Tras la aprobación de la plenaria en Senado, el acto legislativo quedó con más blindajes para los financiadores de la guerra y condiciones especiales para la participación de las Farc en política.
Con 62 votos a favor y 2 en contra, finalmente el Senado aprobó el proyecto de acto legislativo de la Jurisdicción Especial de Paz. Foto: Carlos Julio Martínez, Semana.Tras cerca de siete horas de intenso debate durante el tercer día agendado para discutir el proyecto de Acto Legislativo de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), los senadores presentes en el recinto del Congreso de la República no lograban ponerse de acuerdo. El ambiente estaba caldeado entre afectos a esta salida transicional y los que oponían a ella.
La senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, no logró terminar su intervención cuando el presidente del Senado y miembro del Partido de La U, Mauricio Lizcano, le dio la palabra a su copartidario Roy Barreras, quien representó a la célula legislativa en las negociaciones con la guerrilla de las Farc en La Habana, Cuba.
Aunque algunos todavía esperaban su turno, Barreras pidió que se votara la suficiente ilustración. Es decir, que se diera paso de una vez por todas a la votación final de los cambios que tendría el acto legislativo. Y así fue. En ese momento se aprobaron las nueve últimas proposiciones con 62 votos a favor, poco más de la mitad de todos los senadores, y 2 en contra: los de Claudia López y Antonio Navarro, del Partido Verde. Como sucedió en todas las discusiones relacionadas con el proceso de paz, el Centro Democrático se retiró al momento de votar.
Con estos últimos cambios, se aprobó formalmente la Justicia Especial para la Paz, a través de la cual se juzgará a guerrilleros de las Farc y militares, fundamentalmente, que participaron en la guerra durante las últimas cinco décadas. No fue un trámite fácil, sobre todo por las resistencias de sectores en retiro de las Fuerzas Armadas, empresarios y políticos que se resisten a darle privilegios a los insurgentes.
Se aprobó la JEP, si, un anhelo de quienes apoyaron el proceso de negociación con las Farc y de miles de ciudadanos que han padecido el conflicto armado, pero las pretensiones iniciales quedaron, de alguna manera, limitadas por las últimas nueve proposiciones que se presentaron anoche y fueron ratificadas por las mayorías en el Senado.
VerdadAbierta.com tuvo acceso a las proposiciones aprobadas durante la plenaria final y presenta un resumen de ellas.
Tatequieto a la participación política de las Farc
Una de las mayores críticas de los partidos de oposición hacia la JEP era que los guerrilleros pudieran participar en política, incluso sin que hubieran pagado la sanción restaurativa. Si bien esto quedó intacto, se agregó una condición con la que podrían perder sus futuros derechos en la materia.
La proposición del senador Carlos Fernando Galán, de Cambio Radical, respaldada por su hermano Juan Manuel Galán, especificó que si los miembros de organizaciones rebeldes cumplen con las sanciones y las obligaciones que les imparta el Tribunal de Paz, esta instancia determinará si están inhabilitados o no para participar en política, de acuerdo a los parámetros que se precisen en la Ley Estatutaria que detalle el mecanismo bajo el que operará la JEP.
Los civiles salieron más blindados
El coordinador de ponentes Roosvelt Rodríguez propuso agregar dos palabras al Artículo 12 del Acto Legislativo para que cuando la Sala de Reconocimiento de Verdad le pida a la Sección de Revisión que llame a un tercero del que se sospeche haya participado o financiado crímenes graves relacionados con el conflicto armado, ésta no le pueda “ordenar a comparecer” con base únicamente en los informes que recibe la JEP de diferentes organismos, sino que necesite más pruebas para llamarlo a juicio.
Otra de las proposiciones aprobadas frente al tema de los civiles fue la del senador Germán Varón, de la bancada de Cambio Radical. Se eliminó por completo uno de los párrafos del artículo 16 que hablaba de los financiadores de paramilitares u otros grupos armados que ayudaron voluntariamente, y no como resultado de una extorsión y se agregó que la “participación determinante” que tuvo un civil en toda la acción “eficaz y decisiva” durante la comisión de los delitos.
“No puede ser que demos garantías a la Fuerza Pública y que no podamos darlas a los empresarios”, puntualizó en el debate el senador Hernán Andrade, del Partido Conservador.
Capítulo para cultivadores de hoja de coca
El fiscal general Néstor Humberto Martínez aseguró en el Congreso que había logrado acuerdos con comerciales el gobierno en el 95% de sus propuestas. Foto: Carlos Julio Martínez, Semana.
Atendiendo la petición que presentó el fiscal Néstor Humberto Martínez al gobierno nacional y que reiteró ayer en la plenaria del Senado, el Congreso aprobó una modificación respecto a los cultivadores de hoja de coca para uso ilícito, quienes serán beneficiados con los programas de sustitución voluntaria que pretende el Acuerdo de paz. En este se planteaba que tendrían un tratamiento jurídico diferencial entiendo que no son los más poderosos ni los que más ganan en la cadena del narcotráfico.
Ahora, la Ley Estatutaria deberá especificar “en qué casos y bajo qué circunstancias” es la Jurisdicción Especial o la justicia ordinaria y, por ende, será la Fiscalía la que investigue “los delitos de conservación y financiamiento de plantaciones” de coca o el “tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”.
Compuerta al resto de los guerrilleros
Con tan sólo tres líneas, la propuesta de la senadora Sofía Gaviria del Partido Liberal logró lo que hasta ahora impedía el Acuerdo de paz. Las Farc y el gobierno nacional habían sido claros que la Jurisdicción Especial sería para los insurgentes que firmaran un pacto de negociación. Pero en el último debate de la plenaria de Senado, los congresistas aprobaron que también entraran el resto de condenados, investigados o procesados por ser de las Farc antes del 1 de diciembre de 2016, sin necesidad de que esta guerrilla los incluya en su listado de combatientes que están concentrados en las 26 zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN), adelantando su proceso de dejación de armas y reincorporación a la vida civil.
Esa decisión permitirá que los guerrilleros que se acogieron individualmente a la Ley de Justicia y Paz ahora puedan presentarse a la JEP. En diferentes escenarios, miembros de las Farc habían sentado su voz de protesta al respecto pues a muchos los consideran traidores por haber abandonado las filas.
Por otra parte, algunos congresistas sentaron su voz de protesta, pero nada fue impedimento para la aprobación final. “La justicia no les puede abrir la puerta a aquellos que participaron en otros procesos de paz con el gobierno. Podría haber impunidad porque Colombia ha estado tanto tiempo en guerra ahora no pueden llegar acá los que no cumplieron con otros proceso”, expresó durante el debate Alexánder López, del Polo Democrático.
Un lugar para las víctimas
La otra propuesta de Sofía Gaviria aprobada en el Congreso fue que se deba “promover la participación de las víctimas y sus organizaciones” en todos los pasos que tendrá la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto del conflicto, desde la búsqueda hasta la entrega digna de losrestos.
Sin embargo, el Acto Legislativo no especificó cómo será esa participación o qué entidad será la encargada de promoverla. Este es otro de los detalles que tendrá que precisar la Ley Estatutaria que surja en el Congreso para ejecutar la Unidad de Búsqueda, la Jurisdicción Especial y la Comisión de la Verdad.
Indígenas por su justicia
La preocupación de qué pasará con la justicia ancestral que aplican los indígenas tuvo su defensa con el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y la Alianza Social Independiente (ASI). Los senadores Luis Evelis Andrade y Marco Aníbal Avirama, de estos partidos respectivamente, lograron que se creara una sala para cuando un caso pueda ser juzgado por la justicia indígena y también por la JEP. La idea es que esté conformada por dos magistrados de la JEP que no están relacionados con ese juzgamiento y por dos jueces indígenas. En el caso de no llegar a un consenso mayoritario, la decisión final quedará en manos del presidente de la Jurisdicción Especial de Paz.
Vuelve y juega el enfoque de género
Las palabras “enfoque de género” reaparecieron luego de que se borraran casi por completo del Acuerdo Final firmado el 24 de noviembre en el Teatro Colón, de Bogotá, tras las peticiones de los movimientos cristianos. Aceptando la propuesta del senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, ahora “el enfoque de género y diferencial se aplicará a todas las fases” del sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, en el que están la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos.
Lo que sigue
Una vez aprobada la JEP en el Senado de la República, el texto deberá pasar por un proceso de conciliación con la Cámara de Representantes por cuanto hay diferencias en uno y otro. Lo que se estableció es que será un proceso rápido para unificar el documento, y una vez listo pasará a estudio de la Corte Constitucional.
Una vez esté todo listo, comenzará el proceso de discusión sobre la Ley Estatutaria de la JEP que es, en últimas, el texto que consignará cómo debe aplicarse este mecanismo de justicia transicional. Si bien hay un borrador, aún no se tiene un texto definitivo, así como tampoco hay claridad sobre cuáles serían los tiempos que tiene el Legislativo para tramitar esta norma, vital para que comience a operar la Justicia Especial para la Paz.
Otra de las tareas que sigue es el nombramiento de los magistrados de las Salas que integrarán la JEP y las secciones del Tribunal para la Paz, que se encargará de juzgar los crímenes de quienes sean presentados a esta instancia judicial de carácter transicional.
Desde hace varios meses, el gobierno nacional seleccionó un comité que lidera la escogencia de los nuevos operadores judiciales, se trata de José Francisco Acuña, delegado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; Diego García Sayán, delegado por el Secretario General de Naciones Unidas; Álvaro Gil Robles Gil, delegado por el presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos; María Camila Moreno, delegado por la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ); y Claudia Vaca, delegada por la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado.
