Tierras usurpadas por los paras están en manos de ONG, reconocidos empresarios, clanes políticos y personas prestantes de la sociedad regional.
“Hoy siento en carne propia el desarraigo obligado, la lejanía del terruño que tanto amo y la persecución que un día ustedes quizá sintieron”, escribió tras su extradición el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, cuando ordenó a sus abogados entregar 1.400 hectáreas de tierra en Córdoba a un centenar de familias campesinas. “Si la ley del talión significa algo en el camino de la reconciliación, la acepto con gusto”, concluye.
Esta desconcertante declaración fue recibida con desconfianza por los beneficiarios de las tierras. No era para menos. Hace una década el mismo personaje que ahora actuaba con aparente contrición, llegó armado a esas mismas fincas, a despojarlos de ellas sin misericordia. ¿Y todo para qué? Para ganarse el respeto e imponer su poder a costa del terror. Para llenar esas praderas de ganado y expandir su fortuna. Para consolidar su proyecto de ‘pacificación’.
Este modelo se replicó con variaciones por donde pasó la estela de la barbarie paramilitar, con un común denominador: el despojo de tierras. Un factor determinante que, más allá de servir para el control físico del lugar donde se imponían militar y políticamente, se convirtió en uno de los botines más preciados de esta guerra. Durante una década, millones de hectáreas cambiaron de manos a punta de fusil.
En gran medida, la usurpación de las tierras operó en zonas aisladas, que por estas mismas características facilitaron los cultivos ilícitos, el principal proyecto agrícola del que se surtieron estos grupos. Pero en la medida en que consolidaban su hegemonía ante un Estado debilitado, se dedicaron a perseguir otras razones estratégicas, como la minería, la expansión de la frontera ganadera y agrícola o el establecimiento de agroindustrias. Con esta clase de proyectos se obligaron a formalizar dichas ocupaciones. Esta lógica de nuevos intereses económicos agravó el desplazamiento, y para legalizar estos despojos se dieron aberrantes prácticas corruptas como las descritas en la introducción de este informe.
La avidez con que se llevó a cabo este masivo despojo, permite concluir a muchos que detrás de una guerra que ellos quisieron justificar como de legítima defensa se escondía una lógica económica de acumulación de tierras, poder y capital.
En el caso de Mancuso, ahora lejos, se da el lujo de posar como un espíritu humilde, al entregar parte de lo que ya no necesita, como si fuera un magnánimo acto de generosidad. Ojalá fuera así. En la teoría, la aplicación de la Ley de Justicia y Paz obligaba a quienes cometieron esta masiva usurpación a devolver las tierras, como parte de su compromiso con la desmovilización. Pero esto no ha sucedido. Por ejemplo, tras la extradición de Mancuso las autoridades han ocupado decenas de sus propiedades no declaradas con el fin de extinguirle su dominio y entregárselas a las víctimas. Esto es sólo una parte de lo saqueado y que se le ha logrado identificar a quien llegó a ser uno de los más grandes terratenientes de Córdoba.
Luego de la desmovilización, ¿en manos de quién quedó el botín?. En algunos casos, son ONG ligadas a los paras las que se quedaron con las tierras; en otros, reconocidos empresarios; también hay clanes políticos y personas prestantes de la sociedad local. ¿Quiénes lo hicieron con conocimiento de causa y quiénes no?, es algo que poco importa a las víctimas pues relacionan los nombres de los actuales poseedores de sus parcelas, con una suerte de evidencia de la consolidación de la masiva usurpación. Esta es la historia de algunos de ellos.
Desde Córdoba hasta el Urabá
Sor Teresa Gómez es de la entraña del proyecto paramilitar. Nació en Amalfi, el mismo pueblo de Fidel, Carlos y Vicente Castaño, los jefes paramilitares. Quienes la conocen aseguran que se casó con un hermano medio de ellos. Luego una de sus hijas se casó con alias ‘Monoleche’, principal lugarteniente de Vicente. Desde los orígenes de las autodefensas, desempeñó un papel protagónico como administradora de los bienes de este grupo. Durante años fue presidenta de Funpazcor (Fundación para la Paz de Córdoba), ONG fundada por el propio Fidel a inicios de los años 90 y a la que le entregó la administración de miles de hectáreas que donó a campesinos. Esta estrategia le sirvió al cabecilla para construir una base social estratégicamente situada alrededor de su guarida.
Con la muerte de Fidel, y años después con la de Carlos, las decisiones sobre los bienes del clan quedaron en manos de Vicente y ‘Monoleche’. Fue entonces cuando sacaron por la fuerza a las personas a las que les habían donado las tierras que hoy permanecen en manos de Funpazcor, de ella, y de personas que las compraron y son desconocidas en la región. Los reclamos por estas parcelas eran liderados por Yolanda Izquierdo, asesinada a comienzos del año pasado. Su muerte causó conmoción, pues dejó en evidencia que las víctimas que se atrevían a reclamar sus propiedades estaban indefensas. La presunta autoría intelectual de este crimen es uno de los pocos procesos que se conocen en contra de Sor Teresa.
Su nombre también aparece vinculado a otra ONG, Asoprobeba (Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá). Una organización que tiene proyectos agrícolas en Urabá.
En esta misma región, que es limítrofe entre Antioquia y Chocó, tiene su centro de actividades Gabriel Jaime Sierra, presidente de la empresa Palmas de Curvaradó. Este empresario es uno de los líderes más activos de un grupo de ocho palmicultores y ganaderos que, según las autoridades, ocupan de forma irregular cerca de 25.000 hectáreas que pertenecen a las comunidades negras de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó. La Fiscalía investiga si efectivamente Sierra y el grupo de empresas que están allí asentadas llegaron a estas tierras creyendo comprar unos títulos que luego resultaron con problemas, o si tienen alguna clase de complicidad con los paramilitares que actuaron en la zona.
En entrevista con Teleantioquia, alias el ‘Alemán’, que fue el comandante paramilitar de esta zona por años y a quien se le señala de ser un gran usurpador de fincas, aseguró que Sierra y sus hermanos en medio de la guerra “compraron las tierras arbitrariamente o las despojaron”, y que ahora “posan de ser nietos de la madre Teresa de Calcuta”. La justicia no ha confirmado este señalamiento. el ‘Alemán’ hizo estas declaraciones luego de que los Sierra denunciaron en la Vicepresidencia de la República presiones que según ellos recibían de los paras para obligarlos a vender sus fincas.
Lo cierto por ahora es que según el gobierno ya se surtieron todas las instancias jurídicas para resolver este conflicto entre empresarios y comunidades, y se le dio la razón a estas últimas, por lo que la propiedad en documentos ya es de ellas. Aun así, en la práctica las empresas ocupan las tierras, y la inspección de Policía local, que sería la encargada de hacer el desalojo, no lo ha hecho.
Tuto Castro y ‘Barbie’
Cesar y Magdalena son dos de los departamentos que más denuncias tienen por usurpación de tierras. Allí fue donde alias ‘Jorge 40’, jefe del temido Bloque Norte, estableció su régimen. Una persona a quien las autoridades le atribuyen gran cercanía al jefe paramilitar es Huges Rodríguez Fuentes, considerado un exponente del establecimiento social en el Cesar. Hasta hace pocos años era un reconocido ganadero y empresario de la región, y sus actividades no despertaban sospecha. En su ciudad aseguran que la cercanía con el jefe para surgió luego que la guerrilla secuestró a una de sus hermanas. Las actividades comerciales de Huges le cayeron como anillo al dedo a ‘40’. Luego las autoridades investigarían si Huges se prestaba como lavador de la fortuna del Bloque Norte, y que además terminó metido en negocios de narcotráfico, lo que motivó su pedido de extradición a Estados Unidos. Incluso aseguran que su nombre en la organización era ‘comandante Barbie’.
Mientras sostenía su relación con los paras, Huges aumentó su fortuna, que se vio reflejada cuando adquirió varias fincas que resultaron estratégicas para la expansión de los principales proyectos carboníferos que tiene hoy en el país. Las autoridades locales investigaron si algunas de estas tierras fueron adquiridas a la fuerza. La jueza que adelantó uno de estos procesos fue asesinada, y las autoridades vincularon a Huges como uno de los sospechosos detrás del crimen.
El que en otro momento se preciaba de ser de la sociedad local, hoy negocia en Estados Unidos su condena, mientras en Colombia sus familiares aseguran en los estrados judiciales que las posesiones de Huges son resultado de una herencia y no de la usurpación, como afirman los lugareños.
El protagonista en Magdalena es Augusto el ‘Tuto’ Castro Pacheco. Miles de hectáreas hoy figuran a su nombre luego de que las comunidades denunciaron que las abandonaron en medio de la violencia. Las autoridades indagan cómo se dieron estas transacciones, pues muchas de ellas les parecen sospechosas. Las propiedades se concentran en el sur del departamento en los municipios de Plato y El Difícil, zona de gran influencia del jefe paramilitar ‘Chepe’ Barrera. Castro es uno de los principales ganaderos de ese departamento y hace parte de un clan político liderado por el congresista Jorge Castro Pacheco, detenido por para-política, por sus presuntos vínculos con ‘Jorge 40’.
En las regiones afectadas, las comunidades víctimas de la usurpación ven en estos personajes a los ganadores del despojo. No les importa cómo llegaron allí. Si lo hicieron ellos mismos por la fuerza o si son testaferros de los violentos o si son compradores de buena fe. Mientras no haya una reacción decidida del Estado para restituirles lo que alegan que era suyo, lo único que las víctimas pueden pensar es que sigue consolidándose la usurpación, uno de los problemas medulares del conflicto.
