En las elecciones parlamentarias de 2006, la Costa Caribe eligió 28 senadores oriundos de la región. Las semanas previas existía el temor de que se perdieran escaños en la cámara alta, porque a los siete departamentos llegan aspirantes de todo el país en busca de votos. Los resultados, sin embargo, se encargaron de derrotar la preocupación y alcanzaron más curules de las esperadas.
Por Tadeo Martínez en Barranquilla
Históricamente, después de la constitución de 1991, la costa elegía máximo 24 senadores, cuatro escaños más le daban mayor presencia en el Senado y más capacidad para negociar la inclusión de recursos y partidas en el presupuesto de la nación, así como más capacidad para presionar, unidos, cargos burocráticos, empezando por las presidencias de Senado y Cámara.
El tres de septiembre, dos meses después de haberse juramentado como parlamentarios el 20 de julio de ese año, comenzaría a develarse la existencia de la alianza entre aspirantes a las corporaciones públicas y los grupos paramilitares. SEMANA había obtenido partes de la memoria de lo que se conoció como el Computador de ‘Jorge 40’ encontrado en manos de Edgar Fierro, alias ‘Don Antonio’, y publicado el contenido de las actividades de los distintos frentes del Bloque Norte de las AUC comandadas por Rodrigo Tovar Pupo en los departamentos de Atlántico, Magdalena, Cesar y Guajira.
Meses antes de la publicación de SEMANA, la Fundación Arco Iris y la politóloga Claudia López, habían divulgado una investigación en la que mostraba que se habían presentado elecciones atípicas en los departamentos del Cesar y Magdalena, donde habían funcionado unos distritos electorales mediante los cuales se zonificaba la votación. Estos acuerdos ya habían mostrado su eficacia en las elecciones de 2002 gracias a los denominados pacto de Chibolo y San Angel. Municipios como González en el Cesar, donde el 90 por ciento de los votos habían sido depositados por un solo candidato. Lo mismo ocurrió en Zona Bananera, en la región del Ariguaní y en otras regiones de la costa.
La publicación de varias piezas procesales en las que se mostraba cómo los grupos paramilitares se habían apoderado de la mayoría de los 176 municipios de la Costa, de cómo cobraban comisiones a la contratación en la construcción de escuelas, hospitales y todo de tipo de obras públicas, así como cobros porcentuales a la contratación de las ARS, unido a la extorsión que cobraban a empresas privadas, comercio en general en las grandes ciudades, en especial en los mercados públicos, estaciones de gasolina y transportadores, entre otros, mostraba el grado de penetración que habían logrado las autodefensas en diez años de disputa territorial con los grupos subversivos.
El control de extensas zonas y de las administraciones municipales por parte de los grupos armados, debilitó a la mayoría de los políticos clientelistas tradicionales, quienes derivaban su poder político del enfeudamiento sobre el poder municipal.
Quien eligiera más alcaldes, tenía más poder económico y burocrático y, por supuesto, más votos. Al mismo tiempo, algunos políticos con la misma tradición clientelista, conscientes del crecimiento del poder político paramilitar fueron acomodándose a esa realidad y se acercaron a ellos para obtener beneficios o para que no les impidieran participar en las elecciones. En unos casos los paramilitares presionaron alianzas y en otros los políticos eran parte del poder paramilitar.
Semana tras semana, durante los meses finales de 2006, los medios de comunicación publicaronpiezas procesales, tales como interceptaciones telefónicas que reflejaban el grado de integración y relación que existía entre políticos y paramilitares, pactos escritos y agendas de los comandantes paramilitares donde se relacionaban los negocios que habían hecho o tenían proyectados.
Incluso, el Bloque Norte tenía como uno de sus proyectos políticos de corto plazo la ampliación de su accionar extendiéndose a Bolívar y Sucre a través del denominado frente social y político con miras a las elecciones parlamentarias de 2006 y las locales y regionales de 2007, pero se frustró con la detención de los jefes de las Auc.
Ante tantas pruebas y evidencias de las relaciones entre políticos y paramilitares, y la corrupción a los congresistas de Sucre Alvaro García Romero, Jairo Merlano Fernández (absuelto por un juez de Sincelejo), Erick Morris y Muriel Benito Revollo. Posteriormente fueron detenidos Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo Escobar, Dieb Maloof, Alvaro Araujo, Mauricio Pimiento, Miguel Alfonso De la Espriella, Eleonora Pineda, Juan Manuel López Cabrales, Vicente Blel, Jesús Puello, Miguel Pinedo Vidal, William Montes (dejado en libertad hace pocos días), José María Imbet, Karelly Lara y los exgobernadores del Magdalena y Cesar, Trino Luna Morón y Hernando Molina Araujo.
También fueron detenidos directivos de las corporaciones autónomas regionales, exalcaldes, alcaldes en ejercicio, gerentes de hospitales, empresarios, aspirantes a concejos y asambleas y ciudadanos que firmaron los diversos pactos que rigieron en los departamentos de la costa.
Meses después de la euforia de haber obtenido mayor representación en el Senado de la República, la costa quedaba diezmada políticamente en esa corporacion. Los departamentos más afectados fueron Sucre, Cesar, Magdalena y Córdoba. A la Guajira, según han manifestado exjefes paramilitares, no la habían tocado antes de las elecciones de 2003 y sólo tiene en la actualidad un senador, cuando antes de la expedición de la constitución en 1991, elegía dos senadores.
En el departamento de Bolívar, que históricamente había elegido cinco senadores, había perdido uno en las elecciones y uno de los cuatro elegidos había conseguido la mayoría de sus votos fuera de ese departamento, caso de Javier Cáceres.
En las elecciones de 2002 una de las dinastías políticas con dos generaciones de políticos elegidos al Senado, perdería una curul, la de Carlos Espinosa Faciolince, quien no resultaría elegido porque al parecer se quedó por fuera de los pactos y ya las clientelas habían migrado hacia Maloof y el control político departamental tenía como factor denominador a Enilse López, quien presionó un pacto con el bloque Héroes de los Montes de María para elegir a Libardo Simancas a la gobernación.
Preciamente Espinosa Faciolince, un reconocido gamonal, fue estigmatizado por proponer diálogos regionales en la década de los 90 ante la creciente presencia guerrillera en la región, en especial en los sures de los departamentos del Cesar, Magdalena, Bolívar y Sucre, una zona donde es débil la presencia institucional del Estado colombiano.
Mientras Espinosa proponía diálogos, los gobiernos de Gaviria, Samper y Pastrana seducían a los demás parlamentarios para que no lo apoyaran en sus propuestas, entregándoles cargos burocráticos y contratos en vías, electrificación y otras obras públicas incluidas como partidas regionales de inversión.
La costa perdió representación numérica en el Senado y su poder político quedó maltrecho. Y aunque existe la ilusión de que las detenciones y condenas contra senadores y representantes forzarán a un cambio generacional en las próximas elecciones a Senado y Cámara en 2010, no son muy grandes las ilusiones en cuanto a un cambio porque en muchos municipios y regiones de la Costa, las costumbres siguen siendo las mismas.
