Las medidas de aislamiento agudizaron la situación económica y social de varios sectores de esta comunidad, pero, además, fue el pretexto para atacarlos. Un contexto aprovechado por actores armados ilegales, así como legales, para seguir obligándolas “a vivir con miedo, a desplazarse y a ser criminalizadas y violentadas”.
Gais, lesbianas, trans y otras identidades de género no hegemónicas fueron objetivo de graves hechos de violencia en el Caribe colombiano durante el año pasado. Esta situación, según la organización Caribe Afirmativo, debe entenderse como parte de un contexto de “prejuicios que se reproducen y expresan en prácticas de discriminación y exclusión”, que terminaron repercutiendo, con la pandemia generada por la expansión del virus COVID-19, en sus posibilidades laborales, capacidades económicas y pleno disfrute de sus derechos.
“El 23 de abril de 2020, estando en una actividad virtual con personas LGBT de la comunidad indígena, un ciudadano gay fue agredido en el tórax y los brazos por dos familiares que intentaban agredirlo sexualmente”, es uno de los relatos que recoge Caribe Afirmativo en su informe Vidas confinadas, Informe derechos humanos de personas LGBT en el Caribe Colombiano 2020, que abarca hechos sucedidos en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en la región de Urabá, en Antioquia.
En el documento se exponen las diferentes modalidades de agresiones contra esta comunidad, recoge hechos de violencia por prejuicio —que se refiere a todos aquellos actos que buscan ocasionar daño a una persona o colectivo, motivados por la percepción negativa de la orientación sexual, la expresión o identidad de género— y los contrasta a partir de la información de la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Instituto de Medicina Legal, organizaciones y colectivos LGBT, y los datos que el equipo sociojurídico de Caribe Afirmativo recepcionó y acompañó durante todo el año.
Como efecto de la pandemia, según identificó de manera específica la organización en materia social y económica, se vieron vulnerados los derechos de la comunidad en acciones como desalojo de viviendas por parte de arrendadores, agudización de barreras en tratamientos de salud y acceso a retrovirales para personas que viven con el virus VIH, y violación al reconocimiento de la identidad de las personas con los “pico y género”.
Factores que terminan de opacarse en territorios en donde ganaron presencia actores armados, legales e ilegales, y que operan en un contexto cultural en donde miembros de la comunidad LGBTI han sido vulnerados al ser vista su diversidad sexual y de género como un asunto amenazante.
“La ausencia e intermitencia del Estado y de garantías efectivas de protección ha llevado también a que muchos actores armados encuentren en esa ausencia una oportunidad para controlar los cuerpos, violentar a las personas LGBT y obrar con mayor impunidad. De esta manera, el control ejercido por estos grupos, que históricamente han actuado motivados por prejuicios, ha precarizado los escenarios de vida de las personas LGBT”, denuncia el informe.
Para el año 2020, en la región Caribe, este portal contó 16 masacres con 53 víctimas. Por su parte, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha logrado comprobar 15 con 51 víctimas, y al menos siete están relacionadas con actores armados ilegales en los departamentos de Magdalena, Bolívar y Córdoba.
Sin paz
La violencia contra sujetos identificados como LGBTI en la región ha ido en aumento en los últimos cuatro años. Las cifras más alarmantes se presentan en los asesinatos; según el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, en 2017 ocurrieron 12 casos; en 2018, 17; en 2019, 19; y en 2020, 30 casos, para un histórico de 236 asesinatos desde el 2007.
El departamento de Atlántico encabeza la lista de mayor ocurrencia de homicidios, con 11 casos, casi el doble de los sucedidos en 2019 (6). En Cesar (5), Bolívar (5) y Magdalena (5) aumentó en más de la mitad de los casos en relación al 2019. En Córdoba (1) se redujo en cinco casos respecto al 2019. Sucre, La Guajira y San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para 2020, no registraron asesinatos, pero sí un número alto de amenazas. La mayoría de las víctimas eran gais (15), seguido de lesbianas (7) y mujeres trans (8).
Caribe Afirmativo encuentra una posible explicación sobre el aumento progresivo de asesinatos y muertes violentas contra personas LGBTI en los retrocesos y rompimiento de compromisos por parte del actual gobierno nacional frente al Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc en noviembre de 2016, con el que tampoco se logró avanzar lo suficiente para contrarrestar la estigmatización que esta comunidad carga sobre su espalda.
“Ante un debilitamiento del proceso, se ha generado una fuerte reacomodación de actores armados ilegales y una arremetida a liderazgos sociales, defensoras y defensores de derechos humanos. Así mismo, se ha detenido el diálogo social y ante la ausencia de Estado en los procesos sociales se han fortalecido discursos de odio en los actores armados ilegales, la fuerza pública y algunos sectores de la población civil”, registra el informe.
La mayoría de los actos de violencia fueron ejecutados con arma blanca. Uno de los casos de mayor connotación en ese sentido le ocurrió a Ariana Barrios Ojeda, mujer trans de 20 años de edad, quien fue atacada el 13 de julio en Santa Marta y recibió 58 puñaladas.
En relación con arma de fuego se destaca la modalidad de sicariato, como ocurrió el 30 de agosto, en Barranquilla, con Maikel Enrique Gómez Castro y Luis Carlos Mattos García. Sólo Mattos se salvó de los dos hombres que les dispararon desde la moto en la que se movilizaban.
Algunos casos fueron relacionados por las autoridades policiales con hurtos, pero la organización pide no descartar que sea la orientación sexual, identidad o expresión de género diversa de las víctimas, así como su papel de liderazgo lo que pudo ser un aliciente cargado de prejuicio para acabar con sus vidas, como es el caso de Pierangelly Hugueth Henríquez, lesbiana, asesinada el 8 de junio en Ciénaga, Magdalena, por dos hombres que se movilizaban en una moto.
También se registraron cinco tentativas de homicidio, 13 lesiones personales, 17 amenazas individuales, 6 lesiones colectivas y 15 casos de violencia policial. En donde los primeros puestos se los lleva los departamentos de Atlántico (14) y Bolívar (12).
El informe explica que los victimarios suelen aprovechar las condiciones de vulnerabilidad en la región para amedrentar, desplazar y extorsionar sobre todo a mujeres trans, migrantes y personas LGBTI que ejercen algún liderazgo y luchan por los derechos humanos de sus comunidades.
“En entrevistas realizadas por Caribe Afirmativo a líderes y lideresas LGBT en algunos de los municipios de la región, ellos y ellas plantean que actores ilegales y grupos de delincuencia común vienen disputándose espacios de microtráfico y luchas por el territorio, teniendo interés e influencia en espacios habitados por personas LGBT o en donde se desarrolla el trabajo sexual, lo que ha traído más presiones y amenazas”.
En cuanto a las amenazas colectivas señala la afectación extensiva de esos hechos en los departamentos de Atlántico, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, en donde los actores armados asumieron funciones de control de uso del espacio público durante los meses de aislamiento, y en donde la comunidad LGBTI estuvo bajo un particular riesgo.
En relación a las victimizaciones ejercidas por miembros de la Fuerza Pública, el informe recoge el caso de una mujer trans que el 17 de julio, luego de preguntarle a un oficial de la Policía sobre un procedimiento, este le responde “Quítese del medio maricón de mierda”. Al intentar grabar el procedimiento la agredió con su arma de dotación y vociferó “Qué va, si tú lo que eres es un maricón, tú no eres mujer, maricón hijueputa, etc.”. Los golpes le generaron una herida en la cabeza.
Como acciones para frenar la violencia y la estigmatización, las recomendaciones que realiza Caribe Afirmativo pretenden plantearle al Estado la garantía de los derechos de la comunidad LGBTI a través de políticas públicas que cuenten con indicadores “medibles, cuantificables y transformativos”. Además, le piden especialmente al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que aporte al retrato más completo del histórico de victimizaciones contra esta comunidad dentro del conflicto armado, determine responsables y evite la perpetuación, ya alarmante, de la situación de riesgo que padecen.
*Imagen de portada: Obra La Espera (homenaje a Karis) de Guillermo Correa. Año: 2020. Técnica: Acrílico sobre lienzo. Medidas 1.50 m x1.00 m. Cortesía: Caribe Afirmativo
