El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió, nuevamente, sobre el agravamiento del conflicto armado desde la firma del acuerdo de paz con las Farc. La principal causa es la reorganización de grupos armados ilegales.
Escrito por: Jairo Padilla González – @jairopadillag
“La falta de respeto del DIH se agudiza cuando aumentan las confrontaciones y hay mayor control por parte de los actores armados, como ocurrió en 2024 en Colombia” advirtió este jueves Patrick Hamilton, jefe de la delegación del CICR en Colombia al presentar el informe Retos Humanitarios 2025.
Como señaló esta organización humanitaria, desde la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, el 24 de noviembre de 2016, el país ha experimentado un progresivo deterioro de la seguridad, alcanzando un punto crítico en 2024.
Esto responde a una serie de factores, entre los que se destacan las dinámicas asociadas con la fragmentación y reconfiguración de grupos armados ilegales, las cuales están relacionadas con el aumento de las afectaciones que sufrieron las comunidades el año pasado.
Entre sus principales hallazgos, el nuevo informe del CICR destaca la documentación de 382 casos de presuntas violaciones al DIH. Alrededor del 44 por ciento, están relacionadas con vulneraciones a la población civil no combatiente. Un 33 por ciento adicional se refiere al incumplimiento por parte de los grupos armados ilegales de las medidas necesarias para proteger a la población y sus bienes en medio del conflicto. Y el 23 por ciento restante está relacionado con situaciones que han vulnerado los derechos básicos de las comunidades.
Alarmante aumento de explosivos
La situación en cuanto a la afectación por artefactos explosivos es más que preocupante. El CICR registró que 719 personas fallecieron o resultaron heridas debido a explosiones causadas por minas antipersonal, restos explosivos de guerra, artefactos lanzados y detonaciones controladas. Esta cifra representa un incremento del 89 por ciento, en comparación con el año anterior.
La región Pacífico es la más afectada por el uso de este material de guerra. Según el informe del CICR, concentró el 65 por ciento de los fallecidos y heridos, distribuidos en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño. En su mayoría, las víctimas fueron civiles.
Atrapados y expulsados
El confinamiento también es otra situación alarmante para el CICR. En comparación con el año anterior, en 2024 se registró un aumento del 102 por ciento en los casos de confinamiento y la población afectada creció un 89 por ciento. Lo anterior significa que 88.874 personas estuvieron confinadas en 12 departamentos, siendo Chocó el más afectado, con un total de 36.288 casos registrados.
En relación con el desplazamiento masivo, se registraron 41.228 casos de personas afectadas por esta forma de violencia. No obstante, en comparación con el año anterior, la organización señala que hubo una disminución en los casos reportados.
El incremento en las disputas entre actores armados por el control territorial conllevó a un aumento en la estigmatización de la población civil que fue señalada, en múltiples ocasiones, de favorecer a la contraparte en el conflicto, debido a su permanencia en el territorio y a su intento por sobrevivir en medio del fuego cruzado.
Fragmentación y reconfiguración
Este recrudecimiento de la confrontación se enmarca en un contexto caracterizado tanto por la incertidumbre en el comportamiento de los actores armados ilegales, como por las dinámicas cambiantes y la inestabilidad en los procesos de fragmentación de estos grupos.
Como señaló José Antonio Delgado, jefe de operaciones de la delegación del CICR en Colombia, “algunos grupos han partido aguas con sectores que eran de su grupo anteriormente, y eso está generando tensiones entre los miembros de estos grupos que se han separado, lo que, a su vez, está creando una nueva dinámica que podría estar relacionada con alianzas temporales o coordinaciones puntuales”.
La organización humanitaria, con más de 50 años de presencia en el país, concluyó haciendo un llamado a los grupos armados ilegales para que respeten y acaten el Derecho Internacional Humanitario (DIH) como principio rector de cualquier confrontación armada entre actores estatales y no estatales. “El respeto al DIH no es una opción ni un gesto de buena voluntad, es una obligación que debe cumplirse sin excepciones”, enfatizó Patrick Hamilton.
