En esta especie de triángulo de las Bermudas la violencia está disparada, los médicos forenses no aguantan, el párroco regaña al Ejército y aparece una grabación que compromete a militares.
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| Lo paradójico es que los resultados de Ejército y Policía hacen creer que la situación está controlada. Foto: Semana |
En plena misa dominical y delante de cientos de feligreses en la parroquia de Tarazá, el padre Elkin increpó a la Policía y al Ejército. Era el último domingo de abril y una balacera entre dos bandas criminales -a media cuadra de la plaza central- había interrumpido la tranquilidad de los campesinos que vieron cómo policías y soldados se escondían en la estación en vez de tratar de controlar a los bandidos.
“No sean vendidos y regalados”, les gritó el sacerdote, cansado, tal vez, de una situación que se viene dando desde hace meses, pero de la que nadie se atreve a hablar: la posible connivencia entre miembros del Ejército con las bandas criminales. Y como él, en los municipios del Bagre, Caucasia, Zaragoza, Cáceres y Nechí, que conforman el Bajo Cauca antioqueño, también están agotados por el miedo.
Las bandas de Urabá y de los ‘Paisas’ se están disputando a muerte esta zona desde cuando el bloque Mineros de las AUC se desmovilizó el 20 de enero de 2006. Según la Policía, el año pasado hubo 200 homicidios -fue la región más violenta de Antioquia- y sólo en los primeros cuatro meses de este año se han dado 102 asesinatos. Una tasa desproporcionada para cerca de 300.000 habitantes.
La situación es tan crítica, que hasta las autoridades médicas han lanzado un SOS al gobierno local y departamental. La morgue de Caucasia -que es la única que hay para todo el Bajo Cauca- ha tenido seis médicos forenses en los últimos seis años: o renuncian o piden traslado por el exceso de trabajo. Incluso, durante buena parte de 2007 y 2008, esta región se quedó sin un especialista forense. Sólo a partir de este año se logró contratar a Janeth Pacheco, quien trabaja en un pequeño cuarto del hospital municipal con una sola mesa para necropsias y dos cavas.
En medio de la crisis, Semana tuvo acceso a una grabación que podría explicar en buena parte por qué ha sido tan difícil controlar la violencia en esta región. En el diálogo, ‘Rodrigo’, cabecilla de La ‘banda de Urabá’, habla de una balacera con la banda enemiga, la de los ‘Paisas’, el pasado 23 de marzo en una zona de Tarazá conocida como Santa Clara. Uno de sus hombres le deja entrever a ‘Rodrigo’ que miembros del Ejército al mando de un teniente estaban apoyando al cabecilla de los ‘Paisas’, conocido como alias ‘Víctor Caparrapo’, y que en el enfrentamiento quedaron heridos el teniente Solarte y un soldado.
El caso está en investigación. Los militares, curiosamente, pusieron la denuncia sobre el ataque no en el sitio en el que ocurrieron los hechos, ni tampoco en Caucasia, donde los llevaron al hospital, sino en Yarumal, un municipio que no es de la región. Están investigando si el teniente John Solarte, adscrito al Batallón Rifles, le daba información privilegiada a la banda de los ‘Paisas’. El coronel Mauricio Mantilla, quien lleva 15 días como comandante del Batallón, le dijo a Semana: “Yo no puedo tapar el sol con una mano sobre lo que sucede con algunos hombres del Ejército, pero aún no puedo pronunciarme sobre los resultados de esa investigación”.
Pero esta terrible situación no es fortuita. El combustible que alimenta la disputa entre bandas criminales sigue siendo el narcotráfico. Después de la captura, hace un mes, de Daniel Rendón, alias ‘Don Mario’, a quien las autoridades le achacaban casi todos los muertos de la zona, las cosas no han cambiado. El Bajo Cauca no sólo es la zona más violenta de Antioquia, sino la tercera en producción de coca del país. Además, por esta ruta se sale directo al golfo de Morrosquillo, donde el narcotráfico tiene varios puertos naturales. El Bajo Cauca limita con Córdoba. Es un corredor estratégico de la guerrilla y los paramilitares por su cercanía con el Nudo del Paramillo y por su conexión directa con el Urabá antioqueño.
Hace poco fue expropiada una empresa de vigilancia privada de Caucasia llamada Serviescol Ltda., administrada por Jorge Ocampo, un capitán retirado del Ejército a quien conocían con el alias el ‘Capi’, y quien también perteneció al Batallón Rifles. Esta empresa manejaba vínculos con los hombres de alias ‘Macaco’, líder paramilitar extraditado hace un año a Estados Unidos, y con la banda de los ‘Paisas’.
Semana también conoció denuncias contra la Red de Cooperantes del Bajo Cauca (Recobac), un grupo de hombres desmovilizados del bloque Mineros que crearon una especie de ‘Convivir’ y controlan la vigilancia de la región. Además de contar con armas amparadas, Recobac heredó los equipos de comunicación de alta tecnología del ex jefe paramilitar Ramiro ‘Cuco’ Vanoy, con los que pueden interceptar llamadas de celular. Incluso, se sabe que varios de los escoltas de Víctor Manuel Mejía, alias el ‘Mellizo’, muerto hace un año por la Policía en una finca de Tarazá, tenían equipos de comunicación de la Red. Ellos son quienes deciden quién entra y quién sale del pueblo, tienen información sobre diligencias judiciales y cada vez que una persona nueva visita la zona, tiene que informarles el motivo de la visita y cuánto planea quedarse, como si se tratara de agentes de inmigración.
Varios líderes campesinos consultados por Semana creen que la única vía de escape para la caótica situación del Bajo Cauca no sólo sería acabar con la red de cooperantes, sino renovar a todos los hombres del Ejército y de la Policía: “Cómo es posible que haya una masacre de seis personas a las 7 de la mañana sin que las autoridades hagan algo”, dijo uno de ellos, al referirse al hecho ocurrido en abril en el corregimiento El Doce. Como tantas veces, ellas brillaron por su ausencia.
Publicado por Semana 24/05/2009 Edición 1412
