En límites con Ecuador, dos consejos comunitarios de afrodescendientes que padecen la guerra, buscan que se les respeten sus tierras colectivas. La Unidad de Restitución ya presentó la primera demanda a su favor por 46 mil hectáreas.
En toda la esquina occidental del país, en zona rural de Tumaco, a orillas del río Mira, sus pobladores han padecido todas las tragedias durante los últimos cuarenta años. Primero llegó la industria palmera que, a su juicio, les ha ido arrebatando territorio; y luego la coca, el combustible para la expansión de los paramilitares y las bandas criminales que los sometieron a reclutamientos forzados, abusos sexuales, asesinatos y desplazamientos.
Las comunidades afrodescendientes de los consejos comunitarios del Alto Mira y Bajo Mira y Frontera sufrieron especialmente. Después de por lo menos dos décadas de denunciar ante las autoridades que empresas palmeras y otras agroindustrias les habían arrebatado sus territorios colectivos, la Unidad de Restitución de Tierras presentó el 17 de diciembre de 2013 la primera demanda en favor de ellas ante un Juez Especializado de Restitución de Tumaco.
Esta primera solicitud cobija al Consejo Comunitario de Bajo Mira y Frontera, que reclama 46 mil hectáreas que el gobierno central les reconoció como colectivo el 21 de julio de 2003 mediante resolución del antiguo Incora, hoy Incoder. Por la extensión de tierra, se trata de una de las más grandes demandas presentadas en el país ante un juez especializado de restitución.
Los afro consideran que desde 1990, con la intensificación del cultivo de la palma, y en la década de 2000, con el incremento de los cultivos de coca, empresarios y una personas vinculada con el narcotráfico yla financiación del Bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) se aprovecharon del conflicto y de las difíciles condiciones de vida de los pobladores para comprarles las mejoras de varios predios, cuya transacciones no fueron registradas en la oficina de Registro e Instrumentos Públicos.
Según las denuncias del Consejo, además de las compras ventajosas, hubo contratos de arrendamientos o lograron titulaciones del Incoder en predios afro que la Unidad consideró como irregulares porque compraron a bajos precios, acumularon tierras de origen baldío que se supone debe ser para comunidades pobres o solicitaron la sustracción de la reserva forestal (tierras protegidas por la Ley 2 de 1959 en favor de la biodiversidad y el medio ambiente) para beneficiar supuestamente a los pobladores, pero terminaron explotados por los socios de las empresas. Sus nombres se omiten porque el juicio aún no comienza.
En sus peticiones, el Consejo Comunitario busca que el juez reconozca los daños que ha sufrido su territorio colectivo, que se les admita el derecho ancestral al territorio y que por ello anule todas las transacciones con las que empresarios y particulares se apropiaron de los baldíos. Además, reclaman un plan de reparación colectiva, en el que las diversas instituciones estatales les den garantía de acceso a salud y educación, así como a proyectos productivos y mejoramiento de la escasa infraestructura con que cuenta esta comunidad.
Coca, ‘paras’ y titulaciones de tierra
Las comunidades negras han sufrido desde el siglo XVII, cuando fueron traídos por los españoles como esclavos, y tres siglos después su lucha por sus derechos humanos continúa. A finales de los años noventa, conla puesta en marcha en el vecino departamento de Putumayo del Plan Colombia, programa financiado con recursos de Estados Unidos para erradicar los cultivos de coca y combatir a las Farc, la coca se fue de la zona y se trasladó a Nariño.
El Bajo Mira fue una región apetecida por las estructuras ligadas al narcotráfico por su abandono histórico, por estar en frontera con Ecuador, tener salida al mar, vías fluviales, vegetación exuberante y zonas boscosas y selváticas que facilitaban las actividades ilegales. “Todas estas situaciones permitieron el asentamiento, refugio y rápido repliegue de los grupos armados ilegales, como a su vez facilitaron el establecimiento de los cultivos, de laboratorios para el procesamiento y rutas para su distribución”, documentó la Unidad.
Mientras la comunidad afro era cercada por un conflicto alrededor del narcotráfico, empresarios aprovecharon la coyuntura para hacerse a más tierra para desarrollar los cultivos de palma africana que habían llegado a la región en los años 70. Entre 1990 y 1997, por ejemplo, unos hermanos les compraron las mejoras a un grupo de afros en las veredas San Isidro y Alto San Isidro, pero nunca registraron esas compras, que se estiman en 2 mil hectáreas, ni se hicieron escrituras públicas.
En esta misma época, una empresa palmera fue acumulando tierras de origen baldío, según el concepto de la Unidad. Entre los terrenos está uno de 4 mil hectáreas al cual el Ministerio de Agricultura le levantó la restricción de reserva forestal porque supuestamente la solicitud beneficiaría a 10 mil colonos que cultivaban caña, cacao, plátano y maíz. “Estas condiciones no se aplicaron porque los beneficiarios no residían en Tumaco ni se encontraban dedicados a la agricultura, pero sí resultaron socios de la junta directiva de la compañía palmera”.
En marzo de 1998 la Junta Central del Consejo Comunitario del Bajo Mira y Frontera decidió solicitar la titulación de las tierras ocupadas por la comunidad para impedir más atropellos. Desde ese momento, comenzó entonces un largo proceso de visitas, conceptos y papeles para reconocerles el territorio.
La solicitud fue radicada el 9 de noviembre de 1998 y la visita técnica alConsejo Comunitario para reconocer la cantidad de tierra y los linderos la realizaron los peritos del Incora tiempo después. El 28 de marzo de 2002 la entidad dio un concepto favorable y el 21 de julio de 2003 emitió la Resolución 046 con la cual le adjudicaron a la comunidad afrodescendiente, 46 mil hectáreas por considerar que estas eran sus tierras ancestrales. Ni la empresa palmera ni los hermanos mencionados anteriormente se opusieron al proceso que le formalizó la propiedad rural a la comunidad.
Para esta época la guerra había recrudecido. Desde 2000, con la financiación del narcotráfico en Nariño comenzó a hacer presencia el grupo paramilitar Libertadores del Sur, a cargo de Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’. Vinieron entonces las amenazas, los asesinatos, las extorsiones y desplazamientos, al tiempo que el gobierno ordenó responder a la situación con la ampliación del pie de fuerza militar en la región.
El grupo paramilitar se desmovilizó en 2005 y al tiempo surgió la banda criminal ‘Los Rastrojos’, que heredó el negocio del narcotráfico en disputa con el Frente 29 de las Farc y sus columnas ‘Daniel Aldana’ y ‘Mariscal Sucre’. Justo ese año, un hombre que –según las autoridades, reemplazó al jefe paramilitar ‘Pablo Sevillano’– compró varios predios en las veredas Nueva Independencia y Nueva Unión por medio de una empresa agroindustrial que usó como fachada.
Las compras que hizo este hombre en territorio de la comunidad afro como adquisición de mejoras entre 1 millón 200 mil y 1 millón 500 mil pesos, las cambió luego a contratos de arrendamiento. El Consejo Comunitario deduce que el hombre nunca registró las transacciones de tierras en las oficinas de Registro e Instrumentos Públicos precisamente porque sus bienes estaban siendo vigilados por las autoridades y varios estaban en procesos de extinción de dominio.
Para 2009, el panorama era más complejo. Pese a que la comunidad había logrado el título de las 46 mil hectáreas, foráneos continuaban apropiándose de parcelas. En octubre de ese año, la empresa palmera, que ya se había hecho a por lo menos 4 mil hectáreas demandó a dos integrantes del Consejo Comunitario del Bajo Mira tras considerar que estaban ocupando propiedad privada. Dos años después, el Juez Primero Civil de Tumaco falló en favor del empresario y ordenó su desalojo.
Esta situación fue el detonante para que la comunidad decidiera denunciar la toma de sus tierras ante la Unidad de Restitución. El caso fue conocido por el Juez Especializado de Restitución de Tierras de Tumaco que ordenó el 23 de octubre de 2012 medidas cautelares, es decir, medidas de protección para la comunidad, a la vez que pidió a la Unidad documentar el caso para comenzar el proceso de restitución. Ese mismo año el gobierno inscribió las tierras del Consejo Comunitario en el registro de predios despojados y abandonados forzadamente.
Según los informes de riesgo de la Defensoría del Pueblo y del diagnóstico de Secretaría de Gobierno Municipal entre 2005 y 2012 la situación humanitaria de Tumaco, incluyendo el Consejo Comunitario del Alto Mira, fue crítica. Hasta enero de 2012, por lo menos 60 mil personas, que componen 15 mil hogares, fueron desplazados del municipio. La Unidad de Tierras documentó que la mayoría de esos desplazamientos fueron provocados por ‘Los Rastrojos’, que se tomaban las casas de los pobladores para vivir o como puntos clave para el control de drogas.
Esa crisis humanitaria generó, a su vez, la desaparición de veredas enteras. Según datos del Dane, en 2005 el Consejo Comunitario del Bajo Mira y Frontera era habitado por 7.894 personas; mientras en 2012 eran 7.029. Los casos más graves fueron los de las veredas Vueltas de Cajapi que de 371 habitantes pasó a tener solo 60; Bajo Guayabal que con 340 pobladores pasó a 86 habitantes, y la vereda Teherán que de 263 pobladores pasó a tener 103.
El abandono condujo el despojo. Según la denuncia de la comunidad afro, ‘Los Rastrojos’ se apropiaron de múltiples viviendas por lo que después del desplazamiento muchas familias no pudieron retornar a sus lugares de origen sino que buscaron ayuda en otros municipios o en la frontera, en el vecino país de Ecuador. Al drama se sumó el confinamiento, pues los grupos armados ilegales les prohibieron transitar por ríos, esteros, afluentes y caminos veredales entre las cinco de la tarde y las seis de la mañana del siguiente día. También hubo denuncias de graves abusos sexuales de las mujeres de la comunidad.
Otros de los problemas que han afectado a los pobladores han sido los derrames de crudo, generados por las perforaciones que los grupos armados han hecho sobre el Oleoducto Transandino. También la contaminación generada por los desechos de la agroindustria, principalmente la palmera, que ha vertido químicos en las principales fuentes de agua de la comunidad. Asimismo el glifosato, vertido sobre el territorio para erradicar los cultivos de coca. Según datos de la Alcaldía de Tumaco, en marzo 13 de 2009 las veredas más afectadas con las fumigaciones fueron Terán y Terán Frontera.
Por ahora, el Consejo Comunitario del Bajo Mira espera que el Juez Especializado de Restitución de Tierras les dé la razón después padecer de tantos años de violencia y de haber estado reclamando que se les respeten sus territorios colectivos. En mayo de 2014, según los plazos establecidos en la Ley 1448 o Ley de Víctimas, la comunidad espera que haya un pronunciamiento de la justicia.
El Alto Mira y Frontera, un Consejo Comunitario vecino al Bajo Mira, también asentado sobre el río Mira, ya ganó una batalla jurídica. La comunidad afro logró un round en la justicia ordinaria contra la empresa Palmeiras S.A., una compañía dedicada al cultivo de palma aceitera, que en 2006 demandó al Incoder después de que el instituto de tierras considerara que explotaba de mala fe 800 hectáreas que le pertenecían ancestralmente a la comunidad afro.
El caso llegó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que el 30 de agosto de 2013 falló en favor del Consejo Comunitario, al determinar que los predios eran de origen baldío y que pertenecían a la comunidad pese a que en 2005 el Incoder había excluido del título de 23 mil hectáreas colectivas las 800 hectáreas que explotaba la empresa palmera.
