La vieja guerra por el narcotráfico y sus rutas en el litoral Caribe mantiene vivos a diversos grupos armados ilegales y genera temores por la consolidación de una nueva versión del paramilitarismo en la región.

Artículo cedido por 360-grados.co a VerdadAbierta.com

Una investigación de 360-grados.co denuncia la amenaza de dos grupos armados ilegales: Autodefensas Gaitanistas de Colombia (llamadas por las autoridades Clan del Golfo) y Los Pachencas (que se hacen llamar Conquistadores de la Sierra) en asocio con bandas locales, y que tienen bajo zozobra a los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira, donde controlan toda la cadena de producción, circulación y exportación de cocaína, lo que está generando nuevos fenómenos de violencia en la región.

Lo más relevante es el intento de estos grupos por recrear el imperio del extinto Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en el Caribe colombiano. Ante la incapacidad de una alianza entre ellos para controlar el territorio (los dos buscan el monopolio absoluto) están haciendo acuerdos con grupos delincuenciales locales en estos territorios, que se encargan de garantizar la seguridad de toda la cadena del narcotráfico, la producción en zonas como el sur de Bolívar y el Catatumbo, su movilización a través de las diferentes vías de comunicación como carreteras y ríos como el Magdalena y los puertos de embarques en el litoral Caribe, pero en particular la ruta hacia Venezuela.

La presencia de estos grupos y su avance sobre determinados territorios ha prendido las alarmas de un fortalecimiento del paramilitarismo en la región, en especial porque estos grupos armados ilegales están repitiendo la historia de la llegada y consolidación de las antiguas Auc, pero ahora concentrándose en el negocio del narcotráfico.

El ‘Clan del Golfo’ es el grupo que tiene mayor control territorial, dominando Cesar, parte de Magdalena y La Guajira, en asocio con clanes mafiosos guajiros. Este grupo ha reclutado en Cesar y Magdalena a antiguos combatientes de las Auc, que hicieron parte de diversas estructuras, como el Bloque Norte, el Bloque Central Bolívar, el Frente Resistencia Motilona, el Frente Héctor Julio Peinado Becerra, el Clan de los Rojas y paramilitares algunos que no se desmovilizaron y otros que estuvieron sometidos a Justicia y Paz, entre otros.

Lo cierto es que estas estructuras ilegales han estado en este territorio por décadas, con una gran relación con políticos y narcos, que les ha permitido mantenerse y moverse con total impunidad, y ahora les permite hacer alianzas con viejos socios como El Clan del Golfo y la llamada Oficina de Envigado, y de alguna manera reciclarse.

El caso más notorio quedó patentado con la captura de Rigoberto Rojas, alias ‘El Escorpión’; Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias ‘El Tigre’, el 29 de noviembre de 2019; junto con José de las Nieves Rodríguez Zambrano, alias ‘Soldado’, cabecilla del ‘Clan del Golfo’; Jesús Alberto González Palencia, alias ‘Narizón’; y Raimundo Dorado, alias ‘Rai’, quienes fueron señalados del secuestro de la sobrina nieta del nobel Gabriel García Márquez, Melissa Martínez, en una finca en el municipio de Zona Bananera, por un ajuste de cuentas por un cargamento perdido de drogas.

Otro territorio en el que se estableció la nueva estructura de subcontratación con mafias locales es en La Guajira, en donde se le identifican dos outsourcings: Una en la Media y Alta Guajira con el grupo de Los Pingüinos, y la segunda con la estructura de Los Curicheros en Media y Baja Guajira y norte de Cesar. A pesar de que el ‘Clan’ tiene relaciones con ambos grupos, estos son enemigos entre sí. Lo cual se evidencia con el asesinato del jefe curichero, Miguel Angel Pana Andrioli, alias ‘Toyo Curiche’, el 21 de octubre de 2019 en Barranquilla, que se le atribuye al bando de Los Pingüinos.

Tanto Inteligencia policial y la Fiscalía General de la Nación, en sus avances investigativos sostienen que el centro de operaciones del ‘Clan del Golfo’ se encuentra en Puerto Colombia, en el departamento de Atlántico, desde donde Gustavo Adolfo Álvarez Téllez, alias ‘Tavo’, coordinaba las operaciones del ‘Clan’ en los departamentos de Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira. Álvarez Téllez fue recientemente capturado por la DEA y Antinarcóticos en el municipio de Cereté, Córdoba.

De acuerdo con las autoridades, desde Puerto Colombia, en el departamento del Atlántico, estarían operando ‘los gaitanistas’. Foto: Juan Diego Restrepo E.

En Magdalena, según la información de fuentes de inteligencia, el ‘Clan del Golfo’ le declaró la guerra a Los Pachencas y a La Silla, quienes tenían la hegemonía en el territorio. Después de la entrega de La Silla, previa negociación con la DEA, miembros de su estructura sicarial, buscaron acercamientos con el ‘Clan del Golfo’ entre ellos ‘El Mello Bolaño’ y alias ‘Máscara’, quienes se adhirieron a este grupo poniendo a disposición las zonas de control –plazas de vicio y extorsión- en Santa Marta, que era de dominio de La Silla. En Valledupar, el espacio que había conseguido lo asumió el ‘Clan del Golfo’, donde algunos la identifican como “La organización”.

Al otro extremo de Cesar, Los Pachencas siguen teniendo dominio sobre la Troncal del Caribe y el puerto de Santa Marta, y han incursionado en municipios de este departamento de y La Guajira. Este grupo sigue siendo una extensión del legado de Hernán Giraldo Serna, exjefe del Frente Resistencia Tayrona de las Auc, que fue extraditado a Estados Unidos después de desmovilizarse en medio del proceso de Justicia y Paz, quien según fuentes consultadas en la investigación regresaría al país el primer trimestre del año 2021, luego de pagar una pena de más de 12 años por narcotráfico.

En este sentido se han consolidado en el norte y el sur de la Sierra Nevada de Santa Marta en donde han mantenido un pulso no sólo con el ‘Clan’ sino también con la llamada Oficina Caribe. Además, han logrado consolidar un territorio desde Ciénaga hasta Uribia, en donde controlan las rutas de despacho de cocaína en asocio con ‘Los Pingüinos’ y ‘Curicheros’, dependiente del municipio de predominio de las mafias guajiras.

Recientemente en operativo conjunto de las Fuerzas Militares, de Policía y de Fiscalía en el municipio de Dibulla, en La Guajira, a Los Pachenca se les incautó uno de los cargamentos de drogas más grandes del año. Lo más notorio de este operativo, según reportó Noticias Uno, fue el hallazgo de cartas de navegación que relacionaban las rutas y los recorridos que la Armada no solo de Colombia sino de otros países centroamericanos realizan en el Mar Caribe. Esto sería el indicio de una red internacional o la alianza de Los Pachencas con carteles mexicanos, según pudo establecer una fuente de la Fiscalía.

El Clan de los Giraldo fue el bloque paramilitar que más hombres extraditados tuvo. Y un buen número de ellos se encuentra de regreso. La hipótesis que siguen delinquiendo cada vez toma más fuerza como el caso de alias ‘5.5’ o ‘Beto’ a quien fuentes consultadas le señala de liderar el rearme y de organizar el tema del narcotráfico.

En entrevistas con autoridades judiciales y de Fuerza Pública en los departamentos han alertado de una nueva modalidad de contratación criminal con esas bandas locales, que les permite tanto al ‘Clan del Golfo’ como a Los Pachencas tener presencia en los territorios sin necesidad de movilizar grandes efectivos.

Un factor clave en esta guerra es la ruta y la salida de droga por territorio venezolano. La vinculación de Elkin Javier López el jefe de la Oficina Caribe como enlace para apoyar el derrocamiento del gobierno de Maduro.

El impacto del rearme

La región del Caribe Colombiano es un enclave de exportación de cocaína hacia los mercados internacionales, dadas sus múltiples salidas al mar. Foto: Juan Diego Restrepo E.

Esta consolidación de estos grupos armados ilegales en el territorio ha tenido nuevas formas de violencia, con menos masacres y desplazamientos masivos como fue la característica durante el dominio del Bloque Norte de las Auc, pero a cambio de amenazas y asesinatos selectivos a líderes sociales, en especial en Cesar y Magdalena.

Precisamente, el más reciente ocurrió el pasado 19 de mayo en Becerril, Cesar, en donde fue asesinado el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Canadá, Aramis Arenas, al parecer, por una banda delincuencial que se ha hecho pasar por el Eln y que ha sido relacionada con la circulación de panfletos amenazantes, varios robos e incluso violaciones.

Al analizar las estadísticas de la Policía Nacional entre 2010 y 2018, se evidencia un aumento de las amenazas, fundamentalmente en Cesar y Magdalena, lo cual tiene relación con el posicionamiento en el territorio de alianzas entre ilegales en particular el Clan del Golfo y Los Pachencas.

Esto es notorio en Cesar, en donde se pasó de tener 910 denuncias de amenazas en 2017 a 2.114 en 2018, lo que significó un aumento de 132 por ciento. Mientras que en Magdalena se pasaron de tener 1.102 en 2017, a 1.321 en 2019, lo que dejó un repunte de 19 por ciento. Mientras que, en La Guajira, en donde al menos en las denuncias este fenómeno pasó de 685 amenazas a 765, con un incremento de 11 por ciento.

En este departamento, las amenazas a líderes sociales son una constante, contabilizándose 300 amenazados entre enero de 2019 y abril de 2020, una cifra que difiere con las del gobierno departamental que estima que no superan las 40.

Esto se ha visto reflejado en la expedición de dos alertas de la Defensoría del Pueblo para los municipios de Pueblo Bello y El Copey, en donde Los Pachencas, además de reunir a la población y hacer circular panfletos amenazantes, han sido los responsables de varios asesinatos.

En Magdalena, por ejemplo, se han registrado, entre enero de 2019 y abril de 2020, los asesinatos de Maritza Quiroz, líder de restitución de tierras, el 5 de enero de 2019; seguido por el del guardaparques Wilton Orrego, el 16 de enero de 2019; el del presidente de Junta de Acción Comunal de Quebrada del Sol, Joaquín Trujillo, el 30 de mayo de 2019 y, el más reciente, el homicidio de ambientalista Alejandro Llinás, ocurrido el 24 de abril 2020, en la vereda Calabazo del corregimiento de Guachaca (Santa Marta).

Este último crimen ha sido el único que ha reconocido el grupo armado a través de un panfleto que circuló en el corregimiento y que tuvo amplia difusión por parte de los medios de comunicación locales y regionales. Todos estos crímenes están en la impunidad.

Producto de esta nueva fase del conflicto en la región, en Magdalena se ha disparado nuevamente el desplazamiento forzado, que ha tenido un incremento de 94 por ciento, según denuncias presentadas a la Fiscalía entre el 1 enero al 22 de abril de 2020 (259 denuncias) frente al mismo período del 2019 (131 denuncias).

FUENTE: Fiscalía General de la Nación

El homicidio es otro indicador de alta preocupación. En el primer cuatrienio de la década pasada se registra un repunte de los homicidios en los tres departamentos siendo el 2012 el año con más casos, con 833 asesinatos, siendo Magdalena el departamento con mas número de asesinatos registrados 375, seguido por La Guajira con 235 y Cesar con 223. A partir de 2014 se presenta una reducción de 28 por ciento en los tres departamentos, lo que puede ser explicado por el proceso de la estabilización de la tasa de homicidios en los departamentos.

Ahora, si se mira otras estadísticas de la Fiscalía, existe una alta preocupación en Magdalena de lo que viene ocurriendo entre 2019 y 2020, en donde se ha presentado un incremento de 24 por ciento en el número de homicidios (76 hom. vs 94 hom.) Esto se ha dado en especial en la capital del departamento, Santa Marta, en donde se dio un incremento del 3 por ciento en los asesinatos, seguido por Ciénaga, Pivijay, Pueblo Viejo, Plato y Zona Bananera. En estos municipios hay presencia de bandas delincuenciales y de crimen organizado.

Para un líder sindical, que prefiere mantener el anonimato por razones de seguridad, el departamento está enfrentando dos tipos de amenazas. Por un lado, en el sur, los narcos están amenazando a líderes campesinos para presionarlos en aumentar los cultivos ilícitos y por la explotación ilegal de oro; mientras que, en el norte, el liderazgo social está enfrentado al microtráfico, el contrabando y el narcotráfico.

Lo cierto es que, como hemos explicado, cada región y departamento está enfrentando su propio mapa de riesgos y actores armados. Adicionalmente, ciertos hechos han sido usados por grupos de comerciantes y ganaderos para intentar revivir las viejas prácticas de la seguridad privada asociada al paramilitarismo.

Por otra parte, el Eln ha venido aumentando su presencia en la región desde 2018 a través del Frente de Guerra Oriental, en particular en el sur de Cesar en donde mantiene una guerra contra Los Pelusos y el ‘Clan del Golfo’, además ha intentado retomar posiciones en el corredor minero y en el sur de La Guajira, algo que se vivió con mayor tensión con el paro armado que realizó en febrero de 2020, en donde realizaron secuestros, extorsiones y retenes ilegales, además bloquearon carreteras, instalaron carros bombas y hostigaron a la Fuerza Pública.

En Becerril, el abigeato y el avance del Eln han sido utilizados por un sector de ganaderos y de la Policía para incentivar a la campesinos y comerciantes para organizar un grupo de seguridad privada que tiene un retén en el sitio conocido como Casablanca, una vereda entre Becerril y La Jagua.

Según contó un líder campesino de la región, este grupo se formó luego de que se convocara a varias reuniones con diferentes sectores de la población con el objetivo que contribuyeran para dotarlos de armas cortas, radios y celulares, para vigilar la entrada y salida de personas de ciertas veredas en las que se presentaron casos de abigeato.

El paraguas que estarían usando es la estrategia propuesta desde el gobierno nacional de crear redes de participación cívica, con la que se permite la asociación de la Fuerza Pública y la sociedad civil, lo que ha sido visto como una nueva forma de revivir las redes de cooperantes y que por allí se formen nuevos grupos paramilitares. Con esta estrategia, además de vincular a la población como informantes, se promueve el pago de recompensas para la captura de cabecillas y prevenir delitos.

La historia se repite, los vacíos de poder y de autoridad siguen siendo copados por los grupos armados ilegales, que aprovechan para controlar territorios en donde se convierten en el poder de facto, siguen siendo mediadores, regulan las dinámicas económicas y siguen mostrándose como responsables de la seguridad del territorio y de los ciudadanos.