Organizaciones sociales reivindican que por más de 10 años han impedido que se olviden los hechos más dolorosos de la guerra y reclaman mayor presupuesto, garantías, fortalecimiento de los procesos y contribución a la verdad por parte de entidades estatales.
Durante la audiencia “El deber de memoria del Estado y el derecho de memoria de los pueblos”, congresistas y voceros de la Red de Lugares de Memoria manifestaron la necesidad que el Estado centro su atención sobre los procesos que han construido memoria histórica a nivel regional. Foto: Cortesía Centro de Memoria Paz y Reconciliación.Colombia cuenta con 21 sitios de memoria, públicos y privados, en diferentes regiones del país, donde reposan archivos, objetos, fotos, testimonios y material documental recopilados por víctimas, defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y académicos para preservar hechos significativos del conflicto armado. No obstante, sus voceros sienten que el Estado no ha hecho esfuerzos suficientes para apoyar este tipo de iniciativas.
Y ese débil esfuerzo que se le atribuye al Estado parece que controvierte el artículo 143 de la Ley de Victimas y Restitución de Tierras, que establece que es su deber dar garantías y brindar las condiciones necesarias para que víctimas, academia, centros de pensamiento y organizaciones sociales y de derechos humanos, avancen en ejercicios de reconstrucción de memoria como aporte a la verdad.
Esos 21 sitios de memoria conformaron la Red Colombiana de Lugares de Memoria, a través de la cual pretenden que sus insumos sirvan como elementos para la pedagogía de la paz y ayuden al proceso de reconciliación tras un acuerdo final con la guerrilla de las Farc, que se negocia desde hace poco más de tres años en La Habana.
La mayoría de estos lugares se encuentran ubicados en territorios que han sido epicentro de la guerra, como el Museo Comunitario Tras las Huellas del Placer en Putumayo; el Centro de Memoria del Conflicto, en Valledupar; y la Casa de la Memoria de El Salado, Bolívar. A pesar de que algunos fueron creados por órdenes judiciales y otros reciban apoyo de gobiernos locales, la realidad de varios de ellos refleja la falta de apoyo institucional y las pocas garantías de seguridad para su preservación.
Ejemplo de ello es la situación del Parque Monumento de Trujillo, Valle, construido en 1995 luego que el Estado aceptara su responsabilidad en la desaparición y muerte de 235 personas. En el lugar se han presentado ataques contra la infraestructura y saqueos a los monumentos. Para la religiosa Maritze Trigos, quien desde hace 18 años acompaña a los sobrevivientes de esa masacre, aparte de los daños al bien inmueble, las amenazas y los constantes grafitis sobre el monumento se deben a la poca atención que las administraciones municipales le han prestado: “A nivel de sostenibilidad la administración poco ha apoyado, incluso en gobiernos pasados se preguntaban ¿para qué enterrar dinero allí?”. (Leer más en: En Trujillo aún esperan reparación y no repetición de la violencia)
De acuerdo con Trigos, el Parque Monumento se ha convertido en un lugar de exigencia y de justicia: “Nos visitan y se forman universitarios en derechos humanos, se convierte en un lugar de cátedra de construcción de paz, vale la pena que estos monumentos sean los testigos permanentes que mantengan la esperanza. Pero ha sido así por nosotros, por los familiares de las víctimas y por quienes acompañamos los procesos, no por alguna entidad o por el Estado”.
Como ocurre en Trujillo, Valle, otros 20 lugares de la memoria se han mantenido en el tiempo pese a los contratiempos y gracias al trabajo de organizaciones no gubernamentales y asociaciones de víctimas. “Hay que agradecer a la victimas porque son las que han levantado la voz para hacer un relato más incluyente. Sin el ejercicio de memoria que han hecho no estaríamos donde estamos”, comentó Lucia González, ex directora del Museo Casa de la Memoria de Medellín.
Pese a ello, hay una preocupación por parte de los voceros de los lugares de memoria en cuanto a los vacíos de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que, a su juicio, no se pensó la memoria más allá de una placa conmemorativa o de lugares para rendir homenajes. Como ya lo había comentado para VerdadAbierta.com William Wilches, director del Museo de Caquetá, “la Ley de Víctimas privilegia más el asistencialismo con las reparaciones administrativas y el deber de memoria ha estado en un segundo plano, entonces lo asumió la sociedad civil”. (Leer más en: “Nosotros ya tenemos memoria histórica”)
Para José Antequera, abogado y miembro del equipo de memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica, quien ha acompañado a La Red de Lugares de Memoria, la deuda del Estado es tal que la Ley establece el deber de memoria del Estado, pero no dice la manera en que se debe hacer, ni cuándo ni en qué lugares, lo que representa un limbo en cuanto a las acciones que se deben desprender en materia de memoria por parte del ente. Por lo cual, están trabajando para que exista una reglamentación para corregir los vacíos de la reglamentación actual, donde se incluya un presupuesto y garantías de seguridad y manutención, entre otras, así como la exigencia de la construcción del Museo Nacional de Memoria.
Memoria más allá de los monumentos
El Parque Monumento de Trujillo, Valle, ha sido objeto de ataques por parte de grupos delincuenciales que han querido quemarlo y saquear sus monumentos. Desde el año 2014 se viene denunciado la falta de seguridad en el sector y la poca Foto: archivo Semana.Estas y otras reflexiones fueron abordadas durante la audiencia pública “El deber de memoria del Estado y el derecho de memoria de los pueblos”, convocada por la Red de Lugares de Memoria y realizada hace unos días en el Congreso de la República.
En ese evento, la viceministra de Cultura, Zulia Mena, invitó a reflexionar sobre lo que las instituciones han entendido por construcción de memoria, asegurando que ésta va más allá de los monumentos y símbolos: “Memoria tiene que ver con los procesos de vida, lo que hacen diariamente las comunidades, no solo es el dolor, sufrimiento, sino también la alegría, la vida misma. Cuando se trate de legislar hay que tener en cuenta esto”.
Esta funcionaria aseguró que el actual marco jurídico no precisa cuáles son los alcances de los sitios de memoria, ni fija su participación, ni su presupuesto, con lo cual hay vacíos que se deben solventar sin que la Ley restrinja la cosmovisión de lo que los pueblos entienden por memoria. Lo que sí señala es que el Estado no puede interferir en los procesos de construcción de memoria, ni reproducir una verdad oficial, situación que para las comunidades queda en entredicho si el Estado llegara a contribuir con dinero para la manutención y administración de los lugares de memoria.
El tema ha sido objeto de debate tanto jurídico como académico. Patricia Linares, investigadora del Grupo de Memoria Histórica, establece que los lugares de memoria son concebidos como espacios de dignificación, de reivindicación desde la independencia y autonomía de las victimas, por lo cual, “hay que insistir en la distancia que el Estado debe mantener con los lugares, como lo demanda la Ley, pero a su vez debe garantizar condiciones y en ningún momento intervenir para construir una memoria oficial”.
Para Jefferson Marín, profesor y Coordinador del Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Memoria de la Universidad Javeriana, la memoria tiene un horizonte ético y político de denuncia, organización y movilización, donde el fuerte no ha sido lo que los académicos han hecho con los informes de memoria, sino lo que se ha construido a partir del fortalecimiento de los sistemas locales de las comunidades.
“La memoria es experta en lo que la gente la convierte, cuando la hace en formas de proyectos locales, en tejidos de paz, en repertorios culturales diversos. Es central para territorializar la vida en medio del conflicto y también para imaginar el porvenir en formas distintas al exterminio, lo cual la constituye en un desafío pedagógico cultural”, precisó Marín.
A juicio del académico, el vacío de la legislación está en concebir la memoria como solamente un bien material, por lo cual propone que la Ley debe fortalecer los sistemas locales, como los lugares de la memoria, mediante una política pública para sensibilizar a las personas que no han vivido el conflicto o que poco y nada han sabido de él.
La preocupación de las comunidades se centra en que ven con poca voluntad que el Estado acuda al llamado que le están haciendo y temen que tras la construcción del Museo Nacional de Memoria, que debe estar listo para finales de 2018, el proceso de verdad se centralice y se tenga una visión “heroica” por parte del Estado sin contar con los procesos de construcción de memoria a nivel regional que llevan más de una década. (Leer más en: “Será un museo de la memoria tanto para el indígena como para el Yuppie”)
Una verdad a medias
El Museo Caquetá cuenta con 5.078 unidades documentales de los años 1974 a 2013 y está dividido en tres salas de memoria: Sala Indígena, Sala Colonos y Sala de Memoria Histórica y Centro de Documentación de la violencia en el Caquetá. Foto: Cortesía Centro de Memoria Paz y Reconciliación.Víctimas, académicos y defensores de derechos humanos coinciden en señalar que el Estado no ha tenido la voluntad de contar toda la verdad de los hechos del conflicto en los que se ha visto envuelto, circunstancia que se traduce en una negación de los integrantes de las instituciones del Estado para asumir sus delitos y a contribuir a completar el relato que las víctimas han venido construyendo.
Ramón Alberch, fundador de la organización internacional Archiveros sin Fronteras y asesor internacional del Centro Nacional de Memoria Histórica, aseguró durante un encuentro de expertos sobre comisiones de la verdad, en el mes de novimebre en la ciudad de Bogotá, que algunos gobernantes no ven en los archivos un insumo de memoria sino un elemento que los pueda perjudicar.
“Una de las primeras reacciones de las instituciones del Estado en las primeras fases de la época de posconflicto es proceder a la destrucción masiva de documentos, con lo que se pretende borrar toda huella de sus estrategias de control de la seguridad”, dijo en esa ocasión. (Leer más en: ¿Qué hacer con la memoria documental sobre el conflicto armado?)
Pese a las constantes peticiones de varias organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, a las que se sumó la guerrilla de las Farc, para que el Estado desclasifique archivos militares que contienen información reservada sobre temas del conflicto con el fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos, aún no ha sido posible que se materialice.
Al respecto, Guillermo Fernández Maldonado, quien trabajó en la comisión de la verdad de El Salvador, reconoció que en Colombia el avance en las iniciativas de verdad y memoria la han hecho las comunidades y organizaciones de víctimas, por tal razón invitó a los servidores públicos a abstenerse de destruir archivos que ayuden a construir la verdad. “El tema de la verdad es un derecho, por ende, no es negociable, hay que ver es cómo se incrementa esa verdad. La reparación también tiene que reconocer que las víctimas son sujetos de derechos y allí juega un papel determinante la verdad” concluyó.
Para Pablo Cala, abogado del Observatorio Socio Jurídico Orlando Fals Borda, lo primero que debe hacer el Estado es reconocer su cuota de responsabilidad en los hechos que ya han sido documentados, como los 464 cuerpos encontrados en cementerios de La Macarena, Meta, que fueron presentados como caídos en combate por parte de las Fuerzas Militares.
A esa petición se suma Margarita Ruíz, vocera del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quien afirma que es un deber del Estado reconocer a los familiares de víctimas asesinadas y el esclarecimiento de la verdad para cada uno de los hechos. “En Colombia el olvido y desinformación se han convertido en estrategias de represión, las cuales no contribuyen ni a la verdad ni a la memoria”, indicó.
Por ahora, La Red Colombiana de Lugares de Memoria, se ha propuesto seguir articulando procesos regionales que alimenten la construcción de memoria y trabajando de la mano de organismos nacionales e internacionales para buscar que, a futuro, se conviertan en mecanismos participativos, donde la verdad y la memoria histórica no solo se vean representada en el Museo Nacional de Memoria sino también en los procesos regionales, que cuenten con capacidad financiera y sean un insumo más de fuente documental para la comisión de la verdad.
