Una delicada crisis humanitaria se vive actualmente en esta zona del sur del departamento. No es la primera vez que se registra. Históricame ha sido una región golpeada por el conflicto armado.
Los indicadores de calidad de vida de los municipios asentados a lo largo de las cuencas de los ríos Baudó y San Juan son los más bajos del Chocó e incluso del país. Foto: archivo Semana.En la profundidad selvática del Chocó se viene registrando desde los primeros meses de este año una delicada crisis humanitaria por cuenta de un intenso conflicto armado que presagia recrudecerse con el paso de los meses. Desplazamientos masivos, confinamientos, restricciones a la movilidad, amenazas contra líderes comunitarios y el riesgo latente de reclutamiento forzado de menores se convirtieron en dramas cotidianos para comunidades negras e indígenas asentadas a lo largo de las cuencas de los ríos Baudó y San Juan.
Sin embargo, no se trata de un fenómeno reciente. Por el contrario, lo que hoy sucede en ese rincón chocoano ha sido una dolorosa constante por lo menos en las últimas dos décadas en las cuales grupos armados de la más variada naturaleza ideológica se han disputado a sangre y fuego el control de un corredor natural excepcional para para los intereses de la guerra y los negocios ilegales.
En su momento, el Bloque Pacífico de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y las guerrillas del Eln y Erg convirtieron al Baudó y el San Juan en un teatro de guerra; luego, las denominadas bandas criminales, surgidas tras finalizar el proceso de desmovilización de las Auc en agosto de 2006, intentaron imponer su ley. Hoy, organismos humanitarios advierten la presencia en la región de un grupo armado ilegal no identificado, responsable de los éxodos masivos ocurridos este año.
El telón de fondo de todo ello es el flujo continuo de alijos de droga por las aguas de los ríos Baudó y San Juan hacia las costas del Pacífico, del que han sacado provecho guerrillas, paramilitares y bandas criminales. VerdadAbierta.com presenta una radiografía de lo que ha sido el conflicto armado en el sur del departamento del Chocó en las últimos 20 años, una región abundante en aguas y biodiversidad, condenada al olvido del Estado y donde los grupos armados ilegales imponen su poder sin mayores obstáculos.
El auge minero
Por ahora, las comunidades del Baudó no padecen el flagelo de la minería ilegal y criminal que tantos estragos está generando en los municipios del Medio Atrato y del San Juan. Foto: archivo Semana.Durante las primeras tres décadas del siglo XX, la empresa Chocó Pacific explotó platino en aguas del río Condoto, convirtendo al país en el mayor productor de este mineral en el mundo. La alta producción del metal coincidió con los precios elevados en los mercados internacionales. Sin embargo, ni el departamento ni la Nación obtuvieron recursos significativos por regalías.
La tragedia del saqueo de riquezas minerales en tierras chocoanas se repetiría finalizando la década de los ochenta, cuando llegaron mineros provenientes del Bajo Cauca y Nordeste antioqueño atraídos por la fiebre del oro que comenzaba a vivir el departamento. Fueron ellos quienes introdujeron las primeras retroexcavadoras a municipios como Istmina, Novita, Certeguí y Cantón de San Pablo, entre otros.
La explotación aurífera, hasta aquel momento realizada de manera artesanal, se transformó radicalmente. Los altos precios del metal precioso en los mercados internacionales, sumado al aumento de la producción por cuenta de la utilización de maquinaria pesada, atrajeron un buen número de buscadores de fortuna de todas partes del país. El comercio comenzó a crecer, el dinero circulaba a manos llenas y los centros nocturnos de diversión hacían su ‘agosto’. Pero empezaron a llegar también los problemas.
Los mineros comenzaron a ser extorsionados por las guerrillas del Eln, Farc y Erg. Las carreteras que comunican a Quibdó con las ciudades de Medellín y Pereira, que eran utilizadas por los mineros para el transporte de remesas, suministros y mercancías, se convirtieron en tierra de nadie por cuenta de los constantes robos cometidos por piratas terrestres y retenes ilegales instalados por las guerrillas.
Desesperados, los mineros decidieron tomar justicia por mano propia. Según lo pudo documentar la Unidad de Justicia Transicional de la Fiscalía (antes Justicia y Paz) gracias a versiones entregadas por desmovilizados de las Auc, finalizando 1995 se realizó en Quibdó una reunión en la que participó un selecto grupo de mineros y comerciantes con Carlos Mario García, alias ‘Rodrigo Doblecero’, en aquel entonces mano derecha del máximo comandante de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), Carlos Castaño Gil.
El motivo del encuentro fue concretar la creación de un grupo de autodefensas en esa parte profunda y selvática del Chocó. De acuerdo con la recopilación hecha por la Fiscalía, el primer contingente paramilitar arribó en los primeros meses de 1996. Se trató de un grupo de 30 hombres bajo el mando de Rafael Antonio Londoño Ramírez, alias “Rafa Putumayo”, a quien le encomendaron la misión de proteger los intereses de mineros y comerciantes de Quibdó, la región del San Juan, así como recuperar los ejes viales Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira.
Ese primer grupo tomaría el nombre de Frente Minero y sería la génesis del Bloque Pacífico, una máquina de guerra que sembró el terror en los pueblos asentados a lo largo de la cuenca de los ríos Baudó y San Juan, y responsable del éxodo de decenas de comunidades negras de sus territorios ancestrales.
La alianza narcos-autodefensas
Desde 2004, el Sistema de Mediciones de Cultivos Ilícitos (Simci) ha venido registrando la presencia constante de cultivos ilícitos en Chocó, sembradíos que se ubican mayoritariamente en el sur del departamento. Foto: archivo Semana.Cuando Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’, fue enviado al Chocó en 1998 para reemplazar a alias ‘Rafa’ en la comandancia del Frente Mineros, pueblos como Istmina, Novita, Puerto Meluk (Medio Baudó), Certeguí así como los municipios de la cuenca del río San Juan, ya se encontraban bajo un férreo dominio paramilitar.
Desde su llegada al departamento, los hombres bajo el mando de alias ‘Rafa’ iniciaron una agresiva campaña de ‘limpieza social’ dirigida a acabar con los piratas terrestres que mantenían azotados los principales ejes viales del departamento del Chocó. Tampoco se escaparon de la persecución paramilitar aquellas personas señaladas de ser colaboradores de la guerrilla así como consumidores y expendedores de estupefacientes. A punta de asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, órdenes de desplazamiento forzado, el Frente Mineros sometió rápidamente a una población inerme.
Por eso, cuando ‘El Iguano’ llegó a tierras chocoanas en compañía de Lorenzo González, alias ‘Yunda’, su misión ya era otra: incursionar en la selvática región del Baudó y custodiar un corredor natural utilizado por los narcotraficantes y sobre el cual Vicente Castaño Gil, alias ‘El Profe’, tenía particular interés. Así lo señaló el propio ‘Iguano’ en versiones libres rendidas ante la Unidad de Justicia Transicional de la Fiscalía.
Haciendo uso de su visión estratégica, la misma que sus más cercanos colaboradores siempre le reconocieron, ‘El Profe’ no solo ordenó cobrar gramaje a todos los ‘narcos’ que se movieran por el Pacífico sino que creó una estructura ligada a las Autodefensas pero dedicada única y exclusivamente al cobro y manejo de dineros provenientes del narcotráfico. Esta estuvo integrada por Byron Alfredo Jiménez, alias ‘Gordopepe’; Rodrigo Zapata Sierra, alias Ricardo; y Antonio Roldán Pérez, alias ‘Naranjado’, este último hermano de Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’. Luis Fernando Claros, contador personal de ‘El Profe’ completaba la estructura y era quien manejaba los recursos.
Tal como lo declaró alias ‘Ricardo’ en los estrados de Justicia y Paz, si bien para finales de los años noventa en el Chocó nunca existieron laboratorios para el procesamiento de alcaloides, mucho menos cultivos ilícitos, los narcotraficantes utilizaron este departamento como zona de tránsito de grandes cargamentos de cocaína. La ruta iniciaba en Istimina, donde la droga era almacena y embarcada vía terrestre hasta Puerto Meluk (Medio Baudó). De allí, lanchas con poderosos motores remontaban las aguas del río Baudó con destino a Pizarro (Bajo Baudó), donde el afluente se encuentra con el océano Pacífico. Una vez allí, era despachada a Centroamérica y Estados Unidos.
Así, los paramilitares del Bloque Pacífico se limitaron a brindar protección a los narcos a cambio de un cobro inicial de 50 dólares por kilo de droga despachado por el Pacífico. Convertidos en la única autoridad militar en la región, los ‘paras’ decidieron aumentar el impuesto de gramaje de manera paulatina hasta quedar en una tarifa de 200 dólares. Según Zapata Sierra, los narcotraficantes llegaron a mover, en promedio, un poco más de 10 mil kilos de cocaína cada año. Es decir, que a las arcas de las Autodefensas ingresaban cerca de 20 millones de dólares al año por cobro de gramaje, solo en el departamento del Chocó.
“Pero los ‘elenos’ comenzaron a presionar a los narcotraficantes que se movían por el Alto Baudó para que también les pagaran a ellos”, señaló Zapata Sierra en diligencias de versión libre, añadiendo que “Vicente se opuso a que los narcos le pagaran al Eln. Fue así como ordenó que se creara el Frente Héroes del Chocó del Bloque Pacífico”. Dicho frente, según Zapata Sierra, se movió por toda la región del Baudó y fue comandado en sus inicios por Luis Eduardo Echavarría Durango, alias ‘Jhonatan’.
La creación del Bloque Pacífico agudizó la situación de violencia en ese rincón del Chocó. Entre 2000 y 2003, las acciones paramilitares produjeron decenas de desplazamientos masivos, algunas de tal magnitud que terminaron por desaparecer pueblos enteros. Tal fue el caso de San Luis, un poblado de 150 personas ubicado pocos kilómetros antes de llegar a Pizarro al que la manigua se lo tragó luego que sus pobladores lo abandonaran en 2003 tras el asesinato de un reconocido líder comunitario. Lo mismo pasó en Punta Katripe, Purriche y en Cuevita.
El reciclaje de la guerra
La crisis humanitaria que viven las comunidades negras e indígenas del Baudó y San Juan ha sido histórico. Las últimas dos décadas han debido afrontar los efectos del conflicto armado. Foto: archivo Semana.La desmovilización del Bloque Pacífico, ocurrida el 23 de agosto de 2005 en un centro vacacional del municipio de Istmina, no representó una mejoría para las poblaciones del sur del Chocó. Por el contrario, nombres como ‘Los Machos’, ‘Los Rastrojos’, ‘Renacer’, ‘Nueva Generación’ y los ‘Urabeños’ comenzaron a ser pronunciados con frecuencia en los territorios que los paramilitares dominaron con “puño de hierro”.
De ello dio cuenta la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (Mapp) de la OEA, que en su sexto informe de seguimiento al proceso de desmovilización, desarme y reinserción de las Auc, de febrero de 2006, consignó su preocupación por la presencia de un grupo armado autodenominado Autodefensas Campesinas Unidas del Norte del Valle (Acun), en zonas rurales de los municipios Sipí, Istmina y Puerto Meluk (Medio Baudó).
Las preocupaciones de la Mapp-OEA serían ratificadas en julio de 2007 en el noveno informe de seguimiento al proceso de dejación de armas y reinserción de las Autodefensas. En él, la Misión advirtió que “en el sur del Chocó, en los municipios de Istmina, San José del Palmar y Puerto Meluk, es muy claro que se produjo un traslape de la franquicia Bloque Pacífico de las Autodefensas al grupo ‘Los Machos’, bajo el liderazgo del narcotraficante Diego Montoya. Asimismo, en el municipio de Sipí y la cuenca del río San Juan, hacia la costa Pacífica, el grupo de los ‘Rastrojos’, al mando de Wilber Varela, alias ‘Jabón’, copó estas áreas planteando confrontaciones armadas directas contra las Farc”.
La confrontación entre los narcotraficantes y los herederos del paramilitarismo posicionó a los ‘Rastrojos’ en el Medio y Bajo Baudó; y a los ‘Urabeños’ en Istmina, Quibdó y zonas rurales del Alto Baudó. Sin embargo, para 2009, estos últimos iniciaron un proceso de expansión hacia el sur, lo que nuevamente agudizó la crisis humanitaria de la región, la cual fue advertida por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo en su Informe de Riesgo No. 011 de 2009.
El SAT señaló que “el recrudecimiento de la confrontación en el municipio del Medio Baudó por la intensificación de las acciones armadas entre los ‘Rastrojos’ y los ‘Urabeños’, está generando graves consecuencias humanitarias para la población civil, específicamente, el abandono de los territorios ancestrales, puesto que de manera regular se presentan incursiones de los integrantes de los grupos armados a los caseríos rurales, lo que genera combates, desplazamientos masivos, confinamientos de la población civil, restricciones a la movilidad y desapariciones forzadas”.
Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), conocidos como ‘Urabeños’ o ‘Clan del Golfo’, terminaron expulsando a los ‘Rastrojos’ de sus territorios para iniciar una nueva guerra, esta vez contra la guerrilla del Eln.
Un drama que nunca termina
Dada la importancia que encierran los ríos Baudó y San Juan, los actores armados restringen la movilidad por estos afluentes, lo que ahonda la crisis humanitaria de las comunidades negras e indígenas. Foto: archivo Semana.Entre 2014 y 2015, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por los constantes combates protagonizados por los ‘Urabeños’ contra la guerrilla del Eln. Como sucede en estos casos, la peor parte la llevaron las comunidades negras e indígenas.
Cifras de esta agencia del Ministerio Público, así como de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), señalan que desde 2008 a la fecha se registraron 26eventos de desplazamientos masivos en los municipios de la cuenca del río Baudó (Alto, Medio y Bajo), que han afectado a más de 1.500 familias, unas 6.800 personas. De ellas, menos de la mitad han regresado a sus lugares de origen.
En 2009, por ejemplo, más de 700 personas, entre negros e indígenas del Alto Baudó, huyeron de sus tierras debido a los fuertes combates entre la Fuerza Pública y las guerrillas del Eln. Los desplazados terminaron concentrándose en una localidad de la misma zona llamada Santa Catalina de Catrú. Muchos aún permanecen allí. En 2011, los organismos humanitarios dieron cuenta de tres desplazamientos masivos en la parte media de la cuenca del río Baudó, mientras que en 2012 se registró el primero de cinco éxodos masivos de las comunidades indígenas asentadas en el río Purriche, al norte del Baudó.
Tanto negros como indígenas abandonaron sus tierras por la misma razón: la confrontación armada que desde hace cinco años sostienen los ‘elenos’, con fuerte injerencia en el Alto Baudó, y los ‘gaitanistas’, que desde la parte baja del río vienen ascendiendo con el fin de arrebatarle territorios al grupo guerrillero.
En 2013, según los registros de la Red Nacional de Información de la Unidad de Atención y Reparación para las Víctimas, 1.800 personas salieron forzosamente del Alto, Medio y Bajo Baudó. Mientras que en el primer periodo de 2014 se registraron tres desplazamientos masivos, dos de comunidades indígenas y una de un pueblo afro, que han afectado a 384 familias; es decir, más de 3.000 personas.
Hoy, el panorama sigue tan sombrío como hace veinte años atrás. Reportes de la Oficina de la ONU en Colombia para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), señalan que entre los meses de febrero y mayo de este año se han registrado trece eventos de desplazamientos forzados masivos que han dejado por lo menos cinco mil personas afectadas, de los municipios de Alto Baudó (Pie de Pató); Medio Baudó (Puerto Meluk) y Bajo Baudó (Pizarro); así como en la localidad de Litoral del San Juan.
De acuerdo con los reportes de Ocha, los éxodos forzados han sido el resultado de intensos combates entre tropas del Ejército y un grupo armado ilegal no identificado, que han tenido lugar en esta región entre los meses de febrero y mayo. Quienes han padecido los efectos de la presencia y persecución contra este grupo, del cual las autoridades militares y los organismos humanitarios desconocen su identidad, han sido los indígenas de las etnias Emberá y Wounaan, quienes constituyen poco más del 50 por ciento de la población desplazada.
Aunque un número cercano a los tres mil nativos decidió regresar a sus territorios de origen sin ningún tipo de acompañamiento estatal y bajo su propia cuenta y riesgo, las amenazas de nuevos desplazamientos masivos son latentes. Incluso, en regiones como el Alto Baudó y Litoral del San Juan, los indígenas retornados se están enfrentando al flagelo del confinamiento al no poder movilizarse con libertad para sus faenas de caza, pesca y agricultura. De acuerdo con la agencia de Naciones Unidas, esta situación podría estar afectando también a unas siete mil personas, principalmente en las localidades de Bajo Baudó y Litoral del San.
“Las comunidades indígena en Chocó son las más afectadas por el conflicto armado por cuanto sufren afectaciones en términos de acceso a salud, educación y vivienda cuando son forzados a desplazarse a los centros urbanos. Los líderes comunitarios sufren constantes ataques, los jóvenes se encuentran en alto riesgo de reclutamiento”, consignó Ocha en su más reciente informe sobre la crisis humanitaria en Chocó.
Lo que más preocupa a los organismos humanitarios es que todo ocurre en la profundidad de un territorio selvático que pareciera no importarle a nadie, donde el Estado es una quimera y lo único que abunda es la pobreza. Según el Dane, el 83 por ciento de los hogares de un municipio como Pizarro (Bajo Baudó) no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas; en Litoral del San Juan el porcentaje se eleva al 90 por ciento mientras que en Pie de Pató (Alto Baudó) llega al 99 por ciento.
Ante este panorama, lo que muchos se preguntan es: ¿Qué tiene que pasar para que el país se preocupe por lo que sucede en el Baudó?
