la carretera, según cuenta. Cuando transmitió el mensaje a Mejía, éste le respondió que él ya tenía conocimiento, y que había que estar pendiente.
A la espera de una sentencia
A pesar de que hasta ahora sólo se ha dado una fase inicial del proceso, los representantes de las víctimas creen que es un buen inicio. Se le dio voz a las víctimas y la UIA pudo corroborar a través de los testigos la hipótesis de responsabilidad del acusado.
“Para nosotros fue una jornada muy positiva, creemos que los objetivos que se buscaban con la UIA y desde nuestra participación se lograron”, dice Sebastián Escobar, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Los representantes de las víctimas también valoraron el hecho de que los tres testigos que eran militares expresaran de manera directa su responsabilidad es un gran acierto, pese a que solo fue en uno de los patrones macro criminales.
“Ese simple y sencillo reconocimiento tiene un impacto en la psique de las personas, un impacto cultural y social necesario. Por ejemplo, a muchas de las víctimas hoy se les reconoce como guerrilleros caídos en combate y sus familiares quieren que se les limpie su nombre”, dijo Ramos.
Las siguientes audiencias del juicio contra Mejía se realizarán en la ciudad de Bogotá el 12, 13, 25 y 27 de noviembre en las cuales podrían ser llamados por la defensa testigos como los expresidentes Álvaro Uribe Vélez o Andrés Pastrana. Las últimas fechas en las que se realizará esta diligencia serán en Medellín el 3 y 4 de diciembre, donde se dará una sentencia.
Hasta ese momento, a Mejía aún le queda oportunidad de reconocer los hechos y que su pena privativa no sea de 20 años como pide la UIA, sino que vaya de cinco a ocho años si admite y reconoce responsabilidad tardía de todo de lo que está siendo acusado.
El subcaso Costa Caribe
El macrocaso nombrado Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, es uno de los más avanzados hasta el momento, de ahí que este juicio adversarial haya sido el primero en la JEP.
Uno de los factores determinantes para que se haya dado de esta forma es la división por subcasos dependiendo de las zonas con más hechos. Entre estos se encuentran priorizadas Meta, Casanare, Huila, Antioquia, Norte de Santander y la costa Caribe.
Cesar fue el centro de cientos de asesinatos entre 2002 y 2005; estuvo en la comandancia de primero de Publio Hernán Mejía y luego de Juan Carlos Figueroa Suárez. Ambos han negado su responsabilidad en los hechos.
Fueron 15 militares que llamaron a la jurisdicción para reconocer responsabilidad por haber cometido delitos dentro del código penal, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. De este grupo, 12 de ellos aceptaron que sabían de los sucesos o que tuvieron participación, quienes no lo hicieron fueron los excomandantes Mejía, Suárez y el coronel (r) José Pastor Ruiz Mahecha.
La JEP estableció que fueron dos patrones criminales los que se implementaron. Uno de ellos fue el señalamiento de civiles como personas que pertenecían a grupos armados o delincuencia común. Las bajas presentadas habían sido previamente asesinadas y retenidas por grupos paramilitares como las AUC, tenían informantes que les daban nombres de que cierta familia tenía supuestas conexiones con la guerrilla y adicionalmente asesinaron en estado de indefensión a miembros que se habían rendido y entregado las armas.
El segundo patrón fue la elección de personas en condiciones vulnerables, pues asumieron que nadie reclamaría por su muerte. Usaron estrategias como ofrecerles trabajo y llevarlos a zonas alejadas para asesinarlos; bajo este método trasladaron a personas desde Barranquilla y Valledupar.
Todo esto se realizó durante la política de Seguridad Democrática del gobierno de Uribe, que buscaba recuperar el control del país a través del fortalecimiento militar y la presencia estatal para debilitar los grupos armados al margen de la ley. En consecuencia, se empezaron a condecorar a los militares y batallones donde daban mayores resultados operacionales y bajas en combate.
La JEP afirmó en el Auto 128 de 2021 que integrantes del Batallón La Popa presentaron, en el periodo de 2002 a 2005, ilegítimamente 127 personas asesinadas como dadas de baja en combate, en 71 hechos ocurridos en los municipios de Valledupar, San Diego, Pueblo Bello, El Copey, Codazzi, Manaure, La Paz y Bosconia, del norte de Cesar, y San Juan del Cesar y Urumita, al sur de La Guajira.
Casi un tercio de las víctimas civiles fueron presentadas como dadas de baja en combate por miembros del Batallón La Popa y el Grupo Mecanizado de Caballería Juan José Rondón.
Después de dos décadas, las víctimas de estos casos se sienten un poco más cerca de alcanzar una parte de justicia con este primer juicio, que marca un hito para la justicia transicional en el país y les otorga un espacio para exigir de alguna manera la reparación que se prometió en el Acuerdo de Paz de 2016.
