En este corregimiento de Simití, en Bolívar, 1.600 campesinos sueñan con una marca propia de chocolate orgánico. Sobrevivientes al conflicto armado, no tienen luz ni acueducto ni vías. Tampoco títulos de propiedad para acceder a créditos bancarios. Pese a todo persisten en sacar adelante sus iniciativas.
Sobre la mesa de madera hay un pocillo espumoso y humeante de chocolate. Salvador Alcántara se siente orgulloso de que prueben los productos que dan esas tierras por las que han luchado tres generaciones hace medio siglo. “Me gustaría que se llamara Choco Garzal”, responde el líder, refiriéndose al nombre de la marca con la que sueñan comercializar su cacao. Ya tienen todo el conocimiento técnico, después de asistir con disciplina a los cursos técnicos del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Sin embargo, sus sorbos son amargos por falta de electricidad, vías y acueducto.
El Garzal es un corregimiento de Simití, en el sur de Bolívar. Su nombre hace honor a este lugar cuna de garzas, cuervos y chavarríes. Para llegar allí se toma una chalupa desde Cerro Burgos, donde hace 20 años la incertidumbre era regresar con vida, pues los paramililitares del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) interrogaban y se llevaban a sus víctimas a orillas del río. Al cruzar el brazo, hay una especie de montículo en tierra que la comunidad adecuó como carretera. Son 50 minutos en moto, en tiempo seco, para llegar hasta el caserío.
El corregimiento lo integran por lo menos 1.600 campesinos, una comunidad que creció con los procesos de colonización hace 60 años, cuando en medio de la violencia bipartidista encontraron en este lugar tierras productivas para sobrevivir. Sin embargo, su permanencia ha estado truncada por el conflicto armado y el narcotráfico. Desde finales de los años ochenta los pobladores relatan cómo su tranquilidad terminó con la llegada de Manuel Enrique Barreto Díaz, quien puso a funcionar una pista clandestina para el transporte de clorhidrato de cocaína en avionetas.
La geografía, caracterizada por ciénagas, múltiples caños y bosques, era apetecida como escondite y lugar para asegurar el transporte de la droga ilegal. Pablo Acuña, un sucreño que había llegado al Magdalena Medio en 1981, se había convertido en la voz de la comunidad a través de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), organización campesina que impulsó el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) para garantizar la reforma agraria.
Acuña, defensor de las tierras que cultivaban los campesinos, fue asesinado el 25 de julio de 1985 en el vecino corregimiento de Vijagual, en Puerto Wilches. El crimen fue atribuido a Barreto Díaz, quien encontró en el líder campesino un obstáculo para sus propósitos. Desde comienzos de esta década Pablo Acuña, quien no sabía leer ni escribir, promovía una campaña de alfabetización para que los campesinos supieran sobre sus derechos y pudieran defenderlos. Para él, la educación era una estrategia política para exigirle al Estado (Leer Trabajo de grado de Historia).
Pese al temor que dejó el asesinato de Acuña, los campesinos siguieron cultivando maíz, yuca y fríjol. El 20 de agosto de 1989 las autoridades allanaron la finca de Barreto Díaz, donde decomisaron unos cinco mil kilos de cocaína. En los trabajos de campo de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), un exempleado de Barreto Díaz dijo: “tenía una bodega, pero de cultivarla o procesarla no, ahí venían bultos de coca ya empacada y procesada, cada bulto venía de 40 kilos. El día que allanaron eso fue que me enteré porque una bolsa se le partió a un polícía y entonces yo me agaché y cogí un puñado y dije ¿y esta harina qué?”, contó durante una entrevista.
Un año después el Juez Único de Orden Público de Bolívar dejó en libertad a Barreto Díaz y a otras 10 personas detenidas (Ver prensa). En el Garzal, los campesinos no entendían cómo los Barreto y otros particulares se hicieron a títulos de propiedad, cuando las tierras son baldías. Por eso, en 1996 le pidieron al antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) que se las titulara después de tantos años de trabajo. La solicitud la hicieron justo cuando el conflicto comenzaba a hervir en el sur de Bolívar: los paramilitares se alistaban para arrebatarle las rutas de las rentas ilegales al Eln y las Farc. El Magdalena Medio era una “olla a presión”.
Títulos sin planos
Hace 20 años los paramilitares del Bloque Central Bolívar llegaron a esta zona del país. En una entrevista concedida a VerdadAbierta.com en 2009, Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, exjefe político de este grupo armado ilegal, contó que el narcotraficante Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, prestó 100 hombres para que las Auc extendieran sus tentáculos a esta zona del país. (Lea: Los tentáculos del Bloque Central Bolívar)
“Luego me reúno con Enrique Barreto del Sur de Bolívar, que estaba hablando a nombre de unas comunidades. Gente que le había tocado abandonar sus tierras, sus propiedades, sus bienes, por la persecución del Eln, les habían robado los ganados y después de haber acudido a todas las instancias de los organismos de seguridad no habían encontrado ninguna respuesta, entonces acudieron donde Vicente Castaño. Vicente organizó todo y me proponen como coordinador. Yo ni siquiera tenía entrenamiento militar”, contó el exjefe paramilitar (Lea: “Nos convertimos en una máquina de matar”: Julián Bolívar).
Los paramilitares ingresaron el 11 de junio de 1998 a la región por Cerro Burgos. Mientras en El Garzal la comunidad esperaba una respuesta del Incora. Quien volvió al territorio fue Barreto Díaz, que no lo hacía desde el allanamiento de 1989. Salvador Alcántara recuerda que el 26 de octubre de 2003 se lo encontró frente al Hospital de Simití. “Me dijo que iba a entrar en enero de 2004, que tenía 500 fusiles para recuperar las tierras”, dice el campesino, explicando que decidió dejar todo “en manos de Dios”. La comunidad de El Garzal es mayoritariamente cristiana evangélica y encontró en la religión una forma para resistir. (Lea: Resitir a los violentos y tejer sociedad desde la fe: El Garzal)
En menos de un año los campesinos comenzaron a librar una ‘batalla jurídica’. Familiares de Barreto instauraron en febrero de 2004 ocho demandas de posesión contra los campesinos, alegando que estos les habían invadido las tierras. De los estudios que comenzó el antiguo Incora a finales de los años noventa, sólo hasta 2005 el Incoder comenzó a emitir los primeros títulos. Sin embargo, el 15 de abril de ese año, la entidad ordenó recogerlos, señalando inconsistencias. “Nos iban a hacer firmar un documento en blanco para revocarnos el derecho”, cuenta Alcántara.
Entre tanta espera, en diciembre de 2011 el Juez de Simití ordenó revocar los títulos y concedió la titularidad de la tierra a los Barreto. Alcántara recibió amenazas y la comunidad solicitó una misión al Incoder, que en 2012 fue a verificar que los campesinos cultivaban las tierras desde finales de los años cincuenta. Ese año, el instituto comenzó un estudio de deslinde, pues de las 30 mil hectáreas, se estimaba que la mitad eran terrenos protegidos por tratarse de humedales.
Desde esa época el proceso agrario no ha terminado, pues el Incoder le dijo a la comunidad que le faltaban cinco millones de pesos para notificar los deslindes. “Les respondimos que si era el caso prestábamos la plata, pero eso quedó ahí”, señala Alcántara. El 4 de abril de 2013 el instituto entregó 64 títulos a los campesinos de El Garzal, pero estos no pudieron ser legalizados. La Oficina de Instrumentos Públicos de Simití les negó el registro porque los títulos carecían de planos.
José Manuel Menco, habitante de El Garzal, expresa preocupación por la falta de títulos. Diversas entidades del Estado les han dicho que sin esos documentos no pueden hacer inversiones para garantizarles el fluido eléctrico, el acueducto, el desarrollo de vías y proyectos de vivienda. “Estamos cerca del pueblo, pero vivimos en condiciones precarias”, afirma el campesino.
Sorpresas y esperas
La sorpresa para la comunidad de El Garzal fue mayúscula cuando funcionarios de la URT del Magdalena Medio les notificaron que sus fincas habían sido demandadas en restitución. Los campesinos, extrañados, le contaron la Unidad su historia y exigieron que la entidad realizara un trabajo de campo en profundidad, que documentara la historia de la violencia y la propiedad rural del corregimiento.
El 24 de noviembre de 2014 Fabio Andrés Camargo, director de la URT Territorial Magdalena Medio, firmó una resolución con la que negó el estudio formal de la solicitud presentada por la Sociedad Inversiones La Carolina S.A., representada legalmente por Jaime Enrique Barreto Esguerra. En la solicitud, Barreto Esguerra alegó que Manuel Enrique Barreto Díaz fue víctima en 1981 de extorsiones y robo de ganado y secuestrado por el Eln en 1986, año en que decidió vender Las Vegas, uno de los ocho predios que segregó de las 2.500 hectáreas de la finca Santana. (Ver resolución de la URT)
El representante de La Carolina indicó que por lo anterior, Manuel Enrique abandonó las tierras y que en 1998 el Incora adelantó un proceso de extinción de dominio que no prosperó. Según le dijo a la Unidad, en el año 2000 intentó retomar sus actividades comerciales, pero encontró en el predio “presencia de las Farc, autodefensas e invasores en sus propiedades, lo cual impidió su retorno, lo que dio lugar a procesos reivindicatorios”. En 2005, apuntó, directivos de Alianza Palmeras La Carolina S.A. fueron secuestrados por el Frente 24 de las Farc.
Sin embargo, la URT concluyó que la solicitud de la Sociedad Inversiones La Carolina no procedía por dos requisitos exigidos en la Ley 1448 de 2011, relacionados con la titularidad y legitimidad, y la temporalidad. Sobre el primero, la Unidad indicó que en los títulos de Las Vegas aparecía el nombre de Ricardo Esguerra Romero, de manera que este era quien debía reclamar. Respecto al segundo, recordó que la URT documenta casos ocurridos a partir del 1 de enero de 1991, y que la institución encontró que los Barreto abandonaron las tierras en 1989, además por causas que “fueron ajenas al conflicto armado interno de la región”.
Al finalizar 2015 el gobierno nacional decidió liquidar el Incoder por incompetente y por casos de corrupción, dando paso a la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Los campesinos tocaron a las puertas de esta institución, recordando que allí reposaban los procesos agrarios de deslinde y titulación. A comienzos de 2017 Miguel Samper, director de la Agencia, se comprometió a resolver pronto su caso pero esto no ha sucedido. VerdadAbierta.com se contactó con la Oficina de Prensa de la ANT para conocer la versión de la entidad al respecto y al cierre de esta publicación no habían dado respuesta.
Esperanzados
En El Garzal, los campesinos producen entre 12 y 15 toneladas de cacao al mes, 300 toneladas de maíz al año, 600 bultos de plátano cada quince días y por lo menos 3 mil litros de leche diarios. Sin embargo, para poder comercializar y transformar las materias primas, requieren de electricidad. Desde hace año y medio en el camino fueron puestos algunos postes, pero la obra fue suspendida. José Oliverio Ardila y Alirio Mendoza, dos campesinos de la comunidad, advierten sobre la necesidad de que el gobierno nacional les garantice los servicios públicos, la sostenibilidad en los proyectos productivos y educación de calidad.
La comunidad se preparara para la nueva cosecha de cacao. Alcántara sueña con que El Garzal tenga una planta procesadora, de manera que puedan producir chocolate de mesa con una marca para su venta. El líder reitera en la necesidad de la electrificación, vías y sobre todo los títulos: “Los que llegaron en los años 50 ya murieron y sus hijos se están muriendon sin ver la legalización de las tierras, eso eso triste, cuando por tradición han vivido acá”, dice el campesino.
Al igual que el Comité Cívico del Sur de Bolívar, El Garzal es una comunidad resistente, pues geográficamente están cerca al Caño Barbú, identificado por la Defensoría del Pueblo como un punto usado por las Autofensas Gaitanistas de Colombia (Agc), en sus rutas del narcotráfico. En marzo pasado, las lluvias removieron las tierras y las raíces de un árbol revelaron piezas de una vieja avioneta. Los campesinos han pedido intervención de las autoridades, pues creen que esta es una prueba reina sobre el pasado de Barreto Díaz y el narcotráfico. De momento, ninguna autoridad ha visitado el lugar, excepto un jaguar que merodea por la zona.
Al calor de un chocolate, Alcántara reitera el anhelo de los títulos de propiedad para una comunidad integrada por 374 familias. Estas 1.600 personas esperan que los próximos años tengan un sabor dulce, como el del cacao, que sirven todas las mañanas en sus mesas.
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