Desde hace dos años sus solicitudes reposan en la Unidad de Restitución de Tierras, a la espera de que sean redactadas en demanda y presentadas a los jueces especializados. Los nativos cuestionan a la entidad estatal por la demora en el proceso.
En julio de 2015, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) anunció que la comunidad Arhuaca daba “un gran paso hacia la restitución”, pues la entidad ya había logrado los estudios preliminares, clave en la formulación de las medidas de protección y de las demandas ante los jueces especializados. Pero han pasado dos años desde entonces y los indígenas aún esperan que sus solicitudes de restitución sobre los resguardos Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta y Bunsichama lleguen a etapa de juicio. (Ver imagen de boletín de prensa de la URT).
Esa demora tiene enfrentados a los indígenas con la URT: mientras los primeros sostienen que los estudios de caracterización, aquellos que identifican los daños para formular las demandas, están listos desde esa época, en la entidad estatal aseguran que dicho proceso aún no ha terminado
“No entendemos qué sucede. Se cumplió todo el proceso metodológico establecido en el convenio”, afirma Leonor Zalabata, líder indígena, refiriéndose al convenio firmado entonces entre el cabildo indígena Arhuaco de la Sierra Nevada y la URT y que, reitera, ya documentó los daños que el conflicto armado y el Estado les ocasionaron a esta comunidad.
Sin embargo, Derly Aldana, directora de Asuntos Étnicos de la URT, explica que “ese proceso administrativo no ha finalizado, dada la magnitud del territorio y la complejidad de estar en permanente concertación sobre la identificación de las afectaciones”.
De acuerdo con esta funcionaria, son los estudios de caracterización los que recomendarán si las solicitudes del pueblo Arhuaco pueden inscribirse en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados, requisito previo para iniciar un proceso de demanda de restitución. Aunque aclara que la URT tiene “toda la disposición y voluntad de llevar los casos al juez en la vigencia 2018”, sus declaraciones generan mayor incertidumbre entre la comunidad indígena.
Los Arhuacos, junto con los Kogui, los Wiwa y los Kamkuamos, habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, la montaña más alta del mundo a orillas del mar, declarada en 1979 Reserva de la Biósfera por su riqueza hídrica y biomas neotropicales. Cuando la Unesco le otorgó el título, resaltó la importancia biológica y cultural de esta cadena montañosa, caracterizada por sus picos de nieve, lagos de origen glaciar y ríos que descienden por tres vertientes; también por la variedad de sus ecosistemas, que van desde matorrales espinosos semidesérticos hasta manglares, bosques tropicales secos, montañosos y páramos, donde habitan por lo menos 100 especies de mamíferos.
Los Arhuacos solicitaron la restitución de los derechos territoriales sobre los resguardos Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta y Bunsichama, en Magdalena y Cesar, buscando la supervivencia no sólo de los pueblos indígenas sino de la humanidad. Para esta etnia, el territorio es un “cuerpo con vida” donde confluyen seres sagrados, razones por la que defienden la Ley de Origen y la llamada Línea Negra. La primera es una serie de normas que buscan el equilibro entre el hombre y la naturaleza, y la segunda abarca los sitios sagrados interconectados que permiten tal armonía. (Declaratoria del pueblo arhuaco)
La historia de los Arhuacos registra el despojo de las épocas de la Colonia y la Conquista, la evangelización de la Misión Capuchina y las afectaciones que les generaron más de 50 años de conflicto armado, provocadas por organizaciones guerrilleras, grupos paramilitares y narcotraficantes.
A todo ello también se suman los daños que les ha generado la concesión de su territorio por parte de sucesivos gobiernos nacionales, como la instalación de antenas de radiotransmisión, como ocurrió en el cerro sagrado de Inarwa, entre Valledupar y Pueblo Bello; el intento por desarrollar el Embalse Multipropósito en Ikarwa, conocido como Besotes, en Valledupar; y los permisos para la exploración y explotación de hidrocarburos.
“A la luz del conocimiento ancestral de los pueblos resulta evidente que las grandes excavaciones y la sustracción de sustancias al interior de la Madre Tierra representan la destrucción de los principios fundamentales de la cultura que ponen en riesgo la desaparición de la cultura misma y menoscaban los más preciados valores del territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta, como región que alberga ecosistemas de los tres pisos térmicos y como estrella hídrica de la que dependen 3 millones de habitantes”, expresan en la más reciente declaratoria sobre la defensa de la Sierra.
En este mismo documento advierten que hay títulos mineros proyectados sobre 250 mil hectáreas de su territorio. “A la fecha resultan afectadas más de 750 quebradas y 36 ríos que abastecen a los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira, colocando en riesgo a los pueblos indígenas y más de 18 municipios que se benefician de la riqueza hídrica de la Sierra”, apuntan. (Declaratoria del pueblo arhuaco).
Aunque la lucha por el reconocimiento de su territorio data de los años setenta, cuando lograron los primeros títulos colectivos, los Arhuacos indican que el respeto por éste sigue en el papel. Su reclamación ocurre en aplicación al Decreto 4633 de 2011, que permite la restitución de derechos territoriales a los pueblos indígenas víctimas del conflicto armado. (Lea: Comunidades étnicas reclaman títulos sobre 1,2 millones de hectáreas)
En su caso solicitan la restitución de la propiedad colectiva; la autodeterminación y gobierno propio; la identidad cultural; administrar y conservarlos recursos naturales de su territorio; y que les garanticen el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada.
“La conservación es fundamental para la permanencia de los pueblos indígenas. Este es un asunto que el Gobierno no atiende, que lo ven como una amenaza para el desarrollo económico, pero no como una amenaza para el desarrollo social y cultural del país”, afirma la líder del pueblo Arhuaco.
A’muchusi y los daños causados
El territorio Arhuaco está compuesto por dos resguardos: el Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, en los municipios de Valledupar, Pueblo Bello y Copey, en Cesar; así como en Aracataca y Fundación, en Magdalena; y el resguardo Bunsichama, en el municipio de Pueblo Bello, Cesar.
En su lengua, la palabra A’muchusi significa “causar daño, producir efecto negativo sobre un ser, agredir a seres de diferentes niveles de vitalidad y conciencia”. A su juicio, esto fue lo que provocaron históricamente tanto decisiones del Estado como los actores armados ilegales.
Las afectaciones a su comunidad datan de 1871, cuando el gobierno nacional de aquella época le solicitó al Obispo de Santa Marta enviar tres sacerdotes a la Sierra Nevada y a la Serranía de Los Motilones. Y desde entonces y por más de un siglo, la Misión Capuchina los “evangelizó”, prohibiéndoles la lengua, cortándoles el cabello y vistiéndolos con pantalón, camisa y zapatos. Los Arhuacos cuentan que a esa cadena de daños se sumaron los procesos de colonización de finales del Siglo XIX y principios del Siglo XX, caracterizados por el uso del territorio ancestral en la formación de haciendas para la producción de banano y café.
Haciendo un relato de los hechos más recientes, los Arhuacos cuentan que, en 1962, cuando el territorio todavía era administrado por la Misión Capuchina, el gobierno nacional construyó una antena de radiotransmisión militar en el cerro Inarwa, conocido como El Aguacil, un sitio sagrado para los nativos, quienes señalan que en esa cima habita el padre de las semillas. Desde entonces, no pueden realizar allí sus pagamentos, porque el lugar es custodiado por un batallón del Ejército.
Luego aparecieron las guerrillas de las Farc, el Eln y el Epl, que proliferaron durante los años setenta en medio de la llamada “bonanza marimbera”, que se mantuvo desde 1975 hasta 1985. Los Arhuacos, cansados de que su territorio fuera ocupado por militares y guerrillas, comenzaron un proceso de defensa del territorio, buscando blindarlo con títulos. Así el 4 de diciembre de 1974 lograron que el antiguo Incora los reconociera como Reserva Indígena, para entonces con 185 mil hectáreas.
La lucha de los Arhuacos continuó en 1983, cuando lograron el reconocimiento de 10.900 hectáreas adicionales, sumando un total de 195.900 hectáreas en su título colectivo. Para entonces ya habían hecho una asamblea general en la que decidieron que la Misión Capuchina no debía administrar más su territorio. Con la salida de los religiosos, en 1984 crearon comités de educación, salud e historia para recuperar los conocimientos y prácticas culturales que estaban por desaparecer.
Sin embargo, el conflicto arreció en a mediados de los noventa, cuando guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes empezaron a disputarse ya no el negocio de la marihuana sino la producción del clorhidrato de cocaína.
Para 1995, en la Sierra había una especie de ‘coctel’ de grupos armados. Estaban los frentes 19, 41 y 59 de las Farc; los frentes Francisco Javier Castaño, José Manuel Martínez y 6 de Diciembre del Eln; y las Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira (Acmg), de Hernán Giraldo, alias ‘El Patrón’, conocidas antes como Autodefensas de El Mamey. (Lea: Los años de Hernán Giraldo en la Sierra Nevada de Santa Marta)
En medio de esa guerra, los indígenas lograron en 1996 que el gobierno nacional reconociera el Resguardo de Bunsichama, con un título que después fue ampliado a 202 hectáreas.
Entre finales del Siglo XX y hasta 2001, los Arhuacos sobrevivieron a los combates entre las fuerzas militares y las guerrillas. Pero en 2002, cuando el paramilitarismo ya se había expandido por todo el país con las rentas del narcotráfico, los hermanos Carlos y Vicente Castaño, jefes de las Auc, desataron una nueva guerra en la Sierra Nevada, enviando a la región a Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’. (Lea: Las batallas de Hernán Giraldo, y cómo terminó sometido a ‘Jorge 40’)
Los nativos relatan cómo su territorio se convirtió en un ‘campo de batalla’, en el que los tildaban de colaborar con un grupo y otro. Según explican, la parte más afectada del Resguardo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta fue la oriental. Por ejemplo, Umuriwun, conocido como el corregimiento de La Mesa, en el norte de Valledupar, fue convertido en un centro de mando de los paramilitares alias ‘Jorge 40’ y sus lugartenientes, el exmilitar David Hernández Rojas, alias ‘39’, y Rodolfo Lizcano Rueda, alias ’38’. (Lea: La Mesa: del sometimiento paramilitar a la libertad)
En ese mismo periodo, los indígenas fueron confinados, obligados a participar de reuniones, prohibiéndoles el paso y prácticas ceremoniales. La situación en el Resguardo de Bunsichama no fue distinta. Entre 2004 y 2006 alias ‘38’ instaló campamentos paramilitares en los cerros sagrados Guacamayo, Tenugungurwa y Bunkwanuwun, también conocido como Paw Señora, donde el grupo armado ilegal cometió varios asesinatos y practicó guaquería.
Los Arhuacos señalan que, en medio del conflicto, su territorio también fue afectado con otras prácticas como la tala, la quema en zonas de manantiales y la pesca con dinamita. Y que, de forma reciente, Umuriwun o La Mesa es usado como balneario, donde los indígenas advierten índices de contaminación, “alterando las condiciones naturales del punto sagrado y su equilibrio”.
La tensión sobre construcción de megaproyectos aún continúa. Desde finales de la década del sesenta se proyectó la construcción del Embalse Multipropósito Los Besotes, a ocho kilómetros de Valledupar, en un territorio que los Arhuacos llaman Ikarwa. Durante cuatro décadas, las autoridades locales y regionales han insistido en la necesidad de ejecutar este proyecto, que tiene fines de riego, acueducto y, a futuro, generación de energía.
La noticia más reciente al respecto se dio en mayo del año pasado, cuando se anunció en Valledupar que la construcción del embalse “sería una realidad”, tras una reunión sostenida por el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita, alcalde de la ciudad, Augusto Ramírez, y el contralor General de la Nación, Edgardo Maya Villazón. Se estima que la obra requiere inversiones por 300 millones de dólares.
El conflicto con los Arhuacos es que el área donde se proyecta el embalse no sólo incluye una gran reserva forestal, sino varios de sus sitios sagrados, entre ellos el cerro Muro’turwa, dueño de la vida y encargado de la muerte; el cerro Gununkurwa, que vigila el cumplimiento de las leyes tradicionales; SeykiwiaAti, dueña de todas las sociedades del mundo y donde reposan los materiales de los trabajos tradicionales; Kasikiwu, donde hacen los pagamentos a los animales acuáticos y para contrarrestar las enfermedades; y KunkurwaKuzuna y Zamuyun, donde realizan los pagamentos a todos los animales de la naturaleza y a los alimentos.
Por eso, los indígenas sostienen que inundar Ikarwa, que está sobre el margen izquierdo del río Guatapurí y sobre los afluentes Palenque y Capitanejo, afectaría el desarrollo de todos estos pagamentos, incluidos el retorno del agua y la celebración de la menarquia, ceremonias dirigidas por los Mamos, las máximas autoridades indígenas de los cuatro pueblos de la Sierra.
Los nativos esperan que la URT formule pronto las demandas de restitución de derechos territoriales sobre los dos resguardos, para que los jueces especializados tomen decisiones que exijan al Estado su real protección. Hasta ahora ninguno de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada han logrado una sentencia de este tipo en aplicación a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
VerdadAbierta.com le preguntó a la URT si la demora en la formulación de las demandas obedece a los proyectos económicos minero-energéticos que el gobierno nacional proyecta sobre el territorio indígena. Al respecto, la Directora de Asuntos Étnicos asegura que no es así: “desde la institución no hay ninguna limitación o imposición en la identificación de las afectaciones”. (Lea: ¿Para dónde va la restitución de tierras a indígenas y afros?)
A la fecha, ocho sentencias de restitución a favor de comunidades indígenas y afrodescendientes han logrado la protección de 180 mil, de las 290 mil hectáreas restituidas en todo el país (ver gráfico). Si las reclamaciones del pueblo Arhuaco llegan a juicio y los jueces deciden a su favor, se podrían proteger otras 200 mil hectáreas, en una zona que el gobierno nacional publicita como un tesoro, pero que en realidad ha sido resguardado por los pueblos indígenas en medio de todo tipo de violencias.
