Pese a que hace poco más de un mes la disidencia del Epl levantó el paro armado que mantuvo en vilo a toda la región durante dos semanas, sus efectos aún se sienten con fuerza en sus municipios. La crisis humanitaria, económica y social que deja hasta ahora la confrontación armada ya comienza a adquirir dimensiones preocupantes.
Desde que estalló la guerra en el Catatumbo entre la guerrilla del Eln; el denominado Frente Libardo Mora Toro del Epl, también llamados por el gobierno nacional como ‘Los Pelusos’; y la Fuerza Pública, en Convención, municipio ubicado en el llamado Alto Catatumbo, no se consigue una sola cerveza para calmar la sed o para departir en sus cálidas noches. Las razones del desabastecimiento son simples: para financiar sus tropas, la guerrilla del Eln impuso hace ya un par de años un tributo a los distribuidores de la bebida de 10 mil pesos por caja “y son ellos los que autorizan quién puede vender y quien no”, tal como lo relató un residente de esta localidad, quien solicitó la reserva de su nombre.
Para debilitar a su enemigo, la disidencia del Epl comenzó a golpear las finanzas de los ‘elenos’ y los primeros en ser amenazados fueron, precisamente, los distribuidores de la cerveza. “Sólo puede vender una que otra discoteca, pero en el resto del pueblo no hay. El Epl dio la orden que quien venda cerveza es objetivo militar. Aquí, la cerveza hay que traerla desde Ocaña, y no la están dejando traer. La amenaza incluso es que si alguien se atreve a entrarla de contrabando en algún carro particular, pues queman el carro y matan al conductor. Y ya pasó hace poco con un señor del pueblo. Por eso, no hay cerveza”, señaló la fuente.
La falta de cebada no es la única de las preocupaciones de los convencionistas. Fue en zona rural de este municipio donde el pasado 27 de mayo, tras el cierre de los comicios electorales donde se eligieron los dos aspirantes presidenciales que pasaron a segunda vuelta, un piquete de hombres vestidos de camuflados y armados con fusiles detuvo a la comisión de la Registraduría que transportaba los votos. Ocurrió en la vía que comunica a las veredas La Honduras y La Libertad con el casco urbano. Luego de presentarse como integrantes del Frente 33 de las Farc, los uniformados procedieron a quemar los tarjetones marcados a favor del candidato Iván Duque, del partido Centro Democrático.
Se trató de un acto de sabotaje que aumenta las complejidades de un conflicto en una región que no resiste más tensiones. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, Regional Ocaña, se estima que por lo menos 60 excombatientes del Frente 33 de las Farc habrían regresado a las armas y sus primeras acciones armadas las perpetraron precisamente el 27 de mayo, fecha que durante décadas fue considerada como el día fundacional de la extinta guerrilla de las Farc.
Según los reportes de esta Agencia de Ministerio Público, además de la quema de votos en Convención, se registraron alteraciones del orden público en El Tarra y Teorama, atribuibles a esta disidencia. En el primer pueblo pintaron varias fachadas y varios vehículos, entre ellos uno de uso oficial de la Alcaldía local mientras que en el segundo hostigaron una unidad del Ejército Nacional y también pintaron vehículos y viviendas.
“Es una situación muy compleja, porque no sabemos entonces esta disidencia por quién va tomar partido: si por los ‘elenos’ o por el Epl, si va mediar entre ambos grupos o si va terminar reviviendo un movimiento guerrillero con los otros dos grupos. La preocupación es enorme”, señaló un líder social de Convención, quien pidió reserva de su identidad por razones de seguridad.
El drama de los refugiados
La confrontación armada que tiene lugar actualmente en el Catatumbo, que ajusta ya su cuarto mes, está generando una larga lista de afectaciones sociales y humanitarias sin precedentes en la región. Muchas de ellas quedaron consignadas en reciente informe divulgado por la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, mecanismo humanitario que surgió precisamente para hacerle frente a esta crisis y que logró articular los esfuerzos de 34 organizaciones con presencia en la región.
Allí se detalló cómo la guerra ha obligado a miles de personas a pasar sus días y sus noches a la intemperie, en improvisados cambuches y bajo la más completa precariedad. Ante la inminencia de un combate, los campesinos salen despavoridos de sus casas, dejando atrás animales que alimentar y cosechas por recoger. Se llevan sólo consigo algo de comer y algo que vestir y nada más.
Los cascos urbanos de los municipios suelen ser el primer refugio, pero la magnitud de los éxodos ha llegado a ser tal, que han desbordado la capacidad de respuesta de unas administraciones municipales empobrecidas, tal como ha sucedido en Hacarí, La Playa de Belén o El Tarra, donde las ayudas humanitarias han sido más que insuficientes.
En los pueblos del Catatumbo brillan por su ausencia los coliseos, las placas polideportivas, los colegios o instalaciones similares que permitan resguardar a una población que huye en masa de bombardeos y combates. Tampoco abundan provisiones de colchonetas, frazadas, mercados o cualquier otro tipo de ayuda humanitaria de emergencia. De ahí que los labriegos busquen parajes a cielo abierto dónde albergarse sin más protección que algunos plásticos y muchas oraciones, donde ruegan que mejoren las condiciones de seguridad para volver otra vez a sus fincas.
El mayor pico de este fenómeno se registró durante los quince días que duró el paro armado decretado por la disidencia del Epl. En esos días, tanto la Defensoría del Pueblo como la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo constataron la presencia de 34 espacios humanitarios de protección, como se les denomina desde entonces, en los que se albergaron poco más de seis mil personas, contando adultos mayores e infantes, en las más precarias condiciones.
Integrantes de la Comisión recorrieron varios de estos refugios durante el 13 y 19 de mayo pasado. Sus impresiones quedaron consignadas en el informe sobre la situación humanitaria y de derechos humanos de la región del Catatumbo. Allí se consignó que “frente a la situación sanitaria y de salud se evidencian brotes, infecciones y enfermedades virales afectando especialmente a menores de edad que han presentado varicela, vómito, dolor de estómago, diarrea con sangre y otros”.
En su recorrido, la Comisión señaló que en estos espacios se registra un alto hacinamiento, que se suma a la falta de “condiciones sanitarias aptas y dignas y con difícil acceso al agua potable; los sitios para el descanso son precarios agudizado por el invierno que afecta a quienes duermen en el piso, no cuentan con suficientes baterías sanitarias, equipamiento ni lugares óptimos para la preparación de los alimentos”.
Penurias, muchas
Las penurias han sido tantas que muchos labriegos decidieron, por su propia cuenta y riesgo, regresar a sus parcelas, lo que ha hecho que el número de estos refugios disminuya. Pero ello no significa que la situación se haya superado. En toda la región perviven los refugios humanitarios de Tibú (2); San Calixto (2); La Playa de Belén (2), El Tarra (1) y Hacarí (1), en los que se encuentran poco más de 1.500 personas de la más variada condición (adultos mayores, mujeres gestantes, menores de edad). La paradoja de la guerra en el Catatumbo ha hecho que varias comunidades campesinas deambulen como ‘Siervo sin tierra’ entre refugio y refugio y entre estos y sus veredas.
Tal es el caso de los pobladores del corregimiento Mesitas, de Hacarí. Según denunció la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, hace como tres meses, la confrontación entre los ‘elenos’ y la disidencia del Epl obligó al éxodo forzado de por lo menos 25 familias de las veredas La Esperanza y La Estación de este corregimiento, quienes se albergaron en un refugio humanitario. Semanas después los labriegos decidieron retornar a sus parcelas en medio de la más completa incertidumbre.
El pasado 3 de junio, el Ejército Nacional desarrolló un intenso operativo militar contra una facción de ‘Los Pelusos’, que incluyó bombardeos y ametrallamientos aéreos. Estas acciones, de acuerdo con la Comisión, dejaron dos civiles heridos y provocaron nuevamente el desplazamiento forzado de los campesinos. El reporte de la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) da cuenta de 500 familias desplazadas de las veredas La Esperanza, Castrillón, Limoncito y La Estación.
Pero la suerte de quienes deciden quedarse en sus tierras y resistir la furia de los combates tampoco es la mejor. De acuerdo con la Comisión, miembros de Juntas de Acción Comunal, líderes campesinos e integrantes de movimientos sociales han sido víctimas de intimidaciones y amenazas de muerte tanto por la guerrilla del Eln como por la disidencia del Epl. La victimización también ha corrido por parte de la Fuerza Pública, que además de estigmatizar a los líderes “los pone en riesgo al realizarles citaciones para mantener diálogos privados con ellos”, según advierte el informe.
Como estrategia de guerra, los grupos armados ilegales han contaminado el territorio con minas antipersona (MAP), munición sin explotar (Muse) y artefactos explosivos improvisados (AEI), dejándolos incluso cerca de caminos interveredales, escuelas y centros poblados. La Fuerza Pública también ha contribuido con esta contaminación. El pasado 7 de mayo, los pobladores de la vereda Rio Santos, de Teorama, informaron a organismos humanitarios la muerte de un menor de edad cuando manipulaba munición sin explotar dejada por el Ejército Nacional.
Pero las afectaciones que está generando esta nueva guerra que se libra en Catatumbo no son sólo humanitarias. El comercio de los municipios que integran esta región viene trabajando a pérdida pues los desplazamientos forzados -y los confinamientos en otros casos- constituyen un duro golpe a la débil economía local. Las autoridades locales reportan pérdidas de cultivos (cebolla, maíz, fríjol) y el desabastecimiento de algunos productos de la canasta básica en localidades como Convención, Hacarí, La Playa de Belén y Teorama continúa. El sector de los transportadores también está viviendo su propio calvario. Las empresas ya no despachan la misma cantidad de viajes que antaño pues la gente teme encontrarse en el camino un retén de la guerrilla del Eln, de la disidencia del Epl o del Ejército.
Abandono histórico
Si algo ha dejado al descubierto esta confrontación armada ha sido la deuda histórica del Estado colombiano con la región del Catatumbo. En sus pueblos, veredas y provincias claman por una presencia institucional que vaya más allá de la bota militar. En informe realizado en 2014 por el Programa de Naciones unidas para el desarrollo (PNUD) se consigna que los municipios que integran el Catatumbo tienen los peores indicadores sociales de todo Norte de Santander, situándose por encima del promedio nacional, tanto en pobreza, mortalidad infantil, embarazo adolescente, cobertura de servicios públicos y saneamiento básico. (Leer más en: El Catatumbo: de espaldas al Estado y de cara a la guerra)
Según este informe, más del 70 por ciento de los habitantes del Catatumbo tienen necesidades básicas insatisfechas, el desempleo, principalmente en la zona rural, sobrepasa el 60 por ciento y los poco más de dos mil kilómetros de infraestructura vial se encuentra en pésimas condiciones, lo que acentúa su marginalidad tanto con Cúcuta, capital del departamento, así como con el resto del país.
La región cuenta con pocas Unidades Básicas de Atención (UBA) y los hospitales de tercer y cuarto nivel de complejidad brillan por su ausencia. La situación de orden público ha hecho que muchos médicos y profesores hayan rechazado sus nombramientos para trabajar en la región, por lo que actualmente se registra déficit de profesores y médicos.
A esta eterna crisis social se le suma ahora los problemas propios de un pueblo que comparte frontera con Venezuela. Por las trochas que conectan ambos pueblos se mueven diariamente miles de venezolanos intentando ingresar a Colombia. Pero también transitan miles de ‘bachaqueros’, nombre con el que se designa a quienes se dedican a mover toda clase de productos de contrabando a lado y lado de la frontera. Por esa porosa frontera ingresan diariamente cientos de pimpinas cargadas con gasolina venezolana para comercializar en Colombia. A esto se le suma toda clase de mercancías ilegales como armas y drogas. (Leer más en: Puerto Santander, en la ruta de ‘las bachaqueras)
De ahí que la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo consignara en su informe que “el actual contexto en el Catatumbo no se limita al enfrentamiento entre insurgencias; sino que este es el resultado de una serie de conflictos en materia económica, política, social y cultural”. Por ello, sus pobladores no solo claman porque se silencien los fusiles y cese la confrontación, sino también porque el Estado llegue con su mano generosa.
Este reportaje fue realizado con el apoyo de
