En abril de 2011, la Corte Suprema ordenó reparar a 1.500 víctimas de
Mampuján en Bolívar. Un año después, las víctimas creen que falta parte
de la verdad y que la reparación aun está en papel.
En abril de 2011, la Corte Suprema ordenó reparar a 1.500 víctimas de Mampuján en Bolívar. Un año después, las víctimas creen que falta parte de la verdad y que la reparación aun está en papel.
Doce años después del desplazamiento masivo de más de 180 familias de Mampuján y de la masacre de 12 campesinos en Las Brisas, una vereda del corregimiento de San Cayetano en el departamento de Bolívar, las heridas provocadas por los paramilitares aún siguen abiertas. Con el tiempo se borraron los mensajes amenazantes que las autodefensas La mayoría de los campesinos desplazados empezaron a llegar en la noche del pasado 11 de marzo a las ruinas del viejo Mampuján para cumplir una cita con funcionarios del gobierno Santos, magistrados y fiscales de Justicia y Paz. Cargados de ollas que contenían yuca y Bajo un sol incandescente, la comunidad, cerca A la reunión asistieron la Fiscal General(e), Martha Zamora; el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, Magistrados de Justicia y Paz y otros representantes del gobierno, quienes rindieron un balance sobre el cumplimiento de la sentencia que ordenó restituir las tierras de los desplazados y reparar económica y moralmente a las víctimas de Mampuján y de Las Brisas. Si bien ha habido una reparación simbólica y se han divulgado las atrocidades de los paramilitares, voceros de la comunidad aseguran que la reparación material de las víctimas no ha sido saldada. Primero porque no han podido regresar a sus tierras y segundo porque la reconstrucción del pueblo aun sigue pendiente. El encuentro los funcionarios de las diferentes instituciones, que hacen seguimiento a la sentencia de este caserío, puso sobre la mesa las dificultades que enfrentan para reparar a las víctimas del conflicto paramilitar. Las cuentas pendientes de la restitución
Si bien la sentencia de Justicia y Paz, ratificada por la Corte Suprema de Justicia, sienta un precedente sobre el proceso de verdad, justicia y reparación, la implementación de la misma muestra sobre el terreno que no va a ser fácil dejar conformes a las víctimas que han esperado tanto tiempo para recuperar lo que perdieron. “¿De qué le sirve al campesino tener una sentencia y avances en el proceso judicial, si las instituciones del Estado no están en capacidad de responder a las responsabilidades que se les atribuyeron? Yo soy muy positivo pero también muy realista”, aseguró Gabriel Rojas, líder de la comunidad de Mampuján. Gabriel, un campesino nativo de Mampuján que lo perdió todo por huir del terror paramilitar, no ha podido regresar porque no tiene la fuerza para reconstruir el amasijo de maleza y paredes agrietadas que se convirtió su casa y para empezar de nuevo a sembrar sus tierras. “No es suficiente con la formalización de predios porque si no se dan Solo los desplazados de la verdeda Las Brisas lograron retornar hace poco, sin embargo todo lo que tenían, sus cultivos, su ganado se perdió. Hoy a duras penas logran sobrevivir. “Lo teníamos todo, trabajábamos la tierra y nunca nos faltó comida, ahora nos levantamos y no sabemos si tendremos que comer”, contó Juan* de 23 años, que en el momento de los hechos era apenas un niño. En este sentido, la Corte Suprema ordenó una restitución a favor de las víctimas de Las Brisas y Mampuján, que implica no solamente una formalización de los títulos, sino también un acompañamiento de las instituciones del Estado para que los sobrevivientes puedan recuperar sus tierras y tener proyectos productivos con que sostenerse. El Incoder tituló 93 parcelas a igual número de víctimas en enero de este año, pero para los campesinos esto no es suficiente para recuperar el tiempo perdido. La ley 1448 que regula los procesos de reparación y restitución estableció que las personas a las que se les restituyó un predio, no pueden vender la propiedad sino dos años después de la restitución. Sin embargo, según los campesinos, siempre que se propone el desarrollo de proyectos productivos, las autoridades y el Ministerio de Agricultura dicen no tener presupuesto para implementarlos. El problema para muchos de los campesinos que quieren regresar es que empresas palmeras, que se están instalando en la zona, les han hecho ofertas para comprarles sus predios. “Tenemos tierras pero seguimos pagando arriendo, las indemnizaciones aún no se han empezado a pagar y las deudas crecen cada día. Pasarán los dos años y la tierra seguirá quieta, y muchos de los campesinos seguramente se verán obligados a vender a estas empresas por las deudas”, dijo un líder comunal de Mampuján dentro de las ruinas de la antigua iglésia de Mampuján a la que solían asistir los domingos. No obstante, según Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras del Ministerio de Agricultura, “la idea es que mientras la Unidad va formalizando, los encargados del desarrollo rural van entregando los instrumentos para que las personas pongan a producir sus tierras en menos del plazo de los dos años que establece la ley”. Otro problema que han encontrado las víctimas es que el Gobierno les tituló colectivamente predios para construir escuelas, puestos de salud y el cementerio, pero no tienen como hacerlas. “Se están titulando los bienes colectivos pero no se ha puesto ni el primer ladrillo”, agregó Gabriel. Para muchas víctimas el proceso se puede quedar en el papel porque para ellos no está claro quien hará las obras: “En el casco urbano del antiguo Mampuján, tenemos los títulos, pero, ¿qué hay de las viviendas que se destruyeron?, ¿Quiénes y cuando las reconstruirán?”, cuestionaba Rojas. La magistrada Uldi Tereza Jiménez, quien fue la ponente del fallo a ‘Dique’ y ‘Vecino’, aclaró que las limitaciones del proceso son y serán muchas pero hay que reconocer que “antes de la Ley de Víctimas, los crímenes estaban en la impunidad y las victimas invisibilizadas, sin pretender afirmar que lo adelantado constituye un ciento por ciento de verdad, se ha dado respuesta en buena parte a las preguntas de las víctimas y de la sociedad para tomar medidas de reparación integral”. Para la magistratura, lo que es verdaderamente preocupate son los pagos de indemnización. “Esto había sido ordenado en la audiencia el 18 de enero y hoy hemos sido informados que aún no se ha hecho”, agregó la magistrada Jiménez. La verdad a medias En abril de 2010, Úber Enrique Bánquez Martínez, alias ‘Juancho Dique’, Edward Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’ ex jefes del Bloque Héroes de los Montes de María, aseguraron ante las víctimas de Mampuján y de Las Brisas que existió una ‘colaboración’ entre los ‘paras’ y oficiales del Batallón de Fusileros de Infantería de Marina No. 3 con sede en Malagana. Estas declaraciones que fueron realizadas hace dos años no han tenido ninguna repercusión jurídica para los militares señalados, hecho por el que las víctimas aún esperan que la justicia se pronuncié y no deje impune la participación de otros actores que, para las víctimas deben responder ante la justicia tanto o más que los grupos paramilitares, aseguró un líder de la comunidad. Fuentes de la Fiscalía le dijeron a VerdadAbierta.com que hasta la fecha Varias víctimas no entienden por qué a la fecha no hay ni un solo detenido o una investigación sobre la colaboración de miembros de las Fuerzas Militares con los paramilitares. “Los enviaron a otra zona del país, a sabiendas que allá pueden seguir delinquiendo. La Justicia no está completa. Nos quedamos cortos”, aseguró otro vocero de la comunidad de Mampuján. Según la sentencia, la reparación por los daños morales implica que haya verdad en el procesos, que se establezcan los autores de los crímenes y como ocurrieron los hechos. En el caso de Mampuján y de Las Brisas, aunque la Procuraduría solicitó a la Corte Suprema que se ordenará a los miembros del Batallón Malagana pedir perdón públicamente, la Corte respondió en la apelación de la sentencia que “la solicitud de disculpas era improcedente, por cuanto no se encontró juicio alguno que permita responsabilizar ni por acción ni por omisión a la Armada Nacional.” Para las víctimas y sus defensores, este vacío hace que la verdad quede a medias en el caso de Mampuján y que por tanto no puedan ser reparadas en sus daños morales como indica la ley. Desplazados y estigmatizados: huyendo de su propia identidad
Los procesos de reparación simbólica y de construcción de memoria histórica son, para las víctimas, el principal logro de la sentencia de la Corte y de la acción de las autoridades. “Una de las cosas que más nos dolía era haber sido señalados como guerrilleros. Para nosotros la reparación que nos devuelve el buen nombre a nosotros y a nuestros familiares muertos, es más valioso que todo el dinero y las tierras, incluso más valioso que los proyectos que se están necesitando para la comunidad”, contaba Rafael Posso, familiar de tres de los doce hombres asesinados en la vereda de Las Brisas en el municipio de San Cayetano el 11 de marzo de 2000. Ser de Mampuján y Las Brisas o tener el apellido de alguno de los asesinados se convirtió en un estigma. “Yo no podía decir mi apellido ni que venía de Las Brisas porque automáticamente me señalaban, vivíamos con miedo, escondidos. Tuvimos que irnos de la región y desplazarnos a otras ciudades. Yo me fui a la Guajira porque allá no reconocían mi apellido y podía trabajar”, contó Rafael recordando las épocas más difíciles de su éxodo. “Se burlaban de nosotros e incluso nos decían que lo que nos había pasado no lo merecíamos por guerrilleros”, relató un joven* de la comunidad que tenía 13 años cuando los ‘paras’ entraron al caserío. “Dejé de soñar, yo quería ser agrónomo, hasta que tuvimos que salir corriendo de nuestras casas como si fuéramos delincuentes”, agregó. Después de 12 años, las víctimas y sus familiares consideran que el fallo de Justicia y Paz les trajo algo de dignidad a las víctimas que murieron y a las personas que terminaron saliendo de sus tierras. Al final se comprobó que no eran guerrilleros, y que sólo tuvieron el infortunio de estar en el medio de un conflicto de grupos armados, que no los respetaron. Los campesinos sonríen al oír estas palabras. Sienten que los doce años de estigmatización por fin llegaron a su fin. Nunca más tendrán que huir y negar su propio nombre y apellido o ser llamado injustamente ‘guerrilleros’. *Algunos nombres han sido cambiados para proteger la identidad de las víctimas. |
