La ocupación de tierras con foráneos, el uso de la violencia, la inoperancia de las autoridades locales y la lentitud de la justicia tienen desesperados a los parceleros de esta región. Son campesinos víctimas del conflicto armado que cuestionan si será viable la “paz territorial”.
La región del Magdalena Medio, que comprende una treintena de municipios en Antioquia, Santander, Bolívar y Cesar, fue en los años 80 escenario de la reforma agraria. Los campesinos que cultivan las tierras desde esa época todavía no tienen títulos y siguen siendo víctimas de la violencia. Foto: archivo Semana.
“Ya no aguantamos más”, dice un líder del corregimiento de El Guayabo, en Puerto Wilches, al noroccidente de Santander. Es la misma frase que repiten varios grupos de campesinos víctimas del conflicto armado en los municipios de El Peñón, San Martín de Loba y Simití, en el sur de Bolívar. Hace más veinte años le piden al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) que les titule los terruños que el mismo Estado determinó debían ser extinguidos o que eran baldíos de la nación, pero la situación se ha complicado no sólo por la demora en los procesos, sino por acciones de los opositores, contradicciones de las autoridades locales y falta de decisiones de la justicia. La tensión aumentó durante las últimas semanas en estas comunidades.
Se trata de los casos de Las Pavas y El Garzal, en Bolívar, y de El Guayabo, en Santander. Las tres son historias similares: comunidades campesinas que en los años 80 llegaron a cultivar parcelas en antiguas haciendas del Magdalena Medio, una región codiciada por la riqueza de sus tierras. Los labriegos soportaron la violencia guerrillera y paramilitar; algunos resistieron en terreno y otros se desplazaron y retornaron. Cuando consideraron que había condiciones para que el gobierno les titulara la tierra, encontraron que las parcelas estaban sembradas con palma aceitera o quien se consideraba el dueño había interpuesto acciones legales y administrativas para expulsarlos.
Los líderes de estas trescomunidades, a quienes se les reserva la identidad por razones de seguridad ya que durante los dos últimos años han recibido amenazas, coinciden en que en el Magdalena Medio hay un interés por despojarlos y acabar con la economía campesina. Según sus relatos, la presión por despojarlos ha variado: en los años 90 comenzó con asesinatos y desplazamientos provocados por actores armados ilegales y recientemente se caracteriza por desalojos policivos, intimidaciones por medio de vigilantes de seguridad privada, quema de cultivos, corrida de cercas y llegada de foráneos que les dicen “se tienen que ir porque esto es del patrón”.
Por eso cuestionan la viabilidad de la “paz territorial” que propone el gobierno nacional de llegarse a un acuerdo en La Habana (Cuba) con las Farc y, eventualmente, con el Eln. Según Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz, la reconstrucción de las regiones azotadas por la violencia dependerá de que haya una interlocución con las comunidades, se satisfagan sus derechos y haya una planeación participativa “de abajo hacia arriba”. Para lograrlo, el gobierno considera que es clave fortalecer las instituciones y recuperar la credibilidad.
Y credibilidad es lo que no tiene el Estado entre estas comunidades campesinas del Magdalena Medio. Líderes campesinos y abogados de organizaciones como la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, y Pensamiento y Acción Social, advierten que las alcaldías, Policía, Fiscalía e Incoder no actúan de forma equilibrada. Mientras atienden con celeridad los llamados de los opositores al proceso de titulación, evaden o se excusan para no escuchar las denuncias de los campesinos.
“Buscan que no podamos probar la posesión”: campesinos de Las Pavas
Desplazados de Las Pavas. Foto: archivo Semana.
Durante la segunda semana de marzo de 2015 las alarmas se prendieron en Las Pavas, un predio de El Peñón y San Martín de Loba, en el sur de Bolívar, reclamado por 123 familias. Según los líderes campesinos, la empresa Aportes San Isidrio S.A., que se atribuye ser la propietaria del predio de 2.800 hectáreas, movilizó a 70 foráneos para ocupar los predios que trabajan los campesinos. “Esta es una nueva estrategia que usa la empresa para que entremos en la confrontación. Nos corren las cercas, nos queman los cultivos y ahora traen gente nueva”, explica un parcelero.
La tensión llegó a tal punto que las mujeres decidieron ponerse de frente cada vez que hay un intento de encontrón entre sus familiares, los campesinos originarios que reclaman las tierras, y los foráneos que expresan ser empleados de “el patrón”. Los parceleros señalan que se sienten intimidados porque los filman y porque frente a las casi 50 denuncias que han presentado ante distintas autoridades por agresiones y amenazas no han recibo respuesta.
Cosa distinta ocurrió con una denuncia presentada por el abogado de la empresa Aportes San Isidro, quien logró en pocos días que la Fiscalía dictara una orden de captura contra un parcelero por presunta falsificación en documento público. “La situación es difícil porque la empresa con estas acciones lo que quiere es borrar toda prueba de que somos poseedores de la tierra”, explica otro campesino, quien advierte que afrontan una crisis alimentaria porque los foráneos no los dejancultivar pancoger.
La tensión en Las Pavas data de 1995-1997 cuando Jesús Emilio Escobar, comprador de varios predios de reforma agraria, entre ellos Las Pavas, abandonó el terreno. Los campesinos comenzaron a cultivar la tierra, pero en 2003 fueron desplazados por paramilitares. Cuando la mayoría retornó en 2006, le solicitaron al gobierno la extinción de dominio de Las Pavas, pues el dueño originario lo había abandonado y por tanto, no la explotaba económicamente.
Los parceleros aseguran que una vez Escobar se enteró del proceso apareció con un grupo armado que los amenazó y los desplazó. En 2007, registró la venta de estas tierras a dos empresas, entre ellas, a Aportes San Isidro. Lo que vino después fueron diversas acciones jurídicas de parte de la empresa que incluyeron varios desalojos policivos contra los campesinos. Entre estos, uno de 2009 en el que los palmeros contaron con el apoyo del inspector de policía de El Peñón, Bolívar.
En 2010 el Incoder determinó que los cultivos de palma que desarrollaba San Isidro violaban las normas ambientales y en 2011 la Corte Constitucional decidió reabrir el proceso de extinción de dominio. Después de una larga batalla jurídica, en septiembre de 2012 el Incoder terminó dándoles la razón a los campesinos, pues concluyó que 10 de los 11 predios que integran Las Pavas eran terrenos baldíos que debían ser titulados a los parceleros reclamantes (Lea: En Las Pavas sí hay víctimas y Los campesinos se quedan con Las Pavas).
La decisión fue demanda por la empresa y el proceso está a la espera de un fallo en el Consejo de Estado. “Durante 2014 aplazaron la audiencia inicial tres veces y en el 2015 llevamos tres aplazamientos más. La demora en los procesos judiciales pone en desventaja a los campesinos quienes deben soportar los abusos de la empresa que buscan despojarlos del territorio”, explica Banessa Estrada, abogada de los campesinos reclamantes. Aunque los parceleros de Las Pavas tienen medidas de protección, la comunidad advierte que desde junio del año pasado la Unidad Nacional de Protección no siguió implementando los esquemas. “Nos dicen que la Unidad no tiene operador en la zona y que por eso no han podido venir hasta acá”, señala otro parcelero.
“El miedo es cada vez mayor”: campesinos de El Guayabo
Las Pavas y El Garzal, en el sur de Bolívar, y El Guayabo, en Santander, son comunidades campesinas expulsadas por la violencia guerrillera y paramilitar que reclaman la titulación de tierras a las que se les extinguió el dominio. Foto: archivo Semana.
En este corregimiento de Puerto Wilches, 37 familias campesinas ocupan y trabajan los predios de una hacienda que reclaman y de la que fueron desalojados con una acción policiva en octubre de 2014 (Lea: La historia detrás del desalojo de campesinos de El Guayabo, Puerto Wilches). Desde esa fecha, los parceleros temen por sus vidas porque el opositor a las reclamaciones de los campesinos contrató a una de empresa de seguridad privada que los intimida.
“Las amenazas han sido directas y por vía telefónica. Me han llamado para advertirme que si sigoreclamando la tierra, que entonces me verán pasear en un ataúd por las calles de El Guayabo”, dice un líder campesino de la zona. Los parceleros están atemorizados porque los ‘vigilantes’ les han exhibido los órganos genitales a las mujeres y porque con revólveres los encañonan advirtiéndoles que se tienen que ir. “Sentimos que ya no podemos más. Somos familias campesinas humildes trabajadoras y no sabemos por qué nos maltratan así. Nuestras denuncias no prosperan, pero cuando el opositor llama a las autoridades ahí se actúan con celeridad”, reitera.
Las preocupaciones de la comunidad fueron escuchadas por la Defensoría Regional del Pueblo del Magdalena Medio que, en enero de este año, emitió un informe de riesgo solicitando la intervención de diferentes instituciones para proteger a la comunidad. Según el informe, las actuaciones de la empresa de seguridad afectan la seguridad alimentaria de la comunidad, que sobrevive con cultivos de pancoger y la pesca. La situación se agrava porque en el municipio rondan presuntos integrantes de las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, conocidas también como ‘Urabeños’. La agencia del Ministerio Público le solicitó actuar con celeridad a la Fuerza Pública, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Unidad de Tierras, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Puerto Wilches.
Las autoridades han determinado que la ubicación de El Guayabo hace más vulnerables a los campesinos pues están en un corregimiento cuyas trochas conectan con el centro del país, la Costa Caribe y la salida hacia Venezuela. La banda criminal al parecer utiliza estas rutas para controlar la producción y el procesamiento de cocaína, principalmente hacia San Pablo, Santa Rosa y Simití, en el sur de Bolívar.
Pese al riesgo y a que la Defensoría le solicitó a la Unidad Nacional de Protección realizar un estudio, la comunidad advierte que los funcionarios de esta institución no han visitado la zona. “Llamamos y nos dicen que vienen en dos o tres meses, o que no tienen recursos para venir a la zona a realizar el análisis de riesgo”, explica otro líder.
Los líos de El Guayabo ocurren en una antigua hacienda llamada Las Marías que en los años 80 fue explotada por Octavio López Franco. Varios colonos llegaron a la finca y fueron contratados en varias oportunidades por López para poner a producir la tierra. Pero en 1984 López no volvió y los campesinos solicitaron al antiguo Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) que decretara la extinción de dominio sobre 200 de las 400 hectáreas que componían la hacienda por considerar que el dueño ya no la explotaba.
La hacienda estaba divida en el predio Bella Unión, de 200 hectáreas, en la que el Incora logró titular a algunos campesinos, y en los predios San Felipe y Altamira, las otras 200 hectáreas, que también estaban abandonadas. Los colonos siguieron trabajando las tierras hasta que un hijo de López se presentó en la inspección de Policía de Aguachica y en la Quinta Brigada del Ejército, declarándose víctima de la violencia. Los campesinos no entendían por qué el hijo de López se declaraba víctima si nunca había visitado ni vivido en los predios.
Según la comunidad, en 2002 los paramilitares llegaron a Las Marías a desplazarlos “por petición de ese señor” con la complicidad del inspector de policía del vecino corregimiento de Vijagual, quien también participó en el desalojo de octubre de 2014. Los parceleros le temen a ese inspector pues Jairo Ignacio Orozco, alias ‘Tarazá’, jefe paramilitar del Bloque Central Bolívar, lo mencionó en varias versiones libres ante la Fiscalía.
El hijo de López se ampara en un fallo del Tribunal de Santander que dejó sin piso las reclamaciones de los campesinos sobre Altamira, uno de los antiguos predios de Las Marías. También interpuso dos procesos reivindicatorios ante juzgados de Puerto Wilches y Barrancabermeja, solicitando que se le reconozca como dueño de los predios. La comunidad, por su parte, solicitó al Incoder un proceso de extinción de dominio por abandono desde 2012.
Richard Argüello, abogado de los campesinos de El Guayabo, explica que los campesinos no sienten credibilidad en las instituciones locales. “Por ejemplo, la audiencia de conciliación sobre el proceso reivindicatorio de Barranca no pudo realizarse porque no aparecía en el expediente la contrademanda presentada por los campesinos”, explica Argüello. Desde que en el Incoder hubo cambio de administración a finales de 2012, el proceso fue trasladado al Incoder Santander y los parceleros aún no reciben noticias. En el papel, el instituto de tierras se comprometió a decidir si hacía un proceso de clarificación de la propiedad para tomar una decisión. “La preocupación es que el proceso termine archivado”, dice.
En el último Comité de Justicia Transicional, la comunidad criticó la actuación de las autoridades locales. “Cómo puede entenderse que citan a este espacio para que haya un diálogo entre el opositor y los campesinos y primero, no nos dejan participar a todos los líderes. Y segundo, la autoridad prácticamente lo escolta y le brinda el transporte al señor López para asistir a la reunión. El tratamiento que dan las instituciones es inequitativo”, cuestiona otro líder.
La comunidad advierte que en Puerto Wilches la tensión no es sólo en El Guayabo sino en otras parcelaciones como en Chingalé y Las Cruces. Allí hay campesinos que explotan las tierras desde hace años pero empresas y particulares quieren que salgan de los predios, pues consideran que el terreno es de su propiedad.
“Esto ha sido una larga espera”: campesinos de El Garzal
Foto: archivo Semana.
Las 370 familias que viven en este corregimiento el sur de Bolívar le solicitan al gobierno la titulación de los terrenos baldíos que cultivan desde hace tres décadas. Su proceso ha sido truncado por la violencia paramilitar y luego por el propietario de una hacienda, La Sucumbeza, que fue allanada después del secuestro del Fokker de Avianca, cometido por el Eln 1999.
En 2012 el Incoder prestó atención al reclamo de los campesinos y comenzó un proceso de clarificación de los terrenos. Encontró que el 60% del terreno eran ciénagas y que el resto sí eran tierras de la Nación que podían ser titulados a los parceleros. Los campesinos estaban contentos porque pensaban que comenzaría pronto el proceso de titulación, pero el instituto de tierras dice que no tiene los recursos para notificar a las partes.
“Nos dijeron que el proceso está parado porque deben notificar a los colindantes de donde están las ciénagas o humedales, y que sin eso no pueden hacer titulaciones. La excusa es que para esa tarea requieren de cinco millones de pesos”, cuenta un líder de esta comunidad campesina.
La historia de El Garzal data de hace más de treinta años cuando un grupo de campesinos llegó a las tierras a cultivar pancoger. Primero vino el allanamiento del dueño de la finca Sucumbeza, luego la violencia perpetrada por la guerrilla del Eln y los paramilitares, y de forma reciente, una disputa jurídica en la que los parceleros prueban que el opositor no tiene argumentos para frenar la titulación. (Lea: “Colombia no aguanta más”: padre Francisco de Roux)
Mientras esperan avances del proceso administrativo que prometió el Incoder, los campesinos expresan temor porque por las ciénagas han visto rondar a paramilitares.“Hace una semana la gente denunció que por Barbú y El Piñal pasó un grupo de hombres armados que amenazaron a los pescadores y quitaron los trasmallos (redes ancladas)”, dice otro campesino de El Garzal.
El mismo informe de riesgo de la Defensoría que alertó sobre el riesgo de la comunidad de El Guayabo advirtió sobre varios hechos de violencia. En octubre de 2014 la Armada encontró en el río Magdalena, cerca de la vereda Bocas de Sogamoso, en Puerto Wilches, el cuerpo de un hombre degollado. En diciembre de esemismo año circuló un panfleto en Puerto Wilches, San Pablo y Cantagallo a través del cual las Autodefensas Gaitanistas de Colombia amenazaron a consumidores de alucinógenos e informantes del Ejército.
A la comunidad de El Garzal le preocupa también que en la Unidad de Tierras haya por lo menos 18 solicitudes de restitución interpuesta por terceros, reclamando los mismos predios que los campesinos esperan que les sean titulados. Según los parceleros, hace un par de días la Unidad les informó que estudian esos casos, pero que algunos no fueron admitidos.
“La propuesta de desarrollo va en contravía”: organizaciones sociales
Foto: archivo Semana.
La reciente decisión del Incoder en el caso de la hacienda Bellacruz de reversar el proceso de recuperación de baldíos para titularlos a campesinos (Lea: Incoder dilata recuperación de baldíos en La Bellacruz), y la situación jurídica y de seguridad de las comunidades en Las Pavas, El Guayabo y El Garzal ha llevado a las organizaciones sociales de la región a concluir que el modelo de desarrollo de la región desconoce a la economía campesina.
Alexandra Loaiza, de la Corporación Pensamiento y Acción Social, señala que los proyectos de infraestructura sobre la navegabilidad del río Magdalena, el desarrollo minero-energético y el modelo de agroindustria en el campo no fue concertado con las comunidades y limita la posibilidad de que los parceleros, que durante tantos años han trabajado la tierra, tengan derecho a los títulos, a vivir, usar y permanecer en su territorio de manera segura y en paz.
Loaiza advierte que las acciones jurídicas y violentas que han documentado en la zona en contra de las comunidades vulnera los derechos a la vida y a la integridad, pero también a la posesión y sus derivados, como la alimentación y la vivienda, porque son campesinos a los que además de negarles los títulos les impiden cultivar y vivir en sus tierras. “La posesión es algo que se demuestra materialmente y esas acciones buscan que los campesinos no logren probar su derecho”. Otra estrategia que pone en riesgo a estas comunidades ha sido la estigmatización, buscando que se les acuse de tener vínculos con la guerrilla o de ser invasores para expulsarlos con procesos judiciales.
Richard Argüello, abogado que acompaña el proceso de los parceleros de El Guayabo, explica que no hay un tratamiento de igualdad por parte de las instituciones del Estado ni de la Justicia frente a las reclamaciones de los campesinos, que además muchos son víctimas del conflicto armado. “La conclusión es que una gran parte de las autoridades locales y regionales no solo son inoperantes sino que responden sólo a los intereses de los poderes políticos y económicos de la región”, dice.
La Unidad de Víctimas explicó que atiende a estas comunidades. En el caso de Las Pavas indicó que desde 2013 el gobierno reconoció a la comunidad como sujeto de reparación colectiva y desde 2014 los acompañaen el proceso de retorno, apoyándolos con la entrega de ayudas humanitarias y proyectos productivos por 60 millones de pesos para la siembra de plátano. “En San Martín de Loba se invirtieron 5 mil 687 millones de pesos en ayuda humanitaria para mil víctimas del conflicto en el último cuatrienio”, señala la Unidad y cuenta que también impulsaron el proyecto Vida, arte y dignidad como un proceso de reconstrucción de memoria.
Sobre el Garzal y el Guayabo, la Unidad se refirió a la inversión que el gobierno ha hecho en los municipios de Simití y Puerto Wilches. Durante los últimos cuatro años en el primer municipio entregó ayuda comunitaria a 2 mil 622 víctimas por 4 mil millones de pesos y en el segundo, la ayuda humanitaria llegó a mil 200 víctimas con una inversión de 532 millones de pesos.
VerdadAbierta.com se comunicó en varias oportunidades con la Unidad Nacional de Protección para conocer su versión frente a los cuestionamientos que hicieron las comunidades, pero la institución no respondió.
Los campesinos y las organizaciones sociales se pregunta si la promesa de “paz territorial” será una realidad después de treinta años mientras siguen ampliando los cartapacios de sus reclamaciones con denuncias, procesos e informes que siguen presentando a las distintas instituciones, juzgados, tribunales y cortes.
En un informe que rindió en 2011 el Ministerio de Agricultura ante el Congreso, el gobierno aseguró que estas comunidades hacían parte de los casos emblemáticos para resolver las reclamaciones históricas de campesinos. Las comunidades preguntan si sus casos hacen parte de la prioridad y no se han resuelto, qué puede estar pasándoles a los campesinos en otras regiones del país.
