Cinco miembros de la comunidad awa fueron asesinados en el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. La supervivencia de los pueblos nativos en riesgo por el conflicto armado.
 Los indígenas Awá han intentado que el conflicto armado y la lucha por el control del narcotráfico en el Sur de Bolívar no los afecte, pero cientos han sido afectados. Foto Semana.com-Juan Estebán Mejía. |
En teoría este miércoles 9 de agosto era un día para celebrar. Al menos para que los indígenas de Colombia pudieran gritarle al mundo que existen y tienen derechos, como todos los demás colombianos. Pero no pudo ser así. El asesinato de cinco indígenas awa, en el departamento de Nariño, les recordó que no cuentan siquiera con el derecho fundamental como es el de la vida
En la madrugada, hombres encapuchados y que vestían camuflado llegaron a un resguardo indígena al sur de Nariño –donde 1.700 miembros de esta comunidad están desplazados por la violencia–. Con lista en mano llamaron una por una a sus víctimas: Jesús Moran (de 42 años y padre de seis hijos), Adelaida Ortiz (profesora de 38 años y madre de tres hijos), Jairo Ortiz (hermano de Adelaida y padre de una niña), Marlene Paí (esposa de Jairo) y Mauricio Murbano (de 20 años). Todos fueron asesinados.
Los encapuchados llevaban en su lista un sexto nombre: Doris Puchana, gobernadora del Resguardo. Pero ella estaba en Bogotá como invitada a uno de los eventos convocados por la ONU en el marco de la celebración de este día. Se salvó. Con dolor, denunció el sufrimiento de su pueblo, antes asentado en el municipio de Ricaurte, al sur del departamento de Nariño, y ahora hacinado en Altaquer, a donde llegaron en julio, desplazados por el conflicto que libra en la zona la Fuerza Pública con las Farc.
Puchana no ahondó en detalles. No dijo quiénes desplazaron a su comunidad, y, mucho menos, quiénes cree que están detrás del asesinato de los cinco indígenas. “Sólo sé que cuando vuelva al resguardo no los volveré a ver”, dijo. Y, sobre los autores: “No les puedo decir más, allá hay grupos legales e ilegales. Es obvio. No voy a decir más porque nadie me va a garantizar mi seguridad”, agregó.
Ya se conocen algunas teorías sobre los autores de la masacre que tienen que ser verificadas por el gobierno. “Antes de matarlos, los encapuchados los acusaron de ser auxiliadores de la guerrilla, saquen sus conclusiones”, denunció ante los medios de comunicación el ex senador indígena Gerardo Jumí. “Se tiene que investigar esta presunta participación de la Fuerza Pública”, agregó. “No entiendo cómo sucede esto en una zona tan militarizada”, dijo, a manera de insinuación, Luis Evelis Andrade Casama, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic).
Más allá de llamar la atención sobre supuestos comportamientos irregulares del Ejército y los vicios de la Seguridad Democrática que tanto se esfuerzan por destacar las comunidades indígenas, el asesinato de los cinco indígenas prende las alarmas sobre la dramática situación de estas comunidades en todo el país.
Según la Onic, entre enero y junio de 2006 fueron asesinados 32 indígenas; 5.731 fueron desplazados; 279, detenidos arbitrariamente y 10.818 amenazados. Estos hechos están incluidos en las 143.263 violaciones a los derechos humanos (homicidios, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, desplazamiento, reclutamiento forzado, secuestro, tortura y amenazas, entreotras) cometidas contra las poblaciones indígenas. Además de una persecución constante, las cifras sustentan la desprotección y olvido que los pueblos indígenas sienten por parte del gobierno. Y, peor aún, la Onic le atribuye al Estado, con su política de Seguridad Democrática, más del 60 por ciento de estas acciones.
“Rechazamos la estrategia militarista de la política de Seguridad Democrática que recurre a la presencia de la Fuerza Pública como única solución de los problemas sociales, cuando asienta sus bases militares y sus Batallones de Alta Montaña dentro de nuestros resguardos indígenas y zonas sagradas, convirtiéndonos en objetivos militares, como viene ocurriendo en la Sierra Nevada de Santa Marta y en los departamentos de Caquetá, Cauca, Chocó, La Guajira, Guaviare y Putumayo”, dice la Organización en un informe divulgado hoy.
En el mismo informe, la Onic resalta los atentados de los grupos armados en contra de estos pueblos: En Chocó, los embera sufren por cuenta de paramilitares y guerrilleros que se enfrentan por el control de la zona. “El paramilitarismo en Chocó, que no hace parte de los procesos de negociación con el gobierno, deambula por todo el territorio sin ser controlado por la Fuerza Pública, a pesar de las miles de hectáreas usurpadas, arrasadas y sembradas con palma africana”, agrega el texto.
Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), llama la atención sobre otros casos. En abril, cerca de 1.500 indígenas wounaan huyeron de sus tierras en Chocó tras el asesinato de dos de sus líderes por parte de un grupo armado. Se refugiaron en Istmina, también en Chocó, donde murieron varios niños por cuenta de enfermedades y desnutrición.
Estos casos se repiten con las comunidades bari, del Norte de Santander; los nasas, quechuas, cofanes y sionas, de Putumayo y los arhuacos, kankuamos wiwas y koguis de la Sierra Nevada de Santa Marta, señala la Acnur.
Uno de los casos más recientes es el desplazamiento de los 1.700 indígenas awa que salieron de Ricaurte para Altaquer, en Nariño. Huyeron para no morir en medio del fuego cruzado entre la Fuerza Pública y las Farc. Y no pueden volver a Ricaurte, porque temen encontrar el municipio cubierto de minas antipersona. Es precisamente esta comunidad la que hoy llora a los cinco indígenas muertos.
La situación de los awa ilustra la que han vivido todas estas comunidades en los últimos años. Se desplazan y mueren porque las zonas en las que viven se vuelven claves para la guerra. Nariño es ahora un polvorín. Como toda la atención del Plan Patriota se centró en Putumayo y sus alrededores, los cultivadores se desplazaron a Nariño, hoy, el principal productor de hoja de coca en Colombia. El Plan de Desarrollo Departamental 2004-2007, reporta que en el departamento hay 55.000 hectáreas dedicadas a la siembra de hoja. Además es un corredor estratégico para el transporte de drogas. Es natural que se disputen su control.
También es natural, en el juego macabro del conflicto colombiano, que desplacen y traten de eliminar a comunidades que ocupan zonas importantes estratégicamente. Y, también es natural, que los primeros afectados sean los pueblos indígenas, vulnerables bajo todo punto de vista. En toda la historia del conflicto no han tenido un respiro, ni siquiera, en el día en que celebran su existencia.
Publicado en Semana 9/08/2006
