El llamado de la Corte a tres congresistas y el debate del Polo sobre la negociación con los paras generaron una bola de nieve que cada vez se parece más al proceso 8.000. ¿Hasta dónde llegará?
Después del miércoles pasado nada volverá a ser igual para las relaciones entre el paramilitarismo y la política. En aquella mañana, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a tres congresistas -los senadores Álvaro García Romero y Jairo Enrique Merlano y el representante a la Cámara Erick Morris- acusados por tener vínculos con grupos de autodefensas en la Costa Atlántica. En la tarde, el Polo Democrático, liderado por Gustavo Petro, hizo un extenso debate sobre el tema en la plenaria del Senado. Por primera vez desde cuando comenzaron a aparecer informaciones periodísticas sobre el explosivo matrimonio entre paras y políticos, el asunto pasó de los medios al poder legislativo y a la justicia.
En ninguno de los dos eventos hubo revelaciones impresionantes. Pero el hecho de que hayan ocurrido, y la coincidencia de haberlo hecho el mismo día, dejaron el sabor de que algo grande comienza. El destape de las relaciones entre poderosas organizaciones paramilitares y caciques regionales emergentes. Una alianza tenebrosa, de connotaciones mafiosas, cuyo descubrimiento conduce a inevitables asociaciones con el proceso 8.000 de los años 90.
La fila de congresistas a las puertas de la Corte hizo revivir las imágenes de esa época y generó interrogantes sobre si lo que se viene es una bola de nieve que alcanzará a otros políticos. Sobre todo, porque los llamamientos iniciales se refieren a hechos develados hace más de dos años. En el período transcurrido desde entonces han aparecido versiones, nombres y listados que obligan a plantear la hipótesis de que el fenómeno es más amplio y de que se está abriendo una caja de Pandora.
Por ahora, el proceso tiende a concentrarse a algunos departamentos del norte del país. El 8.000 de la Costa. Los congresistas vinculados mediante indagatoria a un proceso judicial formal son de Sucre. Y los datos que se han venido conociendo en los últimos meses giran en torno a Rodrigo Tovar Pupo, ‘Jorge 40’, de Cesar, cuya actividad se ha concentrado también en esa región. Hay indicios de que se han presentado metástasis del mismo cáncer -de la infiltración paramilitar en el poder político local- en los Llanos, en el norte del Valle, en los Santanderes y en Antioquia. Pero la información hasta ahora conocida se concentra en la costa Caribe, gracias al computador de ‘Jorge 40’.
¿Qué vendrá ahora? ¿Se olvidará el debate del miércoles y se impondrán los poderosos interesados en tapar? ¿Aparecerán más datos? ¿Controvertirán los que se han conocido? ¿Se está ante una tempestad en un vaso de agua o en los albores de un nuevo 8.000?
No importa cuál sea el resultado final, los efectos de este miércoles 18 de octubre se sentirán durante mucho tiempo. Por una parte, en la política: justo cuando se comienzan a mover las fichas para las elecciones locales de octubre de 2007, la justicia empieza a ocuparse de conductas electorales viciadas en elecciones anteriores. La campaña va a estar impregnada de acusaciones, controversias y aspirantes descabezados por sus vínculos, reales, posibles o supuestos, con paras.
Por otra parte, el proceso de negociación con las AUC, que se encuentra en una etapa decisiva, se ve desafiado en su credibilidad por el conocimiento del contenido del célebre computador de ‘Jorge 40’. En un tono constructivo, aunque con una dosis de ironía, el senador Gustavo Petro señaló en el debate que “todavía se puede salvar el proceso” si el gobierno aplica correctivos. Lo que no parece muy probable es que todo sigua igual, ni para la política regional ni para la negociación con los paras.
El destape y la judicialización de los vínculos entre el paramilitarismo y la política ponen en tela de juicio la estrategia lanzada por las AUC desde finales de los 90. Un plan de naturaleza política, dirigido a controlar regiones en una dimensión superior a la militar. La investigadora Claudia López había denunciado su ariete electoral en 2002 en varios departamentos de la Costa. Jefes paras construyeron una especie de ‘distritos electorales’ en los que impusieron su ley con incrementos inusitados de los volúmenes de votación y porcentajes altísimos a favor de un solo candidato. El plan también tuvo una pata en la administración de empresas de la salud, saqueadas por jefes paramilitares y otras entidades municipales, y se metió a fondo en la industria ilegal del narcotráfico, en donde encontró fuentes enormes de financiación. También logró infiltrarse en los organismos de la justicia, el DAS y hasta la Fuerza Pública. Un esquema que por ahora tiene como símbolo a ‘Jorge 40’, capaz de desafiar la vigencia misma del Estado de Derecho incluso después de la desmovilización de los frentes armados de las AUC, porque podrían conservar su influencia en la política y en las administraciones locales.
¿Qué pasará ahora, si siguen creciendo el destape y la acción de la justicia? Falta ver hasta dónde llegan las revelaciones y la capacidad de investigación de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, si la dimensión del fenómeno tiene los alcances que le concede la oposición, que lo considera un engendro enorme con extremidades que llegan prácticamente a todo el país. O si, como dijo el alto comisionado Luis Carlos Restrepo, lo que están viendo los colombianos es el surgimiento de la verdad gracias a la entrega de los paras y a la obligación que les consagra la Ley de Justicia y Paz de confesar sus crímenes, cesar sus actividades y entregar sus bienes. ¿Hasta dónde llegará esa verdad? ¿Se sabrá por fin cuántos congresistas, gobernadores y alcaldes fueron elegidos como parte de la estrategia política de los paramilitares? El otro interrogante tiene que ver con la magnitud de las revelaciones: ¿se alcanzará la verdad necesaria para desmantelar las estructuras no militares de los paras?
La otra controversia entre el gobierno y la oposición tiene que ver con el futuro. Tanto el ministro del Interior, Carlos Holguín, como el comisionado Luis Carlos Restrepo, presentaron un panorama en el que hay avances. Restrepo fue más abierto. Holguín, diplomático. Aunque el mensaje coincide -la negociación con los paras le ha quitado cerca de 40.000 combatientes a la guerra, lo cual es positivo-, el Comisionado reconoce que ha habido dificultades en el proceso y resultados indeseables. Pero si hubiera que resumir en una frase su planteamiento, con todo lo malo que ha habido -y siempre hay consecuencias indeseables cuando se negocia con delincuentes-, el resultado tiene un balance favorable: se redujeron la confrontación, el número de masacres y otros crímenes de las AUC.
El senador Gustavo Petro no está de acuerdo. En sus intervenciones del miércoles planteó que si las tendencias actuales se mantienen, se va a consolidar el poder de una nueva versión de paramilitarismo. Ya no las máquinas militares que pelearon contra la guerrilla en la última década, sino poderosas organizaciones mafiosas. Un paramilitarismo sin cabezas tan visibles ni acciones tan desafiantes, pero más criminal y mafioso. Según dijo, los paras han cometido más de 3.000 asesinatos desde cuando se inició su desmovilización, que supuestamente tenía como requisito previo abandonar las hostilidades. Una síntesis del pensamiento de Petro sería la siguiente: el gobierno, por voluntad o por falta de capacidad, no ha desmantelado el paramilitarismo, sino ha propiciado su metamorfosis hacia formas que generan menos rechazo. Pero ha sido ficticio: ha tenido desmovilizaciones falsas. Y no ha sido positivo: siguen los asesinatos.
Más que un recuerdo del proceso 8000, las imágenes que emanaron del tenso recinto del Senado en la sesión televisada (hay un debate porque la señal no llegó a Córdoba y Sucre) por momentos recordaron, más bien, las del célebre debate del senador Germán Vargas Lleras en 2001 sobre la forma como las Farc habían utilizado en su favor la zona desmilitarizada del Caguán. Un campanazo que a la postre vino a ser premonitorio del fin del proceso de paz. No es probable que el presidente Uribe cancele su esfuerzo con las AUC, pero la analogía cabe si se entiende como una alerta sobre la necesidad de rectificaciones de fondo. Las desmovilizaciones y las entregas de armas ya se agotaron como oxígeno. Ahora laopinión pública, nacional e internacional, pide demostraciones creíbles de verdad, justicia y reparación.
La confrontación entre el gobierno y la oposición va a continuar en torno a este tema. El Partido Liberal ya había hecho varias críticas al manejo gubernamental. El Polo, después de un período de bajo protagonismo y demasiadas luchas internas que inexplicablemente siguieron al éxito electoral del 28 de mayo, retomó iniciativa el miércoles pasado. Petro fue hábil y riguroso. Su tono no fue agresivo -a diferencia, por ejemplo, de la intervención de Piedad Córdoba- y hasta le dejó puertas abiertas al gobierno para que rectifique. Se empeñó en mostrar una imagen de bancada y no simplemente una iniciativa personal. El balance para este partido es una invitación a persistir en el debate. En consecuencia, es poco probable que el cuestionamiento al proceso de paz desaparezca del escenario político, y más bien se prevé una competencia entre el Polo y los liberales para apropiarse de la rentable bandera.
La otra dimensión es la de la justicia. La Fiscalía, en lo que se refiere a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz con los jefes paras, y la Corte Suprema, que deberá encargarse de los congresistas involucrados. En ambas instancias hay necesidades de ganar puntos entre la opinión pública. En la Fiscalía, después de la crisis del ‘brujo’ Armando Martí. Y en la Suprema, en medio del choque de trenes con la otra Corte, la constitucional. Ambas quedan en el ojo del huracán de una opinión pública que anhela un ejercicio pronto y equilibrado de las investigaciones.
Todo indica que lo que ha salido a flote hasta ahora es sólo una punta del iceberg. La versión costeña. Y todavía más concretamente, la metástasis que afectó a Sucre y a otros departamentos caribeños. ¿Pasaba algo semejante en Meta, donde reinó el bloque ‘Centauros’? ¿O en el Magdalena Medio, donde reinaba Ramón Isaza? ¿Se conocerán los alcances de la estrategia política del cartel del norte del Valle? ¿Cómo funcionó ‘Don Berna’ en Antioquia y Medellín? ¿Y los tentáculos del poderoso Bloque Central Bolívar hasta dónde llegaron?
Estas preguntas hacen pensar que el destape apenas comienza. Porque, si todo esto ha sido generado por la información contenida en el disco duro de un ayudante de ‘Jorge-40’, ¿qué tal que se hallara el computador en el que estaba trabajando Carlos Castaño cuando lo encontraron sus asesinos?
Publicado en SEMANA, Fecha: 10/21/2006 – Edición 1277
