Líderes sociales, autoridades étnicas y defensores de derechos humanos atendieron la invitación hecha por la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo y se reunieron ayer en Ocaña, Norte de Santander, para hablar de la difícil situación de orden público que enfrenta esta región fronteriza y las graves consecuencias sobre las comunidades rurales y urbanas.
Como una manera de comunicar al gobierno nacional sobre cómo el conflicto viene afectando a los habitantes de la vereda Mesa Rica Parte Baja, del municipio de La Playa de Belén, fue tomada por uno de sus voceros, Hermides Garay, la invitación a participar en la quinta sesión de la Mesa por la Protección a la Vida.
El campesino denunció que en esa zona del Catatumbo se han presentado asesinatos, desapariciones y desplazamiento de familias. Todo esto, dijo, por cuenta de la confrontación que sostienen desde hace varios meses grupos armados ilegales. Garay aprovechó el encuentro con autoridades regionales y nacionales para solicitarles apoyo eficaz para frenar esa disputa territorial.
El representante comunitario narró que se ha tenido que desplazar en tres oportunidades, en una de ellas hacia la vecina Venezuela, para salvar la vida de uno de sus hijos. Esta dramática situación también la padecen cientos de habitantes de la región catatumbera, quienes se sienten vulnerables ante acciones violatorias de derechos humanos, como la ocupación de sus viviendas por parte de miembros de grupos armados ilegales, circunstancia que los ha obligado a abandonar sus propiedades ante posibles señalamientos de parte y parte.
Así como Garay, varios más reclamaron medidas oportunas de protección tras considerar que los están matando sin razón, “todo por el hecho de trabajar y representar a una comunidad”, reiteró el vocero veredal.
Una situación semejante expuso Miguen Duarte, personero del municipio de El Tarra. El representante del Ministerio Público describió la dinámica de la región como “peor” luego de que el Estado colombiano, a través del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), firmara un acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las Farc el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá.
A juicio de este funcionario, no se ha cumplido a cabalidad asuntos tales como la activación de proyectos productivos, situación que se complica cuando se evidencia que los campesinos no tienen tierra en propiedad. “Uno los ve decepcionados”, afirmó Duarte.
Lideresas sociales también tomaron la palabra para reclamar por lo que consideran incumplimientos del gobierno pidiendo que esta Quinta Mesa por la Protección a la vida no se quede en una más sin soluciones.
El pueblo Barí pidió a través de su coordinador de Derechos Humanos, Alexander Dora, el cumplimiento de las sentencias judiciales que establecen los planes de salvaguardia de su comunidad, asentada en dos resguardos. El líder indígena reiteró que el problema del Catatumbo deriva de la confrontación entre grupos armados ilegales “identificados y no identificados”, por lo que pidió monitoreo permanente para que la convivencia en el territorio sea lo menos tensa posible.
En esta quinta sesión de la Mesa por la Protección a la Vida sobre la que se pretendía determinar qué acciones se van a ejecutar para evitar el asesinato de más líderes sociales y cuáles serían los compromisos para brindar seguridad y respeto por los derechos humanos de los catatumberos, las comunidades y sus voceros hicieron énfasis en el fortalecimiento de políticas preventivas mediante el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.
Cifras de la Oficina Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos preparadas para este encuentro revelan una grave situación humanitaria. La disputa desde 2018 entre la guerrilla del Eln y el grupo armado ilegal Epl ha generado el desplazamiento de por lo menos 15 mil personas; redujo a situación de confinamiento a 33 comunidades.
Durante las casi cinco horas de reunión, realizada en el coliseo Angelino Durán Quintero, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo; el Defensor del Pueblo, Carlos Negret Mosquera; el fiscal general encargado, Fabio Espitia; y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, escucharon a los voceros de las comunidades y, de paso, hicieron un balance sobre los compromisos cumplidos e incumplidos en el Catatumbo.
Ante las denuncias y reclamos hechos por voceros de las organizaciones sociales y campesinas, el Fiscal General encargado afirmó que no se puede hablar de “exterminio sistemático” de líderes sociales y que las investigaciones están orientadas a averiguar la razón de los asesinatos y sus responsables.
El presidente de la República, Iván Duque Márquez, llegó a clausurar el encuentro y tras escuchar al Procurador y al Defensor del Pueblo destacó la capacidad de resiliencia de los habitantes de la región que, por décadas, han soportado los rigores de la violencia.
“Son 11 municipios duramente golpeados por esas estructuras malignas que van detrás de los secuestros y extorsiones. Hago un llamado al liderazgo social para no caer en tentación del camino fácil”, dijo el jefe de Estado. En su intervención, rechazó las intimidaciones, amenazas y asesinatos de líderes sociales: “Es un daño terrible, no existe causa ideológica que justifique un asesinato. Desde que empezó nuestro gobierno hemos implementado planes de acción oportuna con mesas de coordinación con plataformas de derechos humanos para ir al fondo”.
De acuerdo con cifras expuestas por el defensor Negret, 14 líderes sociales han sido asesinados en los últimos tres años en la zona del Catatumbo y destacó que en esta región “el ciudadano de estos municipios no pide nada distinto a tranquilidad”.
Alertas de la Defensoría
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La violencia que padece el Catatumbo tras la dejación de armas de las Farc ha sido monitoreada de manera permanente por esa agencia del Ministerio Público, con particular interés desde enero de 2018, advirtiendo de manera reiterada los posibles efectos que pueden sufrir sus pobladores en materia de vulneración a los derechos humanos.
En la Alerta Temprana emitida en enero del año pasado hizo referencia a lo que venía ocurriendo en la zona fronteriza con Venezuela y a la intensificación de los choques armados entre el Eln y el Epl, puntualmente en los municipios de Teorama, Convención y El Carmen.
Tres meses después fue emitida una nueva alerta en la que el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría reiteró “los riesgos para la población civil derivados de la expansión de este conflicto y producto de los primeros choques violentos entre miembros del ELN y el EPL, en jurisdicción de los municipios Hacarí, Teorama y San Calixto”.
A partir de ese momento, la confrontación se recrudeció y tuvo un punto de inflexión entre diciembre de 2018 y mediados de abril de este año. Ese hecho fue interpretado como consecuencia de una “estrategia de repliegue por parte del EPL hacia municipios como Sardinata, Cúcuta, El Zulia y Puerto Santander, desde donde se estaría planeando la estrategia de retoma de posiciones teniendo como punto de entrada sectores urbanos y rurales de los municipios La Playa de Belén y Abrego, especialmente en las áreas colindantes con el municipio Hacarí”.
A la par, según el SAT, el Eln avanzó sobre áreas estratégicas del Epl, en la zona norte de San Calixto y Hacarí, y actualmente tienen enfrentamientos en zonas rurales de La Playa de Belén y Abrego. Esos dos municipios estuvieron al margen de los combates, pero ahora “registran un aumento considerable de homicidios selectivos, desplazamientos forzados de núcleos familiares asentados en veredas donde la conflictividad no era usual, ya que estas áreas venían siendo utilizadas por los grupos al margen de la ley más como corredor de movilidad que como espacios de confrontación abierta”
Por esa razón, la Defensoría del Pueblo emitió una nueva Alerta Temprana de Inminencia, en la que deduce que la afectación y el impacto sobre la población civil de esos dos municipios “resultará mayor como quiera que no están habituados a vivir lo rigores de la confrontación armada”.
Sobre estos nuevos enfrentamientos, la Defensoría del Pueblo indica que la tensa calma que se vivió en el Catatumbo en los primeros meses de 2019 presagiaba la posibilidad de un acuerdo entre los dos grupos armados, pero abruptamente se rompió cuando, en marzo, el Eln emitió un comunicado reafirmando sus ‘motivos’ para enfrentarlos.
En el documento, ese grupo subversivo recordó que le brindó protección al Epl cuando las Farc se propusieron aniquilar a sus integrante y los señaló de dejar de ser un grupo guerrillero: “Hoy aparece con pequeños grupos en todo el territorio, pero es una guerrilla desfigurada en su concepción revolucionaria y alejada de los sentimientos populares; agresiva e impositiva con la población; degradada por sus alianzas con el bandidaje de los carteles de la droga relacionados con el paramilitarismo”.
En respuesta fechada el 14 de abril, el Epl le declaró la guerra al Eln, aduciendo que había agotado todas las vías de diálogo posible para zanjar las diferencias existentes. En uno de los apartes del comunicado, reseñado por el SAT, se lee: “Queridas comunidades donde hoy en día se alojan y acampamentan (Sic) los miembros del ELN. Queremos de una manera responsable advertirlos. A partir de la promulgación del presente va ser una guerra sin cuartel como respuesta y agotados todos los escenarios que el EJERCITO POPULAR DE LIBERACION, EPL, ha propuesto para buscarle solución dialogada a la problemática. Los invitamos a que se refugien en cabeceras municipales, ya que no queremos que la población civil esté en medio del fuego cruzado, el no hacer caso entendemos de su participación complicidad y colaboración con el ELN”.
Ese fue el detonante de una ola de violencia que tiene sumida en la zozobra a los habitantes de la Playa de Belén y Abrego. Sobre los hechos ocurridos en el primero, la Alerta Temprana reportó que los combates están ocurriendo de manera constante y reseñó el día previo a su emisión, ocurrido en la madrugada del 1 de junio, en inmediaciones de las veredas Miraflores y Capellanía.
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“En estos mismos hechos fue asesinado el señor Dagoberto Álvarez, quien figuraba como líder comunal, tenía 35 años de vivir en esa comunidad y había sido parte de la directiva de la JAC. Actualmente era tesorero de la JAC de la vereda Miraflores, corregimiento de Aspasica, (y) al parecer fue sacado de su casa por hombres armados que luego procedieron a darle muerte con armas de fuego. Esta persona en julio de 2018 había presentado amenazas por parte del EPL”, consignó.
Sobre el municipio de Abrego reportó que la violencia también está ocurriendo en la zona urbana y describió las afectaciones que ha generado: “El 19 de mayo se presentó el homicidio de una persona en el barrio Kennedy, que junto a barrios como la Ceiba, Brisas de Hato viejo, Villas del Rosario, La Inmaculada, San Pedro entre otros, presentan una alta vulnerabilidad y problemáticas asociadas al expendio y consumo de sustancias alucinógenas, hogares disfuncionales, arribo de población migrante y desplazada por la violencia, que se convierte al tiempo en focos de delincuencia, lo que permite que sobrevengan otras expresiones de violencia urbana letal para la imposición de patrones de conducta sobre todo en personas estigmatizadas y relegadas socialmente”.
Además de dar cuenta de combates, asesinatos y desplazamientos forzados, la Defensoría del Pueblo alertó que ambos grupos armados están reclutando menores de edad, incluso algunos provenientes de Venezuela: “En principio no lo estarían haciendo de manera forzada sino mediante maniobras engañosas como el ofrecimiento de dinero, promesas de adquirir status dentro del grupo armado e incluso a partir del inicio de relaciones afectivas a través de diversos métodos de seducción, especialmente, en centros educativos”.
Sobre los desplazamientos forzados, advirtió que son producto de amenazas: “Las amenazas de muerte o de destierro que profieren ambos grupos guerrilleros vienen recayendo sobre personas a las que acusan de ser colaboradores o simpatizantes, no obstante, se observa que dichas amenazas vienen escalando hacia ámbitos más privados que incluye a los familiares de combatientes o hacia personas que han tenido algún tipo de relación sentimental con miembros de estas organizaciones armadas y de las cuales los grupos armados en disputa presumen, que podrían conocer de información sensible y capitalizable por su oponente, ante lo cual deciden asesinarlos o desplazarlos de manera forzada”.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado de atención para que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto porque la situación del Catatumbo se está complejizando mucho más, pues la violencia llegó a municipios donde no se encontraba: “Esta situación no hará más que profundizar la crisis humanitaria que ya había mostrado niveles dramáticos durante lo corrido del 2018 en municipios como Hacarí, San Calixto y Teorama, y que ahora, en virtud de los reposicionamientos del EPL y el avance del ELN, se traslada a territorios de La Playa de Belén y Ábrego, que no venían afrontando los rigores de esta confrontación de manera tan directa como hoy acontece”.
Hallazgos de la Comisión
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A la par del encuentro en Ocaña también se registró la difusión de un informe elaborado por la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, que realizó entre el 14 y el 18 de mayo una segunda misión de verificación, la cual estuvo conformada por organizaciones sociales, delegados de la ONU y funcionarios estatales. Durante esos días recogió testimonios de las comunidades de cinco municipios del Catatumbo sobre presuntas agresiones de miembros de la Fuerza Pública. (Leer más en: El Catatumbo resiste a la guerra con su Comisión por la Vida)
El documento advierte que tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) habrían cometido presuntas acciones ilegales contra la población civil que estarían relacionadas con las instrucciones que emitió el Ejército Nacional para aumentar las capturas y las bajas de miembros de grupos armados armados. Esas supuestas directrices para aumentar los resultados operacionales fueron reveladas hace varias semanas por el diario New York Times. (Leer más en: Tensiones en el Catatumbo tras ingreso de la Fuerza de Despliegue Rápido)
Entre las acciones documentadas por esta Comisión se encuentran torturas, estigmatizaciones, hurtos y daños de bienes civiles, ataques indiscriminados, seguimientos, capturas sin fundamentos, toma de fotografías y retención de documentos de identidad. A continuación, VerdadAbierta.com detalla los casos consignados en el informe. (Leer más en: Evacúan de Hacarí a 18 personas de una misma familia por amenazas)
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En ese municipio, la comunidad percibe un retroceso en materia de derechos humanos. Algunos pobladores afirman ser objeto de estigmatización y señalamientos permanentes por parte de miembros de la Fuerza Pública, quienes ocupan terrenos de propiedad privada y colectiva; también denuncian capturas de líderes comunales a partir de señalamientos de terceros.
Asimismo, señalan ser objeto de riesgo porque contrariando al Derecho Internacional Humanitario, los uniformados se instalan cerca de centros poblados y en casas de campesinos. “Por esta causa las comunidades se han visto afectadas por bombardeos por parte del Ejército Nacional en veredas como Carrizal, El Loro, El Cobre y Chapinero. Comunidades aseguran que, en medio de hostigamientos de la guerrilla hacia el Ejército, este responde disparando hacia la población civil que se encuentra en los caseríos”, señala el informe.
El documento reseña que en vías interveredales el Ejército Nacional realiza retenes de control poblacional y que los soldados han abordado, retenido y amenazado con sus armas a jóvenes de la comunidad acusándolo de instalar minas antipersonal o de hacer parte de grupos armados ilegales. “Gracias a la acción de líderes se han rescatado a quienes, según la comunidad, pudieron ser víctimas de montajes y/o desapariciones. En algunos casos, al confirmar que los jóvenes son campesinos, militares les han ofrecido dinero por guardar silencio sobre las retenciones de las que son víctimas”, denunció el organismo humanitario.
También recibió denuncia sobre quemas de casas de campesinos, robos de semovientes, enseres y alimentos en casas y tiendas por parte de tropas del Ejército, quienes también son señalados de encerrar y amenazar a mujeres y niños. Otra medida arbitraria son los casos “de judicialización a líderes sociales y miembros de las JAC, sin órdenes judiciales ni material probatorio, especialmente en las veredas Bella Unión, Guaciles y Maicitos”.
Y prosigue: “En todo el municipio hay retenes donde se realizan empadronamientos, en algunos puntos se presentan controles de mercados y medicamentos. En estos retenes militares fotografían y amenazan constantemente a todo residente y transeúnte de la zona a quienes les preguntan por nombres y ubicaciones de líderes de las Juntas de Acción Comunal (JAC). En varias veredas opera un toque de queda de facto impuesto por los militares, quienes manifiestan a la población que ‘nadie puede transitar por donde ellos están en horarios de la noche por su seguridad, que porque a esa hora solo camina la guerrilla y que van a disparar a todo lo que vean’. En clara afectación al derecho a la libre movilidad y al derecho de distinción estigmatizando y poniendo en riesgo a la población civil.
Pero la estigmatización no sólo se queda allí: “Se denuncia además que en varias ocasiones el Ejército Nacional impide reuniones de las Juntas de Acción Comunal – JAC- argumentando que ‘una reunión con más de cinco personas, ya se asume como un encuentro de la insurgencia’”.
En términos generales, la comunidad percibe hechos similares a los vividos entre el 2002 y 2007, cuando las Autodefensas Unidas de Colombia se instalaron en la región y conformaron el Bloque Catatumbo.
Allí la presencia de la Fuerza Pública cerca de cascos urbano ha generado situaciones de riesgo, según se consigna en el informe: “Se han presentado casos de activación de artefactos explosivos cerca de la población, ametrallamiento sobre las fincas y hacia las montañas, caída de casquillos y otros elementos como fragmentos de morteros a 10 y 20 metros de distancia de viviendas y escuelas, estallido de cilindros y lanzamiento de tatucos en algunos lugares cuando hay campesinos trabajando cerca. En este municipio se denuncia que militares han disparado contra la población civil mientras trabaja en sus fincas”.
En ese municipio también se recogieron testimonios sobre persecución de líderes comunales, quienes son amenazados con montajes judiciales. “Denuncian que la Fuerza Pública solicita fotografías de líderes sociales a pobladores que participan en la red de apoyo ciudadana, especialmente de líderes que dinamizan reuniones y hacen parte de procesos organizativos. En algunos corregimientos como El Aserrío, solicita a distintos miembros de la comunidad listados de los presidentes de JAC con cédulas y que han llegado a las fincas preguntando por estos líderes y lideresas con listas en mano. La comunidad afirma que soldados del Ejército Nacional se movilizan vestidos de civil con botas de caucho como si fueran campesinos, y se presentan armados en casas preguntando por los presidentes de las JAC y personas afiliadas”, señala el documento.
La persecución y los presuntos abusos van más allá: “La comunidad afirma que la Fuerza Pública impide la libre movilidad en los caminos de herradura, retiene a campesinos en las carreteras, ingresan a las fincas robando plátanos, yuca y verduras, así como pertenencias de aseo, dinero ahorrado y han tomado sin permiso acceso a la luz eléctrica elevando las cuentas del servicio cuyo costo debe ser asumida por los campesinos”.
También fue denunciada la aparición de letreros alusivos a la un grupo que se identifica como ‘Auc’ en los postes y árboles de una finca donde hizo presencia el Ejército Nacional. “Esta situación se suma a otras denuncias previas en esta misma finca, donde se han hallado cámaras de vigilancia puestas sin consentimiento de sus dueños quienes son familiares reconocidos líderes de la región. Vecinos del lugar han manifestado que Fuerza Pública ha estado indagando con los trabajadores sobre horarios de la familia y distribución del espacio de la casa”, amplía el informe.
En ese municipio perciben que tras el aumento de tropas del Ejército Nacional se ha profundizado la estigmatización y judicialización, cuyo comportamiento también está afectando al medioambiente y limitando la movilidad de los campesinos. Sobre esas restricciones, el informe reseña una situación que padecieron los comisionados: “Eso último afectó directamente la Misión de Verificación cuando miembros del Ejército Nacional – Fuerza de Despliegue Rápido No. 3 en comando del señor Rolan Andrés Moreno Parra impidieron la realización del proceso de verificación en el nacimiento de agua de la vereda Mesa Rica”.
Y ese no fue el único caso que afrontaron, pues en las veredas Monte Tarra e Islitas, el lugar de reunión con la comunidad se vio rodeado por varios soldados, quienes tomaron videos y fotografías, “con el objetivo de intimidar y ejercer presión sobre los miembros de la comunidad que estaban tratando de presentar las denuncias respectivas”.
Algunos líderes sociales que tienen temor de realizar su labor de defensa de derechos humanos al parecer se han visto amedrentados por parte del Ejército Nacional, debido a que existe una persecución constante por el hecho de querer vincularlos a los grupos armados ilegales; además, la comunidad denunció que soldados del Ejército Nacional están interrogando a niños de las escuelas con el fin de obtener información sobre las actividades de la comunidad en el territorio.
En ese municipio fueron denunciadas invasiones violentas y abusivas por parte de tropas del Ejército Nacional. Según lo relatado, uniformados adscritos a la FUDRA No.3 invaden violentamente los terrenos privados de los campesinos, colocando sus campamentos dentro de ellos e instalando trincheras que construyen deforestando el terreno: “Denuncian que ya hay varias familias que se han visto en la obligación de desplazarse forzosamente, debido a que soldados de la FUDRA No. 3 les comentan ‘Es mejor que se vayan de acá, nosotros no los vamos a proteger’”.
También relataron un caso de presunta tortura: “Miembros de la FUDRA No. 3 usando sólo el camuflado del pantalón y una camisa negra, atacaron a dos jóvenes a quienes, según la comunidad, ‘amordazaron, amarraron con cabuya los brazos y las piernas, los arrastraron contra el suelo, les disparaban a los pies, los golpeaban fuertemente en el rostro y en sus cuerpos, destruyendo su ropa y hasta robando el dinero que dentro del hogar se encontraba. Les pusieron un arma en las manos para que salieran corriendo y así poder matarlos con una justificación ‘”.
A raíz de las capturas y de la contaminación de las fuentes de agua, la comunidad ha buscado dialogar con miembros del Ejército, pero como respuesta, según contaron, han sido atacados con armas de fuego. En su informe, los comisionados consignaron que “se confirmó la denuncia pública hecha por tres líderes sociales, quienes siendo las 7:00 p.m. del día sábado 20 de abril del 2019 fueron atacados con disparos de fusil mientras pasaban cerca de un puesto militar cuando se dirigían hacia el casco urbano del municipio de San Calixto. Los líderes sociales se identificaron como civiles, pero la respuesta desde el puesto militar fue disparar nuevamente. Este hecho los obligó a regresar y quedarse en una finca del sector. Al día siguiente 21 de abril del 2019 un cabo del puesto militar les informa que esa zona estaba bajo restricción de paso desde las 6 de la tarde. Esta denuncia formal ya está en manos de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Provincial de Ocaña y en la Policía Nacional”.
Los habitantes de ese municipio consideran que viven en alerta, en un volcán que está a punto de erupción. Eso porque a diario sufren señalamientos por parte de la Fuerza Pública, “al ser tildados de colaboradores de las insurgencias en el territorio”; y alertaron sobre nuevas capturas de líderes y lideresas sociales.
Además, recoge el informe, la población civil se ha visto afectada por las permanentes confrontaciones entre las insurgencias y el Ejército Nacional: “Denuncian que el 1 de mayo resultó herido un joven y que, en algunos corregimientos, el Ejército Nacional ha ubicado sus campamentos dentro o muy cerca de los caseríos. Esta situación provoca que se obstaculice el libre tránsito por el municipio, que la población civil quede en riesgo y que los más jóvenes sean la población más vulnerable”.
Sobre la persecución de dirigentes comunitarios, señalaron que “el 14 de mayo de este año, patrullas del Ejército retuvieron a un muchacho del sector a quien le preguntaron insistentemente por el presidente de la JAC”.
También denunciaron acciones abusivas de la Fuerza Pública: “Los soldados seducen a jóvenes del sector para que colaboren con el Ejército ofreciéndoles mercados que vienen entregando a algunas familias. Con estos hechos están involucrando a población civil en el conflicto armado. Denuncian que en la última reunión que se tuvo directamente con el General Garzón, él mencionó textualmente lo siguiente: ‘La orden es erradicar y acabar con la guerrilla como sea’”.
Campesinos de ese municipio contaron que el Ejército Nacional los trata como guerrilleros, les impide la libre circulación entre sus fincas y les han tomado fotografías a sus documentos de identidad. Por eso, afirman que no tienen garantías para el ejercicio del liderazgo comunal: “Durante la semana santa del año 2019 miembros del Ejército Nacional llegaron a una vereda y se asentaron en una casa que funciona como gallera, rompieron las tablas, se apropiaron del servicio de luz eléctrica y de un televisor. En varias veredas se denuncia la revisión de mercados de las familias, los impedimentos para la libre movilidad de los niños y niñas en las carreteras y la dificultad que esto genera para la comercialización de productos”.
