¿Se podrá hacer fracking en Colombia? Es la pregunta que se hace la industria petrolera y el gobierno nacional. Mientras el debate avanza en los escenarios de decisión política, en los territorios donde podría llevarse a cabo estos proyectos la violencia arrecia contra quienes se oponen a esta técnica.
Nota del editor: Este reportaje hace parte del especial Tierra de Resistentes, en el que medios de comunicación de siete países de Latinoamérica, junto con Consejo de Redacción y la cooperación alemana, se unieron para contar historias sobre violencia contra líderes y comunidades que defienden el medio ambiente y sus territorios.
La amenaza de muerte que recibió a través de su teléfono móvil uno de los más representativos líderes comunitarios del corregimiento El Llanito, de Barrancabermeja, despertó entre sus poco más de tres mil habitantes recuerdos y temores de una violencia que creían superada. Ocurrió a mediados de abril de 2018, semanas después de un encuentro entre la comunidad y funcionarios de la empresa petrolera Ecopetrol S.A.
La reunión tuvo lugar en el salón comunitario “Lucho Arango”, uno de los sitios más emblemáticos de este corregimiento.
Tal como lo documentó el Centro Nacional de Memoria Histórica en informe publicado en 2014, Lucho fue un hombre que en vida defendió los intereses de los pescadores de El Llanito, así como de toda la región del Magdalena Medio en el noroccidente colombiano, ante los efectos que estaban dejando obras como la construcción de la central hidroeléctrica Hidrosogamoso. Allí se consigna que el 12 de febrero de 2009, sicarios pertenecientes al grupo criminal conocido como ‘Los Rastrojos’ lo asesinaron en el barrio La Victoria del mayor puerto petrolero del país. Desde entonces, su rostro y su nombre, dibujados en vistosos colores, adornan la casa.
Los primeros días de abril, funcionarios socializaron con la comunidad el proyecto llamado “Área de perforación exploratoria Guane A”, fruto de un convenio suscrito entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) gubernamental y la mayor empresa estatal del país para explorar y explotar yacimientos convencionales y no convencionales en un área de 5.700 hectáreas, repartidas entre El Llanito y el vecino municipio de Puerto Wilches. A este polígono se le suma también la solicitud de un área de 7.5 hectáreas para cinco sitios de captación de agua, que serían requeridos para la explotación petrolera.
Ese día el rechazo de la comunidad al proyecto extractivo fue unánime. Los líderes comunitarios manifestaron que allí, en ese corregimiento conformado por 17 veredas ubicado a orillas de la Ciénaga de San Silvestre, un humedal que Colombia está considerando proteger bajo la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, conocida como convenio internacional Ramsar, llevan extrayendo petróleo desde hace más de 30 años.
“¿Y qué nos ha dejado eso? Nada. Vivimos frente a una ciénaga, de la que se nutre Ecopetrol, pero el pueblo no tiene acueducto con agua potable. No tenemos vías, no tenemos puestos de salud”, señala el líder que, tras las amenazas recibidas, pidió omitir su nombre.
“Esta era una comunidad de pescadores, abundaba el pescado. ¡Vaya saque ahora un pescado a ver si es capaz! Desde que comenzaron a explotar petróleo se acabó la ciénaga”, recuerda ese mismo líder quien, pese a su delicada situación, continúa liderando la oposición de la comunidad al proyecto petrolero. “Ahora, con esa propuesta de hacer fracking, que según entiendo requiere cantidades enormes de agua, ahora sí nos van a dejar sin ciénaga. Nosotros en esa reunión rechazamos la propuesta, amenazamos con hacer marchas, paros e incluso recurrir a las vías de hecho para no permitir el fracking. ¡Y cómo le parece que quince días después me llamaron a amenazarme de muerte!”
Historia repetida
El Llanito no es el único pueblo donde oponerse al fracking está generando amenazas y señalamientos.
Unos 150 kilómetros al norte de Barrancabermeja se encuentra San Martín, un pueblo cercano a los 17 mil habitantes en el vecino departamento del Cesar. En abril de 2016, cincuenta ciudadanos de muy distintos perfiles se unieron para crear la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (Cordatec), cuyo propósito fundamental es rechazar la realización de pruebas piloto de fracking en tierras sanmartinenses.
Aunque la actividad petrolera en San Martín se remonta a la década de los 70, cuando la empresa Petróleos del Norte inició operaciones en los pozos Mono Araña y Tisquirama, el pueblo solo vio modestos volúmenes de crudo. En las últimas dos décadas, la producción diaria no pasó de entre 300 y 1.400 barriles de petróleo, según cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Sin embargo, estudios de Ecopetrol de 2011 evidencian que en el llamado Valle del Magdalena Medio –donde se encuentra San Martín- los análisis de geología, geofísica e ingeniería de yacimientos estiman que hay un potencial de entre 2.400 millones y 7.400 millones de barriles de petróleo y gas técnicamente recuperables.
El problema es que estos hidrocarburos aún se encuentran en lo que se conoce como roca generadora. Es decir, en una formación geológica de poca permeabilidad que almacena crudo y gas a profundidades superiores a los tres mil y cuatro mil metros. Por esta razón, este tipo de yacimientos recibe el nombre de “no convencionales” y su explotación solo es posible mediante una tecnología llamada ‘fracking’.
Dicha tecnología, que comenzó a ser usada en Estados Unidos en 1999, tiene como punto de partida el fracturamiento hidráulico, que consiste en la inyección, a muy alta presión, de ingentes cantidades agua mezclada con arena y químicos, que generan microfisuras en las rocas generadoras para permitir que el crudo –o el gas- ascienda a la superficie.
Como lo explica Óscar Vanegas, profesor de geopolítica energética de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, aunque el fracturamiento hidráulico se venía realizando desde los años 50 del siglo XX, el fracking solo fue posible cuando apareció maquinaria altamente especializada como taladros “Top Drive” y los llamados ‘motores de fondo’, que permitieron perforar la roca de manera horizontal y no vertical, como venía trabajando la industria petrolera desde hace un siglo.
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“Y, hasta donde tenemos entendido, el fracking podría generar serios problemas ambientales en nuestro municipio, como la contaminación de fuentes de agua subterráneas y de cuerpos de agua como ríos, quebradas y ciénagas, así como el aumento de eventos sísmicos”, expresa Dora Stella Gutiérrez, actual presidente de Cordatec. Por ello, agrega Dora Stella, desde el mismo momento de su nacimiento, la organización ambientalista ha realizado talleres, foros, seminarios, marchas y jornadas de sensibilización contra esta técnica. Y ello les ha costado señalamientos, estigmatizaciones, amenazas de muerte y atentados contra sus vidas.
El ataque más reciente contra un integrante de Cordatec ocurrió el pasado 23 de enero. Ese día, a la 1:00 de la tarde, un hombre disparó en repetidas ocasiones contra José Orlando Reina, reconocido activista del municipio, cuando caminaba por las calles de un céntrico sector de su pueblo, cerca de la estación de Policía. Las detonaciones motivaron la reacción de varios uniformados, quienes, en un cruce de disparos, mataron al sicario. El líder fue auxiliado y remitido al hospital del cercano municipio de Aguachica, donde varias intervenciones quirúrgicas le salvaron la vida.
El atentado contra Reina se suma a una larga cadena de agresiones que, hasta ahora, no han dejado víctimas mortales.
En septiembre de 2017, otra de sus líderes, Jassiel Leal, estudiante de ingeniería ambiental, recibió un par de llamadas telefónicas en las que, en tono amenazante, le ordenaron que “no siguiera defendiendo lo que no le interesa”.
Dos meses antes, el 20 de julio, hombres armados irrumpieron en la casa de Crisóstomo Mancilla, también integrante de Cordatec y presidente de la junta de acción comunal de la vereda El Loro, y le propinaron varios disparos. Herido, Mancilla logró ser trasladado hasta un centro de salud donde le salvaron la vida.
El 29 de mayo de 2017, otros dos miembros de Cordatec, Marina Medina y Jorge Eliécer Torres, quienes además fungen como presidentes de juntas de acción comunal de dos importantes barrios de San Martín, recibieron amenazas por cuenta de sus posturas negativas frente al fracking.
A lo anterior se suma la circulación, en febrero de 2017, de un panfleto firmado por las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, estructura armada que surgió en 2008 luego de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en el que amenazan de muerte a “izquierdistas, activistas de derechos humanos, líderes ambientalistas y líderes indígenas”.
“La verdad la situación está compleja”, reconoce la presidenta de Cordatec. “Desde mediados del año pasado la UNP (Unidad Nacional de Protección) nos dio un esquema colectivo [de protección], que consiste en un carro blindado y dos escoltas, para que los integrantes de la corporación nos movilicemos. Pero la verdad es que la cosa no está fácil. Nosotros veníamos realizando unos talleres con la comunidad, explicándoles qué es el fracking y por qué es tan perjudicial para nuestro territorio, pero no hemos podido empezar este año, por la situación tan tensa como está”.
Hacer o no hacer fracking: el dilema
La discusión sobre explotar yacimientos no convencionales mediante fracking no es nueva en Colombia.
Desde los primeros años de la presente década, la industria petrolera nacional viene planteando la necesidad de recurrir a esta tecnología –que despierta fuertes resistencias entre sectores ambientalistas y políticos- para aumentar significativamente la producción de crudo y gas y, así, garantizarle al país su autosuficiencia energética.
Ante la disminución de las reservas actuales de petróleo, el debate se volvió recientemente más urgente y prioritario. De hecho, figuró en la pasada campaña electoral a la Presidencia de la República: el actual presidente Iván Duque Márquez se comprometió en Bucaramanga, el 11 de abril de 2018, que si triunfaba en los comicios presidenciales no permitiría la implementación de esta técnica.
“Tenemos ecosistemas diversos y complejos, acuíferos subterráneos de enorme riqueza y unos riesgos de mayor sismicidad por los tipos de suelos que tenemos. Por eso he dicho que en Colombia no se hará fracking”, señaló en ese momento el hoy Presidente Duque ante un grupo de académicos y estudiantes universitarios congregados en el auditorio de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.
En noviembre pasado, tres meses después de asumir la Presidencia, Duque convocó una Comisión Interdisciplinaria de Expertos con el fin de estudiar las posibles consecuencias que generaría la aplicación de la técnica del fracking en el país.
La misión de esta comisión, integrada por trece académicos de diversas disciplinas que van desde la biología, pasando por el derecho, la filosofía, la economía hasta llegar a las ingenierías –civil, mecánica y de petróleos- y la resolución de conflictos interculturales, era discutir la viabilidad del fracking en el país, tras conversar con las comunidades de los territorios donde se proyecta realizar pilotos, evaluar los impactos de esta tecnología en otros países y revisar la normativa ambiental existente.
Su informe final, que los expertos entregaron al Gobierno nacional este 15 de marzo, no dio vía libre al fracking en Colombia, pero determinó que sí es posible adelantar proyectos piloto integrales que permitan profundizar el conocimiento sobre la técnica, así como sobre sus verdaderos efectos.
El documento, quizás por la heterogeneidad de sus integrantes, llegó a conclusiones aparentemente contradictorias como destacar el enorme potencial económico de los yacimientos no convencionales del país, al tiempo que advierte sobre el bajo acceso que tienen las comunidades a la información sobre los proyectos y la inexistencia de suficientes estudios sobre aguas subterráneas, riesgos de sismicidad, posible contaminación de ecosistemas y capacidad de las instituciones encargadas del control ambiental.
La comisión también hizo una serie de recomendaciones al Gobierno Duque, incluyendo divulgar a las comunidades toda la información sobre los proyectos; identificar carencias de información sobre ecosistemas, hidrogeología y sismicidad; acordar mecanismos de participación y veeduría ciudadana; construir líneas de base social; acordar manejo de riesgos de salud con pobladores cercanos a los proyectos piloto; e identificar las carencias de las instituciones responsables del control ambiental.
La industria petrolera interpretó las conclusiones de la Comisión como un llamado responsable a que el Gobierno nacional implemente la técnica en Colombia y como una refutación de los argumentos de quienes se oponen al fracking.
“Lo que dijo la Comisión es que Colombia cuenta con la regulación necesaria para desarrollar esta técnica. De hecho, es la más rigurosa y exigente a nivel internacional. Y que los posibles impactos ambientales que pueden derivarse de esta técnica son totalmente identificables y se pueden prevenir”, dice Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos (ACP) que agremia a las petroleras.
“El país tiene reservas de petróleo y gas que alcanzarían para seis años y once años, respectivamente. Son tiempos extremadamente cortos para esta industria, (por lo que) es fundamental mantener la autosuficiencia energética. También es fundamental que el país tenga excedentes de petróleo para exportar, por lo que significa para las finanzas internas”, añade Lloreda, quien también fue ministro de Educación.
¿Hay suficiente ‘oro negro’?
La importancia económica del fracking está clara. Tanto así que, según Lloreda, el 15 por ciento del petróleo y el 30 por ciento del gas a nivel mundial, se explotan mediante esta tecnología.
Ese boom, sin embargo, es divisivo en muchos países. Francia, Alemania e Irlanda prohibieron la técnica, mientras algunos estados de Australia y Estados Unidos le han puesto moratorias.
En Colombia, según Ecopetrol, hay yacimientos no convencionales en el Catatumbo de Norte de Santander, en Putumayo y en Caquetá, aunque el mayor potencial está justamente en las formaciones geológicas conocidas como La Luna y El Tablazo del Valle del Magdalena Medio y Cesar, donde justamente ha despertado temores entre la población local.
Es ahí también donde dos empresas internacionales ya cuentan con resoluciones de adjudicación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para iniciar pilotos.
Una de ellas es Parex Resources Colombia Ltda, multinacional con sede en Barbados a la que la ANH le adjudicóen 2014 un área de 61.679 hectáreas en el municipio de Cimitarra, Santander. Otra es ConocoPhillips Colombia Ventura Ltda., con sede en Islas Caimán, que obtuvo en 2015 un “contrato adicional de exploración y producción de yacimientos no convencionales de hidrocarburos” a uno que tenía desde 2009 en San Martín, Cesar.
“La producción en el Magdalena Medio se podría incrementar en por lo menos 250 mil barriles por día. Además, se generarían importantes beneficios en materia de generación de empleo y demanda de bienes y servicios en las zonas donde se llevaría a cabo la actividad”, nos respondió un vocero de Ecopetrol.
Si bien no hay estimativos de cuánto podría beneficiar el fracking a las finanzas del país, Ecopetrol subraya que, solo en 2018, transfirió a la Nación 23,1 billones de pesos en dividendos (8,2 billones de pesos), impuestos (8,8 billones de pesos) y regalías (6,1 billones de pesos). Además, señala que, ese mismo año, contrató bienes y servicios a más de 6 mil empresas en los territorios donde desarrolló su operación, por 10,4 billones de pesos, y generó 34,805 empleos indirectos.
De ahí la expectativa de las empresas de que el Gobierno nacional dé luz verde a los pilotos de fracking. “Ecopetrol S.A ha propuesto desde hace dos años la realización de pilotos controlados de fracking, con veeduría de las comunidades, los entes territoriales y las autoridades regulatorias, para poder aplicar la tecnología y conocer, en prueba práctica, cuáles son sus efectos reales”, explica su vocero.
Riesgos ambientales y sociales
Desafortunadamente, en aquellas zonas donde se llevarían a cabo estas pruebas pilotos de fracking se disparó la violencia contra los líderes ambientalistas a quienes les preocupa la técnica.
Así lo documentó el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, la entidad estatal que monitorea riesgos de violación a los derechos humanos en todo el país.
“Los líderes sociales y comunitarios que en los últimos meses han sido objeto de amenazas, hostigamientos y agresiones en el departamento del Cesar pertenecen a organizaciones sociales, especialmente campesinas, que desarrollan (entre otras) las siguientes actividades: 1) defensa del territorio; 2) oposición al modelo de desarrollo extractivista así como a los daños ambientales causados a los ecosistemas como consecuencia de la expansión de la minería y la agroindustria”, dice en Informe de Riesgo 040-16 A.I del 28 de noviembre de 2018.
La situación que padecen actualmente los integrantes de Cordatec, la organización ambientalista de San Martín, es una de las que más preocupa al SAT de la Defensoría.
“Varios dignatarios de la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas –Cordatec, en razón a las jornadas de resistencia pacífica que adelantaron por varios días a partir del 7 de septiembre de 2016 a la utilización de la técnica de la fracturación hidráulica conocida como fracking, para la extracción de petróleo realizadas en Cuatro Bocas, jurisdicción de San Martín, han sido objeto de reiteradas amenazas”, dice el mismo informe.
Una advertencia similar hizo la Defensoría del Pueblo para Barrancabermeja, considerada la capital petrolera de Colombia por ser sede de la principal refinería del país.
En Alerta Temprana No. 076-18 de noviembre del 2018, el Ministerio Público aseveró que el desarrollo de nuevos proyectos de exploración y producción petrolera coincidía con el aumento de las amenazas contra líderes ambientalistas, dirigentes comunales y defensores de derechos humanos en los municipios del Magdalena Medio santandereano. Ejemplo de lo anterior, señaló de la Defensoría, fueron las amenazas proferidas contra líderes de los corregimientos Ciénaga de Opón, La Fortuna y El Llanito de Barrancabermeja.
Todos ellos tienen en común vivir en zonas donde se perfilan proyectos de explotación de yacimientos convencionales y no convencionales. Ese incremento en las intimidaciones podría estar relacionado, argumenta el SAT de la Defensoría, con el interés de grupos criminales presentes en la región por obtener recursos mediante la cooptación de contratos de bienes, personal y servicios requeridos por las empresas petroleras para el desarrollo de sus labores.
“Grupos armados ilegales, entre ellos las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ han implantado prácticas de hostigamiento, intimidación, cooptación de líderes comunales que instalan diálogo directo con las empresas contratistas de Ecopetrol. Ello porque está de por medio el relacionamiento para el suministro de personal y la financiación económica para la estructura criminal a través de los contratos de bienes y servicios que requieren estas empresas para la ejecución de obras”, concluye la Defensoría en su Alerta Temprana 076-18.
En particular, el organismo público llamó la atención sobre la situación de Óscar Sampayo y Óscar Yesid Blanco, dos reconocidos barranqueños que, por circunstancias distintas, terminaron erigiéndose como los más férreos opositores al fracking y abanderados de la protección del ambiente y el agua.
El médico y el politólogo
Los problemas para los dos Óscar –uno politólogo y el otro médico pediatra- comenzaron en 2015.
Finalizando ese año, tanto Sampayo como Blanco denunciaron que el agua que consumían los barranqueños no era apta para el consumo humano porque la Ciénaga de San Silvestre, el humedal que surte al acueducto de esa ciudad de 190 mil habitantes, registraba aumentos alarmantes de metales pesados, entre ellos el mercurio.
“Hubo un año en que diagnostiqué 18 niños con una enfermedad rarísima que consiste una alteración inmunológica. Comencé a mirar qué podría estar pasando y, con ayuda de otros colegas, vimos que había una relación directa con la exposición a metales pesados, incluido el mercurio”, recuerda Blanco, uno de los personajes más queridos por los barranqueños por su carisma, su vocación de servicio y su compromiso con las causas ambientales.
“En ese momento, un amigo sindicalista de Aguas de Barrancabermeja –empresa encargada del acueducto local- me regaló un informe que tenía la empresa guardado, hecho por la Universidad Pontificia Bolivariana, que señalaba un aumento, hasta en un 25 por ciento, de metales pesados, entre ellos el mercurio, en la ciénaga”, añade el médico.
Comenzó así un rifirrafe entre los ambientalistas, la empresa de acueductos y el alcalde local Darío Echeverri. La discusión subió de tono cuando Sampayo y Blanco señalaron que el deterioro de la calidad del agua de la ciénaga se debía a la construcción del relleno sanitario Yerbabuena en la vereda Patio Bonito, en pleno corazón del Distrito de Manejo Integrado de Recursos Naturales Humedal Ciénaga de San Silvestre.
“El relleno sanitario se hizo en el corazón de una zona que es considerada una reserva ambiental, con todas las irregularidades que usted quiera”, dice por su parte Sampayo, quien dejó de lado su actividad como empresario en bienes raíces para dedicarse, de lleno, a la defensa y protección del medio ambiente. De acuerdo con Sampayo, “la petrolera Oxy donó el terreno donde se hizo la obra y ese lugar coincidiría con uno de los bloques que Ecopetrol quiere explotar usando el fracking.
“Degradaron un territorio que era reserva ambiental –continúa Sampayo- porque se está degradando por cuenta de los lixiviados que están derramándose sobre la ciénaga, para que luego la autoridad ambiental diga: ‘Bueno, no hay nada que proteger, se puede hacer fracking”.
Entre las pruebas que Sampayo presenta está que, en 2013, la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) –la autoridad ambiental regional- aprobó “la sustracción de un área del Distrito Regional de Manejo Integrado del Humedal San Silvestre para la construcción y operación de un sitio de disposición final de residuos sólidos”.
Esa aprobación se dio luego de que la empresa Entorno Verde S.A E.S.P. realizó un estudio técnico que mostraba la viabilidad de la obra, que fue adjudicada en 2014 a la empresa constructora Construvías de Colombia S.A. (Construvicol) y que entró en operaciones en 2015 de la mano de Rediba S.A. E.S.P.
Las denuncias de los ambientalistas llegaron a oídos de la Fiscalía General de la Nación. En el marco de una jornada anticorrupción que tuvo lugar en Barrancabermeja el 13 de junio de 2017, la Fiscalía recopiló pruebas y testimonios de los residentes de la vereda Patio Bonito, que, dos meses después, le permitieron ordenar la detención de la entonces gerente de Rediba, Liliana Forero, acusada de los delitos de fraude procesal, daño a recursos naturales agravados, daño a recursos naturales en homogéneo con contaminación ambiental, ocultamiento y destrucción de material probatorio e invasión a propiedad. El 22 de septiembre del mismo año, un juez de Barrancabermeja ordenó su reclusión en centro penitenciario.
Esta empresa, junto con Construvicol y Entorno Verde, está conectada a Reinaldo Bohórquez, un poderoso contratista que ha ejecutado obras de infraestructura en varios municipios de Santander y que maneja el negocio de las basuras en Barrancabermeja, Floridablanca y Girón y la disposición final de residuos generados por la explotación petrolera. Su empresa Construvicol será la responsable, en alianza con la empresa española Aqualia Intech, de la construcción de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos (Ptar) de Barrancabermeja.
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En los círculos políticos santandereanos es reconocido por financiar campañas políticas, entre ellas, la de Darío Echeverri, quien salió electo en las pasadas elecciones para alcalde en Barrancabermeja. “Yo participé en su campaña porque dijo que no iba permitir el relleno. De hecho, cuando gana la Alcaldía, me nombran funcionario enlace de la Alcaldía con la CAS”, relata Sampayo, quien añade que “a los seis meses el hombre cambia de postura, me destituyen y le dan vía libre al relleno. Públicamente se decía que había sido financiado por Bohórquez”.
Ello dio pie a un proceso revocatorio liderado por varios ciudadanos barranqueños, entre ellos el médico pediatra y Óscar Sampayo. Echeverri logró conservar su mandato en las urnas, pero, en febrero de 2018, la Fiscalía General de la Nación lo capturó por los delitos de constreñimiento al sufragante, obstrucción al certamen electoral, peculado y concierto para delinquir. Según la Fiscalía, Echeverri recurrió a prácticas corruptas para evitar que los sufragantes salieron en masa el día convocado para la revocatoria.
No ha sido la única pelea que han dado tanto Sampayo como Blanco contra los abogados de Bohórquez. En tono jocoso ambos aseguran que han tenido que asistir a los estrados judiciales tantas veces en los últimos años que ya ambos perdieron la cuenta.
“Nosotros denunciamos la presencia de lixiviados en el agua de Barrancabermeja por cuenta de la operación del relleno sanitario. También señalamos que las autoridades ambientales se han hecho los de la vista gorda para no emprender algún tipo de acción contra este señor. ¿Eso qué nos ha costado? Pues en mi caso ser víctima de la más grande campaña de desprestigio por parte de los abogados de las empresas de Bohórquez”, dice el médico Óscar Yesid Blanco.
Según cuenta Blanco, un periodista local publicó una noticia falsa sobre él en su portal. Después de que el médico lo denunciara por calumnia, el periodista reconoció ante el juez que había recibido un pago de uno de los abogados de Rediba S.A. E.S.P, una de las empresas de Bohórquez.
“Resulta que un periodista, Gustavo Duarte, publicó en su portal La Tea Noticia una noticia falsa sobre mí –continúa el médico pediatra-. Yo lo denuncié por calumnia. Ante el juez, el periodista reconoció que el abogado Cristián Gutiérrez, que luego nos enteramos que trabajaba para Rediba S.A. E.S.P, la empresa de Bohórquez, le pagó para publicar mentiras sobre mí. Ese proceso lo llevó la Fiscalía 6 de Barrancabermeja”.
Las presiones contra ambos ambientalistas se intensificaron conforme aumentaron la gravedad de sus denuncias. Sampayo logró acceder en octubre de 2018 a un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección del Gobierno. El médico, que no corrió con la misma suerte, recibió una llamada en noviembre de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), una ONG regional en temas de derechos humanos.
“Me dijeron: ‘Médico, tenemos información muy seria, de fuentes muy confiables, que hay un plan en marcha para atentar contra su vida. Le sugerimos que salga de la ciudad’. No lo pensé dos veces y al otro día, estaba fuera del país”, cuenta desde su exilio en una ciudad que prefiere no nombrar.
A la expectativa
Pese a las amenazas, casi todos los líderes contra el fracking sostienen que continuarán oponiéndose a la técnica.
En El Llanito de Barrancabermeja no descartan hacer plantones, paros cívicos y marchas, para proteger la Ciénaga de San Silvestre, que consideran la vida y alma de su pueblo.
En San Martín, continúan con su resistencia frente a las pruebas piloto. De hecho, luego de varias reuniones y audiencias públicas que sostuvieron a lo largo de 2018 integrantes de Cordatec y funcionarios de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la entidad decidió suspender temporalmente, mediante los Autos 6117del 9 de octubre de 2018 y 6445 del 23 de octubre del mismo año, dos licencias ambientales otorgadas a la petrolera ConocoPhillips Colombia Ventura Ltda.
Según la entidad del Gobierno que vela por las licencias ambientales, los estudios de impacto ambiental –en sus palabras- “no satisfacen lo requerido por la autoridad ambiental” pues “no cumplen con los términos de referencia para la explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales”.
“Ese fue como un pequeño logro para nosotros”, dice Dora Stella Gutiérrez, actual presidente de Cordatec, “pero igual, es una suspensión temporal. Al pueblo, la empresa sigue ingresando maquinaria a (vereda) Cuatro Bocas, donde está el pozo Pico Plata 1. Y la verdad, no sabemos qué están haciendo allá”.
Para los ambientalistas, la discusión sobre el fracking no debería circunscribirse únicamente al potencial económico del subsuelo, sino a la riqueza natural de su superficie.
“Si se acaba el petróleo, ¿se acaba la vida en Barrancabermeja? Creo que no y creo que es el momento de pensar en hacer el tránsito a energías limpias, renovables”, sostiene Sampayo.
Entre tanto, Dora Stella, quien forjó una próspera carrera como comerciante de abarrotes en San Martín, asevera que el petróleo no será la salvación económica de su pueblo.
“Hace como tres años llegó esta empresa petrolera al pueblo con sus trabajadores y contratistas ¿Subieron nuestras ventas desde entonces? No. Por el contrario, ya tenemos problemas de prostitución y robos. Con el fracking será peor, acabarán con el agua y con la tierra y nos tocará entonces irnos para otro pueblo porque aquí ya no habrá vida”, dice Dora Stella.
